Milei habilitó la expulsión de extranjeros por "mensajes de odio" contra los argentinos
El gobierno de Javier Milei oficializó este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026. La medida, publicada en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Migraciones N° 25.871 para incorporar como causal de impedimento de ingreso y de expulsión del territorio nacional a aquellos extranjeros que emitan mensajes de odio o agravien los símbolos patrios. Bajo el argumento de proteger la "cohesión social" y el "orden público", el Ejecutivo se otorga una herramienta de discrecionalidad para decidir quién puede habitar el suelo argentino.
El decreto establece específicamente la prohibición de ingreso para quienes hayan "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último". Asimismo, la normativa alcanza a quienes participen en "actos de ultraje de símbolos patrios nacionales". Según el texto oficial, estas conductas representan una "flagrante violación de las condiciones de convivencia armónica y paz social" que fundamentan la admisión en el país.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 30, 2026
Una respuesta punitivista ante la "campaña antiargentina"
El contexto de esta decisión no es ajeno a la coyuntura política y deportiva. Tras la finalización del Mundial de 2026, el Gobierno denunció una supuesta "campaña antiargentina" que habría trascendido lo futbolístico para instalarse en la agenda internacional. En este escenario, Milei utilizó sus redes y comunicados oficiales para endurecer su discurso. En un texto oficial de la Oficina del Presidente (OPRA) se llegó a sostener que "quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país". Esta postura inflexible busca, según la OPRA, preservar la integridad social ante lo que consideran un aumento de actos de hostilidad contra la identidad nacional.
Sin embargo, el uso de un DNU para modificar una ley de tal sensibilidad plantea interrogantes sobre la calidad institucional. El Ejecutivo justifica la urgencia alegando que la "naturaleza excepcional de la situación" imposibilita seguir los trámites ordinarios en el Congreso. No obstante, el decreto otorga un poder de interpretación amplio a las autoridades migratorias sobre qué constituye un "mensaje de odio". Aunque el artículo 1° aclara que no podrán encuadrarse en este supuesto las "expresiones de disenso ideológico o de crítica política", la línea divisoria queda bajo la órbita de un Gobierno que mostró poca tolerancia a la crítica internacional.
La medida también sustituye el inciso c) del artículo 63 de la ley vigente, lo que determina que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales conlleva la "conminación a hacer abandono del país" o la "expulsión del territorio nacional". De este modo, la permanencia de un extranjero en Argentina queda ahora supeditada no solo a sus antecedentes penales o estatus legal, sino también a sus declaraciones públicas o manifestaciones en redes sociales que el Estado pueda considerar ofensivas.
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