Chubut: denuncian al titular del IAC por abuso de autoridad en la entrega de tierras reclamadas por la Comunidad Mapuche Fentren Kimun
Una nueva denuncia expone la gravedad institucional del IAC (Instituto Autárquico de Colonización y Fomento. Rural) en el conflicto territorial en Gualjaina. Abogadas vinculados a las posiciones indígenas presentaron ante la Fiscalía General una acusación formal contra el presidente del IAC, Horacio Massacese, por el presunto delito de abuso de autoridad. La denuncia sostiene que el funcionario habilitó de manera irregular permisos y autorizaciones sobre tierras ocupadas tradicionalmente por la Comunidad Mapuche Fentren Kimun, violando normas constitucionales, provinciales y tratados internacionales que resguardan los derechos territoriales indígenas.
Por ANRed
La comunidad Fentren Kimun, con personería jurídica N° 2679, habita desde tiempos ancestrales la zona de la Costa de Gualjaina, en el Departamento Cushamen. Su posesión se encuentra protegida no solo por las garantías generales del Código Civil y Comercial, sino también por la Constitución Nacional —que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios—, la Constitución de Chubut, la Ley de Tierras Fiscales y el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a consultar y garantizar la participación indígena frente a cualquier medida que afecte su territorio.
Pese a ese marco legal, el 10 de noviembre de 2024 el portal EQSnotas publicó las declaraciones del propio Massacese en la nota titulada "El IAC sobre el conflicto en Gualjaina: la tierra es fiscal, autorizamos a Duscher y hubo usurpación". Allí, el funcionario reconoció que el IAC otorgó a Bernardo Quiñihual una "anuencia previa" y posteriores autorizaciones para transferir mejoras a favor del exfutbolista Aldo Duscher, bajo el argumento de que el terreno es "tierra fiscal del Estado provincial". Según su relato, en julio de 2024 se firmó un permiso precario de ocupación a favor de Quiñihual y luego, en octubre, se autorizó una mensura para avanzar sobre el mismo predio. En esa intervención mediática, Massacese afirmó incluso que hubo "usurpación" por parte de quienes históricamente viven en el lugar, intentando presentar como ocupantes irregulares a integrantes de la comunidad, pese a la trayectoria documentada de posesión ancestral.
La denuncia presentada ante la Fiscalía señala que el IAC actuó con pleno conocimiento de que esos terrenos se encuentran en ocupación tradicional indígena y que la propia comunidad viene realizando notas, presentaciones y expedientes pidiendo la regularización de la tenencia. Pese a ello, el organismo no dio intervención obligatoria a la Comisión de Tierras Indígenas (CTI), ni realizó procesos de consulta previa, libre e informada, un requisito fundamental impuesto por los artículos 6, 14, 15 y 18 del Convenio 169. Para las denunciantes, esta omisión constituye una violación directa a las leyes y tratados que el funcionario estaba obligado a cumplir en su cargo.
En aquel entonces, ANRed había dialogado con el abogado de la comunidad Luis Virgilio Sánchez que advirtió que se trataba de una maniobra fraudulenta con complicidad estatal que involucraba a funcionarios del propio IAC. "Vamos a denunciar la compra y venta ilegal de tierras. Hoy la Oficina Judicial me envió la resolución del IAC: no le otorgan la tierra, le dan un permiso precario, y con eso voy a pedir el expediente completo", y había explicado que ese permiso podía caer si no se cumplian sus condiciones: "Debe haber ocupación efectiva y no puede haber animales de otras personas; por eso Duscher intentó comprar los animales de una mujer de la comunidad. Todo forma parte del plan: consolidar la ocupación para hacer los planos de mensura y luego obtener la adjudicación definitiva".
La abogada Ivanoff, recordó en la nota de EQSnotas que las tierras ocupadas tradicionalmente por comunidades originarias "tienen un carácter equiparable a un título" y que ningún funcionario puede avanzar sobre ellas sin la intervención de la CTI, ni autorizar ventas o transferencias sin la participación de la comunidad. Aun así, el IAC habilitó actos administrativos que, según la denuncia, violan la Constitución Provincial, la Constitución Nacional, la Ley de Tierras Fiscales y el bloque de constitucionalidad federal que protege los derechos territoriales indígenas.
Los abogadas que presentaron la denuncia solicitaron que la Fiscalía ordene resguardar digitalmente la publicación periodística de EQSnotas, certifique la autenticidad de las declaraciones de Massacese y requiera al IAC todas las actuaciones administrativas relacionadas con la autorización otorgada a Quiñihual y la operación que involucra a Duscher. También pidieron que se tome declaración a integrantes de la Comunidad Fentren Kimun, incluida su werken y vocera, Susana María Martín.
La denuncia concluye que el accionar del titular del IAC constituye un acto de abuso de autoridad al dictar resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, afectando directamente el derecho constitucional a la posesión comunitaria indígena. Por ello, las presentantes solicitaron la inmediata apertura de la investigación penal. El conflicto en Gualjaina, lejos de apaciguarse, vuelve a exponer cómo las políticas de tierras del Estado provincial chocan de frente contra los derechos históricos de las comunidades mapuche que habitan el territorio desde mucho antes de la conformación del Estado.
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