Reforma laboral: la CGT denuncia que la jugada del Gobierno incluyó fórum shopping y un juez amigo

La Confederación General del Trabajo (CGT) pidió que se declare la nulidad de la resolución que volvió a poner en vigencia la reforma laboral, que recorta los derechos de los trabajadores y beneficia a las empresas. La central obrera denunció que intervinieron dos jueces que no debían hacerlo y que uno de ellos después recibió una retribución directa del Gobierno inmediatamente después de firmar el fallo: la Casa Rosada impulsó que continúe en la judicatura más allá de los 75 años. Víctor Arturo Pesino, el magistrado tocado por la varita mágica del Gobierno, se defendió en el expediente diciendo que atar ambos cabos era una "mera hipótesis infundada" y que él había dictado sentencia por fuera de cualquier interés.

El jueves, la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo (CNT) suspendió la cautelar que había dictado el juez Raúl Ojeda para frenar 82 artículos de la llamada Ley de Modernización Laboral (27.802). La resolución fue adoptada por los camaristas María Dora González y Pesino.

Horas después de que se diera a conocer el fallo, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial (BO) que estaba iniciando el trámite para que Pesino, que cumple 75 años en julio, se quede en la judicatura. La movida fue leída como un premio exprés de la administración de La Libertad Avanza (LLA) para un juez que se alineó con sus intereses en un terreno hostil como es el fuero del trabajo --donde los fallos suelen ser más contemplativos de los derechos de los trabajadores.

Durante el fin de semana, Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT, anunció que estaban analizando una recusación y que podrían llevar el tema hasta la Corte Suprema de Justicia. En el Palacio de Talcahuano, los supremos ya tienen el per saltum que presentó días atrás el Poder Ejecutivo. Está, por el momento, en la vocalía de Carlos Rosenkrantz. "Sin novedades", responden cuando se les consulta sobre ese tema.

En la mañana del lunes, el abogado de la CGT Pablo Topet presentó un pedido para que se anule la resolución del jueves y para que se separe a González y a Pesino de la causa. En su presentación, el letrado afirmó que la resolución estaba "viciada, ya que uno de sus firmantes recibió un beneficio de importancia por el Estado nacional".

"La inaceptable intervención del recusado en un expediente en el que podía (como sucedió) favorecer la posición de la demandada en un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años constituye no sólo una conducta contraria a la ética, sino también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley adjetiva", puede leerse en el recurso.

La Sala VIII se movió con una velocidad que sería la envidia de cualquier corredor de Fórmula I. El mismo jueves recibió una presentación de la Secretaría de Trabajo y, a las pocas horas, le dio efectos suspensivos a la apelación que había presentado el Gobierno contra el fallo de Ojeda.

Sin analizar si la cautelar estaba bien o mal, la Sala VIII la dejó sin efecto. Una cautelar es una medida provisoria que se emite a la espera de un fallo de fondo en una materia. La decisión fue, al menos, inusual, decían las fuentes consultadas en la CNT.

Desde la CGT sostienen que hubo un apuro de la Sala VIII por fallar y por quedarse con el caso. Inicialmente había intervenido la Sala I de la CNT en un planteo sobre la reforma laboral y, según remarca la central obrera, debió haber sido aquella Sala la que continuara entendiendo en el tema.

El apuro de la Sala VIII era tal que ni siquiera le notificaron a la CGT, que inició la acción contra la reforma laboral, que estaba radicada la causa allí y que estaba la presentación del Gobierno. "Sin que transcurrieran los plazos para aceptar la radicación de la queja, dictó sentencia cuya nulidad ostensible se plantea", dice el escrito presentado por el abogado de la CGT.

"No se supo la radicación errada de la causa hasta que se notificó la sentencia y se vio impedida de efectuar la inhibitoria hacia la Sala I", remarcó la CGT. Por este hecho, la central obrera sostiene que se lesionó la garantía constitucional del debido proceso y la defensa en juicio.

Las mil y una excusas

Pasado el mediodía, Pesino respondió a la recusación en su contra. Según el juez, la impugnación de la CGT se sustenta en "información periodística errónea" y constituye una "mera hipótesis infundada".

Pesino se defiende diciendo que él pidió en agosto de 2025 que le dieran un nuevo nombramiento por cinco años más. La Constitución establece que los jueces se retiran a los 75 años. Si quieren permanecer en el cargo, necesitan ser revalidados por el Senado.

El juez alega que su trámite empezó a moverse cuando Mariano Cúneo Libarona se fue del Ministerio de Justicia. Según su versión, el 13 de abril –dos semanas después de que Ojeda hubiese dictado la cautelar– recibió un correo electrónico desde la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques para comunicarle que el 24 de abril se iba a publicar en el Boletín Oficial la disposición dando inicio a su gestión para quedarse cinco años más en la CNT.

Pesino busca sostener que ya tenía el trámite encaminado cuando llegó la apelación del Gobierno a la Sala VIII. La CGT, por el contrario, sostiene que hubo una maniobra de la Sala VIII para quedarse con un expediente que no le correspondía, lo que le garantizaría a Pesino sumar puntos para complacer a la Casa Rosada.

"Cuando la Sala VIII fue sorteada para entender en la causa, el procedimiento de nuevo nombramiento ya estaba en marcha y, seguramente, se inscribe en la decisión del Gobierno de cubrir la gran cantidad de vacantes existentes en el Poder Judicial de la Nación", se excusó Pesino.

Pese a que él falló a favor del Gobierno y a las horas recibió el puntapié para que el Senado lo ratifique en el cargo, Pesino sostiene que no existió "el mutuo beneficio que se pretende con la recusación". Por el contrario, resalta que la resolución del jueves fue "emitida con total apego a la normativa aplicable y despojada de cualquier interés".

Lo más llamativo es que la reforma laboral trae aparejado el traspaso de la justicia laboral de la órbita de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. En febrero, se firmó un convenio que dice que no iban a cubrirse las vacantes que se produjeran.

Pesino sostiene que el espíritu del convenio es más contemplativo y que, en realidad, dice que la cobertura de vacantes puede producirse en casos que sean "indispensables para garantizar" el servicio de justicia. A su entender, él entraría en ese supuesto porque la CNT está funcionando al 50 por ciento.

No es cierto que el Gobierno envíe pliegos de jueces que están por cumplir los 75 años con premura. Martín Irurzun, histórico integrante de la Cámara Federal porteña y quien suscribió la doctrina que permitió, durante el macrismo, encarcelar a exfuncionarios kirchneristas porque supuestamente gozaban de un "poder residual", mastica bronca en Comodoro Py. Al igual que Pesino, cumplirá 75 años en julio. Sin embargo, a Irurzun no le llegó ninguna comunicación que indicara que el Gobierno iba a dar inicio a un trámite para que se quedara en los tribunales de Retiro.

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