Soberanía hídrica en riesgo: alertan que la empresa israelí Mekorot hizo acuerdos con 12 provincias sin control legislativo
Funcionarios provinciales firmaron acuerdos de gestión hídrica con una firma extranjera, mientras crecen reclamos de mayor participación social
Desde 2023 hasta hoy, al menos 12 provincias argentinas avanzan en Planes Maestros Hídricos diseñados por una empresa extranjera. El asesoramiento y la elaboración de infraestructura para el manejo del agua no pasaron por el Congreso Nacional ni por las legislaturas provinciales.
Tal como informó la periodista Karina Ocampo en EconomíaSustentable.com, la responsable es Mekorot, compañía israelí fundada en 1937. La clave del esquema está en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), un ente autárquico que actúa como enlace.
Este organismo puede financiar proyectos y gestionar recursos de manera interjurisdiccional. Lo hace sin necesidad de aprobación legislativa.
Los convenios firmados con Mekorot generan inquietud. Legisladores, organizaciones socioambientales -con campañas como Fuera Mekorot- y sectores de la sociedad civil advierten sobre la falta de información pública y el riesgo de perder soberanía sobre un recurso esencial como el agua.
La empresa israelí que nació para crear un Estado en el desierto
Tal como informó el sitio EconomíaSustentable.com, Mekorot se fundó en 1937. Su objetivo inicial fue extraer y distribuir agua en una zona desértica.
Esa tarea resultó fundamental para la creación del Estado de Israel, once años después. Su ejemplo de eficiencia no solo sirvió para diseñar el mapa hídrico de la región.
También exportó conocimiento y tecnología a otros países. Pero ese modelo tiene un lado B que organizaciones internacionales denuncian.
En 2019, el Relator Especial de la Asamblea de Derechos de Naciones Unidas, Michael Lynk, detalló: "Desde el comienzo de su ocupación beligerante en 1967, Israel estableció un control militar sobre el uso y aprovechamiento de todos los recursos hídricos palestinos".
Se acusa a Mekorot de apropiación ilegal y distribución desigual del recurso. "Mientras que los israelíes, incluidos aquellos que viven en asentamientos ilegales, disponen de un abastecimiento ilimitado de agua corriente durante todo el año, varios millones de palestinos sufren escasez de agua debido a la contaminación o a la falta de acceso a este recurso".
El primer intento fallido en Argentina y el regreso silencioso
Según publicó EconomíaSustentable.com, el primer desembarco de Mekorot en Argentina fue en 2012. Un pedido de informes de la Cámara de Diputados de la Nación impulsado por la Coalición Cívica cuestionó la adjudicación de una planta potabilizadora en La Plata.
El proyecto quedó en manos de un consorcio encabezado por Mekorot. El entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, fue el encargado de negociar.
Las críticas hablaban de endeudamiento injustificado de u$s170 M. También hacían foco en las denuncias internacionales contra la empresa israelí.
El riesgo de que el agua se convirtiera en una mercancía de alto valor, con uso restringido, provocó el rechazo de sectores de la sociedad. La falta de financiamiento fue crucial para la cancelación del contrato en 2014.
En 2021, la Cámara Argentina de Comercio Israelí anunció un acuerdo de cooperación para la gestión de los recursos hídricos entre Mekorot y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
Tres años más tarde, la gestión de Milei eliminó por decreto al ENOHSA. Sus tareas fueron absorbidas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH).
En 2022, una comitiva encabezada por el Ministro del Interior, Wado de Pedro, arribó a Tel Aviv. La misión: ver de cerca el modelo de gestión que querían replicar en Argentina.
Al año siguiente, en el -todavía- CCK, se concretó la firma de los contratos de consultoría entre representantes de Mekorot y el CFI. Estuvieron presentes varios gobernadores provinciales.
El modelo operativo que evita controles democráticos
Raquel Perier es Doctora en Ciencias Naturales. Forma parte de la campaña Fuera Mekorot y desde Las Grutas, Río Negro, aporta datos sobre la empresa que califican como "monje negro".
"Mekorot no tiene oficinas en ningún lugar, ni en Buenos Aires ni en ninguna otra ciudad. Los acuerdos en general no pasan por las legislaturas de las provincias y después no se tiene conocimiento porque no aparecen en el Boletín Oficial ni en ninguna otra parte", asegura Perier.
Según detalla, la empresa israelí elabora planes hídricos y de asesoramiento técnico en varias provincias:
- Catamarca
- La Rioja
- Río Negro
- Formosa
- Santa Cruz
- Mendoza
- San Juan
- Jujuy
- Neuquén
En Chubut, el contrato fue cancelado. Las razones: resistencia social y falta de consenso técnico. También hubo acuerdos en Santiago del Estero y Santa Fe.
Mekorot es asesora de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Trabaja en proyectos para aumentar la eficiencia en una red que llega a 15 millones de usuarios.
Qué dice el CFI sobre el rol de Mekorot en Argentina
En una consulta por escrito al CFI sobre los Planes Maestros, respondieron desde el área de Recursos Hídricos a Economía Sustentable.
La razón para solicitar la cooperación técnica internacional se da en el contexto de una crisis hídrica que se agudiza en el país. Fueron los mismos gobernadores y equipos provinciales quienes solicitaron al CFI conocer experiencias concretas de gestión del agua en contextos de escasez.
Así se concretó el viaje de 2022 a Israel. El papel de Mekorot se enmarca -según la explicación oficial- en la asistencia técnica especializada.
"Acompaña a los equipos provinciales y del CFI en la estructuración del sector hídrico. Por ello, no tiene participación en el manejo del recurso ni en la toma de decisiones", aseguran.
Los líderes de los Planes Maestros son equipos técnicos provinciales y del CFI. Además reciben aportes de organismos nacionales y provinciales.
"La asistencia internacional se adapta a cada provincia. La planificación estratégica de los planes hídricos permite pasar de decisiones aisladas a una gestión integrada y basada en evidencia".
Por qué los convenios no son públicos y qué información se oculta
Ante el pedido de información sobre los convenios, la respuesta oficial del CFI fue clara: "Los convenios, en sí mismos, son instrumentos administrativos entre organismos y, como tales, están alcanzados por los mecanismos de acceso a la información vigentes".
Pero agregaron: "Puede haber limitaciones temporales o parciales vinculadas a procesos administrativos en curso, información técnica en elaboración o cláusulas específicas de confidencialidad".
Aseguran que la información no está disponible porque se trata de datos técnicos en desarrollo. Los productos requieren validaciones técnicas e institucionales.
Es necesario asegurar consistencia y calidad en los resultados, según argumentan. Han realizado presentaciones públicas de resultados en Mendoza, La Rioja y Catamarca.
"No son públicos los acuerdos porque se enmarcan en procesos de asistencia técnica y cooperación institucional. No implican ninguna modificación del régimen legal del agua ni la cesión del recurso".
En Argentina, el agua es de dominio provincial. Esto implica que su gestión se define en cada provincia. Por lo tanto, el CFI asegura que los convenios firmados se limitan a ser acuerdos de cooperación entre organismos públicos.
"El objetivo no es adoptar decisiones vinculantes sobre el uso del recurso. No se delega la gestión, ni la operación, ni la regulación del agua".
Al quedar las decisiones en manos de las provincias, con un trabajo en conjunto, garantizan que no se pondría en riesgo la soberanía. "No se trata de una ley, una concesión ni una privatización: no altera el marco normativo vigente ni compromete la soberanía sobre el recurso".
El caso Río Negro: legisladoras logran acceder al contrato y denuncian
Todavía no es posible saber el estado de algunos contratos. Pero en Río Negro, las legisladoras Magdalena Odarda y Ayelén Spósito lograron un avance.
Después del pedido de agrupaciones socioambientales de la multisectorial Golfo San Matías y de la Fundación Inalafquen, accedieron al contrato de Consultoría de Mekorot. Fue firmado el 13 de febrero de 2023.
La diputada Odarda, del bloque Vamos con Todos, cuenta que presentaron un proyecto de ley para derogar el contrato con Mekorot. "El convenio comprometería gravemente la soberanía provincial sobre los recursos hídricos".
Realizaron una denuncia penal a la ex gobernadora Arabela Carreras, por abuso de autoridad y por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. La denuncia fue desestimada.
El 20 de abril de 2026, la legisladora Odarda presentó un nuevo pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial y al CFI. La razón: "Ante el incumplimiento en la entrega del informe final del contrato con la empresa Mekorot".
El vínculo entre Mekorot, el RIGI y las zonas con recursos estratégicos
La firma de los acuerdos suele corresponder a provincias donde hay grandes acuíferos, humedales -como en Chaco y Santa Fe-, salares y glaciares de la Cordillera.
Esta convergencia se da en paralelo con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y la modificación aprobada de la Ley de Glaciares.
"Donde el agua se necesita tanto para la minería como para los hidrocarburos o para el gas, allí es donde está Mekorot que oficia de intermediario para darles el agua", afirma Perier.
"Hay un artículo en el RIGI que dice que frente a una solicitud de uso de agua por parte de una comunidad o de una empresa, o una empresa minera, se le dará prioridad a la empresa minera".
Se trata de un paradigma que basa la eficiencia en la mercantilización del agua, no ya como un derecho o un bien común sino como un recurso estratégico destinado a quien pueda pagarla.
Su presidente, Yitzhak Aharonovich, proviene del ámbito político-militar. La campaña Fuera Mekorot también habla de un atentado a la soberanía.
Raquel Perier menciona el trabajo y las actividades que realizan: el mapeo de todas las zonas de acuíferos, aguas superficiales, aguas internas. El agua que defienden las organizaciones socioambientales como un derecho para los pueblos.
Qué dicen los abogados ambientalistas sobre la falta de información
El abogado Jorge Oscar Daneri integra la Asociación Argentina de Abogados, Abogadas ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE). Son organizaciones que, según cuenta, articulan sinérgicamente.
"Nosotros desde la asociación no tenemos una acción judicial iniciada porque en razón de la documentación que hemos logrado obtener hasta este momento, el convenio firmado con la provincia de Río Negro, gracias en gran medida al rol que ha tenido como legisladora provincial Magdalena Odarda, es un convenio donde tenemos claro que no hay una transferencia de decisiones institucionales de la provincia a favor de Mekorot", comenta.
Aunque creen que el resto de los convenios son de características similares, no tienen certeza documentada. A pesar de haberlo solicitado por escrito, nunca el Gobierno Nacional les entregó una copia.
Hasta donde pudieron observar, Mekorot tiene roles de consultoría, investigación y estudios para ser puestos a disposición del gobierno de la provincia.
Tampoco les entregaron datos de negociaciones realizadas por la represa hidroeléctrica de Salto Grande. En 2023, el memorándum de entendimiento con el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos sobre una consultoría de gestión de cuencas en Argentina fue firmado pocos días antes del término del mandato de Alberto Fernández.
La respuesta fue que no se había elaborado ningún informe sobre ese acuerdo.
"Algo que destaca Magdalena Odarda y que compartimos, es que Mekorot reserva bajo su propiedad todos los estudios técnicos y descubrimientos que haga a nivel de gestión de cuencas, de acuíferos. No le traslada los fundamentos de lo que informe o proponga porque se lo reserva técnicamente, profesionalmente, científicamente".
El colectivo legal menciona la ley 25.831, otras leyes nacionales, artículos de la Constitución y del Acuerdo de Escazú. Son normas de acceso a la información pública ambiental para solicitar los convenios y los datos que se mantienen bajo cláusulas de confidencialidad.
"Por otra parte, la respuesta del Instituto Nacional del Agua (INA) y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación fue que ninguno de ellos tuvo intervención en estos procesos", concluye Daneri.
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