Una detención ilegal para disciplinar a Facundo Jones Huala

La Cámara de General Roca convalidó la extensión de su prisión preventiva y estará detenido hasta marzo. Se lo acusa de delitos gravísimos pero la fiscalía no presentó ninguna evidencia. En la práctica, el tribunal convalida que siga preso por expresar sus opiniones políticas.
La Cámara Federal de General Roca confirmó la decisión de extender una vez más la prisión preventiva contra el activista mapuche Facundo Jones Huala, que está detenido desde junio y seguirá preso al menos hasta marzo de 2026. La decisión fue en base al pedido de la fiscalía, que se presentó sin ningún avance en la causa ni ninguna prueba nueva que amerite mantenerlo detenido. La detención de Jones Huala se justificó inicialmente por las declaraciones que hizo en la presentación de un libro de poesía. Luego la fiscalía sumó acusaciones mucho más graves -como integrar una organización sospechada de actos de terrorismo- sólo para justificar la extensión de su prisión preventiva. La fiscalía tampoco aportó prueba alguna sobre estos hechos graves, por lo que en concreto la Cámara convalidó que una persona permanezca detenida en una cárcel de máxima seguridad durante al menos 9 meses por expresar opiniones políticas.
A Facundo lo detuvieron el 8 de junio en El Bolsón, después de que se difundiera un video en el que hizo un encendido discurso anticapitalista durante un encuentro barrial. Para la fiscal federal Ángela Pagano Mata, lo que dijo Jones Huala en la presentación del libro constituía incitación a la violencia colectiva, intimidación pública, apología del crimen y lo acusaba de formar parte de una asociación ilícita, todos delitos que requieren evidencia muy específica como para sostener que alguien los está cometiendo, y que de ninguna manera se configuran por el hecho de expresar opiniones políticas en la presentación de un libro. Pero, desde entonces, la fiscalía sólo pidió fotocopias de causas anteriores de supuestos hechos que involucran a la supuesta organización RAM. La mayoría son procesos que se investigaron en otros lugares, muchos de esos ya están archivados y las personas que estaban acusadas fueron sobreseídas. Son solo indicios y acumulación de datos pero que no tienen relevancia para los delitos que se le imputan a Facundo.
En la audiencia que se realizó el 18 de diciembre, cuando los jueces de la Cámara Federal le preguntaron a la fiscalía qué nuevas pruebas tenía de la participación de Jones Huala en los hechos que le imputan, un auxiliar fiscal respondió que no buscaban probar su participación sino "la actuación de la RAM", a la que acusan de cometer otros delitos. Si Facundo no está involucrado en ninguno de esos hechos complejos, entonces no hay ninguna razón para mantenerlo encerrado.
Aunque el Código Procesal establece toda una serie de medidas alternativas a la prisión, las que podrían aplicarse a Facundo, tanto el fiscal como los jueces deciden insistir en su privación de libertad en una cárcel federal. Facundo tiene un domicilio y un trabajo que le permitía mantener a su familia y podría seguir el proceso en libertad. Varias veces se solicitó su traslado a otro penal en Esquel para que estuviera más cerca de su familiar, y el pedido fue denegado. Se lo está castigando sin que haya sido condenado.
Extender los plazos de su prisión preventiva demandan una revisión exhaustiva. No se pueden renovar los plazos de encarcelamiento sin argumentos sólidos. Todas estas irregularidades en el proceso las planteamos en nuestra presentación como amicus curiae durante el proceso. Facundo tiene que recuperar inmediatamente la libertad. No hay razones para mantenerlo preso ni un día más.
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