¿SEGURIDAD SEGÚN LA CARA? CUANDO EL ESTADO CONFUNDE CONTROL CON PREVENCIÓN

19.11.2026

Hay decisiones gubernamentales que, bajo el envoltorio de una supuesta política de seguridad, terminan exhibiendo más improvisación que eficacia, más vocación de vigilancia que inteligencia y más preocupación por mostrar autoridad que por resolver los problemas concretos de la sociedad. 















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Por Juan A. Frey

La polémica habilitación para que la Policía de Santa Fe pueda requerir el IMEI de los teléfonos celulares a determinadas personas, según criterios posiblemente vinculados con su apariencia o características físicas, parece inscribirse peligrosamente en esa categoría.

El asunto no es menor. Tampoco puede exhibirse como una simple cuestión operativa ni como una discusión técnica sobre los procedimientos policiales. Cuando un agente puede detener a una persona para exigirle información identificatoria de su dispositivo móvil porque parece sospechosa, el problema deja de ser exclusivamente policial y adquiere una dimensión institucional, constitucional y democrática.

La primera pregunta es inevitable; ¿con qué criterio se determina quién debe exhibir su teléfono y quién no? ¿Qué indicadores objetivos justifican tal requerimiento? ¿La existencia de una sospecha concreta, una investigación en curso o simplemente una apreciación subjetiva del uniformado? Porque si la respuesta termina descansando en la apariencia, la vestimenta, la edad, el aspecto físico o cualquier otro atributo discrecional, estaremos frente a una práctica con un potencial discriminatorio muy difícil de disimular.

La seguridad pública no puede convertirse en una lotería de la apariencia. Mucho menos en un mecanismo mediante el cual cualquier ciudadano deba demostrar que no es sospechoso para continuar tranquilamente con su vida.

El problema de fondo es que el Estado parece estar invirtiendo el principio de razonabilidad; en lugar de justificar por qué necesita intervenir sobre una persona, pretende que sea la persona quien justifique por qué no debería ser intervenida.

Y semejante inversión no es una cuestión semántica. Compromete garantías constitucionales elementales, entre ellas la libertad ambulatoria, la intimidad, la igualdad ante la ley y la protección frente a actuaciones arbitrarias. La posibilidad de que la medida derive en planteos judiciales por inconstitucionalidad no constituye, por lo tanto, una exageración de opositores circunstanciales. Es una consecuencia perfectamente previsible cuando una disposición de estas características no delimita con precisión sus fundamentos, alcances y mecanismos de control.

Tampoco alcanza con invocar la lucha contra el robo de celulares para justificar cualquier procedimiento. Que el delito exista, que sea preocupante y que demande respuestas urgentes no convierte automáticamente en legítima cualquier herramienta de intervención estatal. La urgencia de la seguridad no deroga la Constitución Nacional, aunque algunos funcionarios parezcan recordarla únicamente cuando les conviene.

Pero hay otra cuestión que merece especial atención; la eficacia real de la medida. Porque, más allá de las discusiones jurídicas, todavía falta responder lo esencial; ¿cuánto contribuye exigir el IMEI de un teléfono a reducir los robos?

El IMEI es un identificador técnico del dispositivo. Puede resultar útil para individualizar equipos, verificar denuncias, detectar aparatos sustraídos y facilitar investigaciones. Sin embargo, convertir su requerimiento indiscriminado o discrecional en una estrategia de prevención del delito es confundir una herramienta de identificación con una política de seguridad.

Los delincuentes no van a dejar de robar porque la Policía pueda pedirle el IMEI a un transeúnte. Tampoco desaparecerán las redes de comercialización ilegal, los circuitos de reducción, la circulación de dispositivos robados ni las estructuras que hacen rentable ese mercado. El delito no se combate trasladando la carga del control a quienes caminan por la calle, sino investigando a quienes lo organizan, lo ejecutan y lo convierten en negocio.

Hay una diferencia sustancial entre perseguir el delito y someter a la ciudadanía a controles cuya justificación depende de la discrecionalidad de quien los practica. La primera es una obligación del Estado; la segunda puede convertirse en un abuso de poder.

Y si a esta discusión se le agrega el contexto económico y electoral, el cuadro adquiere todavía más complejidad. En una provincia atravesada por la preocupación social, la pérdida del poder adquisitivo, la precarización de las condiciones de vida y el reclamo permanente por mayor seguridad, anunciar procedimientos de control sobre los teléfonos de los ciudadanos puede resultar políticamente vistoso, pero socialmente irritante.

La gente no necesita que le expliquen que la seguridad es una prioridad. Lo sabe, lo padece y lo reclama. Lo que necesita es que el Estado demuestre resultados, no que multiplique procedimientos capaces de generar nuevas fricciones entre la población y las fuerzas de seguridad.

Porque cuando el ciudadano comienza a percibir al policía como alguien ante quien debe justificar permanentemente su presencia, sus pertenencias o su apariencia, la confianza institucional se deteriora. Y una fuerza de seguridad sin legitimidad social pierde una de sus herramientas más importantes, la colaboración de la comunidad.

En tiempos electorales, además, existe una tentación recurrente de confundir decisiones de alto impacto comunicacional con políticas públicas eficaces. La seguridad ofrece un terreno particularmente fértil para esa simulación; cualquier endurecimiento puede presentarse como determinación política, cualquier control como prevención y cualquier objeción constitucional como una supuesta defensa de los delincuentes.

Es un recurso tan elemental como peligroso. Cuestionar una medida no significa defender el delito. Exigir límites al poder policial no significa obstaculizar la seguridad. Y reclamar políticas eficaces no equivale a desentenderse de las víctimas.

Por el contrario, precisamente porque la inseguridad es un problema serio, no debería utilizarse como excusa para improvisar.

El Gobierno santafesino tiene la obligación de explicar con claridad qué habilita esta disposición, bajo qué circunstancias puede aplicarse, cuáles son los criterios objetivos que la justifican, qué derechos asisten al ciudadano y qué mecanismos existen para impedir arbitrariedades. También debe demostrar que la medida tiene una utilidad concreta y verificable en la prevención y persecución del robo de celulares.

Si no puede hacerlo, estaremos ante otra de esas decisiones que producen mucho ruido institucional y escasos resultados prácticos.

Santa Fe necesita inteligencia criminal, investigación patrimonial, persecución de las redes de comercialización de teléfonos robados, coordinación entre fuerzas, controles sobre los circuitos ilegales y una Justicia capaz de actuar con eficacia. Necesita prevención territorial, recursos, tecnología bien utilizada y policías profesionalizados. No necesita convertir cada caminata en una eventual instancia de identificación tecnológica.

La seguridad no se construye obligando al ciudadano a exhibir su teléfono según la cara que tenga. Se construye haciendo que quien roba tenga motivos concretos para temerle a la eficacia del Estado, no que quien camina por la calle tenga motivos para temerle a la arbitrariedad de sus agentes.

Porque si para demostrar que una administración gobierna con firmeza necesita poner bajo sospecha a quienes dice proteger, el problema ya no es solamente la inseguridad. Es también la concepción de autoridad que pretende imponer.

Y conviene recordarlo; un Estado que no sabe distinguir entre prevención y vigilancia puede terminar controlando a los ciudadanos con una eficiencia que jamás consiguió demostrar frente a los delincuentes.

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