Después del desalojo y la represión, la Comunidad Santa Rosa denuncia que continúan los hostigamientos
Un operativo judicial y policial en el territorio ancestral embistió con gases lacrimógenos, balas de goma, la destrucción de viviendas y la detención de comuneros. Aunque los comuneros recuperaron la libertad, la defensa legal denuncia irregularidades catastrales y la continuidad del amedrentamiento policial.
El violento operativo de desalojo ejecutado por la Policía de la Provincia de Jujuy en el territorio de la Comunidad Indígena Santa Rosa culminó con al menos cuatro personas heridas por proyectiles de goma y gases lacrimógenos, la demolición de tres viviendas familiares y la detención de nueve comuneros.
Las imágenes registradas durante la mañana del 10 de agosto revelan la magnitud del avance policial en la localidad de Humahuaca. En uno de los videos viralizados se observa a una mujer mayor con una Wiphala a sus espaldas y una bandera argentina en sus manos mientras es embestida por el despliegue de efectivos armados, quienes la empujan con sus escudos. Varios comuneros intentaron auxiliarla, pero las fuerzas de seguridad respondieron disparando y lanzando gases. En otro de los registros se escucha a una mujer alertar: "Están avanzando contra el pueblo de Santa Rosa, esto es una masacre", grabación que se interrumpe abruptamente cuando la testigo comienza a toser y descomponerse por el efecto del gas.
El procedimiento comenzó cerca de las 11:00 con el respaldo de maquinaria pesada. Se desplegó bajo la supervisión del juez de Paz Pedro Apaza -cuestionado por los pobladores al no tener jurisdicción en Humahuaca- y por orden del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juan Pablo Calderón, en el marco de un litigio iniciado por un particular. Las fuerzas de seguridad otorgaron un plazo de apenas media hora para que las familias abandonaran el predio. Ante la resistencia de los habitantes, la policía reprimió sin reparar en la presencia de adultos mayores ni de niños, quienes sufrieron la separación temporal de sus familias hasta ser restituidos por la tarde.
Irregularidades legales
El conflicto territorial afecta a un sector del territorio comunitario habitado por la familia Soruco desde hace cinco generaciones. En comunicación con infoterritorial, la abogada de la comunidad, Silvana Llanes, explicó que la orden judicial se apoya en graves irregularidades originadas en la Dirección Provincial de Inmuebles.
Según la letrada, los demandantes iniciaron el desalojo alegando la compra de una fracción que originalmente llegaba hasta la ex Ruta 9, y no hasta la nueva traza. "Hicieron un plano de mensura, se presentaron en la Dirección Provincial de Inmuebles y superpusieron ese padrón dentro del territorio comunitario", detalló. Llanes agregó que en mayo pasado presentaron una nota para verificar la situación: "Efectivamente se comprobó que hay una superposición de planos que toma parte del territorio de la comunidad aborigen. Los territorios comunitarios no se pueden vender".
Además, la abogada remarcó la legitimidad del reclamo indígena al señalar que la comunidad cuenta con personería jurídica registrada en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) desde 1999. "La comunidad de Santa Rosa no tenía orden de desalojo, ya que la medida se ordenó solo contra una familia; no deberían haber sido desalojados de su propio territorio", enfatizó. También recordó que la comunidad inició los trámites ante la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy para obtener el título comunitario bajo la Ley 26.160, pero la titulación nunca se concretó. "Denuncié esto ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), pero no hacen nada. La Secretaría de Pueblos Indígenas, desprotege totalmente a las comunidades por intereses mineros, inmobiliarios y turísticos", denunció.
La Secretaría de Pueblos Indígenas en Jujuy ha sido denunciada por incumplimientos. En este marco, la abogada remarcó que la Comunidad Aborigen de Santa Rosa hace 27 años tramita y reclama su título de propiedad comunitaria. Sin embargo, al no agilizarse y no hacerse las gestiones conforme a lo que indica la ley, la falta de titularización desencadena conflictos y desalojos.
Violación de derechos, falta de asistencia médica y denuncias penales
Respecto al procedimiento, la defensa apuntó a la omisión de garantías básicas para los menores de edad. "Para que proceda la orden se tenía que garantizar la habitación de los niños. El Instituto de Vivienda y Urbanismo de la provincia (IVUJ) contestó al juez que no disponía de soluciones habitacionales, pero no les importó e hicieron el desalojo igual", recriminó Llanes.
Ante la gravedad de los hechos, la defensa -integrada por las abogadas Silvana Llanes, Mariana Vargas y Alejandra Cejas- inició acciones en el fuero federal contra el ministro de Seguridad provincial, los jueces de Paz, la Secretaría de Niñez y la Dirección Provincial de Inmuebles por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, exceso de la fuerza y violencia institucional.
Asimismo, se denunció una severa omisión de auxilio médico: "El juez Calderón le dio la orden al SAME de no atender a los heridos de la comunidad. Por eso, los cuatro comuneros lesionados tuvieron que ir al hospital recién por la noche", afirmó la letrada, precisando que las víctimas presentaban alrededor de 20 impactos de bala de goma distribuidos entre el rostro, los brazos y la espalda.
Amenazas a la permanencia pacífica
Los nueve manifestantes detenidos fueron alojados en la Seccional 15 de Humahuaca bajo los cargos de "atentado y resistencia a la autoridad". Tras la movilización social y los recursos de hábeas corpus interpuestos por la defensa, las autoridades dispusieron la liberación de todos los demorados cerca de la medianoche.
Actualmente, las familias damnificadas se encuentran alojadas de manera temporal en casas de pobladores comunitarios que las acogieron, mientras la comunidad mantiene una permanencia pacífica en el lugar en defensa de sus derechos. Sin embargo, la tensión continúa por la fuerte presencia policial en la zona. "Cercaron todo y piden documentos como si estuviéramos en estado de sitio. La policía está amenazando nuevamente con reprimir", alertó Llanes.
A la espera de una audiencia judicial para resolver la acción de hábeas corpus, la comunidad reafirma su postura de no dar un paso atrás. "En esa audiencia se va a demostrar que el Instituto de Vivienda dejó desprotegidos a los chicos y que la Dirección de Inmuebles reconoció que cometió un error al superponer los planos. La comunidad ya lo decidió: la tierra es nuestra y nos quedamos acá", concluyó la defensa.
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