Lemoine se burló de los vuelos de la muerte y la justicia le cerró la causa
La decisión de los camaristas Eduardo Farah y Mariano Llorens causó conmoción entre familiares de víctimas del terrorismo de Estado. Buscarán llevar la discusión a la Cámara de Casación.
Por Luciana Bertoia
Lilia Lemoine estalló en una carcajada cuando una columnista de un streaming en el que participaba dijo: "Los kukas no son waterproof (a prueba de agua)". Siguió riendo cuando otro integrante del panel sostuvo que "si los tiran de los aviones no saben nadar". Lo que a la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) le causaba tanta gracia eran las repetidas menciones a los vuelos de la muerte, el mecanismo siniestro que puso en práctica la última dictadura para desaparecer a sus víctimas. Pese a la conmoción que estos dichos generaron entre los familiares, la Cámara Federal porteña, por mayoría, confirmó el cierre de la denuncia contra la legisladora que suele funcionar como un alter ego de Javier y Karina Milei.
El 20 de diciembre pasado, Lemoine estuvo en el programa FDC, que conduce el abogado Alejandro Sarubbi Benítez en el streaming Ánima Digital. También se encontraba Alfredo "Rino" Gammariello, a quien presentan como excustodio de la secretaria general de la Presidencia.
Lemoine estaba hablando de que había que presentar proyectos de desregulación, modernización y derogación.
—Y de tirar gente de aviones —la interrumpió Sarubbi Benítez.
—Nunca dijimos eso. Era un deseo —contestó ella, entretenida—. Si hubiéramos querido hacer eso, habríamos adquirido más Hércules y no F-16 —completó.
—Igual, hay tres Hércules en funcionamiento en este momento —acotó Gammariello.
—Con eso nos alcanza —siguió Lemoine—. Son enormes, entra bocha, como 90.
La charla continuó en otro tramo con las alusiones a los vuelos de la muerte, que despertaban grandes carcajadas en la diputada nacional.
El 29 de diciembre, Mabel Careaga, Cecilia de Vincenti y Carlos Oviedo presentaron una denuncia penal por apología del crimen contra Lemoine y compañía. Lo hicieron en calidad de familiares de quienes fueron secuestrados entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 tras la infiltración de Alfredo Astiz. Tres Madres de Plaza de Mayo, dos monjas francesas y siete activistas fueron conducidos al campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y luego arrojados vivos al mar.
En la presentación, patrocinada por los abogados Eduardo Tavani, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y Adrián Albor, se recordaba que no era la primera vez que Sarubbi Benítez hablaba de los vuelos. Unas emisiones antes, había dicho: "Lo importante es que hoy tenemos un enemigo claro: los hijos de mil putas de los kukas, que están totalmente convencidos de dar un golpe de Estado y ni siquiera lo ocultan. Igual, yo no se los aconsejo porque la última vez que lo hicieron ya sabemos lo que pasó". Gammariello completó: "Terminaron buscando a los familiares en el Río de La Plata".
La causa no tuvo el impulso de la fiscal Alejandra Mángano, que entendió que lo que había pasado en el streaming no constituía delito. Los denunciantes —que no fueron considerados querellantes— pidieron que se declarara la nulidad del dictamen.
La Sala II de la Cámara Federal porteña, con los votos de Eduardo Farah y Mariano Llorens, rechazó la pretensión y convalidó lo que había sostenido la fiscalía. Roberto Boico, por su parte, sostuvo que era prematuro desestimar el caso por inexistencia de delito. "Por el tenor de las manifestaciones denunciadas, no puede afirmarse sin más —y sin un examen más detenido— que se encuentren amparadas por el libre ejercicio de garantías constitucionales. Se trata de expresiones vertidas en un medio público, referidas a graves situaciones vivenciadas en nuestro país por las cuales se han dictado condenas, lo que exige un análisis más riguroso", insistió Boico.
Farah explicó que coincidía con la fiscal en que las expresiones no configuran el delito previsto en el artículo 213 del Código Penal —que es la apología del crimen—. "Aclaro que esta conclusión no implica que ampare la manifiesta impertinencia de las frases utilizadas en ese programa bajo un supuesto legítimo de ejercicio de la libertad de expresión. Tampoco significa que pase por alto la censurable liviandad y el a todas luces inconveniente tono sarcástico que allí se empleó para referir, entre risas, (a) lo que constituyen terribles episodios de la historia nacional", escribió.
En su voto, Farah habló de las graves afectaciones que las palabras de Lemoine y compañía generaron en los familiares y sostuvo que los hechos podrían ser constitutivos de algún delito de acción privada "por su grado de desatino".
"Las manifestaciones vertidas en un medio público no son sólo ofensivas, torpes o groseras, que también lo son, pero son aún más: son un verdadero panegírico de esos crímenes aberrantes, y por tanto son delito que está tipificado en el artículo 213 del Código Penal y el artículo 2 de la ley 23.592. Como estamos convencidos de ello y de que nuestros patrocinados están absolutamente legitimados para instar esta acción, iremos a la Casación en busca de la justicia que un caso de esta naturaleza demanda", explicó Tavani a Página/12.
Revictimizando a las víctimas
"Un fallo de este tenor es una vergüenza para la sociedad que logró que más de 1250 genocidas fueran condenados. Esta justicia no es otra cosa que el Partido Judicial de la derecha que no nos representa en lo absoluto", sostiene Cecilia de Vincenti, hija de Azucena Villaflor de De Vincenti.
Azucena, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco son las tres Madres que fueron víctimas de los vuelos de la muerte. Recién en 2005, gracias a los esfuerzos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), sus restos pudieron ser identificados. En 2017, la justicia argentina reconoció que todo el grupo que se reunía en la Santa Cruz fue eliminado en el vuelo que partió del Aeroparque la noche del 14 de diciembre de 1977. "Si las burlas sobre este tema no sirven para castigar, ¿qué sirve?", se pregunta Cecilia.
Desde Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz también habían reclamado la expulsión de Lemoine de la Cámara Baja por su intervención. "Es una vergüenza que una cámara de justicia de la democracia avale la reivindicación de un método de exterminio brutal y que una diputada electa, que forma parte del sistema democrático, avale el terrorismo de Estado y su plan de exterminio, y que esto no sea repudiado por todo el sistema democrático. Es realmente trágico para nuestro país tener un Poder Judicial y un Poder Legislativo que no sean capaces de ponerle un freno a semejante aberración", dice, con indignación, Mabel Careaga, una de las hijas de Esther.
Ana Bianco, hija de Mary Bianco, también está sacudida por el fallo de la Cámara Federal. "La diputada Lemoine es la voz de los sectores más recalcitrantes y macabros del ámbito militar, que responden a un plan de exterminio, tortura y muerte. Lemoine tiene la perversidad de poner el acento en la cantidad de personas que entran en los aviones, que tienen capacidad para 90, como si la cantidad fuese un hecho para destacar. Acá hubo 30.000 detenidos desaparecidos. Repudio enérgicamente esta decisión de parte de esa justicia perversa", afirma.
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