LA CNEA CONFIRMÓ NEGOCIACIONES CON EMPRESAS AUSTRALIANAS POR EL URANIO ARGENTINO
Por Cristian Basualdo
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) confirmó que mantiene conversaciones con las empresas australianas DevEx Resources, Piche Resources y Powerhaus Uranium, dedicadas a la minería de uranio.
La confirmación del organismo nacional se dio en el marco de una solicitud de Acceso a la Información Pública presentada por el Movimiento Antinuclear de la República Argentina.
DevEx Resources es la más importante de las empresas mencionadas, se dedica a la exploración de uranio en el norte de Australia. Piche Resources es una empresa junior de exploración que publicita en su página web dos proyectos mineros en la Argentina, ubicados en la provincia del Chubut, departamento Paso de Indios: Sierra Cuadrada (uranio), y Cerro Chacón (oro y plata). Powerhaus Uranium fue registrada en 2024 en Australia Occidental, no tiene referencias en medios especializados, ni un sitio web oficial.
El presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle, dijo: "yo les pregunto por qué les interesa hacer minería acá si tienen los yacimientos en Australia y una ley diez veces superior", durante su presentación titulada Oportunidad nuclear, que brindó el 28 de mayo ante el Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional. "Los australianos me dicen: nosotros conocemos nuestro negocio y nos interesa, creemos que podemos hacer una cosa competitiva en Argentina", agregó Lavalle, que se sinceró al decir que: "no sabía nada de minería y ahora me la paso hablando con las empresas mineras".
La ley de un mineral es la concentración de un elemento buscado (uranio en este caso) presente en el mineral extraído de un yacimiento. En el análisis de la situación se debe considerar que solo unos pocos yacimientos australianos tienen una ley de un orden de magnitud superior a los yacimientos argentinos. La diferencia entre los países radica más bien en el marco legal y regulatorio, que en Australia es más estricto que en Argentina.
John Borshoff, uno de los hombres de negocios más ricos de Australia Occidental y fundador de Paladin Energy, dijo que las normas ambientales canadienses y australianas son "excesivamente sofisticadas". Esta es la razón por las que las empresas australianas se expanden al extranjero. En la República de Malaui, un país ubicado al sureste de África, Paladin tuvo que depositar una fianza de 10 millones de dólares estadounidenses por la mina de uranio a cielo abierto de Kayelekera, para el caso de que se produzcan accidentes y para las tareas de limpieza o remediación. Pero cuando vendió la mina a la empresa Lotus, también australiana, le devolvieron el dinero sin que haya realizado remediación alguna. Paladin difícilmente se habría salido con la suya en Australia, donde las mineras no pueden evadir las costosas remediaciones exigidas por los organismos de control ambiental y aborigen.
En Argentina los controles son más débiles que en Malaui. La Ley N.º 25.018, Régimen de gestión de residuos radiactivos, estipula en su artículo 13 la creación de un Fondo para la Gestión y Disposición Final de los Residuos Radiactivos. Pero la Ley no está reglamentada aún y, según el artículo 14, el Congreso de la Nación debe dictar una Ley que regule la administración y control del mencionado fondo. A su vez, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), favorece proyectos mineros de litio, cobre o uranio mediante un conjunto de incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios, sin considerar la sustentabilidad de los proyectos beneficiados, ni los pasivos ambientales que dejarán.
Las actividades de exploración de la minería de uranio generan residuos radiactivos, las muestras recuperadas de las perforaciones deben manipularse con cuidado, porque pueden contener uranio y sus productos de desintegración.
El año pasado, el Movimiento Antinuclear de la República Argentina le preguntó a Germán Guido Lavalle acerca del control que ejerce la CNEA sobre las empresas privadas que se dedican a la minería de uranio. El organismo nacional contestó que "no tiene injerencia en las actividades privadas dedicadas a la minería del uranio". Una contradicción evidente, porque un funcionario no puede pasarse hablando con las mineras, como dijo Lavalle, y a su vez no tener injerencia en sus actividades.
La CNEA sostiene que debido a las características de los residuos específicos de la minería del uranio, "los mismos se gestionan en las mismas provincias, por lo que no es necesarios aplicar criterios de aceptación y condiciones de transferencia para éste tipo de residuos".
La historia que respeta los hechos muestra que la mayoría de los sitios donde se realizó minería de uranio en Argentina quedaron abandonados. Para remediarlos, la CNEA gestionó un crédito ante el Banco Mundial (que alcanzó para uno de los ocho sitios) dando un claro ejemplo de que la energía nuclear privatiza las ganancias y socializa los costos. Es ingenuo, por supuesto, esperar que los residuos que generan las empresas privadas serán gestionados de otra manera.
Fuente:
https://antinuclearmara.blogspot.com/2025/09/la-cnea-confirmo-negociaciones-con.html