Contra el extractivismo y el despojo territorial, las Warmis marchan al Congreso
Este jueves al mediodía, mujeres de pueblos originarios de Jujuy se movilizan desde Plaza Miserere hacia el Congreso de la Nación para exigir el cese del saqueo minero.
Por ANRed
Las Warmis del Kollasuyu marcharán durante la mañana del jueves 03 de septiembre por la Ciudad de Buenos Aires. Provenientes de la Puna, la Quebrada y los Valles jujeños, las mujeres originarias trasladan su reclamo para presentar un petitorio formal ante el Congreso de la Nación, frente a la falta de respuestas por parte de la Dirección Provincial de Minería, la Dirección de Recursos Hídricos y el Ministerio de Ambiente de Jujuy, tras la Caminata de Mujeres del 2025.
Tal como adelantaron en su comunicado a la prensa, bajo el lema "Caminatas de Mujeres en defensa de la Pachamama 2026", las voceras comunitarias exponen en esta jornada la contaminación que afecta a la Laguna de Pozuelos por el impacto de la actividad minera. "Exigimos el cese de la contaminación de nuestros territorios y el respeto a nuestros derechos como Pueblos Originarios", señalaron en el documento.
Iniciada el 3 de agosto en Rinconada (Jujuy), la movilización al Congreso marca el cierre de la «Segunda Caminata de Warmis». Tras recorrer unos 2.000 kilómetros a pie durante todo el mes, con una reciente escala en Rosario, las manifestantes trasladan sus demandas a Buenos Aires. Denuncian la contaminación de la Laguna de Pozuelos y exigen la intervención de las autoridades nacionales ante la falta de respuestas del gobierno provincial.
Apuntan específicamente contra los daños generados por la Mina Pan de Azúcar, la Mina Pirquitas y la Mina Chinchillas. A este escenario se le suma la amenaza de desalojo que pesa sobre decenas de comunidades de sus tierras ancestrales debido al avance de pedimentos mineros a lo largo de toda la cuenca.
Las organizaciones exponen la violación del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, consagrado en el Convenio 169 de la OIT, así como el incumplimiento del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) en materia de acceso a la información y justicia ambiental.
A través del petitorio que entregarán, las comunidades interpelan directamente al Poder Legislativo. Quieren: "saber si las comunidades originarias somos tratadas verdaderamente como sujetos de derecho colectivo» Y además, sostienen que: «cuestionamos el favorecimiento del extractivismo por encima del bienestar de las comunidades".
La postura de las defensoras de la tierra es clara, y así lo dieron a conocer en su comunicado a los medios: «Las mujeres de la Puna, Quebrada y Valles no permitiremos que continúe la fragmentación de nuestras comunidades ni la destrucción de nuestros territorios ancestrales. Exigimos el derecho a permanecer y desarrollarnos en paz en nuestra tierra».
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