Comenzó el juicio a los policías chaqueños que atacaron a una familia qom en Fontana
Se los responsabiliza del ataque a la familia Fernández, que incluyó extrema violencia, abusos sexuales e insultos discriminatorios por su origen indígena.
Por Adriana Meyer
El 31 de mayo de 2020, en plena pandemia, efectivos de la Policía de Chaco ingresaron de manera violenta a una casa del barrio qom Banderas Argentinas, en la localidad chaqueña de Fontana. Atacaron a sus habitantes con golpes de puño y palos, los patearon en la cabeza, y detuvieron a dos varones y a dos mujeres. A ellas, menores de edad, las abusaron sexualmente, las rociaron con alcohol y amenazaron con prenderlas fuego. La excusa de los policías de la Comisaría Tercera fue la de un presunto ataque a pedradas a esa dependencia. Pero ni eso explicaron esa noche, cuando sin ninguna orden legal comenzaron a golpear y a empujar la puerta de la casa de la familia Fernández. En un video filmado desde adentro del hogar, se ve que armados, algunos de uniforme y otros de civil, agarraron de los pelos a un chico y le patearon la cara, la espalda, los riñones y la panza. Las víctimas fueron Elsa Fernández, madre y dueña de la vivienda, Celeste Daiana Fernández, Cristian Rodolfo Fernández, Ale Alejandro Delio Saravia y Rebeca Griselda Garay, era menor de edad al momento de los hechos, quienes estuvieron presentes en la audiencia de ayer con la cual comenzó, luego de sucesivas dilaciones, el juicio a diez policías por estos hechos. "Las víctimas estuvieron desde muy temprano, así como vinieron cada vez que dijeron que iban a empezar, las acompañamos, sobre todo son mujeres, se juntan, se solidarizan entre ellas", dijo a Página/12 Darío Edgardo Gómez, abogado querellante del Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco.
"Es un grupo muy digno, como se han apoyado y como aguantaron el embate de los medios hegemónicos y el prejuicio racial que hay en nuestra sociedad, pero destaco la actitud de ellas, la conducta de todo el grupo, están muy firmes en su voluntad de tratar de obtener una condena a los responsables, de aquel hecho que realmente les trajo secuelas en el grupo familiar, de modo que de nuestra parte está la predisposición, la voluntad y los recursos humanos para poder colaborar en que esto sea así definitivamente", agregó el letrado.
"'Indios infectados, ustedes son unos mal acostumbrados', nos gritaban mientras nos torturaban cinco policías saltando sobre nuestros pechos", dijo a Página12 una de las jóvenes qom tras el ataque. Como era menor de edad y temía represalias no dio su nombre en ese momento. Era Rebeca Garay. "Ya les tiramos alcohol, ¿quién les prende fuego?", decían para aterrorizarles con la luz apagada. Los referentes qom coincidieron en ese momento en que el ataque se daba en un contexto en que endilgan a las comunidades indígenas "haber traído" el coronavirus. Las imágenes difundidas por Twitter, en principio por Revista Cítrica, hicieron que incluso el ex presidente Alberto Fernández se pronunciara.
Ayer, en la primera jornada del juicio, los diez policías imputados decidieron no declarar, por lo que el Tribunal, integrado por la jueza de la Cámara Segunda en lo Criminal, Dolly Fernández, junto a sus pares, Cristina Pisarello y Ernesto Azcona, volvió a fijar audiencia para el 13 de octubre a las 8 de la mañana. Ante el pedido del máximo Tribunal de unificar las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos, el Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco se constituyó como querellante institucional en representación de ambas instituciones.
Los imputados son Cristian Ariel Flores, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti y Cristian Omar Benítez, quienes están acusados de allanamiento ilegal y vejaciones agravadas; Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González, que enfrentan cargos por vejaciones agravadas; Sebastián Alberto Vallejos está imputado por vejaciones y falsedad ideológica y la Comisaria Claudia Beatriz Lucena está acusaciones por encubrimiento agravado y detención ilegal.
Los hechos ocurrieron el 31 de mayo de 2020, cuando agentes de seguridad de la Comisaría Tercera de Fontana ingresaron a una casa por la fuerza y con violencia, golpeando a quienes estaban adentro y llevándose detenidos a tres jóvenes y una menor de edad mediante forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y golpes, con armas de fuego, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Dentro de la Comisaría Tercera continuaron los insultos, amenazas de muerte, agresiones, malos tratos y torturas. Incluso una de las jóvenes denunció abuso sexual por parte de los agentes policiales.
A pesar de la ferocidad del ataque, Elsa Fernández tuvo el coraje de hacer la denuncia. Allí contó que a su hija seis policías la agarraron de los pelos y que cuando ella quiso evitarlo el oficial Fernández le pegó con la 9 milímetros en las costillas. También relató que a su sobrino le pegaron contra la pared y quedó desfigurado. Elsa completó que a los chicos los amenazaron "con armas". "En mi casa se encontraron cartuchos y balas", relató. De hecho, en el video del ataque se oyen disparos. El registro fílmico, que lleva de fondo los gritos desesperados de otra integrante de la familia atacada, también muestra que cuando sacan afuera al joven, una chica intenta rescatarlo de la manada policial, sin éxito. A ella también comienzan a pegarle. Se llevan a ambos. La voz de fondo en el video pide "basta" sin cesar.
Jefes policiales en actividad
La querella hizo numerosos pedidos, hasta ahora sin éxito, para que le juicio se lleve adelante en otra sala, con más espacio. "Los imputados y las víctimas están a tres metros de distancia, y hay solamente nueve sillas para el público, entonces lo de oral y público deja mucho que desear, hemos planteado un esquema de acompañamiento a víctimas, también la posibilidad de que el juicio sea trasladado a otro espacio en donde la comunidad pueda venir y acompañarlos, y tampoco accedieron", se quejó el abogado Gómez. "Obviamente este juicio no interesa, tratan de invisibilizarlo porque el actual jefe de policía, Fernando Romero, era el jefe de policía cuando sucedieron aquellos hechos, en la gestión de (Jorge) Capitanich, y justamente fue la causal por la cual se enfrenta con el ex gobernador porque cuando los manda a detener y hace declaraciones condenando al accional policial, Romero banca a la policía que actuó ahí y le exige que los dejen libertad, no se ponen de acuerdo y Romero se va por eso, digamos, porque él siguió bancando a los policías que habían vejado a la familia indígena", explicó.
Gómez afirmó que "es un tema que les molesta, porque además la comisaria de esa época, la comisaria Lucena, que la habían dejado afuera, nosotros logramos imputarla después, fue ascendida ahora ya en la gestión del gobernador (Leandro) Zdero, y eso va en contra de lo que dicen las normas provinciales en Chaco, los policías no pueden recibir una promoción mientras estén imputados en alguna causa. Y acá al jefe de la policía no le importó y le hizo firmar un decreto al gobernador promoviéndola a la ex comisaria Lucena". A pesar de este escenario, el querellante se mostró optimista respecto de obtener una condena.
Las audiencias continuarán los días 13, 14 y 15 de octubre, cuando van a prestar declaración las víctimas.
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