LA REELECCIÓN COMO FUGA HACIA ADELANTE
¿Reelección para qué? Esa es la pregunta vertebral que el oficialismo elude sistemáticamente antes de volver a interpelar a una sociedad visiblemente agotada. Hay algo profundamente sintomático en la urgencia de proyectar un mandato hacia 2027, cuando el balance de la administración actual sigue sin ofrecer respuestas tangibles sobre el uso del poder delegado.
Por Juan A. Frey
En la arquitectura de una democracia republicana madura, una candidatura presidencial no puede ni debe ser entendida como un derecho adquirido por el mero ejercicio del cargo. La legitimidad de origen debe convalidarse con una legitimidad de ejercicio. Esto significa que la continuidad institucional tendría que ser la consecuencia directa, orgánica e insoslayable de una gestión cuyos resultados sean verificables, medibles y socialmente perceptibles.
Sin embargo, frente a la falta de indicadores favorables, el relato oficial se traba en una contradicción insalvable; se pretende construir un proyecto de futuro sobre la base de culpar sistemáticamente a la herencia recibida, deslindar responsabilidades en actores externos y postergar las soluciones bajo la promesa de un "mañana" que nunca llega. Cuando la gestión se vacía de logros, la reelección deja de ser una evaluación de políticas públicas para convertirse en un mero acto de fe. Y la política democrática requiere contratos sociales basados en la razón y el voto, no en la fe de los creyentes.
Cuando una proporción alarmante de la población continúa habitando la vulnerabilidad social, cuando el trabajo formal deja de ser una garantía razonable de movilidad ascendente, y cuando los sectores productivos, la ciencia y la cultura son relegados bajo la categoría de gastos prescindibles, la pregunta sobre qué se pretende reelegir adquiere una gravedad institucional inusitada.
La disociación económica
Existe un abismo insondable entre la euforia de los despachos oficiales y la realidad que se vive en el mostrador del comercio, en la caja del supermercado, en el pago del alquiler o en la angustia de una familia que hace malabares para llegar a fin de mes.
La degradación institucional
La obsesión reeleccionista contamina la gestión pública. Cada acto de gobierno se maquilla como pieza de campaña; cada inauguración se vuelve un spot publicitario y cada divergencia se transforma en una batalla narrativa donde el adversario institucional es rebautizado como enemigo electoral.
El costo estructural
Mientras el poder consume sus energías en la ingeniería de la polarización, los problemas estructurales del país, inversión en infraestructura, competitividad industrial, desarrollo tecnológico y calidad educativa quedan relegados al fondo de la agenda.
Ante la erosión acelerada de su capital político y la pérdida de crédito en la vida cotidiana, los gobiernos en declive suelen recurrir a un manual de supervivencia tan elemental como peligroso. Se aferran al miedo al retorno de sus adversarios, convierten cada crítica legítima en una conspiración y agitan el fantasma de que cuestionar al oficialismo equivale a desear el fracaso del país.
Esta matriz comunicacional se sostiene sobre pilares endebles.
El miedo moviliza un voto defensivo pero efímero.
La bronca polariza el escenario, pero no construye consensos.
La comunicación estratégica puede fabricar titulares de impacto, pero jamás podrá fabricar de manera indefinida una realidad económica y social inexistente.
Cuando la única plataforma electoral se reduce al argumento de que "puede que nosotros hayamos fallado, pero los otros son peores", la democracia sufre una degradación profunda. Se transforma al ciudadano en rehén de una amenaza latente, vaciando de contenido positivo al sufragio.
Votar deja de ser un acto de adhesión a un modelo de país para convertirse en un mecanismo de defensa contra el abismo. Y una democracia robusta no puede sostenerse sobre la premisa perpetua de votar permanentemente contra alguien en lugar de votar a favor de un proyecto común.
Por todo esto, la discusión de cara al próximo turno electoral no debería iniciar con la danza de los nombres propios, las especulaciones de aparatos partidarios o las estrategias de marketing. El debate político nacional debe recuperar su eje central interpelando al poder a través de preguntas de respuesta ineludible:
¿Cuántos argentinos han salido estructuralmente de la pobreza? ¿Cuántos empleos privados, registrados y de calidad se han creado? ¿Qué lugar ocupa hoy la educación pública y la investigación científica en el presupuesto del Estado? ¿Cuánto ha mejorado de manera efectiva la vida de quienes sostienen la economía desde los sectores productivos?
Una elección presidencial no es la coronación de un liderazgo ni un refugio corporativo frente al desgaste institucional; es, ante todo, un examen de rendimiento. Ningún dirigente político posee el derecho adquirido de aprobarlo sin demostrar méritos suficientes.
Si tras años de administración el argumento supremo para continuar en el poder se resume en la falta de alternativas, el problema sistémico ya no es la escasez de opciones en la oposición, sino la bancarrota política de un oficialismo que se niega a admitir su propio fracaso. La reelección no puede ser una fuga hacia adelante; debe ser la consecuencia natural de una sociedad que, al evaluar su propio presente, decida con convicción que el camino transitado funcionó y merece continuidad.
Cuando esa premisa elemental ya no puede sostenerse sin el auxilio de una maquinaria de miedo y propaganda, la pregunta verdaderamente incómoda deja de ser por qué el poder insiste en perpetuarse, y pasa a ser la siguiente:
¿por qué se exige la confianza de un pueblo al que todavía no se le ha demostrado que tal confianza ha sido merecida?
