EL PRINCIPAL NARCOESTADO DEL PLANETA

09.10.2025












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Por Alberto Cortés

El gobierno (especialmente el actual, pero no unicamente) y grandes medios de comunicación, de los EEUU, sostienen una narrativa según la cual ese país es víctima de una agresión a su salud pública, concretamente en materia de drogas; debida a grupos criminales de otras nacionalidades – especialmente latinoamericanos – y el débil accionar (y en algunos casos la complicidad) de los gobiernos de esos otros países.

La preocupación sobre el uso medicinal de la morfina, derivada del opio, por su carácter adictivo, data desde 1870; pero recién en 1914, EEUU promulgó la Ley Harrison de Control de Narcóticos, junto con regulaciones complementarias más taxativas, que comienzan la criminalización de las drogas en el mundo (con la salvedad de políticas internas anteriores de algunos países).

Hasta economistas ultraliberales como Milton Friedman han mostrado que esa prohibición de las drogas es precisamente lo que genera el paraíso de los narcotraficantes; que logran altísimas rentabilidades en sus negocios, gracias a los Estados que – con su persecución (siempre defectuosa), de los narcos menos preparados y sofisticados – mantienen muy altas las ganancias de los mayores carteles. Drogas como la cocaína – perseguida policialmente – aumenta año a año su producción y consumo en el mundo. En cambio, otra legal, como el tabaco, tratada como un problema de salud y no policial, va reduciendo su prevalencia.

Resulta hoy risible leer resoluciones de Naciones Unidas, de 3 décadas atrás que proclamaron "que el período 1991-2000 sería el decenio contra el uso indebido de drogas", o la de 1998 de la Asamblea General, comprometiendo a los países miembros a lograr un "mundo libre de drogas" y "eliminar o reducir significativamente" la producción de opio, cocaína y cannabis para 2008".

El problema de las drogas – y en consecuencia del narcotráfico – ha sido generado artificialmente por los Estados Unidos, y exportado luego al planeta. Esto no significa que una legalización simple y directa pudiera resolver una cuestión que ha adquirido tanta complejidad, y que abarca un sinfín de sustancias y situaciones; pero sí comprender que persistir en la "guerra contra las drogas" lleva (mejor dicho, ya llevó) a una derrota total. Comenzar un debate serio sobre cómo abordar este grave tema mundial, sin prejuicios prohibicionistas; el único camino posible para comenzar a resolverlo.

Esa "Guerra contra las Drogas" fue potenciada, en 1971, por el ex presidente Richard Nixon. Como todas las veces anteriores y posteriores, las aparentes ofensivas de los gobiernos de ese país contra las adicciones, no buscan resolver el problema sanitario; sino usar políticamente esas consignas contra grupos internos o naciones extranjeras a las que desean estigmatizar, acosar, perseguir o agredir: En 1914 eran los inmigrantes orientales. Al prohibir la marihuana (1937) los mexicanos. En 1971 los negros y los hippies (que adversaban la guerra de Vietnam), como confesaría un asesor de Nixon, varias décadas más tarde. En Argentina, esa "guerra" entró de la mano de José López Rega. Hoy, para intentar voltear al gobierno de Venezuela, país que, en todos los informes de la ONU, de la propia DEA y de la Unión Europea ni aparece mencionado en relación a esta problemática, o lo es en un papel muy marginal, como país de tránsito de una pequeña parte de la cocaína colombiana, que en cambio sale a raudales por Ecuador. En sintonía con esta épica belicista, acaba de cambiar el nombre del Departamento de Defensa por "Departamento de Guerra".

Hasta que la Organización Mundial de la Salud, en 1986, fijó posición; en la comunidad médica había mucha controversia sobre la utilización de morfina y sus derivados, para paliar el dolor. Por sus efectos adictivos. A partir de ese posicionamiento, compañías farmacéuticas estadounidenses minimizaron los riesgos y propiciaron que miles de médicos emitieran recetas hasta para un dolor de muelas, sin que el Gobierno regulara eficazmente la producción, la publicidad, la prescripción ni la venta (como sí hicieron gobiernos de otros países).

Periodistas de investigación que estudiaron el tema han afirmado que los verdaderos cárteles que operan en EE.UU. son los laboratorios, no los narcos latinoamericanos.

Para fines de los años 90, decenas de millones de recetas de opioides se emitían anualmente. En ese momento surgieron advertencias por el gran crecimiento de adicciones, sobredosis y muertes relacionados con fármacos legales. Cada vez más, millones de personas reconocieron usos con fines no médicos y ya se conseguían en el mercado ilegal. La epidemia estaba en curso, y los controles fracasaron desde el principio.

En 2007, la justicia concluyó que una de ellas, Purdue Pharma usó "publicidad engañosa" con la oxicodona y mintió sobre los verdaderos riesgos de adicción. El funcionario clave en la aprobación laxa de ese medicamento por el gobierno estadounidense, Curtis Wright, pasó luego a ser empleado de la propia farmacéutica, con un salario mucho más elevado.

En una década, a partir de la distribución masiva y legal de los opioides, las internaciones urgentes por mal uso o abuso aumentaron un 255 %.

En 2017, con 20 años de demora, el Gobierno declaró la emergencia en la materia. El número de muertes siguió en aumento. Las personas llevadas a la adicción por los medicamentos legales recetados, migraron a la heroína y luego al fentanilo, 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Puede matar con apenas dos miligramos. La mortalidad se ha bajado un poco en los últimos tiempos, pero no por reducción de las adicciones, sino por avances en los tratamientos urgentes de casos de sobredosis. Hasta se llegó a proponer tener a mano el antídoto en las escuelas.

Al principio, esta droga, producida con precursores de China, era empleada sólo con fines médicos. Pero en la década del 2000 los narcotraficantes comenzaron a elaborarlo y a mezclarlo con otras drogas como cocaína o metanfetaminas, para hacer más dependientes a los usuarios. Tal como las demás drogas sintéticas, a diferencia de la marihuana, la cocaína o la amapola (para producir opio y heroína), no requiere grandes campos (relativamente fáciles de detectar) para su cultivo. Tampoco camiones, aviones o submarinos para moverla. Bastan laboratorios clandestinos y precursores químicos, para elaborar una sustancia que se puede transportar en pequeños paquetes, ya sea en polvo o pastillas, y que en general los perros no detectan. Se estima que en los EEUU hay unos 3500 de esos laboratorios. Los fallecidos por sobredosis son unos 80.000 al año (después de haber alcanzado 111.000), y en lo que va del siglo, más que triplican la cifra total de muertos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial.

En 1985/86, funcionarios de la administración Reagan se aliaron con el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, para financiar con las ganancias del narcotráfico, a los grupos terroristas que combatían al gobierno de Nicaragua. Por esa agresión, además, los EEUU son tal vez el único país condenado por terrorismo, por la Corte Internacional de Justicia.

Afganistán era un territorio con pocas drogas hasta su ocupación por los EEUU. A partir de esa invasión, se transformó luego, por años, en el principal productor de heroína del mundo (a pesar de que los gobiernos estadounidenses mentían atribuyendo a México la producción). Recientemente, derrotados y expulsados de allí los EEUU, esa producción volvió a reducirse sustancialmente.

Cumple en EEUU una condena de 45 años por narcotráfico Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras. Había llegado al poder, tras el golpe de Estado apañado – según confesión de la ex Secretaria de Defensa, Hilary Clinton – por los EEUU. Luego fue reelecto (en flagrante violación de la Constitución), mediante un fraude electoral que la OEA intentó denunciar, pero fue convalidado por los representantes estadounidenses. Su hermano ya estaba preso por igual motivo.

Son innumerables las evidencias de las asociaciones de la extrema derecha venezolana (Juan Guaidó, Corina Machado, etc.) con el narcotráfico, en especial colombiano, en sus andanzas, cofinanciadas también por los EEUU.

El periodista estadounidense Seth Harp escribió el libro "El cartel de Fort Bragg, tráfico de drogas y asesinato en las fuerzas especiales", en el que desnuda el narcotráfico y varios homicidios relacionados en el interior del tal vez más importante centro militar de los EEUU.

Entre 2017 y 2021, el 86 % de los traficantes de fentanilo detenidos fueron ciudadanos estadounidenses, contradiciendo discursos que responsabilizan a México y a China de la epidemia.

El periodista J.Jesús Esquivel, en su libro "Los cárteles gringos: La crisis del fentanilo en EEUU y el fracaso de la DEA para combatirla", recoge una declaración de un agente de esa agencia, admitiendo que en su país operan cárteles formados por estadounidenses: que no solo compran y venden drogas, sino que dominan rutas, territorios y lavan miles de dólares con la complicidad de los bancos.

La propia DEA ha sido señalada numerosas veces de estar infiltrada por diferentes carteles y dedicarse a regular y no a combatir el narcotráfico, como pregona.

Si algún gobierno norteamericano decidiese alguna vez tomar el toro por las astas en este grave problema, tendrá que mirar primero para adentro: En su propio territorio, en su propia cultura y salud mental de su población, en sus propias instituciones y en la corrupción en ellas; así como en sus propias políticas gubernamentales. Mientras tanto, su discurso al respecto es sólo "pour la galerie", y para encubrir intenciones inconfesables.

Alberto Cortés

25/9/2025