Una fiesta de la élite sobre territorio de una comunidad con orden de desalojo
La viralización de un casamiento de lujo en la Reserva Natural Quebrada de las Conchas, en Salta, ha dejado al descubierto una realidad que trasciende el escándalo de una fiesta privada en un área protegida.
Mientras las redes sociales se inundaban con imágenes de gente de élite, DJs y -según los propios organizadores- hasta un juez de la Corte Suprema de Justicia, el foco mediático omitió un conflicto jurídico y social de fondo. El festejo tuvo lugar precisamente sobre el territorio ancestral de la Comunidad Suri Diaguita Calchaquí, que hoy enfrenta una sentencia de desalojo de sus propias tierras.
La indignación pública se centró en la validez de los permisos y el daño ambiental a la flora y fauna. Sin embargo, la comunidad Suri, cuya personería jurídica Nº 897 avala la presencia de un centenar de familias en los departamentos de La Viña, Guachipas y Cafayate, denuncia que la "ceguera" institucional permite estos atropellos mientras le niega el acceso básico a la justicia.
Justicia selectiva
En comunicación con infoterritorial, Roque Díaz – el cacique de la comunidad- relató una realidad de violencia y desprotección que contrasta con la impunidad de los eventos privados. Según su testimonio, la estructura judicial de Cafayate ignora sistemáticamente las denuncias de los pobladores originarios.
"Hemos tenido muchos problemas desde hace mucho tiempo ya con la justicia, por eso justamente terminamos denunciando a la jueza y a la fiscal, porque nunca hicieron nada en cuanto a las denuncias que hizo la comunidad. A mí me quemaron tres veces mi casa y no hicieron nada. Y cuando yo fui a verlas, a exigirle que hagan algo, se reía en la cara", afirmó el referente indígena.
Diaz señala la llegada de personas provenientes de Buenos Aires y otras provincias, quienes denuncia que adquieren de manera irregular tierras comunitarias destinadas históricamente a sus actividades productivas: "Se instalan y uno los quiere sacar porque se están metiendo en nuestro territorio, en nuestro lugar donde pastorean nuestros animales todos los días. Uno hace denuncias, pues la justicia de acá no hace nada y, todo lo contrario, dice que ellos tienen derecho. Lo que más nos molesta a nosotros es que ellos traen el negocio de la droga, eso también me hace dudar o sospechar que haya alguna negociación porque no les hacen nada. Cuando hacen fiestas se drogan y hacen desastre. Entonces ellos me robaron los paneles solares y el equipo de internet y yo les denuncié".
En 2025, Díaz denunció ante la Procuraduría de la Provincia y la Corte Suprema de Justicia de Salta a la jueza María Virginia Toranzos, quien falló en primera instancia a favor del desalojo de las familias indígenas. El beneficiario de la medida es Hipólito Santillán, un exmiembro de las fuerzas de seguridad que residiría en Buenos Aires que reclama las tierras sin poseer títulos ni posesión de propiedad, según explicó Díaz, Asimismo, demandó a la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, quien además está a cargo de investigar las irregularidades del polémico casamiento. La comunidad señala que, hasta el momento, las acciones judiciales impulsadas no han logrado avanzar.
El negocio del turismo
El conflicto de fondo revela una presión inmobiliaria y turística en la zona que busca desplazar a las comunidades. El cacique advierte que Santillán pretende vender las tierras para proyectos turísticos apenas logre el desalojo, una práctica que la Secretaría de Medio Ambiente parece tolerar en ciertos casos. "Ese hombre pretende despojar una parte grande del lugar donde tenemos arcilla para hacer la cerámica y eso nos afectaría bastante", expresó Díaz.
"Vienen de afuera, hacen desastres y no pasa nada. Después se lavan las manos y dicen 'somos víctimas, no sabíamos, ellos estaban ahí todo el tiempo', como pasó con la boda. Como era gente de peso político, Medio Ambiente hizo la vista gorda", denunció el líder de la comunidad Suri.
A pesar de contar con el relevamiento territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la comunidad aún no recibe la Carpeta Técnica definitiva. Esta demora administrativa los mantiene bajo una inseguridad jurídica que se profundiza por la figura impuesta de "tierras fiscales", vulnerando el derecho constitucional a la propiedad comunitaria a las comunidades que históricamente ocupan el territorio.
Un fallo internacional ignorado
El caso de la Comunidad Suri no es aislado. El Estado argentino y la provincia de Salta arrastran la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Lhaka Honat (2020), que ordena titularizar tierras indígenas y legislar mecanismos efectivos para garantizar la Propiedad Comunitaria. A seis años de aquel fallo histórico, la mora legislativa persiste.
Mientras la justicia penal en 2021 absolvió a una pareja de ancianos de la comunidad acusados falsamente de estafa por el mismo privado que busca el desalojo, la amenaza civil continúa.
Información aportada por la defensoría general del Ministerio Público de Salta señalaba que "el denunciante los había inducido a firmar engañados un convenio de comodato sin certificación notarial, autorizando el uso de las tierras por parte de los demandados por el término de 5 años".
La comunidad Suri sostiene que la resistencia es el único camino ante un sistema que, según denuncian, protege los intereses del dinero y el poder político mientras criminaliza la pobreza y la identidad indígena. "No hay justicia acá para la gente pobre y humilde. Hay que denunciar a la jueza y fiscales todo el tiempo; ellos están para hacer justicia, no para cubrir intereses de gente de plata y de poder", concluyó el cacique, quien asegura que continuará la batalla legal a pesar de las amenazas y los ataques a su vivienda.
Boda en Quebrada de las Conchas: denuncia de la Comunidad Indígena Suri Diaguita Kallchaki
La Comunidad Indígena Suri Diaguita Kallchaki denunció públicamente la "turbación ilegal" de su territorio ancestral tras la realización de un evento social de alta gama en la Reserva Provincial Quebrada de las Conchas, un área protegida de 25.000 hectáreas que resguarda formaciones geológicas de hasta 90 millones de años.
El evento de lujo realizado a fines de marzo contó con la participación de más de un centenar de invitados, incluyendo figuras mediáticas, abogados e incluso un magistrado de la Corte Suprema cuya identidad no ha sido revelada, ha puesto de manifiesto la fragilidad de los controles ambientales en Salta. Mientras los organizadores sostienen que el evento se desarrolló en una propiedad privada dentro de la reserva, la comunidad indígena cuestiona la legitimidad de tales títulos registrales frente a su posesión tradicional y pública.
La voz de la comunidad
Para la Comunidad Suri Diaguita Kallchaki, con Personería Jurídica N° 897, este evento representó una afrenta directa a su forma de vida y a la normativa internacional vigente. En su comunicado, expresaron que se ha ignorado el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional:
"Desde hace días se hizo de público conocimiento una boda a todo lujo realizada en la Reserva Provincial Quebrada de las Conchas, pero lo que no se dice es que tal territorio, además de ser una reserva natural, es territorio de posesión actual, tradicional y pública de nuestra comunidad diaguita Suri Kallchakí."
La denuncia pública subraya una doble vara en la aplicación de la ley por parte del Estado provincial. Según los referentes indígenas, los comuneros enfrentan obstáculos constantes para realizar actividades de subsistencia, mientras que los sectores con poder económico operan con total libertad:
"Cuando alguno de nuestros comuneros pretende realizar cualquier actividad de subsistencia como la venta o elaboración de artesanías, nos someten a rigurosos controles y trabas mientras que actividades empresariales, extractivistas o de lujo como esta boda se realizan sin ningún tipo de control ni respeto por nuestra comunidad y el ambiente."
Un permiso bajo investigación penal
La trama suma gravedad institucional con la aparición de un documento que el Gobierno de Salta ha calificado como "apócrifo". Se trata de una supuesta nota administrativa de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dirigida por Alejandro Aldazábal, que habría servido para avalar la logística del festejo. Ante esta situación, se ha iniciado una causa penal para determinar la autoría del documento falso.
Sin embargo, para los habitantes originarios, la existencia de este papel es solo un síntoma de un problema estructural: la falta de cumplimiento del relevamiento territorial que el Estado adeuda. Los integrantes de la comunidad Suri Diaguita son claros al distinguir entre la titularidad registral de la que se jactan los empresarios y la realidad territorial:
"Estos señores, que no son dueños de estos territorios, a lo sumo serán titulares registrales, no tienen posesión de estos lugares; por el contrario, la comunidad sí. Denunciamos públicamente que estas acciones se realizan sin ningún tipo de consulta."
Impacto ambiental
La Quebrada de las Conchas, declarada reserva natural en 1995 mediante la Ley 6808, es un ecosistema de alta vulnerabilidad. La normativa vigente prohíbe taxativamente cualquier actividad que degrade el paisaje o afecte la biodiversidad. La comunidad advierte que la presencia masiva de personas y vehículos ha afectado directamente sus bienes comunes vitales:
"Han ingresado a nuestro territorio sin autorización, ni ambiental ni de la comunidad, realizando actividades que destruyen nuestra tierra, afectan nuestras zonas de pastoreo, fuentes de arcilla y pinturas para artesanías y ponen en riesgo nuestra biodiversidad con la que convivimos. Esas zonas son hogar no solo de nuestra comunidad, sino también de zorros, vizcachas, loros, cóndores, liebres, quirquinchos, además de nuestra forma de vida en armonía con el entorno. "
En este contexto, la comunidad exige la remediación ambiental y la sanción de los responsables. Además, interpela a la sociedad civil para visibilizar el despojo sistemático. El conflicto en Cafayate vuelve a poner sobre la mesa la tensión irresuelta entre el desarrollo de emprendimientos privados en detrimento de los territorios y quienes los habitan. "Nuestro territorio no es sólo tierra: es identidad, cultura, historia, vida", remarcaron desde la comunidad.
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