Ceuta y Argentina

La masiva irrupción de miles de marroquíes en la ciudad española (pero ubicada en tierra africana) de Ceuta está atravesada por oportunismos múltiples.

La opresión y el saqueo practicado por europeos y norteamericanos sobre varios continentes, África en este caso, a través de siglos de esclavismo y colonialismo, a más del cambio climático hoy; han generado situaciones de pobreza, subdesarrollo y violencia que presionan permanentemente a millones a ingresar a Europa Occidental o los EEUU, en busca condiciones de vida dignas, mera supervivencia o posibilidades de no ser asesinados.

La mayoría de los países receptores tienen problemas de envejecimiento de sus poblaciones y baja natalidad, y los aportes migratorios – jóvenes en edad laboral muy mayoritariamente – resultan imprescindibles para el funcionamiento económico de esos países. Sin embargo, las ultraderechas europeas y estadounidense se han dedicado a satanizar esas inmigraciones.

Más allá de ello, es evidente que cualquier migración disruptiva y desordenada genera un problema significativo (en el reciente incidente, por ejemplo, más de 60.000 marroquíes entraron a Ceuta, que tiene una población de 84.000).

Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas autónomas en el continente africano. Están en poder de España desde los siglos XV y XVI. La ONU no las reconoce como casos coloniales. No obstante. Marruecos, con la que limitan, las reclama como propias.

Marruecos es una monarquía constitucional (semi constitucional, dicen algunos), con fuerte poder del Rey y muy criticada por los organismos de DDHH.

Pretende anexarse los territorios al Sur, el Sahara Occidental, sobre los cuales en 1975 la Corte Internacional de Justicia estableció que no tenía soberanía, y la ONU tiene pendiente desde hace décadas un referéndum de autodeterminación. El Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro) lucha, desde los 70 por la independencia del Sahara Occidental. En 1976 fundó la República Árabe Saharaui Democrática, que integra la Unión Africana. En 1975, la monarquía marroquí invadió, con militares y civiles ("Marcha Verde"), y se apropió del 80 % del territorio, rico en fosfatos y pesca, con el beneplácito encubierto de EEUU y Francia.

Argelia, país con el que Marruecos sostuvo una guerra, en 1963; es el principal apoyo del Frente Polisario.

En 2020 Trump, en contra del derecho internacional y las Resoluciones de la ONU, reconoció la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, a cambio del reconocimiento de Israel por su monarquía (Acuerdos de Abraham), a pesar de la amplia popularidad de la causa palestina entre la población marroquí.

En 2025 la causa saharaui sufrió otro revés al emitir la ONU una resolución que relativiza su anterior respaldo a la autodeterminación de los saharauis.

El régimen represivo de Rabat se muestra muy eficiente en impedir, en general, la presión migratoria desde su territorio hacia Ceuta y Melilla, pero cada vez que España hace algo que disgusta a esa monarquía, "casualmente", se produce un descontrol y miles desbordan los controles y penetran en alguno o ambos de esos territorios. En 2021, por ejemplo, al acoger España al líder del Frente Polisario en un hospital, por un cáncer y COVID.

Pocos días antes de los recientes incidentes, el presidente del gobierno español había visitado Argelia y firmado un acuerdo para incrementar el suministro directo de gas argelino. Anteriormente ese gas pasaba obligatoriamente por Marruecos, la que cobraba peaje por él. En 2021 se inauguró un gasoducto directo, y Marruecos procedió igual que ahora, cuando hasta hay filmaciones de policías marroquíes supervisando la llegada en camiones de los migrantes ilegales.

Otra pincelada del panorama es el hecho de que el rey marroquí acaba de bautizar con el nombre de Donald Trump a la autopista que va al Sahara Occidental.

Encontrarse en Ceuta o Melilla, aunque sean territorio español, de ninguna manera habilita por sí sólo, legalmente, a viajar a la España Europea. Sin embargo, tanto la ultraderecha española, como las que son gobierno en algunos otros países europeos (Italia a la cabeza, a pesar de que los ingresos ilegales por este país a la UE son el doble que por España), han aprovechado la crisis migratoria en Ceuta, de las últimas semanas, para culpar al gobierno de Pedro Sánchez que había impulsado un proceso de regularización de migrantes ya radicados y a autoridades judiciales españolas que habían limitado ciertas expulsiones "en caliente".

Se amagó incluso con excluir a España del Convenio Schengen, que permite la libre circulación de personas entre sus países, mayoritariamente los miembros de la Unión Europea.

A sus cotidianas mentiras, Milei agregó a este respecto otra: Pedro Sánchez "nacionaliza inmigrantes para que voten por él". La regularización no otorga derecho al voto.

Tras el resurgimiento del sentir nacional, impulsado por el incidente de la bandera por Malvinas en el Mundial, el Peluca intentó torpemente subirse a la ola mediante un decreto que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional de extranjeros, a los que dirigieren o incitaren mensajes de odio contra el país o sus ciudadanos.

El principal especialista en dirigir mensajes de odio contra media Humanidad, pretende así colocar en manos de las autoridades migratorias que dependen de él, un arma vaga para posibilitar la expulsión de cualquier extranjero que disienta.

Al mismo tiempo fogoneó al máximo la supuesta ley "de defensa de la propiedad privada" que incluía remover los límites para la extranjerización de tierras. La indignación colectiva generada por esta nueva y obvia entrega del patrimonio nacional, impidió a varios de sus habituales cómplices (gobernadores y senadores) apoyar el proyecto, viéndose obligado así a retirar este capítulo, en vísperas de la gran movilización nacional convocada, y también para desalentar la participación social en la misma.

Sin embargo, además de la insistencia a futuro en la entrega de tierras, las partes subsistentes del proyecto son igualmente nefastas: Piedra libre para los incendios forestales al eliminar la principal sanción a los mismos; atar de manos al Estado para futuras expropiaciones para cualquier obra pública (al decir de Alejandro Bercovich, las principales avenidas de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, nunca se podrían haber construido de haber estado esto vigente); desalojo prácticamente inmediato de muchos inquilinos, ya desprotegidos por la derogación de la ley de alquileres, por DNU, de Milei apenas asumió.

Por todo ello, tanto la movilización como las luchas que continuarán para impedir poner en práctica todos y cada uno de los artículos de ese nefasto proyecto son parte esencial de la defensa de la Patria.

Alberto Cortés

6/8/2026