Las elecciones en Brasil y Cerimedo
La elección brasileña se da en un contexto en el que la dictadura de Trump interviene abiertamente en las elecciones de todos los países latinoamericanos, procurando torcer las mismas en favor de los candidatos de la ultraderecha u ocasionalmente, de la derecha. Lo mismo ha ocurrido en Canadá, con la relación al separatismo de la provincia de Alberta, donde se celebra el 19 un referéndum.
En la brasileña, la ingerencia estatal directa fue – hasta donde se sabe – limitada, porque intentos muy obvios, como imponer aranceles extraordinarios al país para – en sus intenciones – perjudicar a Lula, parecían haber sido contraproducentes, al permitirle al presidente exaltar los sentimientos nacionalistas, y además tomar rápidamente medidas que compensaran a los sectores internos perjudicados por la maniobra trumpista. El propio Flavio Bolsonaro, ante la última amenaza de este tipo, pidió públicamente a EEUU postergar esos aranceles (no cancelarlos), hasta después de las elecciones. El consulado norteamericano en San Pablo, realizó reuniones de coordinación de influencers brasileños.
En cambio, el control de las redes sociales por las empresas monopólicas norteamericanas, si jugó un rol importante. Probablemente, a través del direccionamiento de los algoritmos, pero además, abiertamente, al suspender Meta, las cuentas de Facebook e Instagram de Lula, pocos días antes de las elecciones.
Contrariamente a lo que indicaban las encuestas, Bolsonaro quedó, en la primera vuelta por encima de Lula, por 2%. Hubo un efecto "voto útil", en el que muchos que pensaban votar a terceros candidatos en la primera vuelta y a Bolsonaro en la segunda, adelantaron este último voto, haciendo caer drásticamente a esos candidatos alternativos, respecto de las encuestas.
En las últimas 24 elecciones en América Latina, los oficialismos perdieron en 20 (y, entre las 4 restantes, está Ecuador, donde la reelección se obtuvo con un fraude alevoso). Esto muestra una insatisfacción generalizada de los electorados, que hacen difíciles las continuidades. En el caso brasileño, a pesar de buenos indicadores económicos y sociales del gobierno.
En el camino hacia la segunda vuelta del 25 de octubre, Lula ha hecho foco en motivar a los electores que no han votado en la primera vuelta, que suman 33 millones. El nivel de abstención es similar al de elecciones anteriores. Además, si la campaña de Lula logra que parte del electorado simpatizante del PT, especialmente pobres y franjas etarias sin voto obligatorio, comprendan la importancia de esta elección, en la que se juegan sus derechos y, en buena medida, la democracia brasileña, y acudan a las urnas; es posible revertir el resultado de la primera vuelta (2,2 millones de votos de Bolsonaro sobre Lula).
Juegan en contra el hecho de que la mayoría de los candidatos que quedaron fuera son de derecha. El que quedó en tercer puesto, Augusto Cury, tiene un perfil más democrático, que podría permitir disputar, contra el fascismo, parte de los casi 3 millones y medio que obtuvo (más alllá del posicionamiento del candidato en sí), mientras que los demás suman algo más de 5 y medio, pero incluyen también algunos votos disputables.
En el Estado de San Pablo, que aportó casi 13 millones de votos a Bolsonaro, el reelecto gobernador Tarcísio de Freitas se impuso en primera vuelta, y no necesita de la segunda. Habrá que ver hasta donde se juega para que los votantes de la derecha vuelvan a las urnas el 25.
Aunque Lula logre remontar la elección, tendrá que gobernar con una derecha fortalecida en el parlamento, dispuesta a meter palos en la rueda, intentar golpes de Estado y, muy probablemente, intentar juicios políticos a los miembros más democráticos del Supremo Tribunal Federal.
Mientras tanto la mano de Washington se mostró también descaradamente en Bolivia: El Fiscal General Roger Mariaca, principal funcionario a cargo de las investigaciones contra el delincuente (lo denominamos así, genéricamente, para no pormenorizar los numerosos y variados cargos en su contra, con abundancia de pruebas) Fernando Cerimedo, fue acusado por EEUU, e inmediatamente secuestrado, sin orden judicial, por fuerzas de seguridad del presidente Rodrigo Paz. Las acusaciones norteamericanas se basan en declaraciones del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, preso en EEUU. Las leyes norteamericanas permiten y auspician que las autoridades judiciales presionen a los detenidos, condicionando sus situaciones legales a que acusen a otras personas a las que les interesa perseguir, al mejor estilo del "fiscal" Carlos Stornelli, en Argentina.
Mariaca fue luego destituido y remplazado como Fiscal General, en un procedimiento inconstitucional.
Cerimedo, quien había alardeado ante su ex pareja ser agente de la CIA, y que tiene prisiones preventivas sancionadas hasta febrero, había dicho a su entorno que saldría en noviembre. El despliegue de esta nueva operación en Bolivia de la dictadura estadounidense, va mostrando a qué se refería.
Alberto Cortés