Desmonte y fumigaciones: el despojo sistemático a las comunidades wichí en Tartagal
La firma agroindustrial Desdelsur S.A. avanza con la deforestación sobre el monte nativo. En medio de denuncias por presiones, la avanzada del gigante agroexportador deja a las comunidades originarias entre el despojo territorial, la contaminación por fumigaciones y una crisis sanitaria que amenaza su supervivencia ancestral.
Desde hace al menos tres décadas, a lo largo de la Ruta Nacional 86, las familias del pueblo Wichí resisten el avance incesante de las topadoras sobre el monte nativo del departamento General San Martín. Para estas comunidades, el territorio es su fuente ancestral de alimento y medicina y el resguardo de su cultura. Sin embargo, árboles milenarios como el cebil, el quebracho colorado y el palo blanco caen día a día bajo la lógica de un modelo agroexportador que arrasa con la biodiversidad e ignora los derechos indígenas.
Esta vez, la nueva amenaza se encuentra en cercanías a "La Alcoba", en el kilómetro 22 de la ruta 86, en la cuenca del río Itiyuro. El desmonte lo impulsa la empresa agropecuaria Desdelsur S.A.. Este gigante agroindustrial es actualmente conducido por las familias Macera y Blaquier, esta última, relacionada al grupo Ledesma, símbolo de la alianza empresarial con las dictaduras militares, los poderes de turno y el sometimiento de indígenas a condiciones de servidumbre.
La llegada de Desdelsur S.A
Según la nota publicada en el diario "La Nación", en 1990 José Macera adquirió las primeras 5.000 hectáreas, de las cuales solo 740 estaban libres de monte. Pagó unos 200.000 dólares, equivalente al valor de un departamento grande en ese momento. A partir de allí se convirtió en un comprador compulsivo de campos con monte, pagando menos de 50 dólares por hectárea. Para la fecha de esa noticia, año 2012, había acumulado 56.000 hectáreas, de las cuales 28.000 ya habían sido desmontadas.
La firma actualmente es reconocida como la principal productora, procesadora y exportadora de legumbres de la Argentina, "alimentando" con el 95% de su producción a mercados en más de 70 países a costa del empobrecimiento y desplazamiento de las comunidades originarias en Tartagal. Además, se encuentra entre las principales proveedoras de carne bovina para la Unión Europea, con ganado criado mediante el sistema "feedlot" intensivo de engorde en corrales. Sin embargo, su modelo de negocios contrasta fuertemente con la realidad que dejan para las comunidades arrasadas, a las que se les despoja de sus territorios y se niega el acceso a la soberanía alimentaria, en vulneración flagrante del Convenio 169 de la OIT -que exige la Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Originarios-, la propia Constitución nacional y la Ley Nacional de Bosques (26.331), entre otras normativas.
En 2014, la Secretaría de Ambiente de Salta convocó a una audiencia pública para evaluar el impacto ambiental y social de un proyecto agroganadero en la finca "Puesto Alcoba". La iniciativa, impulsada por la empresa Desdelsur S.A., buscaba autorizar la intervención de más de 5.400 hectáreas: 3.043 destinadas a producción y 2.423 a reserva y protección. El plan preveía ejecutarse en dos etapas, incluyendo el desmonte gradual de cerca de 2.950 hectáreas y el desbajerado de otras 91.
En agosto de ese mismo año, el Concejo Deliberante de Tartagal, mediante Resolución N° 680/14, El Concejo Deliberante de Tartagal solicitó al Gobierno Provincial que en forma inmediata suspenda toda autorización de desmonte, incluida la finca "Puesto Alcoba".
Días después, el entonces Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de Salta dictó la Resolución N° 381/2014, suspendió trámites de ordenamiento predial en esa misma zona.
Los reclamos y vaivenes gubernamentales continuaron. En 2018 el Ministerio de Ambiente de la Nación, mediante la resolución 56-E/2018, declaró ilegales las recategorizaciones hechas bajo el Decreto 2211/10 en toda la provincia, por falta de audiencias públicas y afectación a comunidades indígenas, e instó a Salta a restaurar el bosque nativo desmontado. Aunque aún no podemos confirmar si el caso de Puesto Alcoba está entre los alcanzados por esta resolución nacional, queda claro que mientras las normativas recorren un laberinto burocrático de más de una década en Salta, los desmontes avanzaron.
La "legalidad" de los desmontes
Según referentes comunitarios, representantes de Desdelsur S.A. argumentan que las tareas se encuadran dentro del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Salta. Sin embargo, esta normativa es severamente cuestionada por organizaciones socioambientales.
El 3 de enero de 2025 se publicó en el Boletín Oficial la Ley Nº 8483 de revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en Salta. La Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto con otras organizaciones socioambientales y comunidades indígenas, denunciaron que el proceso de actualización vulneraba los principios de no regresión y progresividad ambiental, además de incorporar una categoría que modificaba las superficies de uso del suelo en zonas previamente protegidas sin una delimitación precisa, lo que abría la puerta a desmontes discrecionales. Por ello, más de 25 organizaciones emitieron un comunicado rechazando el nuevo OTBN de la provincia.
Esta normativa, terminó de consolidar a la provincia de Salta en el segundo puesto nacional en hectáreas deforestadas. En este contexto, en 2025, Greenpeace denunció ante la Corte Suprema la ilegalidad de las nuevas leyes de bosques de Salta y Chaco, aunque hasta el momento el máximo tribunal de la nación no ha emitido fallo. Mientras tanto, la constante expansión de las fronteras agrícola – ganadería desplaza sin tregua los límites del territorio ancestral y empobrece la visa que quienes lo habitan.
Autocuidado ante las presiones
En las comunidades vecinas de la ruta 86, los habitantes describen una estrategia coordinada de intimidación y falsas promesas. Por temor a sufrir represalias o persecución, los testimoniantes prefieren no revelar su nombre.
"Un representante de la empresa recorre las comunidades para convencer a la gente. Promete casas, trabajo, pozos de agua, computadoras y motonetas a cambio de que cedamos parcelas, pero cuando terminan de voltear el monte no entregan nada", relata con impotencia un referente Wichí. Y agrega: "Vienen y dicen: 'tenemos orden del gobierno. Si ustedes no nos dejan, igual vamos a desmontar'. Y así pasa, porque el gobierno pone como 200 milicos cuando ven que la gente puede protestar. Los que vienen a trabajar nunca muestran papeles ni documentos autorizados, solo dicen que tienen permiso".
Tras el desmonte llega la siembra y el cultivo y, con ellos, las fumigaciones sistemáticas. Cerca de la comunidad del kilómetro 6 funciona una pista desde donde despegan avionetas cargadas de agrotóxicos. Las pulverizaciones alcanzan de lleno a más de 30 comunidades ubicadas entre Tartagal y Tonono, entre ellas San Benito, La Alcoba, Cañita, Pacará, Paraíso, Monteveo, Pozo Nuevo y Arenales, denuncian.
Los integrantes de las comunidades refieren un aumento de enfermedades: "No tenemos agua. Hay enfermedades que desconocemos, no hay diagnóstico, la gente se muere y no sabemos de que". Así relatan que carecen de diagnósticos médicos certeros frente al incremento de problemas respiratorios, lesiones cutáneas, alergias y cuadros de diarrea aguda, especialmente en niños, que vinculan con los agrotóxicos. "La cañería que transporta agua desde Tartagal hasta Tonono llega de manera irregular y muchas veces contaminada con parásitos", remarcan.
A su vez, la pérdida del monte implica también la privación de la autonomía. "La gente busca leña afuera de las fincas y los de la empresa dicen que les están robando. Llaman a la policía y los meten presos. Nos quitaron las plantas de algarrobo y el quebracho", denuncian.
Durante las últimas semanas las maquinarias avanzaron sobre el monte chaqueño, en cercanías a parajes como Tonono, La Alcoba, Paraíso y Pozo Nuevo, remarcan. Estas comunidades, como en todas las de la zona, poseen una elevada población infantil y "los pobladores de mayor edad apenas promedian entre 50 y 60 años", señalan como consecuencia de la falta de agua potable y la contaminación. "¿Quiénes se aprovechan de nuestro territorio? Ellos. ¿Y nosotros cómo quedamos? Siempre tirados al costado", cuestiona un wichí.
El caballo de troya
Según la Real Academia Española, la palabra "fortín" significa: "una de las obras que se levantan en los atrincheramientos de un ejército para su mayor defensa". Este término es el que da nombre a la Organización No Gubernamental (ONG) de la empresa Desdelsur S.A.
La "Fundación El Fortín" se presenta como una ONG orientada a trabajar en el área de salud, educación y alimentación con las comunidades que, paradójicamente, habitan los territorios donde la compañía avanza con desmonte y fumigaciones. En junio de este año, recibió un reconocimiento por parte del Concejo Deliberante de la localidad de Gral. Mosconi, por su "acción de responsabilidad empresaria" con las comunidades originarias.
Sin embargo, integrantes de las comunidades refieren que a la par del conflicto territorial, los indígenas sufren la persecución judicial a través de esta organización a la que acusan de criminalizar la cosmovisión originaria y promover denuncias contra las familias. "Nosotros bien sabemos que nuestros ancestros decían que 'el roño no mata a la persona, pero la enfermedad sí mata. De millones y millones de años hemos vivido así. Hay muchos chicos que están judicializados por nuestro modo de vida, pero los están envenenando y eso nadie lo investiga ni condena".
Los comuneros señalan a El Fortín como un dispositivo de vigilancia territorial, incluso más allá de abordaje en las comunidades que tienen vinculación con la empresa. "Operan desde el control y el ejercicio de poder en las relaciones que establece con los y las referentes indígenas".
Frente al racismo estructural y la pérdida irreversible de su hábitat de subsistencia, los referentes wichí reivindican su pertenencia a la tierra y apelan a las leyes fundamentales del país para exigir una respuesta inmediata:
"Queremos que todos sepan que estos territorios nos pertenecen, como reconoce la propia Constitución Nacional. Nosotros somos parte del algarrobo, del mistol, del chañar, la tuna, y de los animales como la corzuela, la mulita y la iguana. Las frutas del monte son nuestro alimento y nuestra medicina. El monte es nuestra riqueza, nuestra historia, idioma, costumbres y creencias. Nos sentimos parte del aire. Por eso nuestros gritos, porque estos empresarios se enriquecen con nuestras tierras mientras los verdaderos dueños sufrimos y nuestros chicos mueren".
Fotos: Gentileza de los miembros de las comunidades Wichí
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