LA IMPERTINENTE SOBERBIA DE COUDANNES

Las recientes declaraciones públicas de la vocera del Gobierno de Santa Fe vuelven a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende el caso puntual que motivó la polémica; la creciente confusión entre la defensa política de una gestión y el respeto que merecen las instituciones de la República.

Por Juan A. Frey

En un tono inusualmente confrontativo, la funcionaria eligió desacreditar el fallo de la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena mediante una sucesión de afirmaciones que, lejos de ofrecer una crítica jurídica consistente, revelan una preocupante indiferencia hacia los límites que impone la división de poderes. No se discutieron fundamentos jurídicos, se discutió a la jueza.

La diferencia no es menor. En una democracia constitucional, las sentencias pueden ser cuestionadas, apeladas y hasta severamente criticadas. Lo que no puede naturalizarse es que un integrante del Poder Ejecutivo transforme una decisión judicial en un motivo para deslegitimar públicamente a quien la dictó. Cuando el foco deja de estar en el derecho para concentrarse en la persona del magistrado, el debate jurídico se convierte en un mensaje disciplinador dirigido a todo el Poder Judicial.

El libreto elegido tampoco resulta novedoso. La vocera recurrió a una forma de comunicación que recuerda, por su tono y sus recursos, al estilo instalado por Manuel Adorni en la escena nacional; simplificación extrema de cuestiones complejas, construcción de antagonistas, frases de alto impacto mediático y consignas fácilmente replicables en redes sociales. En ese esquema, importa menos la solidez del argumento que su capacidad para dominar la agenda pública.

Así aparecieron, una vez más, referencias a una supuesta "mirada garantista" de la magistrada, la enumeración de millonarias inversiones provinciales en seguridad, la apelación a protocolos oficiales y el ya repetido "Si es tan bueno, llévatelo a tu casa". Ninguno de esos recursos desarma un razonamiento jurídico ni demuestra la invalidez de una resolución judicial. Todos, en cambio, cumplen eficazmente otra función; construir un relato político donde el Gobierno aparece enfrentado a quienes supuestamente obstaculizan su lucha contra el delito.

Pero quizá el aspecto más llamativo no sea el contenido del mensaje sino el perfil desde el cual se comunica. La vocería parece haber dejado de concebirse como una herramienta institucional destinada a informar los actos de gobierno para convertirse en un espacio de construcción política personal. La centralidad del conflicto, la exposición permanente y la adopción de un lenguaje pensado para la viralización proyectan una imagen que excede ampliamente la defensa circunstancial de una gestión. Es legítimo interpretar que ese estilo también busca instalar un liderazgo propio y acumular capital político con vistas a un eventual futuro electoral. En la política contemporánea, la comunicación ya no solo acompaña la gestión, muchas veces construye candidaturas.

Ese desplazamiento resulta especialmente delicado cuando se produce desde un cargo institucional. Porque cuanto mayor es la identificación entre la comunicación pública y la estrategia política individual, menor es el espacio reservado para la prudencia que exige el ejercicio del poder. La vocería deja entonces de representar al Estado para representar una forma de hacer política.

No resulta casual que declaraciones de esta naturaleza ya hayan merecido un severo reproche institucional. El Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de Santa Fe advirtió oportunamente que ese tipo de expresiones excede el legítimo derecho de crítica y compromete un principio esencial de cualquier democracia republicana, la independencia del Poder Judicial.

Allí reside el verdadero problema. Cuando un gobierno convierte cada decisión judicial adversa en un episodio de confrontación política, deja de debatir sentencias para comenzar a cuestionar la legitimidad de quienes las dictan. El mensaje implícito deja de ser jurídico y pasa a ser institucional; los jueces que no convalidan la posición oficial quedan expuestos al escarnio público desde el propio poder político. Esa lógica no fortalece la seguridad, erosiona la calidad democrática.

Si el Ejecutivo considera que una resolución es equivocada, el ordenamiento jurídico ofrece herramientas suficientes para recurrirla. Si entiende que un magistrado incurrió en mal desempeño, existen procedimientos constitucionales específicos para promover las responsabilidades correspondientes. Lo que la República no admite es sustituir esos mecanismos por conferencias de prensa cargadas de consignas, descalificaciones y recursos propios de una campaña política permanente.

Las inversiones en seguridad, por cuantiosas que sean, jamás reemplazarán la obligación de respetar las decisiones judiciales mientras permanezcan vigentes. Del mismo modo, la popularidad de un mensaje no lo convierte en un argumento jurídico, ni la contundencia de un eslogan sustituye el peso de una fundamentación.

La fortaleza de una democracia nunca se mide por la capacidad de un gobierno para amplificar mediáticamente sus desacuerdos con los jueces. Se mide, precisamente, por su disposición a aceptar que existen otros poderes con igual legitimidad constitucional, capaces de controlar sus decisiones y de imponer límites cuando corresponde.

Cuando una vocería institucional como la de Coudannes abandona esa premisa para privilegiar la confrontación, la simplificación del debate y la construcción de un perfil político propio, deja de cumplir la función para la que fue creada. Ya no comunica al Estado, hace campaña. Y cuando la propaganda ocupa el lugar de las instituciones, el costo no lo paga un gobierno ni una oposición. Lo paga la República.