A 11 años de Ni Una Menos, mujeres indígenas lograron un hito histórico en Salta con la Ley Octorina
Por primera vez, una ley reconoce la violencia sexual, racial y de género ejercida contra niñas y mujeres indígenas. El logro llega tras décadas de denuncias contra el "chineo" y en un contexto nacional marcado por el retroceso de políticas públicas destinadas a mujeres y comunidades originarias.
A once años de aquel primer grito de Ni Una Menos que llenó las plazas argentinas, un grupo de mujeres indígenas logró en Salta una conquista que parecía impensada unos años atrás. El pasado 16 de abril, el Senado provincial aprobó por unanimidad la Ley 8534, llamada "Ley Octorina" Zamora, que reconoce por primera vez la violencia sexual, racial y de género que sufren niñas y mujeres indígenas y que busca prevenir una práctica conocida como "chineo". Se trata de abusos sexuales cometidos históricamente por hombres criollos contra niñas, adolescentes y mujeres de comunidades originarias.
La aprobación llega en un contexto particularmente adverso para los derechos indígenas. En noviembre de 2025, Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución de Naciones Unidas a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Meses después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por decisiones del Gobierno nacional que podrían afectar la protección de las tierras y recursos naturales de las comunidades originarias, entre ellas, la suspensión de nuevas personerías jurídicas de comunidades originarias a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la derogación de la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena, que impedía los desalojos de las comunidades.
En ese escenario, la sanción de la Ley Octorina aparece como una rareza política: una conquista impulsada por mujeres del Norte organizadas que lograron instalar en la agenda pública una violencia históricamente silenciada.
Consultada por El Destape, la antropóloga Eugenia Morey, que acompañó durante casi dos décadas la lucha de Octorina Zamora, explicó que la sanción representa mucho más que una nueva herramienta institucional: "Es un triunfo histórico que admite el crimen de odio y el racismo por parte de la sociedad y el Estado salteño. Ella dio la vida por esta lucha que hoy da forma a esta ley".
"Ahora ya no está la Biblia de por medio, no está la espada, pero el chineo es otra forma de sometimiento de las comunidades indígenas. Ellos creen que son superiores, pero vamos a recuperar la dignidad", sostuvo Walter Cruz, senador provincial kolla y autor de la iniciativa. Aunque la ley no crea nuevos delitos ni modifica el Código Penal, establece mecanismos de prevención, capacitación, elaboración de estadísticas y acompañamiento a víctimas. Para quienes impulsaron la norma, se trata de un primer paso para nombrar una violencia que durante años permaneció fuera de los registros oficiales.
Una ley con nombre de pionera
La Ley 8534 fue bautizada en homenaje a Octorina Zamora, histórica lideresa wichí que dedicó su vida a denunciar las violencias que atravesaban las mujeres y niñas indígenas del norte argentino. Mucho antes de que existieran campañas masivas contra la violencia de género, Octorina ya denunciaba abusos sexuales, explotación y situaciones de intercambio de alimentos por sexo por parte de conductores o transportistas criollos. También acompañó casos emblemáticos de violencia sexual que pusieron en evidencia las barreras raciales, lingüísticas e institucionales que enfrentaban las víctimas para acceder a la justicia.
Fue a partir del caso conocido como Lapacho Mocho, ocurrido en 2005, cuando una niña de la comunidad wichí de Tartagal quedó embarazada tras ser abusada por el compañero de su madre. Una maestra detectó el embarazo y acompañó a la menor y a su madre a hacer la denuncia. Durante el proceso, la defensa del acusado, apoyada por el antropólogo John Palmer, argumentó que las relaciones sexuales y uniones con niñas que ya habían experimentado su primera menstruación (menarca) eran prácticas aceptadas por la costumbre dentro de la cultura wichí. Desde entonces, Octorina se convirtió en una de las principales impulsoras del reclamo de justicia. "Fue ella misma cuando, en 2007, vino a golpearnos la puerta en la UBA para que hiciéramos un peritaje antropológico para demostrar que las violaciones no eran parte de la cultura wichí, contrariamente a lo que algunos antropólogos y legisladores asumían para justificar y silenciar estas violencias", explicó Morey, que marcó este caso como "punto de inflexión" en la lucha de Octorina.
La causa atravesó más de una década de controversias jurídicas, antropológicas y políticas hasta llegar a una condena, pero dejó al descubierto las dificultades que enfrentaban las niñas indígenas para ser escuchadas.
Mientras Octorina denunciaba estos abusos sexuales, impulsaba también la formación de profesionales indígenas, promovía el acceso a la salud, defendía los territorios comunitarios y exigía políticas públicas específicas. "Necesitamos médicos", repetía, recuerda la antropóloga sobre el logro de Octorina en conseguir becas para la formación profesional de jóvenes indígenas, entre ellas su propia hija, Tujuay Gea Zamora, hoy médica.
La antropóloga considera que la dirigente wichí dejó una huella comparable a la de Evita o las Abuelas de Plaza de Mayo, ya que "no hay política pública hasta ahora destinada a población indígena que tenga esa fortaleza y esa efectividad". "Deberíamos darle un reconocimiento honoris causa. Ella sabía que la lucha era larga, y necesitaba profesionales en medicina que acompañen con un anclaje en los territorios".
"Que tengamos hoy una ley que admita que existen crímenes de odio racial que se manifiestan a través de abusos sexuales sistemáticos de las niñas como método de disciplina es producto también de tantas denuncias que Octorina realizaba", expresa orgullosa hoy Tujuay.
Sin embargo, la implementación de esta norma se encuentra aun en instancia de debate y las comunidades se mantienen vigilantes a este proceso: "Esperamos que no sea una letra muerta y que no quede en una ley simbólica, que se traduzca en acciones concretas, ya que una ley escrita que no se ejecuta no existe".
El mismo senador Cruz lo admite: "Podemos ser pioneros con esta ley, pero si no la aplicamos bien no sirve. Habrá habrá sido un lindo papel".
Atsinay katés
Fabiana Ibarra, integrante del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, tenía 13 años cuando un hombre criollo la arrastró a unos yuyales y la abusó sexualmente, mientras regresaba de vender artesanías en una zona rural cercana a la frontera entre Salta, Bolivia y Paraguay. "Yo intenté denunciar, pero en la comisaría no me entendían. Yo no hablaba castellano y no tenían traductor. Sentí mucha bronca, al final nadie hizo nada", cuenta la mujer wichí, en diálogo con este medio. "Después, me enteré que su familia era policía. Tenía terror. Por mucho tiempo pensé que me había pasado solo a mí, pero cuando comencé a reunirme con hermanas me di cuenta que a todas nos había pasado algo parecido", contó.
Luego de este hecho, Fabiana comenzó a estudiar castellano sola y hoy se dedica también a "ser vocera de las hermanas que no pueden hablar" por no manejar el castellano o por no poder romper con el "tabú" de los abusos sexuales en las comunidades.
Para Morey, historias como la de Fabiana permiten entender por qué las organizaciones indígenas insisten en que el chineo no puede reducirse a una serie de delitos aislados. "Los abusos tienen víctimas particulares, pero su objetivo es más general. Es contra un pueblo, es contra una población mucho más amplia", sostiene.
Octorina llamaba a las mujeres wichí "Atsinay katés", que significa "mujeres estrella". Según esa cosmovisión, ellas eran las portadoras del conocimiento ancestral y las encargadas de guiar a la comunidad. Hoy, mujeres como Fabiana continúan esa tarea: acompañan denuncias, traducen ante médicos y policías, organizan redes de cuidado y ayudan a otras víctimas a romper el silencio. Son las herederas de una lucha que encontró en la Ley Octorina un nuevo punto de partida.
Sobre la ley
A diferencia de otros proyectos que buscan endurecer penas o incorporar nuevas figuras penales, la Ley Octorina apunta a promover campañas de sensibilización, capacitaciones obligatorias para agentes estatales, elaboración de estadísticas específicas y la creación de mecanismos de acompañamiento para las víctimas.
Uno de los ejes centrales es la construcción de registros y relevamientos que permitan dimensionar la problemática y generar políticas públicas acorde. "¿De qué manera se genera conciencia? Generando un registro", explicó Morey durante la entrevista. Para la antropóloga, la ausencia de estadísticas oficiales fue durante años una de las principales barreras para que estas violencias fueran reconocidas como una problemática pública. "Hay que ponerle número, palabra y nombre", resume.
La ley también busca fortalecer la participación de las propias comunidades indígenas en el diseño de las políticas públicas. "Cuando hay una legislación que las involucra, ellas piden consulta y participación fuertemente", señaló Morey. En ese sentido, la investigadora considera que uno de los desafíos será evitar que las mujeres indígenas vuelvan a quedar relegadas a un lugar secundario en los espacios institucionales creados para abordar estas violencias.
Tujuay Gea Zamora coincide en que la aprobación representa una oportunidad inédita, aunque advierte que el verdadero desafío comienza ahora: "Necesitamos herramientas jurídicas para defender nuestro territorio de este disciplinamiento colonial".
Para Walter Cruz, la ley debe entenderse como un punto de partida y no como una meta. "Sabemos que es una ley primaria. Decidimos aprobarla porque es necesaria. Es un primer paso", sostiene.
La implementación será ahora el principal desafío. La normativa obliga al Poder Ejecutivo a designar una autoridad de aplicación que deberá coordinar acciones con las áreas de Salud, Educación, Justicia y Derechos Humanos, pero según el senador Cruz "esto se debate en reuniones con diferentes organismos en los próximos meses".
Legado judicial
"Nos están matando. Esto es un genocidio en otros términos porque violar a nuestros niños y niñas implica un trauma social del que es muy difícil salir. No estamos pidiendo reparación de víctimas individuales. Son víctimas también colectivas", repetía Octorina en cada lugar que podía. Esa mirada quedó plasmada en una denuncia pública que bautizó como "Cacerías Humanas", donde visibilizó los abusos sexuales, desapariciones y femicidios que atravesaban a distintas comunidades indígenas del norte argentino.
Según relató Morey, uno de los cambios más importantes impulsados por Octorina ocurrió en los últimos años, cuando logró que el Poder Judicial modificara su forma de intervenir en los territorios indígenas. A partir de denuncias realizadas en comunidades como Pluma de Pato, fiscales, defensores y otros funcionarios comenzaron a trasladarse hasta los propios territorios para tomar declaraciones y acompañar las investigaciones. "Eso no se había logrado nunca. Imaginate que el Poder Judicial, en lugar de decirte que vos asistas al juzgado, lleva al juzgado a tu casa", explicó la antropóloga.
Es que para muchas víctimas, "ir a la policía muchas veces era un recorrido imposible" ya que a una comisaría implicaba exponerse a nuevas situaciones de violencia o revictimización. En algunos casos, incluso, los propios agentes estatales aparecían señalados por las comunidades como parte de las redes de violencia denunciadas. La presencia de fiscales y funcionarios en los territorios no resolvió todos los problemas, pero permitió que más mujeres se animaran a denunciar. "Les ayudaba a perder el miedo a los juicios internos, al qué dirán los vecinos o los propios comuneros", explicó Morey.
Sin embargo, las desigualdades en este legado judicial persisten. La investigadora advierte que muchas veces la respuesta judicial resulta más rápida cuando las acusaciones involucran a integrantes de las propias comunidades indígenas que cuando los denunciados cuentan con vínculos políticos, económicos o institucionales. "Cuando pedimos que se repare, se repara más rápido si es en contra de los mismos indígenas, estén donde estén, en el lugar de víctima o de victimario, y eso es una injusticia", afirma.
Por eso, para quienes impulsaron la Ley Octorina, esta sanción podría cambiar las lógicas que hoy oprimen a los pueblos originarios: "Es un caminito largo. Sí. Pero esta ley sienta un precedente institucional. El proyecto de ley que implica modificar el código penal también está presentado. Pero hoy empezamos por acá", explayó una Morey cuya voz se enciende cada vez que menciona a esa Octorina que fue "su maestra": "Yo también provengo del Norte, y esta reparación es la esperanza de todas las mujeres. Yo le agradezco inmensamente a Octorina, ella puso en palabras las violencias que nos atraviesan a cada una de nosotras".
Octorina no llegó a ver la sanción de la ley que hoy lleva su nombre. Murió el 1° de junio de 2022, a dos días del Ni Una Menos, una causa a la que ha sumado durante décadas de denuncias, huelgas de hambre, acampes y campañas públicas. Pero quienes la conocieron aseguran que la pelea continúa en otras voces: la de su hija Tujuay y la de tantas otras Atsinay katés que hoy celebran esta conquista histórica y velan por su efectiva implementación.
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