Cueva del Inca: tras recuperar territorio la comunidad apunta a la justicia y al gobierno de Jujuy
Tras el desalojo del lunes 8 de julio las familias retomaron el lugar y apelaron a la solidaridad para fortalecer la resistencia y reconstruir la casa destruida. Miriam Alfaro, comunera, indicó detalladamente todos los atropellos, violaciones de derechos humanos e irregularidades del Estado y el Gobierno de Jujuy a favor de un empresario.
Natalia Morales - Diputada provincial PTS-FIT, Jujuy | @NatuchaMorales
Este año la comunidad ha sufrido dos hechos represivos ilegales, el 23/4 y 7/7, donde se desconoce derechos indígenas en abril y ahora en julio. La violencia y vejámenes avalados por jueza, fiscales y ejecutado por la Policía del Gobierno de Carlos Sadir se muestran en sintonía con el Gobierno Nacional que derogó la Ley 26.160 que prohíbe justamente los desalojos de pueblos originarios que habitan territorios y son preexistentes.
Ese es el caso de Cueva del Inca, comunidad que además cuenta con procedimientos reconocidos por el Estado, como personería jurídica, relevamiento, carpeta técnica, de su territorio, y que incluso fue identificada en fallos de la Corte Suprema donde obliga al Estado jujeño a cumplir con la devolución de tierras a los pueblos originarios (año 2013).
Miriam Alfaro, fue elegida comunera un día antes de la represión de abril, y diríamos que ya pasó varias pruebas de fuego con un grupo de mujeres que también son o fueron autoridades. Además ella es artesana, conocida en el pueblo de Tilcara, y también una de las guías de turísmo de las cuevas que existen en la comunidad, que son patrimonio arqueológico, y que las familias resguardan. Tiene una discapacidad motriz que la obliga a caminar con ayuda de un bastón, el mismo que fue destruído luego de ser tirada al piso y golpeada por un efectivo policial.
La casa precaria donde vive Miriam, que además funciona como salón comunitario, lugar espiritual de encuentro, es la que fue destruída tras el último desalojo, sin ninguna notificación, de la policía, de madrugada y de noche, con corte de luz y señal, para evitar cualquier llegada solidaria y aviso. Miriam cuenta, que para defenderse colocaron muebles y cajas trabando las puertas y ventanas, y que la Policía tiró varios gases lacrimógenos dentro de la casa para ahogar a los que estaban, para luego tirar abajo la puerta. Ella resistió como el resto, pero luego perdió el conocimiento mientras fue rameada por el lecho de un arroyo que se encuentra cerca, en la quebrada de Sarahuaico.
Responsables del accionar ilegal e ilegítimo
La jueza del Juzgado de primera instancia en lo civil y comercial, 7 oficina 13, Liz Valdecantos Bernal, es quien viene accionando a favor de los empresarios hoteleros, dueños de la Hostería Canto del Viento, Carlos Gustavo Vasquez y Simona Natividad Cruz, quienes reclaman y tienen un sentencia a favor, sobre una parcela de 10.000 m2 (1 ha) en Finca Las Cortaderas, padrón l-820, matrícula l-3752, en la banda de Tilcara. No es la primera vez que lo hace, también accionó contra la comunidad en Guerrero, a favor de la familia terrateniente, Jenefes.
La jueza civil procede desconociendo a la comunidad, el relevamiento reconocido por el Estado, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Secretaría de Pueblos Indígenas, y actúa contra un sólo individuo, Javier Mamaní, miembro de la misma, quién vivía detrás de la hostería, al igual que Miriam Alfaro, antes que destruyan sus casas y los desalojen en abril y julio.
Los oficios de desalojos dictaminados contra Javier Mamaní, miembro de la comunidad, expte 100406/2017, manda judicial disputa el 10/4/2025 fueron llevados adelante por el Juez de Paz de TIlcara, Pedro Apaza, quien fue facultado por la juez Valdecantos. Si bien el oficio 802632 expresa "el resguardo de la integridad física de las personas que se encuentren en el lugar", el funcionario estuvo presente en el lugar y respaldó el accionar violento y destrucción de las viviendas incluyendo la de Miriam Alfaro. Además habilitó la propiedad de los empresarios como depósito judicial de las pertenencias sacadas de la vivienda de la comunera.
El fiscal Fernando Alancay también avaló el procedimiento, desconociendo el derecho de la comunidad indígena a defenderse, sin tomar ninguna medida ante los dos hechos represivos a mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, e incluso legisladores el 23 de abril, a los que se agrega, desalojo policial sin notificar, corte de luz, detenciones en comisaría de otra localidad, 12 personas en la comisaría 3 de Maimará, y vejaciones el 9 de julio. No es la primera vez que el fiscal actúa de esa manera, involucrado en otros desalojos ilegales en Tilcara, Radio Estación, pero también es quien imputó a 23 manifestantes en Humahuaca durante la lucha contra la reforma, acusados entre otras cosas de sedición, y estuvo detrás de allanamientos ilegales, persecuciones y detenciones.
La policía provincial dependiente del Secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, responsable de los operaitvos y acción directa cuyos testimonios dan cuenta de violaciones de los derechos humanos. Llama la atención la presencia, resguardo y estadía policial en la propiedad privada de los empresarios del turismo.
Por si faltaban irregularidades la orden de desalojo hace mención a una parcela en Finca Cortaderas, pero, en los hechos, el operativo policial represivo fue en otro lugar identificado como Quebrada Sarahuaico.
Más allá de las denuncias judiciales, recientemente en el fuero federal ante la violaciones a convenios y derechos comunitarios y del patrimonio arqueológico, la justicia, fiscalía y el mismo gobierno refrendan los hechos. Eso se manifestó de hecho en la Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura de Jujuy donde la presidenta, la diputada Alejandra Elias (UCR), se negó a tratar proyecto presentado por el bloque PTS FIT sobre los hechos ocurridos en Cueva del Inca, a invitar a los integrantes de la comunidad, afirmando que "el conflicto es entre particulares". Hay que afirmar también, que no es la primera vez que acciona así, actuó de la misma manera ante el desalojo de la comunidad de La Quiaca Vieja.
Hace varios años que la comunidad enfrenta este y otros ataques por los intereses inmobiliarios en la región producto de la mercantilización de la tierra y los negocios inmobiliarios, turísticos y productivos impulsados tras la declaración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO.
Si bien los compromisos del Estado jujeño con organismos internacionales es resguardar derechos de quienes habitan en territorios y son preexistentes, la multiplicidad de casos de atropellos, muestran lo contrario, como sucede o sucedió en Juella, Bárcena, Chucalezna, Angosto de El Perchel, Quebrada del Mal Paso, Uquía, entre otros. Las comunidades se defienden en desigualdad de condiciones con un Estado que más allá de las instituciones que estarían para tal objetivo se para en la vereda de enfrente.
El miércoles 9, integrantes de la Comunidad Cueva del Inca retomaron las tierras de las que fueron sacados, defendiendo lo que les pertenece y ha recibido la solidaridad de otras organizaciones, comunidades, diputados de izquierda, y desde el mismo pueblo de Tilcara, expresado en el Festival Unir las Luchas, donde Miriam y su madre, se hicieron presentes, para fortalecer su pelea, pero también dar fuerzas a las otras en curso.
En estos días siguen llamando a la Minka comunitaria, que tiene por objetivo la ayuda y trabajo colectivo ante este atropello. Lejos de salidas individuales, Cueva del Inca, sus valientes mujeres, dan un mensaje de resistencia desde los territorios, enfrentando a empresarios, envalentonados con las decisiones del Gobierno de Milei, que en la provincia aprovecha Sadir, su gobierno, y la justicia, para apretar el acelerador. Sin embargo, las luchas se multipliquen y las resistencias empiezan a retomar caminos de coordinación y unidad, entre indígenas que defienden el territorio, trabajadores de la educación y rurales que defienden la democracia sindical, estatales por salario y del azúcar contra los despidos.
