Honduras: Los garífunas resisten al despojo de sus territorios
Organizaciones denuncian una política de despojo territorial, criminalización y racismo contra sus comunidades en Honduras. Frente a la Corte Suprema, mantienen un campamento para exigir la libertad de cinco defensores y el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana que reconocen sus derechos sobre los territorios ancestrales.
Desde hace semanas, integrantes de distintas comunidades garífunas permanecen frente a la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Convocados por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) que conduce Miriam Miranda, instalaron allí un campamento indefinido para exigir el cierre de la causa contra cinco defensores de la comunidad de San Juan, en Tela, y reclamar que el Estado cumpla las sentencias internacionales que reconocen sus derechos territoriales. La protesta expone también una campaña de racismo y criminalización que, según las organizaciones garífunas, busca legitimar el despojo de sus territorios ancestrales.
El conflicto tiene un punto de quiebre reciente. El 6 de julio, más de 200 agentes de la Policía Nacional ingresaron a San Juan para ejecutar un desalojo. Cinco integrantes de la comunidad fueron detenidos y posteriormente procesados por el sistema de justicia hondureño. La comunidad sostiene que se trató de un desalojo irregular y que la intervención policial desconoció los derechos territoriales que ya habían sido reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Un mes después, integrantes de la OFRANEH llegaron a Tegucigalpa y montaron el Campamento Viva Berta frente a la sede de la Corte Suprema. Allí permanecen integrantes de distintas comunidades garífunas, entre ellos niños, jóvenes y referentes comunitarios. La exigencia es que se cierre el proceso judicial contra los cinco defensores y que el Poder Judicial deje de tratar un conflicto territorial como un problema de criminalidad.
La disputa por las tierras de San Juan no comenzó este año. La comunidad reclama el territorio como parte de sus tierras ancestrales y sostiene que existen antecedentes de posesión y registros que respaldan esa reivindicación. El conflicto llegó a la Corte Interamericana, que en 2023 declaró responsable al Estado hondureño por la violación de distintos derechos de la Comunidad Garífuna de San Juan. No es el único antecedente. La Corte Interamericana ya había condenado a Honduras por los casos de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. En 2026 se sumó una nueva sentencia relacionada con Cayos Cochinos. En total, el tribunal interamericano ha dictado cuatro sentencias contra Honduras vinculadas con violaciones de derechos de comunidades garífunas.
Por eso, para OFRANEH, la discusión no consiste en volver a negociar derechos que ya fueron reconocidos. La organización rechazó la convocatoria realizada por el presidente de la Corte Suprema, Wagner Vallecillo, a una mesa de diálogo para abordar el conflicto. La calificó como un falso diálogo porque, según sostienen, pretende presentar como una disputa entre partes lo que ya fue resuelto por la justicia internacional.
El Poder Judicial, por su parte, defendió la convocatoria y sostuvo que busca encontrar soluciones a la problemática territorial. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acompañó el encuentro y recordó que el cumplimiento efectivo de las sentencias de la Corte Interamericana resulta indispensable para garantizar los derechos territoriales del pueblo garífuna. También advirtió que el derecho penal no debería utilizarse para resolver conflictos territoriales históricos.
Pero el conflicto no ocurre solamente en los tribunales. OFRANEH denunció además una campaña de incitación al odio contra el pueblo garífuna. Uno de los nombres señalados por la organización es el periodista Amílcar Ulises Aguirre Ramírez, de la cadena Televicentro, quien, según explican, negó que los garífunas fueran un pueblo originario de Honduras y reprodujo estereotipos racistas sobre sus comunidades.
La discusión sobre quiénes son los garífunas tampoco es nueva. Se trata de un pueblo afroindígena con una historia particular de resistencia y desplazamiento. Sus comunidades se encuentran principalmente sobre la costa caribeña de Honduras y reclaman desde hace décadas la protección de sus territorios, su cultura y sus formas de vida. El Estado hondureño reconoció sus obligaciones internacionales al ratificar, entre otros instrumentos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
La dimensión territorial es central. Las comunidades denuncian que las tierras del litoral caribeño se encuentran bajo presión de proyectos turísticos, empresarios y otros intereses económicos. En el caso de San Juan, el terreno en disputa es reclamado por una empresa vinculada a la familia Rosenthal, según la documentación y las denuncias recogidas por organizaciones garífunas.
Para OFRANEH, la criminalización de los defensores, la disputa por las tierras y la construcción de discursos racistas contra las comunidades no son hechos aislados. Forman parte de una misma estructura de poder que transforma a quienes defienden sus territorios en supuestos delincuentes mientras los intereses económicos sobre esas tierras permanecen intactos. El concepto utilizado por la organización es todavía más grave. OFRANEH denunció la existencia de un plan de despojo y genocidio cultural contra el pueblo garífuna y anunció que volverá a recurrir a organismos internacionales para exigir que Honduras cumpla las sentencias de la Corte Interamericana. Mientras tanto, el Campamento Viva Berta permanece frente a la Corte Suprema. La comunidad ya conoce el camino de los tribunales internacionales. Ahora vuelve a recorrerlo porque, aunque las sentencias existen, el despojo todavía no terminó.
Fuente: