UN JUEZ EN EL BANQUILLO INSTITUCIONAL: MARIANELLO, MILEI Y LA JUSTICIA CUESTIONADA
En un Estado que se jacta de querer cortar con los vicios del pasado, el juez Alejandro Patricio Maraniello no solo resulta chocante; representa un retroceso en la credibilidad del sistema judicial.
Por Juan A Frey
Maraniello enfrenta una batería de acusaciones que ensombrecen cualquier aspiración legítima. En el Consejo de la Magistratura hay actualmente nueve denuncias formalizadas en su contra, entre las cuales cinco corresponden a presunto acoso sexual a empleadas de su propio juzgado.
Además, las denuncias incluyen abuso de poder, maltrato laboral, violencia de género, manejo indebido de recursos públicos, y comportamiento inapropiado en redes sociales. Una de las denunciantes expresó haber sido convocada por el juez fuera del horario laboral, donde sufrió manoseos y besos no consentidos, e incluso fue presionada a mantener relaciones sexuales por temor a perder su empleo. Otra empleada relató haber recibido mensajes sexuales por redes sociales, comentarios invasivos sobre su vestimenta y maltrato tras rehusarse a acceder a pedidos personales del magistrado. La situación derivó en una grave afectación de su salud mental, incluyendo depresión y síntomas suicidas antes de animarse a denunciar.
Ante este clima, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial requirió desde septiembre de 2024 una custodia policial dentro del juzgado para garantizar la seguridad física y emocional de su personal.
La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura notificó a Maraniello, quien disponía de un plazo de 20 días para presentar su descargo. De acuerdo al avance de las actuaciones, el proceso podría derivar en sanciones administrativas o incluso elevarse a la Comisión de Acusación, que podría impulsar su remoción del cargo.
Adicionalmente, existen causas por prevaricato y retardo o denegación de justicia en expedientes vinculados al PAMI, tras cuestionamientos por dilaciones en expedientes que afectan a jubilados.
Pero los antecedentes del juez no solo se limitan a su conducta personal. Maraniello fue el responsable de dictar la polémica medida cautelar que prohibió la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, hermana del presidente, en el marco del escándalo conocido como "Karinagate". Esta decisión, celebrada por el Ejecutivo, fue interpretada por diversos sectores como un intento de censura previa, en abierta contradicción con la jurisprudencia constitucional y los tratados internacionales sobre libertad de expresión.
El juez, que se formó en la Universidad de Buenos Aires y ocupó cargos en el Juzgado Federal de Dolores y en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, hoy se encuentra en el centro de una tormenta ética, jurídica y política. Su trayectoria profesional, que incluye especialización en derecho tributario, contrasta con las denuncias que lo acorralan y con su rol como garante de decisiones que favorecen al poder político.
La acumulación de denuncias contra un juez en ejercicio especialmente uno con impacto político como Maraniello no solo empaña su figura, sino que atenta contra los cimientos mismos de la justicia.
La imparcialidad y el debido proceso deben ser principios inquebrantables. Designar o mantener en funciones a un magistrado con este perfil es una afrenta institucional que el gobierno pretende invisibilizar.
Si este Ejecutivo realmente pretendiera renovarse, elegiría apartar de inmediato a Maraniello del fuero y permitiría que la justicia actúe sin interferencias. De lo contrario, se reafirma como parte del problema; entornos del poder que prefieren las lealtades antes que la integridad.
Porque una justicia cuestionada no sirve. Y
sin justicia, no hay democracia que prospere.
