Organizaciones argentinas e internacionales pedimos al Ministerio Publico Fiscal de la provincia del Chubut, Argentina que retiren los cargos contra defensores ambientales condenados el 22 de abril
[fecha límite para firmar: 13 de mayo 2025
El 22 de abril, la Oficina Judicial del Ministerio Público Fiscal de Rawson condenó a seis ciudadanos de la provincia de Chubut, Argentina, que participaron en el Chubutazo de 2021- un hito más de la histórica protesta provincial en defensa del agua que logró frustrar los intentos del Gobierno de imponer un proyecto de Ley para la zonificación minera que permitiría la explotación minera en la meseta central de la provincia.
Un total de ocho personas (de las 24 inicialmente criminalizadas) fueron acusadas durante 4 años bajo diversos cargos, en un proceso irregular, con escasas pruebas, y durante el cual se los estigmatizó, hostigó y criminalizó como violentos e incluso terroristas. La jueza Eva Ponce del poder judicial provincial, absolvió a dos de los juzgados y encontró penalmente responsables a seis personas de delitos de incendio, hurto y daño agravado, condenándolos a penas de entre uno y seis años de prisión.
Uno de los ocho se quitó la vida el día antes del veredicto que anunciaba su absolución.
Durante décadas, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, Argentina (UACCh) y las comunidades indígenas Mapuche Tehuelche se vienen movilizando contra la minería en la provincia de Chubut, concretamente contra el proyecto minero Navidad, propiedad de la empresa canadiense Pan American Silver.
La resistencia contra la megaminería comenzó en Esquel (localidad de la cordillera chubutense), cuando más del 81% de los residentes locales votaron en un referéndum popular celebrado en 2003 en contra de un proyecto de explotación de oro. Así, se extendió la conciencia y la resistencia a toda la provincia, y el rechazo al proyecto Navidad. Sin embargo, a pesar de esta oposición y de la legislación ambiental vigente que prohíbe el uso de cianuro en las operaciones mineras a cielo abierto —lo que ha hecho inviable el proyecto Navidad durante años— Pan American Silver adquirió el proyecto en 2010.
El 15 de diciembre de 2021, la legislatura provincial de Chubut aprobó una ley que buscaba permitir la minería a cielo abierto en determinadas zonas de la provincia, dando así luz verde al proyecto minero de Pan American Silver. Tras este intento de zonificación minera, miles de personas de todo Chubut, entre ellas las nucleadas en la UACCh, sindicatos, vecinos autoconvocados y pueblos originarios, salieron inmediatamente a las calles a denunciar, entre otros, los esfuerzos de la empresa canadiense para cambiar la legislación local y avasallar la autodeterminación del pueblo en contra de la megamineria. El 21 de diciembre, seis días después de su aprobación, y tras protestas masivas y poder colectivo, la ley fue derogada por unanimidad. La misma legislatura que aprobó la zonificación minera, debió derogarla a partir de la revolución popular que se denominó "Chubutazo".
Los abogados defensores subrayan que el caso contra los ciudadanos carece de pruebas y que las penas solicitadas por la fiscalía son totalmente desproporcionadas en relación con los delitos endilgados. El juicio estuvo plagado de falta de transparencia y de acceso al público. Así, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos de Chubut afirman que se trata de un juicio político ya que con este proceso judicial el poder de la provincia lo que busca es desmovilizar la oposición de las comunidades a la megaminería, entre ellas la minería de uranio, y disciplinar a la comunidad que no está organizada para evitar que acompañe a los movimientos sociales cuando salen a manifestar. Se han elegido a 8 chivos expiatorios para condenar, cuando fue una verdadera revolución popular, sostenida por 6 días, que paralizó la provincia entera e hizo retroceder al poder político, a pesar del fuerte lobby minero (denuncias de coimas incluidas).
En la causa "Chubutazo": cinco personas han sido sentenciadas por el tribunal de Chubut por supuesto robo y una persona por un supuesto incendio. Las pruebas consisten en fotos tomadas por policías encubiertos que los sitúan en las protestas, pero sin cometer ningún delito. En cambio, no se han investigado las acciones de las fuerzas de seguridad acusadas de usar violencia excesiva durante el Chubutazo, a partir de las más de 50 denuncias presentadas. Peor aún, como añaden la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), «algunos agentes de policía fueron condecorados». Amnistía Internacional Argentina informó en su momento que «se hizo un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes [y] siete personas fueron detenidas y más de 30 resultaron heridas».
Esto plantea aún más dudas sobre el proceso judicial y si la verdadera motivación del gobierno provincial de Chubut, en connivencia y complicidad con el poder legislativo y judicial, es intentar silenciar, exponer, estigmatizar, perseguir y desmovilizar a las personas que buscan proteger el agua y se pronuncian en contra de la minería a gran escala.
Al mismo tiempo, estas persecuciones judiciales en contra de estos, finalmente, 6 ciudadanos se enmarcan en un contexto de criminalización más grande y con el objetivo en los defensores ambientales de toda la provincia. Dos causas judiciales más, dan cuenta de ello: 5 defensores ambientales y comunicadores sociales también están siendo judicializados por su participación pacífica en un corte de ruta en mayo del 2021 después de que la Legislatura provincial rechazara la "Segunda Iniciativa Popular que, con más de 20 mil firmas, pretendía frenar la Ley de Zonificación Minera" y otros 6, en una causa armada cuando se les exigió a los diputados explicaciones por la adhesión provincial al RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones) el cual establece la entrega absoluta de soberanía ambiental, social, legal y económica a las trasnacionales.
Las organizaciones que suscribimos esta carta nos solidarizamos con todas las y los vecinos y defensoras/defensores ambientales criminalizados por protestar contra la megaminería y exigimos al Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut que retire los cargos y respete las demandas de los habitantes de Chubut que ejercen un derecho constitucional al organizarse y manifestar pacíficamente.
Asimismo, exigimos se cumpla con el Acuerdo de Escazú y con la independencia de poderes en la provincia de Chubut, base de la democracia y de un estado de derecho. El poder legislativo debe legislar para el pueblo y el Poder Judicial debe defender al pueblo ante el poder desmedido del Ejecutivo y las corporaciones.
Canadá tiene la obligación, en virtud del derecho internacional, de proteger los derechos humanos. Por lo tanto, exigimos al gobierno canadiense a través de su embajada en Buenos Aires implementar «Voces en Riesgo: Directrices de Canadá sobre el Apoyo a los Defensores de Derechos Humanos», y manifestarse públicamente en apoyo con las/los defensoras/res ambientales criminalizadas/os.
#LucharNoEsDelito