Dos jóvenes qom asesinados y ninguna respuesta

Ismael Ramírez tenía 13 años y Josué Lago 22 cuando murieron baleados en contextos de violencia policial. Siete y casi cinco años después, ninguna de las dos causas logró una respuesta judicial.

Desde Resistencia, Chaco

En el Chaco, dos nombres condensan una historia que se repite: Ismael Ramírez y Josué Lago. Dos jóvenes del pueblo qom, dos disparos y un mismo destino judicial marcado por la impunidad. Ismael tenía 13 años cuando fue asesinado, el 3 de septiembre de 2018, en Sáenz Peña; Josué, 22 cuando lo mataron, el 11 de junio de 2021, en General San Martín. En ambos casos, sus asesinos siguen libres.

Era de noche cuando Ismael quedó atrapado en medio de un tumulto. Salió a hacer unas compras con su hermano y un primo por el Barrio Obrero y se topó con una manifestación de vecinos que reclamaban al dueño de un supermercado, la devolución de tarjetas alimentarias y documentos de identidad que retenía como una supuesta garantía por mercadería fiada. La protesta se desbordó y derivó en un enfrentamiento con la policía: hubo disparos con postas de goma y también con balas de plomo. Uno de esos proyectiles le atravesó el pecho a Ismael. Murió en brazos de su hermano.

En un macabro intento para justificar el crimen, en las redes sociales se comenzó a difundir la hipótesis de que el homicidio se produjo en el marco de un saqueo promovido por indígenas y que Ismael estuvo involucrado. Para reforzar la mentira, se llegó a viralizar un burdo montaje donde se lo veía portando una pistola.

Frente a una causa compleja, la respuesta judicial fue una investigación deficiente. El expediente, a cargo del fiscal Marcelo Soto, no tiene imputados, nunca tuvo detenidos, el arma homicida jamás apareció y varios peritajes se realizaron de manera extemporánea, según denunció en su momento el abogado querellante, Mauricio Masín.

Tampoco se hicieron pruebas de dermotest a los policías que participaron de la represión ni al vecino que fue filmado apuntando con un arma de fuego a los manifestantes. Para completar el cuadro, pocas horas después del crimen, el municipio limpió la escena sin que ninguna autoridad lo impidiera.

"El 3 de septiembre se van a cumplir ocho años y la causa quedó así, como si nada. No hay culpables, no hay justicia", lamenta Alejandra Ciriaco, mamá de Ismael, en diálogo con Página/12. Ella lo recuerda así: "No era solamente 'un indio', como decían. Era un niño que iba a la escuela, que jugaba al fútbol y al básquet, que tenía sueños".

El principal sospechoso señalado por la familia de Ismael es un policía federal retirado, conocido como Pelado, propietario de una rotisería cercana al lugar del hecho. En el allanamiento realizado en su vivienda, asegura Alejandra, solo se secuestró un arma de juguete. "Me gustaría preguntarle a este hombre por qué hizo esto, por qué fue tan cruel", dice.

En medio del dolor, Alejandra encontró una forma de seguir en pie: el merendero bautizado con el nombre de su hijo, en el barrio Matadero de Sáenz Peña. Lo creó hace casi seis años, en su homenaje. "A Ismael le gustaba compartir", recuerda, "y esto fue lo primero que pensé para salir adelante".

Mataron a Josué

Casi tres años después, la historia volvió a repetirse en el barrio Los Silos, de General San Martín, localidad ubicada a 120 kilómetros de Resistencia. Josué Lago tenía 22 años. Iba a la escuela nocturna y era changarín.

La mañana del 11 de junio de 2021, estaba sentado junto a un grupo de amigos en el muro perimetral petiso de la escuela del barrio, cuando un confuso cruce entre quienes estaban junto a él y efectivos de la Policía del Chaco derivó en una balacera. Cuando se levantó para intentar huir, recibió un disparo que le atravesó el torso.

Tras el asesinato de Josué, el barrio estalló. Vecinos y vecinas, en su mayoría integrantes de familias indígenas, se volcaron contra la policía en una reacción marcada por la bronca y la impotencia. La magnitud de la pueblada obligó a los uniformados a replegarse mientras aguardaban refuerzos: primero hacia el destacamento emplazado en el barrio y luego hacia la ruta, al verse ampliamente superados en número. El edificio policial terminó con graves destrozos y fue saqueado.

Los vecinos impidieron la intervención inmediata de la policía provincial y del fiscal de la jurisdicción, Guillermo Codutti, porque desconfiaban de su imparcialidad. Por eso el cuerpo de Josué permaneció tendido durante diez horas, tapado con una manta. Recién con la llegada de Gendarmería y de la fiscalía de Derechos Humanos se avanzó con las primeras medidas. Tanto el Comité para la Prevención de la Tortura como la Secretaría de DDHH del Chaco se presentaron en la causa como querellantes institucionales.

Primero fueron demorados nueve uniformados. Luego la lista se redujo a cinco, hasta que finalmente quedó sólo uno: el agente Guillermo Pablo Viñuela. Ante la justicia, se abstuvo de declarar. La imputación contra él es por el delito de homicidio agravado por pertenecer a fuerzas de seguridad y por el uso de arma de fuego.

Múltiples indicios apuntan a Viñuela: testigos lo ubican en el lugar de los hechos; la prueba de dermotest detectó partículas compatibles con residuos de disparo de armas de fuego en su mano izquierda y dos personas que estaban detenidas en el destacamento esa mañana aseguran que lo escucharon autoincriminarse. "Parece que le pegué un tiro a uno. Y si tengo que matar a dos para salir del barrio, lo voy a hacer", dijo el imputado según los testigos que lo escucharon desde la ventana de la celda. También observaron que tenía varias vainas servidas, clara acción para eliminar pruebas.

La bala que mató a Josué nunca fue encontrada. Sin embargo, la autopsia determinó que la lesión era compatible con un disparo de una pistola 9 milímetros. También se comprobó que el proyectil que hirió en una rodilla a un amigo que estaba junto a él esa mañana era del mismo calibre. Todas las armas de los policías que intervinieron en la represión fueron peritadas, excepto una: su portador, Viñuela, aseguró que ese día se la habían robado del destacamento.

¿Cuál fue el resultado de ese peritaje? No se encontraron coincidencias entre las armas analizadas y las cuatro vainas servidas halladas en las inmediaciones de la escena del crimen. Tampoco se estableció correlación con el proyectil extraído de la rodilla del amigo de Josué, que se presume provino de la misma arma homicida.

A pesar de las evidencias en su contra, la fiscal Especial Adjunta de Derechos Humanos, Silvia Sluzar, decretó la "falta de mérito" para Viñuela y ordenó su libertad, tras casi un mes en detención. Aunque no lo desvinculó totalmente de la causa, sostuvo que faltaban indicios en esa etapa de la investigación para sostener la prisión preventiva. Marcó contradicciones entre los testigos durante la rueda de reconocimiento, sumado a que no se había encontrado su pistola como para cotejarla con las heridas fatales.

En diálogo con Página/12, el defensor oficial, Adrián Vañek, querellante en representación del papá de Josué, aseguró que desde mediados de junio de 2024 la causa "no muestra avances significativos". Este diario le consultó si considera que hay pruebas suficientes para llevar a juicio a Viñuela. Vañek respondió que sí, pero que su pronóstico, por cómo viene el proceso, no es muy alentador y estima que el expediente terminará archivado.

Tanto en el caso de Josué como el de Ismael, la pertenencia a un pueblo indígena, siempre discriminado, violentado y perseguido, aparece como un factor que pesa. Ismael y Josué no se conocieron, pero sus historias dialogan en un punto preciso: fueron asesinados por portación de identidad. Sus familias esperan justicia.

Fuente:

https://www.pagina12.com.ar/2026/02/09/dos-jovenes-qom-asesinados-y-ninguna-respuesta/