EL INESPERADO TRIUNFO DE LULA Y UN RESULTADO QUE DESAFIÓ LOS PRONÓSTICOS

Tan inesperado como resistido, Lula asegura su cuarto mandato y devuelve a Brasil a una disputa que parecía cerrada: la de su propio modelo frente al proyecto de la derecha bolsonarista.

Por Juan A. Frey

En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro (PL) quedó primero con el 47,03% de los votos válidos, mientras Lula obtuvo el 45,14%. Muchos analistas leyeron ese resultado como la señal de que el bolsonarismo había logrado reconstruir su base, con un discurso de orden, seguridad y rechazo al gasto público. La segunda vuelta, sin embargo, cambió el cuadro; según el cómputo del Tribunal Superior Electoral con el 100% de las urnas apuradas, Lula obtuvo el 51,79% frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, con cerca de 64,2 millones de votos contra 59,8 millones.

El dato no es menor. Es el cuarto mandato presidencial de Lula si se suman sus gobiernos de 2003-2010 y el actual, y confirma que el petismo conserva una capacidad de movilización que muchos daban por agotada tras el encarcelamiento de su líder y la polarización de 2018.

Como era previsible, el bolsonarismo ha explorado el argumento del fraude y la anulación de los comicios para explicar su fracaso. Es una estrategia conocida; antes de 2022 y después de ella, el discurso sobre la integridad de las urnas electrónicas ha sido una herramienta para erosionar la legitimidad del adversario, más que una hipótesis sostenida por pruebas. Las instituciones electorales brasileñas, el TSE y los observadores han certificado el proceso, y ninguna impugnación ha alterado el resultado.

La crítica debe ser muy precisa aquí; una democracia sana no se mide por la ausencia de denuncias, sino por la capacidad de procesarlas dentro de la ley. Pero también es cierto que la dirigencia de la derecha ha convertido la desconfianza en su identidad política, y que ese capital simbólico seguirá condicionando la gobernabilidad del nuevo mandato.

Brasil es la mayor economía de América Latina, un país con inmensos recursos naturales, una industria diversificada, una matriz energética relativamente limpia y un peso decisivo en el Mercosur y en los BRICS. Esa posición lo convierte en un objetivo estratégico para Estados Unidos, que en los últimos años ha buscado reordenar su influencia en el hemisferio; presión comercial, disputas arancelarias, control de cadenas críticas (minerales, tecnología, energía) y alineamiento político en foros regionales.

La pregunta de fondo no es si Lula será "amigo" o "enemigo" de Washington, sino si Brasil podrá conservar un margen de autonomía. El gobierno que empieza en 2027 tendrá que negociar con Estados Unidos sin renunciar a su relación con China, a su pertenencia al Mercosur y a su liderazgo en la integración sudamericana. Es una cuerda floja que exige pragmatismo, y la historia reciente demuestra que el costo de equivocarse lo pagan los trabajadores, no las élites.

Brasil es el principal socio comercial de Argentina. Cualquier proyecto que pretenda reorientar la economía argentina hacia una apertura radical, bajo el paraguas de un liberalismo de corte austríaco que se presenta como ortodoxia pero funciona como dogma, debe medir sus costos en Brasilia y São Paulo. La industria, la agroexportación, el comercio fronterizo y la coordinación del Mercosur dependen de una relación fluida con el vecino.

El presidente Javier Milei ha cuestionado de manera sistemática a Lula, y esa confrontación pública tiene consecuencias concretas; menos margen de negociación, más desconfianza en los equipos técnicos y una agenda regional que se vuelve rehén de las peleas ideológicas. Un liberalismo que desprecia a su principal socio no es liberalismo, es aislamiento con retórica de libertad.

La historia latinoamericana está llena de alineamientos forzados con grandes potencias. Muchos de ellos prometieron estabilidad, inversiones y prosperidad; pocos cumplieron. Cuando el Estado se desarma en nombre de la eficiencia, quienes quedan desprotegidos son los sectores bajos y medios, que ven desaparecer la salud pública, la educación, el crédito accesible y las redes de contención que, para millones de personas, representan el último refugio de sus derechos.

Ese es el verdadero desafío del nuevo mandato de Lula; demostrar que un Estado activo puede convivir con la disciplina fiscal, que la inclusión social no es enemiga del crecimiento y que la soberanía se defiende también con empleo, industria y justicia distributiva. Si lo consigue, su triunfo será más que una anécdota electoral. Si fracasa, el bolsonarismo tendrá su mejor argumento para volver.

El triunfo de Lula no resuelve la fractura social que la elección dejó al descubierto. Brasil votó casi mitad y mitad, y eso significa que el nuevo gobierno gobernará con un Congreso donde la oposición conservadora tiene peso propio, con gobernadores que responden a intereses regionales y con una opinión pública que observa cada decisión con sospecha. La gobernabilidad, en este contexto, no será un trámite; exigirá acuerdos amplios, concesiones legislativas y una comunicación capaz de hablar más allá del núcleo electoral que llevó al presidente al poder.

El riesgo es doble. Por un lado, que la presión parlamentaria y el bloqueo institucional conviertan cada iniciativa social en una batalla de desgaste. Por otro, que el oficialismo, para evitarlo, renuncie a las banderas que le dieron sentido, que son la inclusión, la recuperación del Estado y la reindustrialización. Ese equilibrio entre firmeza y negociación es la prueba política más difícil del nuevo mandato.

La economía brasileña enfrenta un dilema conocido. Por un lado, la necesidad de sostener el gasto social y la inversión pública; por otro, las presiones de los mercados financieros, el costo de la deuda y las expectativas de disciplina fiscal que reclaman buena parte de los actores económicos. Cada ciclo de expansión del petismo se topó con esa tensión, y cada crisis sirvió de argumento a sus adversarios para proponer recortes que golpearon primero a los sectores de menores ingresos.

La salida no pasa por elegir entre estabilidad y justicia social, sino por construir una arquitectura fiscal creíble que financie la inversión productiva, energía limpia, infraestructura, industria de transformación, minería estratégica y una política tributaria que haga pagar más a quienes más tienen. Brasil tiene instrumentos para hacerlo. Lo que ha faltado, en buena medida, es continuidad y capacidad de sostener esas políticas más allá de los ciclos electorales.

El triunfo de Lula también interpela a los progresismos de la región. No basta con ganar elecciones si el proyecto no se traduce en mejoras tangibles de la vida cotidiana; empleo formal, salarios reales, servicios públicos que funcionen y seguridad ciudadana, un terreno que la derecha ha sabido explotar con eficacia. La crítica a la agenda de mercado debe acompañarse de una propuesta concreta frente a la inseguridad, la informalidad y el desencanto de los jóvenes, que son los votantes más volátiles y los más expuestos al discurso antisistema.

Si la izquierda brasileña logra mostrar que el Estado puede ser eficaz, transparente y cercano, su victoria tendrá una dimensión que trasciende a Brasil. Si no, el péndulo volverá a moverse, como ya ha ocurrido tantas veces en la historia reciente de la región.

El triunfo de Lula es, a la vez, una victoria de la institucionalidad y una advertencia. Brasil entra en una nueva etapa con una sociedad profundamente dividida, una derecha que no acepta del todo la derrota y una presión externa que no dará tregua. Para Argentina, la lección es clara; la integración regional no es un lujo ideológico, sino una necesidad económica. Ignorar al vecino más grande en nombre de un dogma es una apuesta que el país ya conoce, y que suele terminar en un mismo lugar; en la factura que siempre pagan quienes menos tienen.