Pedro Sánchez adelanta las elecciones para frenar a la ultraderecha y refundar su mayoría
Desde Sevilla
Se acabaron las especulaciones en el tablero político español. El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, anunció este lunes en una declaración institucional desde las escalinatas del Palacio de la Moncloa la disolución de las Cortes Generales (Parlamento) y la convocatoria formal a elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre. La decisión, adoptada tras un fin de semana de intensa deliberación interna y comunicada previamente al rey, busca capitalizar el malestar social generado por el rechazo parlamentario del pasado viernes, cuando la derecha del Partido Popular (PP), la extrema derecha de Vox y la derecha nacionalista catalana de Junts unieron sus votos para derribar los dos reales decretos leyes en materia de vivienda con los que el Ejecutivo pretendía dar respuesta a las multitudinarias protestas ciudadanas.
Modelos contrapuestos
El anuncio de Sánchez no constituye únicamente un trámite institucional, sino el puntapié inicial de una campaña electoral de alto voltaje orientada a interpelar de manera directa a la base progresista del país. Frente al espejo internacional y apenas un día después del duro traspié de la izquierda brasileña en la primera vuelta presidencial, el líder del PSOE presenta la cita de noviembre como un dilema histórico entre dos modelos contrapuestos. Según planteó el mandatario, el electorado español deberá elegir si desea sumarse a la "ola ultraderechista e involutiva" que gana terreno a nivel mundial o si prefiere consolidar a España como un baluarte de justicia social, apertura y transición ecológica.
El catalizador de esta drástica decisión fue la paralización de la normativa sobre vivienda en la Cámara Baja, impulsada por el Ejecutivo tras la indignación desatada por el desahucio de la octogenaria Maricarmen Abascal. Pese al bloqueo del pleno del Congreso, el Gobierno no planea ceder terreno en este frente. Para este martes está prevista la aprobación de una nueva versión de la iniciativa en un Consejo de Ministros ordinario. Al estar disuelto el Parlamento, la convalidación de la norma dependerá ahora de la Diputación Permanente, un órgano reducido donde la suma del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos conserva una ajustada mayoría de 35 votos frente a los 34 del bloque de la derecha y los independentistas de Junts.
Desde las filas del PSOE, el mensaje formal no tardó en alinearse con el tono épico del presidente. La formación socialdemócrata advirtió sobre la amenaza que representa lo que definió como la "coalición de los buitres, de los retrocesos y del miedo", en referencia a la eventual alianza de gobierno entre el PP de Alberto Núñez Feijóo y el espacio de extrema derecha Vox, liderado por Santiago Abascal. Los socialistas confían en defender los logros de la gestión socioeconómica, reivindicando indicadores clave como el máximo histórico de 23 millones de afiliados a la seguridad social, el crecimiento por encima del promedio de la eurozona y el incremento del salario mínimo interprofesional en un 66% desde 2018.
A la derecha del espectro político, las encuestas pronostican una amplia mayoría para la suma de las opciones conservadoras, pero la lección de los comicios de 2023 impone suma cautela. Abascal, líder de la extrema derecha, reaccionó al anuncio llamando a sus huestes a no confiarse de los sondeos y exigiendo el voto presencial en las urnas bajo la siembra recurrente de dudas sobre la transparencia del voto por correo y el censo de residentes en el exterior (CERA). Abascal volvió a emplear un tono de confrontación radical, vinculando la cita electoral con la reciente crisis migratoria de Ceuta y descalificando al líder socialista al tildarlo de "candidato de Marruecos".
Por su parte, el espacio a la izquierda del PSOE afronta el reto de la urgencia del calendario. Con la publicación del decreto de disolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la legislación marca el 16 de octubre como fecha límite para el registro oficial de las coaliciones electorales. La exigencia temporal apura las negociaciones entre Sumar y Podemos para alcanzar una candidatura unificada. Mientras que las fuerzas agrupadas en la órbita de Sumar —incluidos Más Madrid, los Comunes e Izquierda Unida— preparan la presentación formal de un "Frente Amplio" para mediados de mes, la cúpula de Podemos, a través de Irene Montero, reclama la realización de primarias abiertas en apenas diez días como condición indispensable para la confluencia.
Las elecciones del 29N estarán marcadas, además, por condicionantes judiciales e institucionales sobre el electorado habilitado. El censo electoral oficial cerró el 1 de agosto, momento previo a que el Tribunal Supremo dictara la suspensión cautelar del derecho a voto de las personas nacionalizadas por la denominada "ley de nietos" en el extranjero que no acrediten el exilio familiar. Así, entre un tablero parlamentario fragmentado, demandas sociales de primera necesidad y la amenaza latente de la extrema derecha, España inicia un bimestre decisivo para definir la supervivencia del único gobierno progresista de las grandes potencias europeas.
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