CAÑADA DE GÓMEZ: VENDER LAS VÍAS DEL FUTURO PARA FINANCIAR LA URGENCIA DEL PRESENTE
Hay decisiones de gobierno que trascienden el plano administrativo para convertirse en definiciones históricas. La Resolución 827/2026, firmada por el ministro Luis Caputo, pertenece a esa categoría.
Por Juan A. Frey
Bajo el lenguaje aséptico de la burocracia estatal, el Gobierno nacional acaba de habilitar la desafectación de más de 132 mil metros cuadrados de tierras ferroviarias en Cañada de Gómez. Traducido al idioma de la realidad; otro fragmento del patrimonio colectivo argentino queda disponible para ser vendido al mejor postor.
La escena ya resulta familiar. Primero se declara que un activo está subutilizado. Después se argumenta que genera costos. Más tarde se concluye que el mercado sabrá darle un destino más eficiente. Finalmente, aquello que pertenecía a todos termina convertido en una oportunidad de negocio para unos pocos. La historia argentina conoce demasiado bien ese libreto.
Lo más inquietante no es la decisión en sí misma, sino la concepción de país que la sustenta. Para la administración de Javier Milei, el Estado parece haberse transformado en una inmobiliaria desesperada por liquidar existencias. Todo aquello que no arroje una rentabilidad inmediata pasa a ser considerado un activo ocioso, una carga contable, una molestia presupuestaria. Bajo esta lógica, una estación ferroviaria vale lo mismo que un galpón abandonado; una reserva estratégica de infraestructura equivale a un lote baldío susceptible de valorización.
La pregunta fundamental jamás aparece respondida en la resolución. ¿Quién determinó que esas tierras no tendrán utilidad ferroviaria dentro de diez, veinte o treinta años? ¿Dónde están los estudios prospectivos? ¿Cuáles son las evaluaciones técnicas que justifican desprenderse de un espacio asociado a una red nacional de transporte? El expediente exhibe páginas enteras dedicadas a explicar competencias jurídicas, decretos y facultades administrativas, pero guarda un silencio absoluto sobre la cuestión más importante; por qué conviene vender.
Y ese silencio no es casual.
Porque la respuesta probablemente resulte incómoda. No existe un proyecto ferroviario alternativo. No hay una visión estratégica de largo plazo. No hay una política nacional de recuperación logística. Lo que existe es una necesidad fiscal inmediata y una filosofía política que considera al patrimonio público como una mercancía disponible para monetizar.
La paradoja alcanza niveles difíciles de ignorar. Mientras gran parte del mundo desarrollado vuelve a invertir miles de millones en trenes de pasajeros, corredores logísticos y transporte sustentable, Argentina insiste en recorrer el camino inverso. Mientras Europa amplía redes ferroviarias para reducir emisiones, mientras China construye infraestructura a una velocidad inédita y mientras incluso Estados Unidos redescubre la importancia estratégica del transporte ferroviario, aquí seguimos discutiendo cómo vender terrenos vinculados a un sistema que alguna vez fue orgullo nacional.
La justificación oficial apela a la eficiencia. Siempre lo hace. Pero detrás de esa palabra mágica suele esconderse una pregunta incómoda; eficiente para quién.
Porque una vez que un terreno ferroviario es loteado, urbanizado o incorporado al circuito inmobiliario, deja de ser recuperable para fines estratégicos. Lo que hoy parece una simple operación patrimonial puede convertirse mañana en una barrera insalvable para cualquier proyecto de expansión ferroviaria. Los países que planifican entienden esta diferencia. Los que improvisan la descubren cuando ya es demasiado tarde.
El caso de Cañada de Gómez posee además una carga simbólica difícil de ignorar. No se trata de cualquier punto del mapa. Se trata de una ciudad profundamente vinculada a la historia ferroviaria, industrial y productiva de la Argentina. Allí donde durante décadas circularon proyectos de integración territorial y desarrollo económico, ahora se habilita la posibilidad de que el suelo ferroviario termine absorbido por la lógica especulativa del mercado inmobiliario.
La transformación de *ADIF en sociedad anónima y su ausencia de objeciones frente a esta medida completan un cuadro revelador. Lo que antes era considerado infraestructura estratégica hoy parece administrarse como una cartera de activos financieros. La mutación no es jurídica; es ideológica. Ya no se discute cómo fortalecer el sistema ferroviario, sino cómo desprenderse de sus bienes.
El Gobierno insiste en presentar estas operaciones como actos de racionalidad económica. Sin embargo, la verdadera irracionalidad consiste en medir el valor de un activo estratégico únicamente por su capacidad de generar ingresos inmediatos. Es la misma lógica que llevaría a vender una represa porque no produce ganancias rápidas, desmontar una universidad porque genera gastos o subastar una plaza porque el césped no cotiza en bolsa.
Los 132.099,89 metros cuadrados de Cañada de Gómez no representan solamente tierra. Representan capacidad futura. Representan opciones de desarrollo. Representan soberanía territorial. Representan la posibilidad de que las próximas generaciones dispongan de herramientas que hoy todavía no sabemos si necesitaremos.
La Argentina ya atravesó experiencias similares. Cada proceso de privatización y enajenación de activos públicos fue presentado como una solución pragmática para problemas urgentes. Lo que rara vez se explicó fue el costo que pagarían quienes vendrían después. Porque vender patrimonio siempre produce un alivio inmediato. Lo difícil es reconstruirlo una vez perdido.
Pero si la Nación ya tomó una decisión, ahora emerge una segunda pregunta tan importante como la primera.
¿Qué hará el Gobierno de Santa Fe?
¿Qué hará la Municipalidad de Cañada de Gómez?
Porque cuando el patrimonio público entra en proceso de enajenación, el silencio también se convierte en una decisión política.
La cuestión central es sencilla. ¿Considerará la Provincia que se trata de una oportunidad para preservar espacios estratégicos vinculados al desarrollo productivo y logístico de la región? ¿O aceptará sin cuestionamientos una medida tomada desde la administración nacional bajo criterios predominantemente fiscales?
La pregunta resulta especialmente relevante en una provincia cuya historia económica está íntimamente ligada al desarrollo ferroviario. Santa Fe no es solamente uno de los motores productivos del país. Es también una de las jurisdicciones que más podría beneficiarse de una política moderna de transporte ferroviario orientada a la competitividad, la integración regional y la reducción de costos logísticos.
Por eso esta discusión excede ampliamente los límites de un expediente administrativo.
Lo que aquí está en juego no son solamente terrenos; lo que está en juego es la capacidad futura de planificación.
¿Existe una estrategia provincial para estos espacios? ¿Hay proyectos vinculados al transporte, la logística, la producción o el desarrollo urbano que justifiquen preservar estas tierras dentro de la órbita pública? ¿Se realizaron estudios técnicos que permitan evaluar alternativas antes de aceptar que el destino natural del suelo ferroviario sea el mercado inmobiliario?
Hasta ahora, las respuestas parecen ausentes.
Y si la incertidumbre rodea a la Provincia, la situación resulta todavía más sensible para el Municipio.
Porque será Cañada de Gómez quien conviva durante décadas con las consecuencias de cualquier decisión que se adopte hoy.
La ciudad deberá preguntarse qué tipo de desarrollo urbano desea construir. Deberá decidir si estas tierras representan simplemente una oportunidad de expansión inmobiliaria o si constituyen una reserva estratégica para proyectos futuros vinculados al crecimiento económico, la movilidad y la integración territorial.
La diferencia entre ambas visiones es enorme.
La primera observa el terreno como un activo disponible para generar movimiento económico inmediato.
La segunda lo entiende como un recurso estratégico cuyo verdadero valor puede manifestarse dentro de veinte o treinta años.
Ninguna ciudad recupera fácilmente aquello que pierde por decisión propia.
La experiencia internacional demuestra que muchas ciudades que eliminaron corredores ferroviarios o vendieron tierras vinculadas a infraestructura terminaron décadas después enfrentando enormes costos para reconstruir capacidades que habían considerado innecesarias.
Por eso la Municipalidad enfrenta un desafío que trasciende cualquier coyuntura electoral.
No se trata solamente de administrar el presente.
Se trata de representar los intereses de generaciones futuras que todavía no tienen voz en este debate.
Y junto a estas preguntas aparece otra que también merece una respuesta.
¿Qué opinión tiene la flamante diputada nacional de Cañada de Gómez?
La inquietud no resulta menor.
Se trata de una representante elegida para integrar el Congreso de la Nación, precisamente el ámbito institucional donde se expresan y debaten las grandes orientaciones del Estado argentino.
¿Comparte la visión del Gobierno nacional respecto de la desafectación y eventual venta de estas tierras?
¿Considera que la medida constituye una decisión acertada de administración patrimonial?
¿O entiende que existen razones para preservar estos espacios pensando en futuras necesidades ferroviarias, logísticas o productivas?
La ciudadanía tiene derecho a conocer esas posiciones.
No para exigir alineamientos automáticos ni pronunciamientos apresurados.
Simplemente porque la representación política también se construye a través de las definiciones públicas frente a los temas que afectan directamente a las comunidades de las cuales provienen quienes ejercen cargos institucionales.
Cuando una decisión nacional impacta sobre una ciudad concreta, la representación territorial adquiere una responsabilidad particular y no alcanza solamente con observar.
Tampoco alcanza con acompañar o cuestionar en privado.
La democracia requiere posiciones visibles, argumentos públicos y debates transparentes.
La Resolución 827/2026 no es simplemente un trámite administrativo.
Es una declaración de principios.
Expresa una visión de país donde el mercado aparece como destino natural de todo bien colectivo y donde la planificación estratégica cede frente a la necesidad de obtener recursos rápidos.
Pero también abre interrogantes sobre el papel que asumirán quienes tienen la responsabilidad de representar a Santa Fe y a Cañada de Gómez.
Porque las naciones no construyen su futuro liquidando sus activos estratégicos.
Lo construyen preservándolos, desarrollándolos y proyectándolos hacia las próximas décadas.
Lo contrario no es modernización. Es descapitalización.
Lo que hoy se presenta como una simple desafectación ferroviaria podría terminar siendo recordado como otro capítulo de una larga historia argentina; la de vender el futuro para financiar el presente.
Y mientras la Nación avanza con su decisión, la comunidad espera conocer algo igualmente importante; quiénes estarán dispuestos a defender una mirada de largo plazo y quiénes elegirán guardar silencio frente a una discusión que excede ampliamente los límites de un terreno y alcanza, en realidad, la idea misma de país que se pretende construir.
Referencia:
*ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
