Anatomía del «negacionismo» a 50 años del golpe en Argentina

Entrevista a Hernán Confino 

A medio siglo del último golpe militar en Argentina, la disputa por la memoria vuelve a instalarse en el centro de la escena pública. En esta entrevista, el historiador Hernán Confino reconstruye las genealogías del «negacionismo», examina sus vínculos con las nuevas derechas y reflexiona sobre los desafíos que esta ofensiva plantea para la democracia. 

Por Mariano Schuster - Periodista. Es editor de la plataforma digital de Nueva Sociedad. Fue jefe de redacción de las publicaciones socialistas argentinas La Vanguardia y Nueva Revista Socialista. Colabora con medios como Letras Libres y Le Monde diplomatique, entre otros. Es coautor de Mario Bunge y Carlos Gabetta (comps.): ¿Tiene porvenir el socialismo? (Eudeba, Buenos Aires, 2013).

Hernán Confino es historiador e investigador del pasado reciente argentino, con una trayectoria centrada en la historia del terrorismo de Estado, las memorias sociales de la dictadura y las disputas públicas en torno de los lenguajes de la violencia política. En sus trabajos combina la reconstrucción histórica con una pregunta persistente por los usos contemporáneos del pasado: cómo se producen, circulan y se legitiman ciertas narrativas, y qué efectos tienen sobre la democracia, la cultura política y las políticas estatales de memoria.

En Anatomía de una mentira. Quiénes y por qué justifican la represión de los setenta (FCE, 2024), escrito junto a Rodrigo González Tizón, Confino propone una lectura precisa y a la vez incómoda sobre el negacionismo en Argentina: más que una negación abierta de los crímenes, predomina un repertorio de relativizaciones, justificaciones y desplazamientos interpretativos –en particular, la insistencia en la idea de «guerra» y la lógica de la equiparación– que erosionan el sentido del terrorismo de Estado sin necesidad de negarlo de forma frontal. El libro reconstruye la genealogía de la consigna de «memoria completa», analiza la disputa por la cifra de 30.000 desaparecidos y muestra cómo estos argumentos se reconfiguran al apropiarse del lenguaje humanitario de las «víctimas».

A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, esta entrevista retoma esas discusiones para pensar un escenario nuevo: la persistencia social de discursos relativizadores y, al mismo tiempo, su validación parcial desde el propio Estado. Confino reflexiona aquí sobre la relación entre justicia y memoria, los desplazamientos de las derechas contemporáneas y el lugar de la historiografía y las ciencias sociales frente a disputas cada vez más visibles por la verdad histórica en el espacio público.  

En Anatomía de una mentira, el libro que usted escribió junto a Rodrigo González Tizón, se señala que en Argentina los crímenes de la última dictadura no suelen negarse de manera abierta, sino más bien relativizarse o justificarse, muchas veces a partir de la idea de una «guerra interna». Al mismo tiempo, el libro discute el alcance mismo del término «negacionismo» para describir este fenómeno, diferente de otras experiencias históricas como la negación del Holocausto. ¿En qué se funda esta tesis y qué especificidades tiene el caso argentino? ¿Cómo se construyen hoy esas formas de relativización en el debate público y qué recursos les permiten ganar legitimidad y expandirse socialmente?

En Anatomía de una mentira planteamos que la categoría de negacionismo funciona en dos planos: uno analítico y otro político. En Argentina, en el plano político la palabra «negacionismo» se utiliza con frecuencia como un rótulo de disputa en la polémica pública y el debate mediático. Nuestro propósito, en cambio, es enfocarnos en la categoría desde un punto de vista analítico, y es en este sentido en el que buscamos analizar históricamente esos discursos llamados «negacionistas» sin partir de un enfoque prescriptivo: no definimos de antemano qué rasgos harían que un discurso sea negacionista, sino que estudiamos cómo funcionan, qué argumentos movilizan y qué efectos producen. Lo que hacemos, en ese marco, es estudiar un ecosistema de voces que, sin ser abiertamente negacionistas, emplean recursos retóricos y narrativas que, como intentamos demostrar, tienen efectos que sí lo son.

En ese recorrido advertimos una diferencia central con otros casos históricos, como la negación del Holocausto. En Argentina no predomina una negación literal o taxativa de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar. Y esto se vincula, justamente, con las particularidades que tuvo el terrorismo de Estado en Argentina: por un lado, su virulencia y la centralidad de la figura del desaparecido; por otro, el modo en que se desarrolló la transición democrática, especialmente a partir del Juicio a las Juntas Militares de 1985, que estableció una verdad fáctica que vuelve muy difícil sostener públicamente que «no hubo desaparecidos» o que «no existieron centros clandestinos de detención». Frente a ese piso de verdad, quienes buscan relativizar lo ocurrido recurren a otras herramientas que pueden producir efectos negacionistas aun sin adoptar la forma de una negación abierta.

Esas estrategias suelen ser indirectas, pero no por eso menos eficaces. No dicen «no hubo desaparecidos», sino que sostienen que lo sucedido fue «el saldo de una guerra», que las víctimas «se lo merecían» o que la represión fue una «respuesta» a una violencia previa. En vertientes más recientes aparece incluso una convalidación de la «lucha contra la subversión» como única alternativa disponible frente a una amenaza presentada como existencial. En ese marco, el entramado de actores nucleados en torno de la consigna de la «memoria completa» –esto es, la demanda de incorporar como víctimas del periodo a quienes sufrieron la violencia de las organizaciones armadas y de reinterpretar la represión estatal como parte de un conflicto bélico más amplio– localiza la supuesta «mentira» no en la existencia de los crímenes, sino en la cantidad de víctimas o en el modo de encuadrar la violencia –si fue terrorismo de Estado o una guerra–, desplazando así el sentido de lo ocurrido.

La dimensión histórica es clave para comprender estas transformaciones. Como mostró la socióloga Valentina Salvi, las memorias militares pasaron de una reivindicación bélica en los años 1980 –«es la primera vez que se juzga a un ejército que ganó la guerra»– a una narrativa victimológica en la década de 1990, asociada tanto al lenguaje humanitario como al avance de las luchas de los organismos de derechos humanos y de las propias víctimas del terrorismo de Estado. Hacia fines de esa década, bajo la consigna de la «memoria completa», esas memorias ya no buscaban impugnar frontalmente a las víctimas de la represión, sino ampliar el universo de víctimas para incluir también a militares, fuerzas de seguridad y civiles, produciendo una memoria reactiva que reconfigura el pasado sin negarlo abiertamente.

En la actualidad, estas formas de relativización se construyen en el debate público mediante una combinación de recursos: la apelación a una verdad supuestamente oculta, la equiparación entre violencias estatales e insurgentes, el cuestionamiento de la cifra de desaparecidos. Más que negar los hechos, estos discursos disputan su interpretación y su legitimidad. Por eso, el caso argentino presenta una especificidad: no se caracteriza principalmente por la negación literal del crimen (como en otros escenarios históricos), sino por formas de relativización, banalización o justificación que, llevadas al extremo, pueden producir efectos equivalentes de negación sobre el terrorismo de Estado.

Cuando usted habla de «memoria completa», se refiere a un entramado amplio, más que a una única asociación o estructura institucional. ¿Cuándo comienza a operar esta consigna en la historia reciente argentina, cómo se va configurando ese espacio heterogéneo y qué características comparten los actores que se van incorporando a él?

Efectivamente, cuando hablamos de «memoria completa» no nos referimos a una única organización o institución, sino a un espacio simbólico heterogéneo, conformado por actores, asociaciones, discursos y prácticas que se fueron configurando de manera progresiva en la posdictadura. Un punto clave para comprender su surgimiento es que, en Argentina, las memorias militares comenzaron a ser enunciadas en gran medida por la propia «familia militar». A diferencia de otros casos de revisionismo –como el del Holocausto, donde la relectura negacionista fue impulsada sobre todo por intelectuales externos al mundo nazi, principalmente franceses–, aquí la dinámica se configura, hacia fines de la década de 1990, a partir de procesos tanto internos como externos a las Fuerzas Armadas.

En ese contexto, la consigna de la «memoria completa» aparece asociada a figuras centrales del Ejército en la posdictadura. Quien se destaca es el general Ricardo Brinzoni, jefe del Ejército entre 1999 y 2003, que la presenta como una suerte de «complemento» de la autocrítica formulada algunos años antes por su antecesor, el general Martín Balza. A mediados de la década de 1990, Balza había realizado una autocrítica pública en nombre de los militares, reconociendo el carácter ilegal de los métodos represivos. Ese gesto marcó un punto de inflexión en la forma en que el propio mundo castrense recordaba la dictadura, y la apelación posterior a una «memoria completa» puede leerse, en parte, como una respuesta a ese giro.

Sin embargo, este proceso no puede explicarse solo desde el mundo castrense. También tiene que ver con la influencia que alcanzaron en la sociedad las víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares, que instalaron el lenguaje de los derechos humanos como la forma principal de nombrar, juzgar y debatir lo ocurrido en el pasado reciente. En ese marco debe situarse el ciclo de políticas públicas impulsado por los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), en particular la reapertura y el relanzamiento de los juicios por delitos de lesa humanidad y la transformación del predio de la Escuela de Mecánica de la Armada –uno de los centros clandestinos de detención más importantes– en un espacio público de memoria y promoción de los derechos humanos. En un clima de creciente polarización política, esas políticas quedaron fuertemente asociadas al oficialismo y se convirtieron en uno de los blancos privilegiados de la crítica del entramado de la «memoria completa».

Es precisamente en ese contexto que debe entenderse la proyección pública de figuras como la vicepresidenta Victoria Villarruel y del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV). Lejos de reivindicar abiertamente la dictadura, este espacio adopta el mismo registro humanitario que había ganado legitimidad en el campo de los derechos humanos: habla en nombre de las «víctimas», reclama reconocimiento y reparación, y se presenta como una organización jurídica especializada. Como mostró el sociólogo Cristian Palmisciano, el CELTYV contribuyó a «profesionalizar» la «memoria completa», apropiándose de ese lenguaje para reordenar el pasado en clave de equivalencia entre violencias y disputar el monopolio simbólico de la categoría de víctima.

Este desplazamiento también se advierte en las formas de nombrar a los actores. Si en los años 1980 los militares detenidos eran caracterizados como «prisioneros de guerra», hacia fines de la década de 1990 y comienzos de los 2000 comienzan a presentarse como «presos políticos». Se configura así una memoria especular y reactiva: adopta los mismos lenguajes de las organizaciones de víctimas del terrorismo de Estado como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo o HIJOS, pero invierte su sentido y afirma lo contrario en esos mismos términos.

A esto se suma la heterogeneidad interna del propio entramado de la «memoria completa». No se trata de un bloque homogéneo, sino de un espacio donde conviven trayectorias, énfasis y grados de radicalidad distintos. Incluso hay figuras que reconocen el carácter sistemático del terrorismo de Estado y su diferencia respecto de la violencia insurgente, pero participan de agendas, repertorios y circuitos institucionales próximos a ese universo memorial. Esta zona intermedia refuerza la idea de que la «memoria completa» funciona menos como una doctrina coherente que como un ecosistema discursivo capaz de articular posiciones diversas en torno de algunos núcleos comunes: la centralidad de las víctimas de la violencia armada no estatal, la crítica a las políticas reparatorias a los familiares de los desaparecidos y de las víctimas del terrorismo de Estado otorgadas durante los gobiernos kirchneristas, y una relectura causal del ciclo represivo.

Más allá de la caracterización del negacionismo y de las posiciones relativizadoras vinculadas a la «memoria completa», persiste una cuestión decisiva: el estatuto histórico del discurso que equipara violencias y postula la existencia de una guerra. ¿Por qué esa lectura no se sostiene para el caso argentino? ¿Qué alcance real tuvieron las organizaciones armadas en los años previos a la dictadura?

En Argentina, las organizaciones armadas –principalmente el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), de orientación marxista, y Montoneros, inscripto en el peronismo revolucionario– tuvieron, sin duda, un momento de fuerte crecimiento. Alcanzaron un desarrollo importante, incluso en comparación con otros países de la región como Brasil, donde existieron organizaciones armadas, pero con una escala y una capacidad de impacto menores. Ese punto de mayor desarrollo puede situarse en la primera mitad de los años 1970.

Ahora bien, que hayan sido organizaciones robustas no alcanza para hablar de una guerra. Para que exista un conflicto armado interno en sentido estricto no basta con que haya acciones armadas: se requieren condiciones concretas, como control territorial estable, capacidad de ejercer autoridad sobre una población y un grado de equivalencia militar con el Estado. Y esas condiciones no estuvieron presentes en Argentina.

Las organizaciones armadas nunca lograron controlar de manera sostenida un territorio donde pudieran imponer sus normas. El intento más cercano fue el foco guerrillero del ERP en Tucumán, pero fracasó. De hecho, existen discursos que sostienen que el ERP llegó a controlar un tercio o incluso la mitad de la provincia; sin embargo, cuando se revisan los propios documentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas utilizados en el Juicio a las Juntas Militares, se afirma que ese foco no superó una etapa preparatoria y que nunca contó con más de unos pocos cientos de combatientes. Esto está muy lejos de la idea de un territorio liberado o de un poder paralelo.

Por eso, la persistencia en instalar la idea de una guerra por parte de los actores «negacionistas» se vincula con la sobredimensión de la supuesta amenaza «subversiva». En esa exageración quedan contenidas las justificaciones de las ilegalidades cometidas por el Estado. También hay un elemento histórico específico: en los años 70, las propias organizaciones armadas intentaron ser reconocidas como fuerzas beligerantes para quedar comprendidas dentro de las normas de la guerra, pero no lo lograron justamente porque no controlaban territorio ni presentaban equivalencia con el poder estatal.

Y hay algo más: no fue una guerra, pero aun si lo hubiera sido, cabe preguntarse en qué guerra estaría permitido secuestrar a personas de sus casas, tirarlas al mar o apropiarse de sus hijos. Existen límites humanitarios incluso en contextos bélicos, incluidos los relativos al trato de prisioneros o rehenes. El terrorismo de Estado se caracterizó, justamente, por la clandestinidad, la desaparición y el ataque sistemático contra una población mucho más amplia que la de los combatientes armados.

Por lo tanto, la interpretación bélica no se sostiene históricamente. Esto no implica negar que hayan existido organizaciones armadas robustas ni que hayan llevado adelante numerosos operativos durante ese periodo, sino subrayar que esos elementos no alcanzan para caracterizar el proceso como una guerra. En este sentido, creo que también es necesario advertir que ciertas lecturas empáticas con los propios proyectos armados también tendieron a sobredimensionar su poder político o militar, lo que paradójicamente terminó ofreciendo argumentos a quienes buscan relativizar el terrorismo de Estado a partir de esa supuesta amenaza.

En el debate público actual aparece, además, una idea problemática: que bastaría con que las propias organizaciones armadas se pensaran a sí mismas como ejércitos en guerra para concluir que esa guerra existió realmente. Pero la tarea de la historia no consiste solo en registrar lo que los actores creían estar haciendo, sino en analizar las condiciones efectivas en que actuaban. Que Montoneros emitiera «partes de guerra» o que el PRT se organizara como un ejército revolucionario constituye, sin duda, un dato relevante: muestra que esos actores pensaban la revolución en términos bélicos. Pero ese dato, por sí solo, no alcanza para afirmar que en Argentina efectivamente hubo una guerra. Para hablar de guerra son necesarios otros elementos, y esos elementos no estuvieron presentes. La guerra de la que hablan los actores «negacionistas» no existió como tal.

Si la idea de una guerra no puede sostenerse históricamente, sí parece posible rastrear, dentro de sectores castrenses y de amplios espacios de la derecha argentina –desde el nacionalismo hasta el liberalismo conservador–, la construcción temprana de un «enemigo interno», verificable al menos desde el golpe de Estado de 1955 contra el gobierno de Juan Domingo Perón. En ese marco, ¿podría pensarse que lo que tiene verdadero sustento histórico no es la existencia de una guerra, sino la elaboración previa de esa figura del enemigo, para la cual la «lucha antisubversiva» funcionó como justificación ex post, incluso en décadas como 1950 y 1960, cuando todavía no existían organizaciones guerrilleras de envergadura?

La pregunta es muy sugerente porque introduce un problema central del oficio histórico: cómo rastrear antecedentes y pensar configuraciones de larga duración sin caer en una lectura teleológica, es decir, sin suponer que todo fue simplemente un paso preparatorio hacia el terrorismo de Estado. En esa línea, el historiador Esteban Pontoriero propone comprender el terrorismo de Estado a partir de dinámicas de largo, mediano y corto plazo. En el plano de larga duración aparece, precisamente, lo que usted señalaba: la construcción, dentro de las Fuerzas Armadas, de un saber y un hacer contrainsurgente.

Ese «saber hacer» supone, ante todo, un cambio en el paradigma de la guerra. Si hasta entonces el conflicto se pensaba en términos de enfrentamientos entre Estados y ejércitos regulares provenientes del exterior, a partir de la segunda posguerra y, sobre todo, con la intensificación de la Guerra Fría desde la década de 1950, comienza a imponerse la hipótesis de un enemigo ideológico interno que, como planteaba Mao Zedong, se mueve «como pez en el agua» dentro de la sociedad. El desafío pasa entonces por identificar a ese enemigo interno. Esa construcción puede rastrearse en la doctrina del Ejército desde fines de la década de 1950 y comienzos de la de 1960, y para que resulte operativa requiere una categoría necesariamente lábil: no cualquiera en cualquier momento, pero sí un conjunto amplio de actores potencialmente alcanzables por esa definición. Dicho de otro modo, el «enemigo», el «subversivo» debía ser amplio y difuso.

Este punto resulta clave también para el presente. Cuando algunos de los principales propagandistas de la «memoria completa» –como Agustín Laje, Nicolás Márquez o Victoria Villarruel– sostienen que el terrorismo de Estado habría desplegado sus mecanismos ilegales únicamente contra combatientes de organizaciones armadas, no solo formulan un argumento que de todos modos no justificaría esas ilegalidades, sino que además invisibilizan que la categoría de «subversivo» en los años 1970 excedía ampliamente a los guerrilleros. Incluía a militantes legales en sindicatos, universidades y escuelas, así como a religiosos vinculados con la opción por los pobres y la teología de la liberación surgida tras el Concilio Vaticano II. De ese modo, se vuelve a insistir en la idea de una guerra.

Si retomamos la periodización, junto a las condiciones de largo plazo aparecen dinámicas de mediana duración, entre las que pueden ubicarse episodios de violencia estatal como la masacre de Trelew en 1972, cuando fuerzas de seguridad ejecutaron a un grupo de militantes políticos que se había rendido tras un intento de fuga de la cárcel de Rawson, un hecho que para algunos estudios constituye un antecedente directo del terrorismo de Estado. Y, en un tercer nivel, está la coyuntura abierta entre 1973 y 1976. Es justamente ese recorte el que privilegian los discursos de la «memoria completa», al presentar lo ocurrido desde el 24 de marzo de 1976 como una mera respuesta a la conflictividad previa –en particular, a la decisión de las organizaciones armadas de sostener su accionar militar bajo el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón–. Esa lectura reactiva impide ver las dimensiones de más largo alcance y lleva, por lo tanto, a pensar la dictadura exclusivamente como reacción frente a la insurgencia.

Finalmente, el propio «Documento Final» de la dictadura, de abril de 1983, buscó legar esa narrativa a la democracia naciente al definir lo ocurrido como una «lucha contra la subversión», denominación que refuerza la idea de una acción puramente reactiva. Pero si se acepta ese encuadre, se pierden de vista elementos fundamentales del terrorismo de Estado, entre ellos su dimensión de rediseño social frente a niveles de conflictividad considerados intolerables, lo que fue, en definitiva, uno de sus objetivos centrales.

En el capítulo de Anatomía de una mentira dedicado al llamado «número redondo», referido a la cifra de 30.000 personas desaparecidas durante la última dictadura, se retoma la idea de que ese número funciona como una postulación ética frente a la clandestinidad de la represión. Al mismo tiempo, se analiza cómo distintos actores apelan a una supuesta «razón aritmética» para relativizar esa cifra, poner en duda la legitimidad de las víctimas y promover números alternativos en nombre de una pretendida «verdad». ¿Qué implicancias políticas y memoriales tiene esta disputa en torno de las cifras? ¿Cómo se construyen y circulan esos números alternativos y qué efectos producen sobre la comprensión social de la magnitud del terrorismo de Estado?

Lo primero que me interesa señalar es que, del mismo modo en que al comienzo distinguía entre una dimensión analítica y una dimensión política del negacionismo, la cuantificación de las víctimas del terrorismo de Estado también plantea un problema histórico relevante. La discusión sobre si fueron 2 o 30.000 no es, en términos historiográficos, irrelevante: los procesos históricos se estudian y se caracterizan, entre otras cosas, a partir de su escala. Es decir que sí: en historia los números importan, y yo pertenezco a los historiadores que creen que la discusión sobre la cantidad no es menor, sino que es sumamente importante. Ahora bien, como estudioso de este fenómeno, debo decir que es la propia naturaleza del dispositivo represivo –clandestinidad, secreto, eliminación de huellas, desaparición de cuerpos– la que vuelve imposible alcanzar una cifra definitiva.

Desde el inicio, la reconstrucción del universo de víctimas estuvo en manos de los propios afectados, que primero buscaban salvar a sus compañeros, hijos o familiares, y luego reunir denuncias que permitieran demostrar que no se trataba de «excesos» aislados, como sostenía la dictadura, sino de una práctica sistemática. En ese sentido deben leerse tanto las primeras listas elaboradas por organismos y familiares como los informes de Amnistía Internacional en 1976 o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979: intentos de documentar una sistematicidad más que de establecer un número final.

A ello se suma la transformación de la propia memoria social de las víctimas. Si en los años 80 la figura del desaparecido tendía a concentrar la representación del daño, con el tiempo ese universo se amplió para incluir a hijos secuestrados, niños apropiados, exiliados, presos políticos, sobrevivientes y otros afectados. El problema histórico de la cuantificación sigue siendo válido, pero carecemos de fuentes que permitan cerrarlo definitivamente. Paradójicamente, conocer mejor esas cifras permitiría comprender con mayor precisión las dinámicas represivas; sin embargo, los perpetradores nunca revelaron ni el número ni el destino de las víctimas.

Junto a esta dimensión histórica aparece la dimensión política. Resulta paradójico que sectores que en su momento cuestionaron duramente a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) –creada en 1983 por el gobierno de Raúl Alfonsín para investigar el destino de los desaparecidos y reunir pruebas del terrorismo de Estado, cuyo informe Nunca Más se convirtió en un hito fundacional del proceso de verdad y justicia– se presenten hoy como defensores estrictos de la cifra que surge de ese mismo informe. Esto es claro en personajes como Nicolás Márquez, el escritor de extrema derecha que en sus libros califica a la CONADEP como un «organismo de venganza», pero que después utiliza la diferencia entre los registros documentados por la propia CONADEP y la cifra de 30.000 desaparecidos para afirmar que esta última es una mentira. Lo mismo sucede con el ex-militar José D'Angelo, que en su libro Mentirás tus muertos. Falsedades y millones detrás del mito de los 30.000 desaparecidos [El Tatú, 2015] cuestiona la metodología de la CONADEP, pero luego apela a los números de ese organismo para contrastarlo con el de los 30.000. Esta operación omite, deliberadamente, que el propio documento de la CONADEP advertía sobre su carácter necesariamente parcial, basado en denuncias recogidas en apenas seis meses, en un contexto de miedo persistente y de presiones provenientes de los aparatos de inteligencia aún activos. El cuestionamiento del número, entonces, rara vez busca una mayor precisión histórica: más bien tiende a sembrar sospechas sobre las propias víctimas y sobre la legitimidad de sus reclamos.

Este mecanismo no es exclusivo del caso argentino. En múltiples experiencias de violencia masiva –desde el Holocausto hasta los Balcanes o Ruanda–, la disputa cuantitativa aparece como estrategia recurrente para minimizar la magnitud del crimen, sobre todo cuando la violencia fue clandestina. En Argentina, esa operación se articuló además con la idea de que los derechos humanos constituían un «curro», es decir, un supuesto acuerdo espurio entre víctimas y Estado para obtener beneficios indebidos, argumento que ganó centralidad desde el gobierno de Mauricio Macri y alcanzó mayor intensidad con La Libertad Avanza y la gestión de Javier Milei.

Al mismo tiempo, tampoco existen fundamentos documentales para ciertas cifras alternativas difundidas en el debate público, que no surgen ni de la CONADEP ni del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado. Aquí aparece otro problema atendible: la falta de actualización sistemática de ese registro, pese a que continuaron las investigaciones y existieron recursos destinados a esa tarea. En el fondo, la discusión remite nuevamente a una cuestión histórica y política más amplia: qué se entiende por «víctima del terrorismo de Estado» y cómo esa definición se fue transformando desde los años 80 hasta el presente, a medida que se reconocieron nuevas formas de daño y nuevas trayectorias de sobrevivientes.

Usted sostiene que la discusión sobre la cifra de desaparecidos no es solo una cuestión cuantitativa, sino una disputa por el régimen de verdad que organiza la memoria del terrorismo de Estado. En ese marco, ¿por qué la impugnación del número de 30.000 funciona como una operación negacionista aun cuando se presente en términos aparentemente empíricos o historiográficos? ¿Qué se pone en juego políticamente en esa insistencia por disputar la cifra y qué permite comprender sobre las formas contemporáneas de relativización del terrorismo de Estado?

En este punto, creo que la perspectiva de Pierre Vidal-Naquet ayuda a desarmar la trampa de la «razón aritmética». Para el historiador francés, el negacionista no busca establecer la verdad, sino «aniquilar la realidad» para rehabilitar una ideología. En Argentina, la insistencia en reducir la masacre a un listado administrativo –como los 8.961 desaparecidos documentados por la CONADEP– cumple precisamente esa función de aniquilación simbólica.

En este marco, es importante dejar claro que quienes exigen una cifra «exacta» no lo hacen por rigor historiográfico, sino para invertir la carga de la prueba: se pide a las víctimas la precisión que los propios perpetradores impidieron mediante la destrucción de documentos, la clandestinidad represiva y el pacto de silencio. En ese sentido, discutir con quienes usan los números para sembrar sospechas resulta difícil, porque no parten de una búsqueda común de verdad; pero sí es necesario discutir sobre esa operación, para mostrar cómo la cifra se convierte en un arma dirigida contra la legitimidad de los organismos de derechos humanos y contra las políticas públicas memoriales y reparatorias destinadas a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado.

Desde esta perspectiva, la cifra de 30.000 aparece menos como un dato estadístico fallido que como una «postulación ética» –en palabras del escritor Martín Kohan– destinada a proteger la memoria frente a lo que Vidal-Naquet llamaba los «asesinos de la memoria». Lo que está en juego no es solo un número, sino el modo en que una sociedad nombra y comprende la violencia estatal. Por eso, los intentos actuales de degradar esa cifra, presentando las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación como un supuesto «curro» económico –esto es, como si las denuncias del terrorismo de Estado hubieran sido utilizadas de manera fraudulenta para obtener beneficios materiales, indemnizaciones o recursos estatales– no son simples discusiones empíricas, sino intervenciones políticas orientadas a desacreditar a las víctimas y a erosionar los sentidos sociales construidos en torno de la condena de la violencia estatal clandestina.

Al mismo tiempo, me gustaría destacar que la discusión sobre el número de desaparecidos es, aunque parezca extraño, relativamente reciente: la idea de la «guerra interna» antecede a la dictadura; la consigna de la «memoria completa» emerge hacia fines de la década de 1990; la atribución de responsabilidad del terrorismo de Estado a las organizaciones armadas aparece ya en la temprana posdictadura. En cambio, la centralidad de la disputa por el número se instala con fuerza recién en la década de 2010, lo que también obliga a preguntarse por las condiciones de su emergencia.

Dicho esto, afirmar que el número importa no implica sostener que pueda alcanzarse una cifra definitiva. La propia lógica del terrorismo de Estado –clandestinidad, desaparición de cuerpos, destrucción de huellas– vuelve imposible ese cierre. Por eso, más que una cifra precisa, la verdad histórica que se impone desde los años 70 hasta hoy no es «8.961» ni «30.000», sino la existencia de una represión clandestina y sistemática. Esa es, en última instancia, la dimensión que la disputa por el número tiende a oscurecer.

Usted ha señalado que una de las operaciones centrales de los discursos negacionistas consiste en la equiparación de violencias a partir de un lenguaje humanitario centrado en la categoría de «víctima», que supone la existencia de «dos bandos» enfrentados. ¿Qué problemas históricos y analíticos plantea esta lógica de la equiparación? ¿En qué medida esa operación depende, en última instancia, de la instalación de la idea de guerra como marco interpretativo?

Para ser muy concreto, le diré que, tal como usted sugiere, la piedra basal de todo este ecosistema argumentativo es la idea de guerra. Por eso, una cuestión decisiva es la caracterización de la violencia de los años 1970. En el libro sugerimos –quizá con cierta irreverencia– que, en este tipo de relatos, primero se postula la guerra y luego aparece el contendiente que la justificaría. Si se observa en perspectiva histórica, ya a fines de la década de 1950 y comienzos de la de 1960, con el general Carlos Toranzo Montero al frente del Ejército, esa gramática comenzaba a tomar forma. Toranzo Montero fue uno de los principales impulsores de la adopción de doctrinas de seguridad interna en las Fuerzas Armadas argentinas y tuvo un papel central en la aplicación del Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), un dispositivo que habilitó la intervención militar en conflictos sociales y políticos, la militarización de la represión y el juzgamiento de civiles por tribunales castrenses durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962).

En ese contexto, ya se hablaba de «guerra antisubversiva» para referirse a fenómenos como la resistencia peronista, en un clima marcado además por la influencia de militares franceses y sus doctrinas de lucha contra la subversión. Allí se configura un punto decisivo: la disputa por la definición misma de los hechos –si se trató de una guerra o de la construcción progresiva de un dispositivo represivo orientado al aniquilamiento del enemigo interno–. Vista en larga duración, esa controversia semántica no nace en los años 1970, sino que hunde sus raíces en transformaciones doctrinarias previas que hicieron posible, más tarde, la radicalización represiva del terrorismo de Estado.

Por otro lado, su observación sobre la centralidad de la categoría de víctima resulta clave. Pensar en términos de víctimas supone, en principio, que todas valen por igual y que todas las familias tienen derecho a llorarlas. Y esto, desde un punto de vista humano, es claramente así. Desde allí puede discutirse, por ejemplo, en qué medida ciertas víctimas quedaron ocluidas de la memoria institucionalizada en la posdictadura, sobre todo a partir del siglo XXI. Sin embargo, lo que buscamos hacer desde las humanidades y las ciencias sociales es desplazar el eje hacia el análisis de las violencias más que hacia la contabilidad de las víctimas. Son las violencias –sus actores, sus lógicas, sus ritmos– las que permiten comprender históricamente lo ocurrido.

En ese sentido, cuando la discusión se formula exclusivamente en términos de víctimas, se pierde la especificidad de las violencias que las produjeron. Nuestro intento, como historiadores, es precisamente recuperar esa dimensión analítica. Y, si se examinan las violencias en Argentina, no hay equiparación posible entre las organizaciones guerrilleras y el accionar estatal, a diferencia de lo que sí ocurrió en otros escenarios latinoamericanos –como El Salvador, Nicaragua o Colombia–, donde existieron organizaciones armadas de gran escala, con control territorial, articulación con movimientos sociales e incluso formas embrionarias de estatalidad. En esos casos, efectivamente puede hablarse de situaciones de guerra o de conflicto armado interno aun cuando uno de los actores no sea estatal. Por eso, no es que sostengamos que un conflicto armado interno sea imposible cuando uno de los contendientes no es estatal; lo que afirmamos es que eso no sucedió en Argentina. Y, si no sucedió, lo que queda por indagar es cuál es el objetivo de un discurso que busca reinstalar de manera persistente la dimensión de la guerra y de la contienda bélica.

A esto se suma que la propia idea de «guerra» recupera, en buena medida, la narrativa elaborada por la dictadura para explicar su accionar represivo como un enfrentamiento entre dos contendientes, una interpretación que el informe Nunca Más y el Juicio a las Juntas Militares de 1985 habían desarticulado en la transición democrática. Además, cuando se observan las condiciones concretas del periodo, esa caracterización no se sostiene: el universo de personas reprimidas incluyó a amplios sectores no armados de la sociedad –trabajadores, estudiantes, religiosos, activistas–, mientras que las organizaciones guerrilleras no lograron controlar territorios, crear administraciones paralelas ni obtener reconocimiento internacional como fuerzas beligerantes.

En este mismo sentido, vale subrayar que la lógica de la equiparación no solo deja de lado el análisis histórico de las distintas violencias, sino que también actualiza, en un lenguaje humanitario centrado en las víctimas, viejos argumentos de la contrainsurgencia. Al poner todo el foco en el sufrimiento y presentarlo como equivalente, se pierde de vista la diferencia específica de la violencia estatal y se vuelve a instalar, por otros medios, la idea de que en los años 70 hubo una guerra, prolongando en el terreno de la memoria discusiones que nacieron en la propia lógica represiva.

Tras el Juicio a las Juntas de 1985, Argentina atravesó distintos ciclos en materia de justicia: el impulso inicial, el retroceso de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos y, desde 2003, la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, en paralelo –y especialmente en este último periodo– también parecen expandirse discursos que relativizan la dictadura. En ese contexto, ¿cómo se vinculan los distintos ciclos de justicia con la aparición, transformación y proyección pública de estos relatos? ¿Hasta qué punto esos discursos cumplen una función política específica frente al avance del juzgamiento?

La vinculación es muy directa. Lo primero que diría es que los discursos agrupados bajo la consigna de la «memoria completa» no buscan alcanzar un mayor conocimiento sobre lo sucedido, sino que cumplen otra función. Si se observa el primer ciclo de justicia, por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS), una de las primeras organizaciones que reunió a allegados de personas muertas por la acción de organizaciones armadas y que articuló tempranamente un discurso de impugnación a los juicios por crímenes de la dictadura, existió únicamente mientras duró el proceso de juzgamiento: entre 1984 y 1991. Cuando, con los indultos del gobierno de Carlos Saúl Menem, se completa la limitación de los juicios iniciada con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de la segunda mitad del gobierno de Alfonsín, la organización deja de existir. Esto muestra que no se trata de un interés meramente memorial, sino de un proyecto anclado en un objetivo político concreto: evitar el juzgamiento.

En ese sentido, también resulta discutible la idea, presente en cierta literatura comparativa, de que en Argentina se habría obtenido menos verdad de los perpetradores debido a la centralidad otorgada a la justicia, en contraste con procesos de conciliación en otros países. Entre 1990-1991 y la reactivación de las políticas de memoria, verdad y justicia a partir de 2003-2005, las intervenciones públicas de quienes participaron del terrorismo de Estado tendieron, en general, a reafirmar sus posiciones respecto de lo actuado en los años 70, más que a aportar información sustantiva –por ejemplo, sobre el destino de las víctimas–. Esto invita a preguntarse hasta qué punto la ausencia de juzgamiento habría producido realmente mayor verdad.

Con la reapertura del segundo ciclo de juicios, durante la década de 2000, aparecen, además, dos cuestiones centrales. Por un lado, la consolidación de una jurisprudencia que distingue los delitos cometidos desde el Estado –imprescriptibles, entre otras razones porque quienes los perpetran suelen conservar capacidad de presión o vínculos con estructuras de poder– de aquellos cometidos por actores no estatales. En el caso de las organizaciones armadas, cuyos integrantes ya habían sido juzgados durante el alfonsinismo, se sostuvo que, al tratarse de delitos cometidos por civiles, no encuadraban como crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, estaban prescriptos. Este es uno de los puntos sobre los que insiste el entramado de la «memoria completa», al reclamar «memoria completa» como sinónimo de «justicia completa», es decir, la falta de juzgamiento de los guerrilleros. Ese planteo, sin embargo, omite tanto el destino represivo que sufrió la mayoría de ellos como el hecho de que efectivamente fueron juzgados hasta los indultos del presidente Carlos Menem.

En esta segunda etapa –cuando emerge con fuerza el CELTYV, fundado en 2006– el entramado comienza a proyectarse hacia el espacio público. Si antes estas memorias permanecían mayormente dentro de ámbitos castrenses o institucionales, desde entonces se multiplican actos en lugares como la céntrica Plaza San Martín de la Ciudad de Buenos Aires y se intenta disputar visibilidad a la política estatal de memoria impulsada por el kirchnerismo. En ese marco aparecen, por ejemplo, las intervenciones públicas de Nicolás Márquez y una producción editorial que retoma elaboraciones previas del Círculo Militar, como In memoriam.

Finalmente, la articulación entre construcción memorial e intervención política y jurídica en el presente puede verse con claridad en obras como Los llaman… jóvenes idealistas (2009), asociada a Victoria Villarruel, que reconstruye la historia de las organizaciones armadas a partir de sus propios documentos para reforzar la idea de que libraban una guerra. En esa línea, se busca además homologar esas organizaciones con actores como Al Qaeda o Hamás, algo que es francamente absurdo, tanto en términos históricos como geopolíticos y de alcance de estas organizaciones. De allí también el desplazamiento hacia la categoría de «víctimas del terrorismo», que permite profesionalizar la «memoria completa» y tender vínculos con experiencias como la de las víctimas de ETA en España.

Ese uso de la categoría de «terrorismo», y la homologación de organizaciones como el PRT-ERP y Montoneros con Al Qaeda o Hezbolá es muy útil para los actores asociados al entramado de la «memoria completa». Y la razón es evidente: si se califica a las guerrillas argentinas como organizaciones terroristas, los crímenes de esas organizaciones pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, como imprescriptibles. De este modo, buscan forzar un equilibrio judicial que facilite la impunidad o liberación de los militares condenados por el terrorismo de Estado, argumentando que hubo una «guerra» con dos bandos criminales equiparables. Sin embargo, como advirtió el politólogo Richard Gillespie, los términos «terrorismo» y «terrorista» no caracterizan adecuadamente a estas organizaciones, ya que su necesidad de ganar apoyo social derivó en una violencia «discriminada» y «previsible» y no, como dicen Nicolás Márquez o Agustín Laje, en actos de «intimidación del pueblo» –que es un rasgo claro del accionar terrorista–. Según Gillespie, que estudió exhaustivamente a estas organizaciones, la violencia insurgente en Argentina estuvo exenta de los actos de terrorismo al azar, como bombas en lugares públicos concurridos, que definen el accionar de los grupos internacionales con los que hoy se las intenta igualar.

Dado su lugar en el debate actual, me interesa detenerme en la figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel y en el papel del CELTYV. ¿Cuál es su trayectoria y de qué modo logra proyectar este discurso con mayor eficacia pública que expresiones previas, en articulación con una coyuntura política favorable? Asimismo, ¿cómo interpreta usted su inserción en el gobierno de Javier Milei? Más allá de la existencia o no de una política oficial plenamente alineada con sus posiciones, ¿qué relevancia adquiere el entramado de actores, espacios intelectuales, editoriales y sectores religiosos que sostienen y amplifican estas perspectivas?

Es una pregunta muy amplia, pero puede abordarse comenzando por algunos rasgos biográficos de Victoria Villarruel. Es hija y sobrina de militares, y su trayectoria inicial se inscribe claramente en el universo de la llamada «familia militar». En sus primeros años de militancia participa en organizaciones como Asociación Unidad Argentina (AUNAR), vinculada a Fernando Verplaetsen –ex-agente de inteligencia de la dictadura luego procesado por delitos de lesa humanidad–, y también en otros espacios juveniles afines. En la década de 1990, además, visitaba a Jorge Rafael Videla durante su prisión domiciliaria por apropiación de bebés, uno de los pocos delitos no alcanzados por los indultos. En ese primer momento, su posicionamiento aparece estrechamente ligado a la reivindicación de la «lucha contra la subversión», en sintonía con figuras como Cecilia Pando –dirigente de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina, y una de las caras más visibles de la defensa de los militares procesados por delitos de lesa humanidad–, con quien incluso compartió acciones públicas en favor de la liberación de perpetradores del terrorismo de Estado.

El giro se produce hacia mediados de la década de 2000 y puede leerse, en parte, a la luz de lo que Valentina Salvi describe como el pasaje de memorias reivindicativas a memorias victimológicas. Es decir, el paso de la reivindicación de la dictadura a la reivindicación de las «víctimas del terrorismo». Con la creación del CELTYV en 2006, Villarruel comienza a desplazar el énfasis desde la defensa explícita de la represión hacia la centralidad de las víctimas de la violencia insurgente. Esta estrategia tiende a silenciar las diatribas más abiertamente justificatorias y a concentrarse en los efectos de esa violencia, apelando a registros de mayor empatía pública. En ese marco se inscriben sus libros –Los llaman… jóvenes idealistas (CELTYV, 2009) y, junto con Carlos Manfroni, abogado y polemista vinculado a espacios de seguridad y a críticas sistemáticas de las políticas de memoria y derechos humanos, Los otros muertos (Sudamericana, 2014)–, que reconstruyen las muertes provocadas por las organizaciones armadas bajo la premisa de que estas habrían ejercido un terror generalizado sobre la sociedad.

Esa interpretación no solo resulta históricamente discutible, sino que además persigue un objetivo jurídico-político: inscribir los delitos de las organizaciones armadas dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma, que admite su comisión por actores no estatales bajo ciertas condiciones –entre ellas, la existencia de una política sistemática dirigida contra la población civil–, condiciones que no se verifican en el caso argentino. En términos de Salvi, se trata del pasaje de una memoria de vencedores a una memoria de víctimas, desplazamiento que acompaña la propia trayectoria de Villarruel.

Respecto de su inserción en el presente, conviene introducir una cautela propia del trabajo histórico. A 50 años del último golpe de Estado, es posible que estemos ante el cierre de un ciclo en el que la memoria de la dictadura ocupa un lugar cada vez menos central en amplios sectores sociales. Desde esta perspectiva, el ascenso electoral de Villarruel no se explica principalmente por sus posiciones sobre los años 70 ni por un supuesto aumento del negacionismo social, sino más bien por factores políticos y económicos recientes –en particular, el desgaste del ciclo gubernamental anterior– y por una dinámica más amplia vinculada al auge de nuevas derechas a escala global.

En ese contexto, la vitalidad contemporánea de la «memoria completa» parece apoyarse en dos movimientos convergentes. Por un lado, su capacidad de inscribirse en la llamada «batalla cultural» de las derechas actuales, articulando la memoria de los años 70 con agendas de fuerte antagonismo hacia el ecologismo, los feminismos y los colectivos de diversidad sexual, presentados como expresiones contemporáneas de una amenaza ideológica para Argentina. Por otro, la conformación de una coalición heterogénea de actores que cuestionan las políticas de memoria, verdad y justicia impulsadas desde el Estado –en particular, durante los gobiernos kirchneristas– desde posiciones diversas: algunos abiertamente negacionistas y con vínculos históricos con el mundo castrense; otros no necesariamente revisionistas en sentido estricto, pero críticos de esa tramitación estatal del pasado. En esa articulación más amplia, la referencia a una matriz común de peligro que conectaría la «subversión» de los años 70 con agendas progresistas del presente permite explicar tanto la persistencia como la capacidad de actualización de estos discursos, que dejan de operar únicamente como reinterpretaciones del pasado para intervenir activamente en los conflictos culturales y políticos contemporáneos.

En el debate público argentino suele aludirse a la existencia de un «pacto democrático» construido tras la última dictadura, asociado a la condena del terrorismo de Estado y al consenso del Nunca Más. Sin embargo, en el escenario reciente aparecen gestos estatales –como los videos institucionales difundidos el 24 de marzo de 2024 y 2025 o ciertas intervenciones presidenciales– que retoman la interpretación del periodo en clave de «guerra» y vuelven a poner en cuestión el estatuto de las víctimas. ¿Cómo debería leerse esta reconfiguración desde el presente? ¿Qué desafíos plantea para la historiografía y las ciencias sociales la disputa contemporánea por el sentido de la memoria y la verdad histórica?

Lo primero que yo pondría en discusión es la propia idea de un «pacto democrático». No se trata de una ocurrencia individual –también lo ha señalado Marina Franco, historiadora experta en la materia–, sino de advertir que quizá fue un error convertir en principio normativo una caracterización histórica que, en realidad, tuvo un fuerte componente contingente. Cuando observamos la transición argentina bajo el gobierno de Alfonsín, aparecen factores muy específicos en el modo en que se desarrollaron tanto el proceso de justicia como la negociación con las Fuerzas Armadas. Estas debieron hacerlo en condiciones de desventaja no tanto por un consenso extendido en torno de la condena de la «lucha antisubversiva», sino por elementos como la crisis económica y, sobre todo, la derrota en Malvinas. Pensar que una coyuntura atravesada por actores, pero también por la contingencia y el azar, puede erigirse en principio regulador permanente de la vida en común resulta, en ese sentido, problemático, más aún si se consideran las renovaciones generacionales ocurridas en estos 40 años de democracia.

Desde esta perspectiva, el llamado «pacto del Nunca Más» aparece menos como un fundamento originario de la democracia que como una construcción retrospectiva: una narrativa que funcionó durante décadas como abrigo simbólico frente a la amenaza de repetición. La pregunta decisiva es qué ocurre cuando ese abrigo pierde eficacia en el presente, ya sea por transformaciones generacionales, por cambios en el contexto internacional o por la emergencia de actores políticos dispuestos a disputar abiertamente el sentido de la memoria. Interrogar esa noción no implica relativizar la gravedad del terrorismo de Estado, sino examinar críticamente los usos contemporáneos de ese consenso.

En ese marco, el escenario reciente introduce un elemento cualitativamente distinto. No se trata solo de la persistencia social de discursos relativizadores, sino de su validación desde el propio Estado. Gestos como el de los videos institucionales difundidos el 24 de marzo de 2024 y 2025 operan mediante una forma indirecta de negación: no refutan frontalmente el terrorismo de Estado, pero desplazan el foco narrativo, eluden nombrar la dictadura, los desaparecidos o el carácter sistemático de la represión y reorganizan el relato en torno de la idea de una violencia previa que funcionaría como explicación suficiente. Conviene recordar que el video de 2024 fue protagonizado por tres personajes del entramado de «memoria completa» como Juan Bautista «Tata» Yofre, Luis Labraña y María Fernanda Viola, y que en él no solo se discutía la cifra de 30.000 desaparecidos (que el ex-militante montonero Luis Labraña dice haber inventado él), sino que también se planteaba una desresponsabilización de la Junta Militar, bajo el argumento de que, en el momento de irrupción de la dictadura militar, Argentina estaba sumida en un caos por las bombas y asesinatos de la guerrilla. En el caso del video de 2025, protagonizado por Agustín Laje, se hacía referencia a la «teoría del demonio único» –que se atribuiría al kirchnerismo, la izquierda y los organismos de derechos humanos–, según la cual solo se responsabiliza de lo ocurrido en la década de 1970 a las Fuerzas Armadas. No es casual que Laje acabara su intervención, de casi 20 minutos, apelando a la «verdad completa» y que el video fuera compartido en las redes sociales y páginas web gubernamentales bajo la consigna «24 de marzo: Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa». El agregado de «completa» mostraba a las claras la sintonía gubernamental con los actores que relativizan el terrorismo de Estado.

Algo similar puede advertirse en la afirmación realizada por Javier Milei en el debate presidencial del 1 de octubre de 2023, cuando sostuvo que en Argentina «se había librado una guerra», redujo la represión ilegal a meros «excesos» de las fuerzas estatales y cuestionó la cifra de víctimas, que ubicó en 8.753 desaparecidos. Esta intervención no solo recuperaba formulaciones del propio régimen militar, sino también su encuadre interpretativo general: la existencia de dos violencias equivalentes y la presentación de la acción estatal como respuesta defensiva frente a la «subversión». En ambos casos, más que una negación abierta, lo que aparece es una reconfiguración semántica que reactualiza categorías elaboradas por la dictadura y las proyecta sobre el presente democrático.

Cuando el Estado adopta ese lenguaje –la «guerra», la equiparación de violencias, la idea de simples «excesos»– deja de discutirse solo el pasado y empieza a ponerse en cuestión un principio básico del presente democrático: que el terrorismo de Estado marca un límite que no puede justificarse. Allí aparece el riesgo principal. Si la violencia estatal del pasado se vuelve aceptable en el relato, también puede volverse pensable en el futuro, sobre todo cuando esos lenguajes se combinan con nuevas formas de construir amenazas en la política actual. Lo que vemos, entonces, es la reactivación de una manera de interpretar el conflicto político heredada de la «lucha antisubversiva», ahora integrada a los discursos culturales y políticos de las derechas radicales. La producción de nuevos enemigos y la legitimación retrospectiva de la violencia estatal forman parte de ese mismo proceso.

Me gustaría detenerme en su cuestionamiento a la idea de un «pacto democrático», que a menudo se presenta como un acuerdo fundacional relativamente estable de la vida política argentina, asentado en consensos básicos como el rechazo a la violencia política y la condena del terrorismo de Estado. Sin embargo, en la coyuntura actual se observa que sectores tradicionalmente identificados con una derecha comprometida con el Estado de derecho se han desplazado hacia posiciones que tensionan esos consensos. ¿Cómo interpreta este corrimiento? ¿Estamos ante la erosión de un acuerdo que efectivamente existió o, más bien, ante la evidencia de que ese supuesto pacto siempre fue más contingente y frágil de lo que se creía? ¿En qué medida el ascenso del espacio que hoy gobierna y el retroceso de políticas de derechos humanos expresan una disputa más profunda por el sentido mismo de la transición democrática?

Como usted sabe, ahora se habla mucho de la polarización, pero debo decirle que creo que, más que una polarización simétrica, lo que existe es una radicalización de la derecha: un corrimiento constante de sus límites, frente al cual el campo progresista o la izquierda democrática se desplaza para preservar algún terreno común de acuerdos. Incluso si se toma el ejemplo de los indultos de los años 90, cabe preguntarse si eso no habría vulnerado ya el supuesto «pacto del Nunca Más», en caso de que realmente hubiera existido como tal.

En relación con el conglomerado político que hoy gobierna, tengo la impresión de que la agenda sobre los años 70 ocupa un lugar relativamente subordinado dentro del programa de La Libertad Avanza, lo que también ayudaría a explicar el corrimiento de Victoria Villarruel de los espacios centrales de decisión. Sin embargo, al mismo tiempo se observa un desmantelamiento material de políticas de derechos humanos –incluidos despidos de equipos dedicados a la recolección de información para causas judiciales–. Esto podría leerse como un ensañamiento particular contra ese campo, en parte porque las políticas de memoria, verdad y justicia fueron uno de los ejes identitarios del kirchnerismo y, al convertirse en trinchera política, habilitaron que la oposición buscara ocupar el lugar contrario. Dicho esto, también cabe preguntarse si ese retroceso responde a una persecución ideológica específica o si forma parte de un desmantelamiento más amplio que alcanza a la política científica, educativa o al empleo estatal en general.

Hay, además, un punto que me interesa subrayar: dudo que el auge del ecosistema de la «memoria completa» pueda explicarse únicamente como un backlash frente a la memoria del kirchnerismo. Primero, porque habría que precisar qué se entiende por «memoria kirchnerista»: no es lo mismo la señalización y la museificación de centros clandestinos o el juzgamiento de represores que ciertas lecturas épicas sobre la militancia armada. Y, en segundo lugar, porque los discursos actuales de ese entramado –como puede verse en intervenciones de Agustín Laje o en formulaciones previas de Nicolás Márquez– no se limitan a cuestionar esa narrativa reciente, sino que apuntan más profundamente a reinstalar la idea de que en los años 70 hubo una guerra.

Desde esta perspectiva, lo que se intenta erosionar no es solo una memoria política contemporánea, sino los propios cimientos de la transición democrática: el informe Nunca Más y el Juicio a las Juntas, que fueron los que desarticularon históricamente la interpretación bélica del periodo. Por eso, antes que una mera reacción al kirchnerismo, lo que aparece es una disputa más profunda por el sentido mismo de la transición y de la democracia argentina.

En este escenario, ¿qué papel cumplen ciertos ex-militantes y comunicadores sociales dentro de la construcción y circulación de estos relatos? ¿Cómo inciden sus intervenciones en la legitimación pública de estas interpretaciones sobre el pasado reciente?

Aquí conviene introducir primero una distinción analítica que nosotros proponemos: la que separa a quienes equiparan las violencias estatales y no estatales de quienes no lo hacen. Ese punto funciona, en cierto modo, como un dique fundamental que divide aguas, aunque existan trayectorias particulares más complejas.

Un caso singular es el de Ceferino Reato, periodista e historiador de amplia circulación en el mercado editorial masivo, autor de libros como Operación Traviata [Sudamericana, 2008], Los 70 [Sudamericana, 2020]o Disposición final [Sudamericana, 2012] (en el que entrevista al dictador Jorge Rafael Videla), que reconstruyen episodios de la violencia política de los años 70 a partir de fuentes judiciales y testimoniales. Su agenda dialoga en varios aspectos con el universo de la «memoria completa» y con espacios como el CELTYV; sin embargo, en uno de sus libros reconoce explícitamente que el terrorismo de Estado es incomparable con la violencia insurgente. Esa admisión lo vuelve una figura más ambigua dentro de este mapa: comparte ciertas preguntas y énfasis, pero no sus conclusiones más radicales.

Distinto es el caso de Juan Bautista «Tata» Yofre, ex-director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de Carlos Menem y luego periodista e historiador. En sus libros sobre los años 70 y la transición, construye una narrativa basada en documentos de inteligencia que tiende a sobredimensionar la amenaza guerrillera y a presentar el periodo 1973-1976 como una espiral de violencia tal que el golpe de Estado aparece, implícitamente, como una salida casi inevitable o incluso comprensible. Su intervención no niega los crímenes, pero reordena el contexto de modo tal que la dictadura se vuelve reacción y su irrupción se vuelve tolerable.

El caso de Luis Labraña presenta otra singularidad. Ex-militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros radicado en Europa, se hizo conocido públicamente por atribuirse la «invención» de la cifra de 30.000 desaparecidos sin aportar pruebas verificables. En entrevistas periodísticas –como la realizada por Jorge Fontevecchia– no logra precisar ámbitos, actores ni circunstancias concretas que respalden esa afirmación. En el análisis del libro, su aparición pública en ese registro funciona como un recurso útil para sectores del entramado de la «memoria completa», en tanto permite desacreditar globalmente la lucha de las víctimas del terrorismo de Estado mediante la idea de una cifra supuestamente fabricada.

Dicho esto, también es importante evitar lecturas simplificadoras. Señalar inconsistencias, errores o tensiones en las memorias construidas durante el kirchnerismo no implica validar la equiparación de violencias, que es anterior y remite a interpretaciones sobre los años 70 ya cuestionadas en la década de 1980. Al mismo tiempo, la circulación pública de estos discursos no puede explicarse solo por afinidades ideológicas: también intervinieron mediaciones culturales y editoriales. Actores del campo editorial masivo contribuyeron a que estas narrativas alcanzaran gran visibilidad en librerías y medios. Esto muestra que su expansión responde a dinámicas culturales más amplias que las estrictamente políticas.

Fuente:

https://nuso.org/articulo/dictadura-50-anos-golpe-derechos-humanos-negacionismo/