“No es extorsión, es la palabra empeñada”: Desde la cárcel de Temuco, lonko mapuche revela el montaje judicial
En un sentido testimonio, el Lonko Guillermo Ñirripil desmonta la acusación de extorsión, explicando cómo el valor sagrado de la palabra mapuche fue utilizado como una trampa por latifundistas (terratenientes). Comunidades denuncian un patrón donde la negociación territorial se criminaliza para beneficiar a empresas forestales.
"No respetan la palabra, ellos respetan el contrato que ellos mismos redactan para traicionarnos", afirma el líder mapuche desde la prisión, revelando el entramado que permitió su encarcelamiento
"Nuestra cultura se basa en la palabra empeñada, un valor sagrado. Ellos, los latifundistas, conocen esa debilidad nuestra, nuestra confianza. La utilizan para luego cambiarlo todo y llamarnos criminales".
Con estas palabras, el Lonko Guillermo Ñirripil, desde su condición de privado de libertad, ha entregado un testimonio que desnuda la mecánica procesal que lo llevó a prisión. Su relato, compartido con sus defensores y comunidades, desmonta la acusación de extorsión (RUC 22006538367) y la sitúa en el contexto más amplio de un sistema viciado de compra y venta de tierras.
El testimonio detalla encuentros previos a los hechos con los denunciantes, en los que fueron los propietarios de predios y empresas quienes, en el marco de la "búsqueda de paz social" y para agilizar negocios con el Estado a través de CONADI, ofrecieron compensaciones. En un caso, se relata cómo un empresario ofreció ayuda a la comunidad para "gastos de trámites", lo que derivó en una solicitud por parte de la comunidad; de 12 vacas como ayuda voluntaria, un acuerdo que, al no concretarse, fue posteriormente reinterpretado como una exigencia intimidatoria. Incluso, durante una reunión sostenida con el lonko y diversos representantes de comunidades, fue el mismo propietario del fundo quien solicitó explícitamente la instalación de banderas y letreros. El propósito de esta señalética era informar públicamente que la propiedad se encontraba sujeta a un compromiso de venta. En otro caso, la denuncia surge tras la muerte de animales de la comunidad por faenas forestales irresponsables, donde el empresario, tras reconocer el daño, accedió a pagar una compensación económica por los animales muertos, un pago que ahora es calificado de "extorsivo".
Este relato evidencia lo que las comunidades han denunciado desde el inicio: un montaje facilitado por la asimetría de poder. Mientras el Lonko actuaba bajo el principio de buena fe, buscando reparación por daños ambientales (itrofil mogen) y dialogando sobre la posibilidad de compra de tierras -un derecho reconocido y promovido por el artículo 20 de la Ley Indígena 19.253-, los denunciantes instrumentalizaban esos mismos acercamientos. Para el sistema judicial chileno, la ausencia de un contrato escrito invalida la palabra empeñada y convierte la negociación en un ilícito, omitiendo la aplicabilidad indígena de la comunidad y el deber del Estado de consultar y facilitar mecanismos de diálogo culturalmente adecuados, tal como exigen los artículos 6, 7 y 15 del Convenio 169 de la OIT.
La defensa del Lonko y las comunidades aliadas han subrayado que este caso ilustra la trampa mortal en la que se ha convertido la dirigencia mapuche. La propia Ley Indígena obliga a las comunidades a contactar a propietarios, negociar precios y levantar información catastral para que CONADI pueda comprar tierras. Sin embargo, con la entrada en vigor de leyes como la 21.633 (Usurpaciones) y la 21.555 (Extorsión), estos mismos actos, realizados en el marco de la ley y la tradición, se han convertido en el principal insumo para denuncias penales. "Somos nosotros quienes debemos recorrer los fundos, preguntar si venden, negociar. Y ahora, ese mismo acto es usado para encarcelarnos", explica el Lonko en su testimonio, transformándose su caso en un símbolo de la inseguridad jurídica que padecen las autoridades tradicionales.
Organismos de derechos humanos han recordado que el reclamo de tierras ancestrales es un derecho humano y político, no un acto criminal. En este contexto, la figura de "enriquecimiento sin causa" de las empresas forestales, que durante décadas han explotado territorios reivindicados sin retribución a las comunidades, contrasta con la desproporcionada respuesta penal contra quienes buscan una mínima reparación. El llamado es claro: el Estado debe investigar el origen de las denuncias, reconocer el contexto de asimetría y poner fin a la criminalización de la palabra y la autoridad mapuche.
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