Jujuy: viviendo en la intemperie tras la represión y el desalojo a las familias de la Comunidad Santa Rosa en Humahuaca
El operativo policial con maquinaria municipal que el pasado martes dejó a decenas de familias sin vivienda y ha a siete personas detenidas, hoy todavía no tiene respuestas. La Comunidad Santa Rosa debió padecer la represión con balas de goma y gases lacrimógenos en presencia de niños y adultos mayores.
Por Johana Arce para ANRed
La Justicia ejecutó el desalojo sin reconocer que desde la propia Dirección de Catastro habían informado un error en la delimitación de los planos. De esta manera, el operativo avanzó sobre territorio comunitario con el aval del poder político provincial. En estos momentos las familias permanecen a la intemperie asediados por la presencia policial.
Las familias desalojadas permanecen actualmente a la intemperie y sin un lugar donde vivir, luego de que las topadoras destruyeran sus viviendas el pasado 11 de agosto. Ante la falta de respuestas, levantaron precarias carpas y ranchos y buscan refugio entre familiares y vecinos, mientras intentan resolver especialmente la situación de niños, niñas y adultos mayores.
La comunidad continúa en permanencia para recuperar el territorio y en estado de alerta frente a nuevos episodios de hostigamiento. La diputada por el Frente de Izquierda (FITU), Natalia Morales en dialogo con ANRed realato la situación complicada de las familias y el maltrato sufrido, «las familias están tratando de proteger a los niños del clima . Estan ayudando vecinos». La legisladora había denunciado el accionar contra la comunidad y las falsas promesas del municipio sobre la posibilidad de otorgar viviendas.
Es así que la situación contrasta con las versiones difundidas por diputados del oficialismo, quienes aseguraron que a las familias se les habían ofrecido viviendas y distintas alternativas habitacionales. Desde la comunidad desmintieron esas afirmaciones y expresaron su indignación: "Estamos acá a la intemperie, destruyeron todo y están diciendo todo eso", señalaron. Hasta el momento, según denunciaron desde la comunidad, no existe un ofrecimiento concreto por parte de los diputados oficialistas que permita resolver la situación de las familias desalojadas.
El operativo
La orden de desalojo estaba dispuesta para las 10 de la mañana. Durante toda una jornada de violencia, llanto e indignación se desató la represión en el territorio de la Comunidad Indígena Santa Rosa. La Policía, junto al juez, les dio media hora para retirarse y borrar toda una historia generacional, desalojando incluso a mujeres con niños en brazos.
La medida se ejecutó a partir del plano N.º 0809, que fue impugnado por la propia Dirección de Catastro, omitiendo el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada y en un contexto atravesado por denuncias de favores políticos y antecedentes de hostigamiento.
La familia Soruco sostiene que tanto el municipio como distintas áreas del Estado provincial buscan encubrir que los planos estatales se superponen ilegalmente sobre territorio comunitario en el marco de lo que denuncian como "favores políticos".
"La verdad que la única explicación que encontramos es que es todo político, porque el abogado de la otra parte es funcionario de la Municipalidad de Jujuy", sostuvo Yoly, presidenta y comunera desalojada.
El conflicto comenzó en 2009, a partir de la aprobación del plano N.º 0809 por parte de la Dirección de Inmuebles de la Provincia de Jujuy, con un trazado gestionado por Nélida Melitona Zerpa Ciares de Chauqui junto a su nieto, Mauricio Ciares Chauqui, miembros de la comunidad, sobre un sector que invade los límites históricos del territorio comunitario.
"Es una familia que está dentro del territorio comunitario. Eso es algo que no pueden hacer porque somos una comunidad y tenemos el artículo 75, inciso 17, donde nos reconoce como comunidades aborígenes", afirmó.
Pese a que la propia Dirección de Catastro reconoció la equivocación en la delimitación, el plano no fue anulado por la Dirección de Inmuebles y el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Juan Pablo Calderón ordenó el desalojo sin constatar el lugar físico que había sido aprobado.
Frente a las detenciones, las abogadas Silvana Llanes, Mariana Vargas y Alejandra Cejas realizaron un hábeas corpus exigiendo la inmediata liberación de los siete comuneros —tres mujeres y cuatro varones— detenidos durante un operativo que escaló hasta la represión y la demolición con topadoras de las viviendas.
La solidaridad entre las comunidades se hizo sentir durante toda la jornada. No solo resistieron la represión, sino que también realizaron registros y difundieron imágenes que rápidamente se viralizaron. Las imágenes del operativo mostraron la violencia desplegada en el territorio y fueron registradas por quienes se acercaron para acompañar a la comunidad.
"El desalojo fue brutal, fue volver a vivenciar lo que pasa aquí en el territorio de nuestra comunidad", alertó Miriam Alfaro, integrante de la Comunidad Cueva del Inca.
"Estaban destruyendo con las máquinas de la Municipalidad las casas de las hermanas. Mucha violencia, ilegal, inconstitucional. No hubo respeto a nada: empezaron a tirar gases, a balear, todo muy triste", testimonió.
La familia Soruco está integrada por 15 hermanos, con niños y adultos mayores, y vive desde hace cinco generaciones en una comunidad donde habitan alrededor de 120 familias. Denunciaron además a la jueza de Paz Fabiola Salas por omitir la protección de personas vulnerables, a quienes no se les permitió circular libremente por un cerco perimetral montado con policías, bomberos y personal municipal que les exigía el DNI para permanecer dentro de su propio hogar.
La escalada de hostigamiento lleva meses. En mayo ya habían intentado desalojarlos y, ante las irregularidades, la familia Soruco denunció por hostigamiento a la directora provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Alejandra Martínez, y a la intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua, por ejercer presiones para que abandonaran sus tierras ancestrales a cambio de soluciones habitacionales precarias.
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