Bajo la bota de Trump
La lucha contra el narcotráfico es la excusa de Donald Trump para fortalecer su política de intervención en América Latina. Esta creciente militarización del vínculo de Washington con la región degrada la democracia y pone en cuestión las soberanías nacionales. Además, el resonante triunfo electoral de Lula abre interrogantes a futuro.
Por Sebastián Cutrona - Profesor asociado de la escuela de estudios internacionales de la O.P. Jindal Global University de la India.
"No los necesitamos; ellos nos necesitan". Así respondió Donald Trump al ser consultado sobre el futuro de las relaciones con América Latina en enero de 2025, al inicio de su segundo mandato. La frase no sólo generó alarma en muchos gobiernos de la región alineados con el líder republicano, sino que además puso al descubierto una realidad de fondo: la creciente irrelevancia de América Latina en los años anteriores. Pero en apenas unos meses la agenda de Washington dio un giro inesperado y, bajo la consigna de seguridad, la misma utilizada en reiteradas ocasiones en el pasado, la región volvió a ubicarse en el radar de Estados Unidos. Sin embargo, detrás de la agenda de seguridad se esconde una estrategia más amplia: convertir la lucha contra el narcotráfico en una justificación para expandir la influencia de Washington y recuperar la hegemonía regional.
Regreso al radar
El primer gobierno de Trump, sin una política hemisférica clara y previsible, acentuó el creciente desinterés diplomático por América Latina, una situación que Schenoni y Malamud sintetizaron como la "irrelevancia" latinoamericana (1). Con solo una visita durante la cumbre del G-20 en Buenos Aires, la relación con la región se mantuvo en un plano marginal y estuvo centrada en una "agenda negativa", con el narcotráfico y la inmigración como ejes preponderantes. A pesar de haber reconocido la vigencia de la Doctrina Monroe en un discurso ante las Naciones Unidas en septiembre de 2018, la primera gestión de Trump se limitó a intentar distanciar a los gobiernos latinoamericanos de China mediante presiones, sanciones y represalias.
Esta lógica coercitiva se hizo especialmente visible en materia de seguridad. En su lucha contra el narcotráfico, Trump buscó constantemente externalizar hacia la región los costos de "la guerra contra las drogas". A diferencia del pasado, Washington no proyectó su política de drogas mediante recursos económicos y asistencia militar, como había ocurrido con programas emblemáticos como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, sino a través de la coerción y la presión diplomática directa. El despliegue militar norteamericano en América Latina fue, en aquel momento, relativamente discreto, especialmente en comparación con una retórica más agresiva. Esta última combinó amenazas de descertificación y presión para que Colombia intensificara su política de erradicación forzosa de cultivos de coca, con sanciones a funcionarios venezolanos por presuntos vínculos con el crimen organizado transnacional, el respaldo a las políticas de mano dura implementadas en América Central y el uso discursivo del muro fronterizo con México.
Tras los cuatro años de gobierno de Joe Biden, las drogas ilegales –en particular el fentanilo– ocuparon un lugar sobresaliente en la campaña presidencial de 2024. La contienda electoral reencendió el debate sobre la crisis sanitaria norteamericana, que solo en 2023 había dejado cerca de 76 mil muertos por sobredosis del opioide sintético (2). Frente a la tímida posición demócrata, las propuestas de Trump reforzaron su enfoque punitivo, centrado en combatir la oferta de drogas ilícitas en América Latina y plasmado en eslóganes grandilocuentes como "aniquilar a los narcotraficantes".
A diferencia de lo ocurrido durante su primer mandato, cuando el discurso punitivo no se tradujo en políticas concretas, esta vez actuó con rapidez. En su primer día en la Casa Blanca, Trump reafirmó la centralidad de la agenda de seguridad al designar formalmente a los carteles de drogas como organizaciones terroristas –una medida que había quedado pendiente de su gestión anterior y que permite ampliar los recursos y herramientas para enfrentarlos, incluyendo la intervención militar–. Su empeño en combatir la oferta se vio reflejado no sólo en recortes presupuestarios, despidos de personal y reestructuraciones en áreas claves de salud mental y abuso de sustancias en Estados Unidos, sino también en su Declaración de Prioridades de Política de Drogas. En este documento, difundido por la Casa Blanca en abril de 2025, el gobierno fijó dos objetivos centrales: reducir el tráfico global de drogas ilícitas y limitar su disponibilidad en territorio estadounidense.
América Latina se encuentra nuevamente en el radar de Estados Unidos, aunque no necesariamente por buenos motivos.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada en noviembre de 2025, estableció las bases de esta visión. Bajo una lógica transaccional que privilegia a los gobiernos políticamente alineados y castiga a los adversarios, Trump le dio finalmente sustento material a su ambición de reinstalar la Doctrina Monroe –o "Doctrina Donroe", como el propio Presidente la rebautizó– y restablecer el dominio estratégico de Estados Unidos en América Latina. Pero la centralidad de la región no vino acompañada de recursos económicos dado que Washington ha continuado trasladando a los países de América Latina la carga –y el costo financiero–de garantizar la seguridad regional.
El Escudo de las Américas
América Latina se encuentra nuevamente en el radar de Estados Unidos, aunque no necesariamente por buenos motivos. El peso de la migración irregular y, fundamentalmente, el tráfico de drogas ilícitas, en un contexto de rápido crecimiento de la influencia de China en el hemisferio, contribuyeron a que Washington recuperara el interés por la región.
La llegada al poder de gobiernos de diferentes variantes de derecha, identificados con Trump, favorece los intereses estadounidenses en América Latina. La nueva agenda de seguridad de Washington ha sido particularmente bienvenida por Nayib Bukele (El Salvador), principal referente de las políticas de mano dura en la región, Daniel Noboa (Ecuador), Javier Milei (Argentina) y Santiago Peña (Paraguay). También por la ola de presidentes de derecha recientemente electos, como Laura Fernández (Costa Rica), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Nasry Asfura (Honduras) y Abelardo de la Espriella (Colombia).
América Latina se encuentra nuevamente en el radar de Estados Unidos, aunque no necesariamente por buenos motivos.La afinidad política no se agota en la ideología; se ha traducido en un repertorio común de políticas de seguridad. Los aliados de Trump, en mayor o menor medida, construyeron sus victorias electorales con discursos punitivistas y promesas de fortalecer el aparato de seguridad. La intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna en distintos países, la construcción de cárceles y la adopción de poderes de emergencia son la base de este enfoque.
La materialización de este alineamiento con Washington es el "Escudo de las Américas," una alianza contra el crimen que Trump lanzó en marzo de 2026, en una cumbre celebrada en Florida. La iniciativa, que ya reúne a 18 países de América Latina y el Caribe, contempla diversos esfuerzos militares y de seguridad para neutralizar a las organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico, una fórmula que el propio Presidente estadounidense resumió como "el uso de la fuerza militar letal para destruir siniestros carteles y sus redes terroristas".
No es el dinero, estúpido
A pesar del contexto político favorable, la asistencia económica en materia de seguridad no acompaña la retórica punitivista de Trump. Luego de seis décadas, el 1 de julio de 2025 el Presidente dispuso oficialmente el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), una institución dedicada al abordaje de factores estructurales detrás de la delincuencia organizada y la inmigración irregular, a la que el gobierno responsabilizó de promover el "despilfarro" y una "agenda izquierdista".
Lejos de compensarse con otras iniciativas, a la disolución de la USAID y sus programas para América Latina se sumó una disminución general de la asistencia económica a la región, incluso con los gobiernos alineados. Los desembolsos en concepto de "seguridad y paz" para América Latina y el Caribe fueron de 179 millones de dólares en 2025, una cifra significativamente inferior a los 229 millones ejecutados durante el último año del gobierno de Biden. Incluso las erogaciones por el mismo concepto a fines del primer mandato de Trump se habían situado muy por encima de los recursos ejecutados el año pasado, con cerca de 354 millones de dólares (3).
El caso colombiano –el mayor receptor de ayuda militar estadounidense en la región desde principios de la década de 2000– resulta ilustrativo. Pese a la promesa de un nuevo paquete de asistencia de alrededor de 1.000 millones de dólares anunciado por el Departamento de Estado tras la llegada de Abelardo de la Espriella al poder en agosto pasado, Colombia recibió de Estados Unidos en 2025 sólo 90 millones de dólares en concepto de "paz y seguridad". Si bien esa modesta asistencia económica obedece, en parte, a los conflictos diplomáticos con Gustavo Petro durante ese año, la situación no había sido muy distinta en 2020, cuando Iván Duque, un aliado estrecho de Washington, presidía Colombia y el país accedió a apenas 117 millones de dólares.
La misma disonancia se aprecia, con mayor nitidez, en el rubro específico de las drogas. Si bien la estrategia contra las drogas para el año 2026 plantea un escenario definido por una retórica de guerra explícita, entre cuyos objetivos principales figura desarticular la cadena de suministro mediante el "ataque" a "enemigos" involucrados en la producción de sustancias ilícitas y precursores químicos, Estados Unidos sólo destina el 2,3% de su presupuesto a combatir la oferta internacional –en 2007, por ejemplo, este componente representaba el 11,5% del presupuesto (4)–.
De la diplomacia a la intervención militar
La escasa asistencia económica no ha impedido que Trump se involucre directamente en la región. A la ampliación de la lista de organizaciones terroristas extranjeras y la designación del fentanilo como un "arma de destrucción masiva" se ha sumado la intervención militar directa. La campaña militar contra embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico ha dejado ya un saldo de cerca de 240 muertos. Desde su comienzo hace más de un año, las Fuerzas Armadas estadounidenses han ejecutado decenas de bombardeos, una práctica que diversas personalidades y organizaciones multilaterales han calificado como "ejecuciones extrajudiciales" y que podrían incluso constituir crímenes internacionales.
La presencia de tropas norteamericanas sobre el terreno también se ha incrementado. En marzo de este año, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que busca replicar en Ecuador las políticas de seguridad implementadas por Bukele, recibió el apoyo de fuerzas militares norteamericanas en la lucha contra las denominadas "organizaciones terroristas". Más recientemente, fuentes oficiales de Estados Unidos –citadas por The New York Times pero cuestionadas por el gobierno– indicaron que un batallón de 600 soldados de la 10ª División de Montaña se trasladó a una nueva instalación de entrenamiento en la selva en Panamá, para luego apostarse en Colombia y Honduras. Esta operación, dirigida por el Comando Sur, significaría el mayor emplazamiento reciente de tropas norteamericanas en la región en ausencia de un conflicto bélico o un desastre natural. Ni siquiera en 2007, durante uno de los momentos álgidos del Plan Colombia, las tropas estadounidenses en Colombia superaron el techo de 563 militares (5).
En este contexto de creciente intervención directa, el gobierno republicano ha impulsado las ventas militares y la transferencia de equipamiento –incluidos drones MQ-9 Reaper, trasladados desde África a Colombia y Ecuador– y presionando a los gobiernos conservadores de la región para que compren armas de fabricación estadounidense. La creación de una oficina en el Pentágono encargada de supervisar las operaciones contra los carteles de drogas, impulsada originalmente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, constituye una señal inequívoca: la intervención militar norteamericana en América Latina deja de ser una eventualidad para convertirse en una política permanente.
Más allá de la guerra contra las drogas
Aunque la crisis de consumo de drogas en Estados Unidos es real, la lucha contra el narcotráfico no alcanza para explicar la escala y las modalidades de esta nueva política de intervención. Diversos indicios apuntan a otro objetivo. Entre ellos, se pueden mencionar la captura de Nicolás Maduro por presuntos vínculos con el narcotráfico, pese al papel marginal de Venezuela en la crisis sanitaria norteamericana, y el posterior acuerdo petrolero, que beneficia claramente a las empresas de Estados Unidos; el indulto de Trump al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de convertir a su país en un "narco Estado", y la exclusión inicial de Colombia y México del Escudo de las Américas –gobernados entonces por Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum–, pese a que sus países son actores centrales en la producción y tráfico de drogas. Todo esto sugiere que la seguridad opera como instrumento de subordinación geopolítica, orientada a asegurar el acceso a recursos estratégicos y contener el avance chino en la región.
Mientras tanto, los impactos sobre el crimen organizado difícilmente sean favorables. La interdicción y la militarización, como muestra la experiencia latinoamericana, rara vez resuelven los problemas de seguridad. Por el contrario, la convergencia regional en torno a respuestas punitivas y militarizadas puede amplificar la violencia y acelerar la deriva autoritaria de varios gobiernos conservadores. El riesgo, en otras palabras, no es únicamente que las políticas impulsadas por Estados Unidos resulten ineficaces a la hora de enfrentar el crimen organizado, sino que erosionen las instituciones democráticas.
La continuidad de esta agenda, sin embargo, no está garantizada. Trump decía que llevaba "nueve de nueve" victorias electorales de candidatos a los que había respaldado. Pero el resonante triunfo de Lula en Brasil el domingo 25 de octubre frustró esa jactancia. Además, las sociedades latinoamericanas muestran un gran malestar: en 8 de los 11 países miembros del Escudo de las Americas relevados por LAPOP (6), la población votaría hoy por un partido de la oposición. La confianza en Estados Unidos es también la más baja desde 2012: hoy sólo el 40% de los encuestados dice confíar en Washington.
1. Luis Schenoni y Andrés Malamud, "Sobre la creciente irrelevancia de América Latina", Revista Nueva Sociedad 291, enero-febrero de 2021.
2. Sebastián A. Cutrona, "Fentanilo: el (todavía) difícil camino hacia el Sur", Foreign Affairs Latinoamérica, 2024.
3. Foreign Assistance, Departamento de Estado, 2026, https://foreignassistance.gov/
4. National Drug Control Budget, Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, 2024, https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2024/03/FY-2025-Budget-Highlights.pdf
5. Adam Isacson, Background and Statistics on the Colombia Personnel Ceilings, 2026, https://adamisacson.com/files/1006_co_troop.pdf
6. Pulse of Democracy, LAPOP, 2026, https://cdn.vanderbilt.edu/vu-wpfsx/wp-content/uploads/sites/157/2026/09/AAFF_LAPOP2026_2SET_HIGH.pdf
Fuente:
https://www.eldiplo.org/329-rebelion-en-francia/bajo-la-bota-de-trump/