De sueños ajenos a pesadillas locales: El reclamo de la Comunidad Indígena Antigal de Moya frente al avance de un emprendimiento turístico inmobiliario
POR CECILIA AGUZIN
La Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, es un valle andino de más de 150 kilómetros de extensión y más de 2000 metros de altura. En 2003 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y desde entonces se consolidó como destino turístico privilegiado en el norte argentino. Esta declaratoria, celebrada como reconocimiento internacional, trajo consigo un proceso de patrimonialización en el que las prácticas, territorios y símbolos locales fueron reinterpretados como atractivos para el turismo y el mercado. Lejos de ser un gesto neutro de preservación cultural que apunta a poner en valor el pasado para las futuras generaciones, la patrimonialización se inscribe en un campo de disputas. Precisamente, no sólo confrontan distintos actores sociales —entre los cuales en este caso se encuentran las comunidades indígenas, el Estado provincial y nacional, las empresas extractivas y los organismos internacionales—, sino también luchas donde lo que está en juego es quién o quiénes definen qué debe ser conservado, cómo debería ser representado y, sobre todo, quién o quienes se benefician de ello.
El Proyecto Muskuy y el avasallamiento de los derechos indígenas
Las familias de la Comunidad Indígena Antigal de Moya en la localidad de Chucalezna, Departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy, combinan el pastoreo de animales con la agricultura de subsistencia. Sin embargo, hace más de diez años enfrentan crecientes obstáculos para continuar con estas prácticas ancestrales. Los impedimentos se deben a que el empresario Claudio Zucchino, tras la compra de un lote lindero a la comunidad, años después, afirmó ser también propietario de las tierras utilizadas para cultivo y del cerro sagrado de Moya, espacio de uso tradicional para el pastoreo, hoy vedado a las familias.
En el cerro que afirma poseer, Zucchino puso en marcha un emprendimiento vitivinícola, turístico e inmobiliario denominado Muskuy. En su página de Internet ofrece "lotes únicos para quienes buscan invertir en naturaleza, vino de altura y cultura ancestral" (Muskuy, s/f), y destaca que Muskuy es una palabra quechua que significa "sueños". Paradójicamente, quienes han habitado y cuidado este cerro durante siglos, hoy sufren el desplazamiento de una gran parte de su territorio ancestral, lo cual amenaza la posibilidad de continuar recreando sus conocimientos y prácticas culturales.
De acuerdo con los relatos de algunas familias, el inicio del conflicto estuvo marcado por una serie de visitas y conversaciones en las que el empresario buscaba convencer a los pobladores para que abandonen sus casas en el cerro Moya. Una integrante de la comunidad refiere que Zucchino sugirió a algunos ancianos de la comunidad que bajaran hacia zonas cercanas a la ruta, argumentando que al instalarse allí tendrían todo "más a mano" y con menos esfuerzo físico. Así, por ejemplo, una de las ancianas trasladó parte de sus pertenencias con ayuda del propio empresario. Sin embargo, cuando ella intentó regresar a buscar lo que había quedado —ollas, cántaros, virques y herramientas—, se encontró con que el acceso a su casa, en el cerro, había sido clausurado. Algo similar vivió un anciano cuando, tras aceptar el traslado con la expectativa de mejorar sus condiciones de vida, descubrió que no podía pastorear sus animales donde siempre lo había hecho porque ya no tenía acceso al territorio.
La judicialización del conflicto
Cuando en el año 2021 comenzaron las obras de loteo, apertura de caminos y desvío de agua para los viñedos de altura, otro miembro de la comunidad relata que se extrajeron cardones, churquis, piedras y todo tipo de vegetación, que afectó drásticamente el paisaje. Ante esta situación las familias presentaron ante la justicia provincial una medida cautelar de no innovación, en la cual solicitaron que se suspendan las obras hasta tanto no se contara con la factibilidad ambiental del proyecto. Frente a las pruebas presentadas por la comunidad, en diciembre de 2023, la jueza Flores, María Laura ordenó "al demandado Claudio Zucchino que se abstenga de realizar acciones propias del proyecto inmobiliario en el Padrón J-1167, hasta tanto cuente con la factibilidad ambiental correspondiente." (Poder Judicial de Jujuy, exp. C-237855/2023). Sin embargo, la medida cautelar de no innovación fue incumplida ya que el empresario continuó con las obras del proyecto inmobiliario.
Con motivo de este incumplimiento, las familias vuelven a denunciar ante la justicia el nuevo atropello. Mediante una Inspección Ocular ordenada en mayo de 2024 —en el marco del expediente principal (C-239851/23)— se constató que la obra de ampliación del proyecto inmobiliario continuaba desarrollándose. Ante la confirmación de la no paralización de la obra, en sentencia del 25 de junio de 2024, la jueza decide "ampliar la medida cautelar dictada oportunamente y en consecuencia paralizar la obra de ampliación de la Hostería Viñas de Uquía; y ordenar al demandado Claudio Zucchino que se abstenga de realizar acciones propias correspondientes al avance de obra en el Padrón J-1167" (Poder Judicial de Jujuy, expte. 237855/2023).
Pese a las continuas denuncias en las que la comunidad acusa el constante incumplimiento de la cautelar de no innovación, el 24 de octubre de 2024 la Secretaría Ambiental emitió la factibilidad ambiental del Proyecto Muskuy. En consecuencia, en la sentencia del 19 de diciembre de 2024 la jueza de la causa decidió dejar sin efecto la cautelar dictada y su ampliación, a la vez que impuso al demandado el pago de una multa de dinero por violar la medida de no innovación del 25 de junio de 2024 (Poder Judicial de Jujuy, expte. 237855/2023).
Las familias de Antigal de Moya consideran que la factibilidad ambiental se dictó sin la Consulta Previa, Libre e Informada a la comunidad tal como lo plantea el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al cual Argentina adhiere en 1992 y ratifica en el 2000. Por tal razón, iniciaron un amparo ambiental colectivo contra el Estado provincial y la Secretaría Ambiental de la provincia. No obstante, la justicia provincial rechazó el mismo y su recurso de apelación (Poder Judicial de Jujuy, expte. 264987/2024).
La lucha de la Comunidad Antigal de Moya frente a "los saberes expertos"
A pesar del fallo que permiten al empresario continuar con las obras y la modificación del paisaje, las familias advierten que las consecuencias sobre su territorio ancestral ya son reconocibles. Por ejemplo, refieren que el 29 de marzo de 2024 una fuerte tormenta con granizo en la zona alta del cerro provocó que las caídas de agua del volcán de Moya —afluente del río Grande— bajaran por las pequeñas quebradas con "una fuerza nunca antes vista". En esta ocasión —relata una referente de la comunidad— el desborde y la rotura de varios tanques australianos provocaron que el agua arrastrara chapas y sedimentos cuesta abajo, los cuales ingresaron a las viviendas y afectaron a varias familias de la comunidad. El agua y el lodo entraron también a los rastrojos y plantaciones de parra del propio empresario. La mujer recuerda que, además de la gran cantidad de lluvia y piedras que descendieron por la ladera del cerro, desaparecieron grandes rocas que habían permanecido allí "desde los antiguos", que no sólo eran parte de la memoria colectiva sino también del juego infantil: piedras donde, de niñas y niños, se trepaban para jugar.
El conflicto en Chucalezna expone el otro lado de la patrimonialización de la Quebrada de Humahuaca: aquello que se vende como preservación cultural y natural se sustenta, en la práctica, mediante la comercialización y folklorización tanto del paisaje como de las prácticas indígenas, incluso a costa de las familias que las sostienen cotidianamente. Desde una mirada crítica, el patrimonio no es una "cosa" en sí misma, sino una invención social que se legitima en tanto logra ser aceptada por la sociedad, y que siempre está atravesada por relaciones de poder. Esa invención requiere de discursos que seleccionan qué conservar y qué desechar, qué prácticas se reconocen como "tradición" y cuáles se invisibilizan. En este proceso, los dispositivos de folklorización convierten a las familias indígenas en símbolos: actividades tradicionales y rituales convertidos en espectáculo, presentados como vestigios de un pasado común provincial que pueden ser consumidos como parte de un circuito turístico.
El emprendimiento Muskuy expresa muy bien este ideario folklórico que esconde el verdadero interés: el de la ganancia económica. El siguiente fragmento de su página de Internet ilustra dicha conexión entre apropiación folklórica y rentabilidad:
A través de estas líneas, te llevaremos a explorar la esencia única de Muskuy, una fusión armónica entre un estudio contable, un estudio jurídico, un estudio de arquitectura, una inmobiliaria y un vitivinicultor. Te sorprenderás al conocer cómo esta combinación de conocimientos y perspectivas ha permitido crear un proyecto sólido y sostenible, que se preocupa por el desarrollo en armonía con la Pachamama y el apoyo a las comunidades locales (Muskuy,s/f).
El proyecto Muskuy, en su propia presentación, deja en evidencia que la combinación de saberes expertos incluye al mercado y a los profesionales, pero no a las comunidades originarias, quienes aparecen solamente como receptoras pasivas de la supuesta benevolencia de este tipo de emprendimientos. Llama la atención, además, la referencia a la "armonía con la Pachamama y el apoyo a las comunidades locales". En este sentido, cabe preguntarse, ¿de qué manera existe armonía con la Pachamama cuando se destruye el paisaje para construir un desarrollo inmobiliario cuyo fin es la ganancia económica? ¿De qué forma se apoya a las comunidades locales si se les impide continuar con sus prácticas ancestrales? ¿Qué beneficio reciben si las modificaciones en el paisaje solo impactan de forma negativa en su territorio? ¿Qué tipo de "apoyo" se estaría dando si los lugares donde han vivido y ocupado por generaciones son privatizados?
En contraste con el relato idealizado del proyecto inmobiliario, la voz de otra integrante de la comunidad afectada por Muskuy permite dimensionar los impactos concretos sobre la vida cotidiana y el territorio. Según sus propias palabras:
Habrá sido en 2022 que empezó a hacer los caminos. Le preguntaba a la gente "¿qué está pasando ahí?", y nadie sabía o no decía. Un día subimos con la jueza de paz, tomamos fotos y empezamos a hacer actas de constatación. También comenzaron a romper el cerro, la ladera… pedimos la cautelar, se la dieron, pero nunca suspendió nada. Canalizaron el río a su antojo, pasaron máquinas, y ahora para cruzar a pie me hundo en la arena blanda. Los turistas en vehículo pasan bien, pero para nosotros cada vez es más difícil llegar a nuestras casas.
Profundamente conmovida por el dolor de ver despojada su tierra y en contraposición a los conocimientos científicos y técnicos ajenos a su vivencia, continúa compartiendo su experiencia en otro momento de la conversación:
Nosotros amamos la tierra como nos enseñaron los abuelos, sin dañarla, pero ahora no podemos caminar ni pastorear. Antes mi madre tenía muchas cabras y recorríamos todo el cerro, hasta el antigal. Hoy tenemos temor porque seguramente es de alguien. Entonces, es doloroso para nosotros, como dueños, yo digo de la manera de que hemos vivido siempre, siempre estuvimos. Siempre estamos, pero no estamos dañando a la tierra. No lo estamos despojando de nada. Eso es lo triste, que el gobierno, los ingenieros no saben. Se los dije. Está bien, yo entiendo. Han estudiado el suelo, sí. Han estudiado. Pero yo viví. Yo me crié. Yo conozco lo que es la tierra. Conozco cómo se pone, cómo se enfurecen las aguas cuando llueve, cuando está la tormenta. Eso es. Tan solo el lugareño sabe cómo es su tierra. Y que hoy estemos privados de todo. Privados de todo porque no podemos caminar. No podemos tener animales. Desde la antigüedad nos íbamos para el cerro. Era un lugar de pastoreo y nadie, nadie, nadie nos decía nada.
Frente al avance de los intereses económicos, la comunidad seguirá resistiendo y exigiendo el respeto de sus derechos como pueblos indígenas, reconocidos tanto por normativas internacionales (como el mencionado Convenio 169 de la OIT) como por disposiciones nacionales (como el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional) que el propio Estado parecería desconocer. Para las familias, el respeto y la reciprocidad no se limitan a la relación con la Pachamama, sino que también rigen los vínculos entre las personas. En este sentido, la palabra tiene más valor que los papeles: faltar a la palabra es faltarse a sí mismo. Los límites entre familias, los lugares de pastoreo, los espacios sagrados y los nombres de cada rincón del territorio han sido transmitidos de generación en generación. A pesar de los intentos de despojo, la comunidad continúa firme en la defensa de su territorio. Su lucha no se reduce a preservar espacios de vida, sino que busca resguardar una forma de habitar el mundo sostenida en la memoria colectiva, la solidaridad comunitaria y el respeto por la tierra.
Fuentes consultadas
Constitución Nacional Argentina. (1994). art. 75, inc. 22 y 17.
Muskuy. (s/f). Home page – Muskuy. https://muskuy.com.ar/
Muskuy. (2023). Blog – Muskuy. https://muskuy.com.ar/blog/descubriendo-la-magia-de-muskuy/
Organización Internacional del Trabajo. (1989). Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, num. 169. https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/fp=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
Poder Judicial de la Provincia de Jujuy. (2023). Expte. Nº 452958. https://jurisprudencia.justiciajujuy.gov.ar/public/buscador?index=0
Poder Judicial de la Provincia de Jujuy. (2024). Expte. N° C-264987. https://jurisprudencia.justiciajujuy.gov.ar/public/buscador?index=0