El "Consejo de la Paz" de Trump en tiempos de genocidio: una máquina de guerra contra los pueblos
POR ERIC TOUSSAINT
Aunque Donald Trump se presenta como un presidente de la paz, su segundo mandato, lejos de suponer un retroceso en el uso de la fuerza, viene acompañadode una aceleración del aumento del gasto militar de Estados Unidos, de un mayor recurso a la fuerza armada brutal y de una multiplicación por parte de Washington de las violaciones del derecho internacional, del derecho de la guerra y de los derechos humanos. Esta evolución ya ha contribuido a la aparición o al agravamiento de nuevos conflictos internacionales y hace que exista el riesgo de nuevas conflagraciones e incluso de una ampliación de las guerras, que podrían alcanzar una dimensión mundial.
Presentado por Donald Trump como un instrumento destinado a instaurar la paz, el «Consejo de la Paz» constituye una de las iniciativas más peligrosas de su nueva administración, aunque finalmente pueda acabar siendo un fiasco. Sin embargo, hay que ir más allá: el Consejo de la Paz es, ante todo, una instancia colonial. Su primera función concreta es permitir que Estados Unidos y sus aliados asuman el control político, de seguridad y económico de Gaza tras haberla dejado devastada por la guerra israelí. Por lo tanto, no se trata simplemente de una nueva institución destinada a eludir los mecanismos multilaterales existentes. Se trata de un mecanismo destinado a organizar, bajo el pretexto de la «paz», la puesta bajo tutela de un territorio palestino y a crear las condiciones políticas para una nueva etapa de su colonización.
La guerra librada en Gaza y el apoyo de Washington a la política genocida de Israel constituyen, en este sentido, un indicador fundamental: permiten comprender el tipo de «paz» que esta nueva institución pretende promover.
La creación del Consejo de la Paz se inscribe en una ofensiva sistemática destinada a debilitar, eludir y combatir las instituciones internacionales creadas tras la Segunda Guerra Mundial, como las Naciones Unidas, la OMS, la UNESCO, la Corte Penal Internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la UNRWA, etc.Pero no basta con presentar esta ofensiva como un simple ataque externo contra un sistema internacional coherente e intrínsecamente progresista. La historia de la ONU es profundamente contradictoria. Ha constituido un marco importante para las luchas de los pueblos oprimidos, pero también ha contribuido, en momentos decisivos, a legitimar las relaciones de dominación. La historia de Palestina ofrece uno de los ejemplos más dramáticos.Hay que ser conscientes de lo que está en juego.
LA ONU, EL DERECHO INTERNACIONAL Y SUS CONTRADICCIONES HISTÓRICAS
Tras 1945, a pesar de todas sus limitaciones y del dominio persistente de las grandes potencias, las Naciones Unidas y las convenciones internacionales permitieron consagrar en el derecho una serie de principios fundamentales: la prohibición de la agresión, la igualdad soberana de los Estados, el derecho de los pueblos a la autodeterminación, el derecho inalienable de los pueblos a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales[1], la prohibición del genocidio y de los crímenes contra la humanidad y la protección de la población civil en tiempo de guerra.Pero estos principios no cayeron del cielo ni son fruto de una voluntad desinteresada de las grandes potencias que fundaron la ONU.En sus primeros años de existencia la ONU seguía estando dominada en gran medida por las antiguas potencias coloniales.
La cuestión palestina constituye una contradicción fundamental
En noviembre de 1947 la Asamblea General aprobó la resolución 181 que preveía la división de la Palestina bajo mandato en dos Estados, uno árabe y otro judío, así como un régimen internacional para Jerusalén.Esta decisión se toma cuando la mayoría de la población de Palestina es palestina y no ha sido consultada sobre la división de su propio país. La Resolución 181 contribuyó así a legitimar internacionalmente una división impuesta desde el exterior,proporcionandoel marco político en el que las fuerzas sionistas pudieron proseguir su proyecto colonial. A raíz de esta resolución las milicias sionistas iniciaron la expulsión masiva de cientos de miles de palestinos y la destrucción o el despoblamiento de cientos de localidades palestinas. Se trata de la Nakba, la catástrofe palestina.
Esta decisión de la ONU de 1947 constituye un precedente con consecuencias especialmente graves. Mientras Palestina seguía siendo un territorio bajo mandato y la población árabe palestina constituía la mayoría, la Asamblea General pretendió decidir sobre la partición de su territorio sin el consentimiento de la población que allí vivía. La resolución 181 asigna el 56% del territorio al futuro Estado judío, cuando los judíos representaban entonces aproximadamente un tercio de la población de Palestina y solo poseían una pequeña parte de las tierras. El proyecto de partición supone una vulneración fundamental del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Además, diversos análisis jurídicos han subrayado que la partición, impuesta sin el consentimiento de la población palestina, contradice el principio de autodeterminación.
La resolución 181 no «reconoce» al Estado de Israel, que aún no existe, y por sí sola no basta para explicar los acontecimientos posteriores. Sin embargo, proporciona al proyecto sionista una considerable legitimación internacional y allana el camino para el establecimiento de un Estado judío en una parte sustancial de Palestina. En los meses siguientes las fuerzas sionistas asumen progresivamente el control de territorios que se extienden mucho más allá de los que les habían sido asignados por el plan de partición, mientras que cientos de miles de palestinos son expulsados u obligados a huir. La propia ONU reconocerá posteriormente que Israel se había extendido hasta abarcar aproximadamente el 77 % del territorio de la Palestina bajo mandato y que más de la mitad de la población palestina había huido o había sido expulsada.
El 14 de mayo de 1948 David Ben-Gurión proclama la creación del Estado de Israel. Estados Unidos lo reconoce de facto ese mismo día. La Unión Soviética de Stalin también prestó un rápido apoyo diplomático al nuevo Estado y dio luz verde a los importantes envíos de armas realizados por Checoslovaquia a la Haganá, la principal fuerza militar del movimiento sionista dirigido por Ben-Gurión. Lejos de ser una simple milicia, la Haganá constituía un ejército en formación dotado de un estado mayor, servicios de inteligencia, industria armamentística y unidades especializadas, comprometido desde 1947 en una estrategia progresivamente ofensiva destinada a asegurar el control del territorio necesario para el establecimiento y la consolidación del Estado judío. Los envíos checoslovacos (decenas de miles de fusiles, varios miles de ametralladoras, decenas de millones de munición y aviones de combate[2]reforzaron considerablemente esta capacidad militar en el momento decisivo de la guerra de 1948.
La guerra de 1948 comienza a finales de 1947 con ataques de las fuerzas sionistas contra localidades y poblaciones palestinas. A partir de abril de 1948 la Haganá pasa a la ofensiva con el fin de tomar el control del territorio asignado al Estado judío por el plan de partición y asegurar los asentamientos judíos, esta ofensiva se extiende rápidamente a los territorios asignados al Estado árabe palestino. La guerra termina con la victoria militar de Israel, que controla aproximadamente el 77 % de la Palestina bajo mandato y más de 700 000 palestinos se convierten en refugiados.Finalmente, el 11 de mayo de 1949 la Asamblea General admite a Israel como miembro de la ONU mediante su resolución 273. Esta resolución recuerda explícitamente la resolución 181 de 1947, así como la resolución 194 de diciembre de 1948, que afirmaba el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Así, la ONU contribuye a integrar a Israel en el orden internacional mientras que al pueblo palestino se le ha privado del Estado prometido por la resolución 181 y gran parte de su población se ha convertido en un pueblo refugiado. El Estado árabe palestino previsto en el plan de partición nunca llegó a ver la luz.
Sería profundamente engañoso presentar la historia de la ONU como la de una institución que desde su creación hubiera garantizado los derechos del pueblo palestino. Desde 1947 la ONU ha sido parte integrante de un proceso que ha pisoteado el derecho a la autodeterminación de la población palestina, contribuyendo a la legitimación internacional del proyecto sionista. Esta responsabilidad histórica nosignifica borrar las luchas posteriores libradas en el seno de la ONU para lograr el reconocimiento de los derechos nacionales palestinos, pero impide convertirla en árbitro neutral y desinteresado de la cuestión palestina. También permite comprender por qué el «Consejo de la Paz» de Donald Trump debe situarse en un contexto histórico más amplio: el de los acuerdos internacionales impuestos al pueblo palestino en nombre de la paz, la seguridad o el derecho, mientras se vulneran sus derechos fundamentales.
Por lo tanto, no se puede pasar por alto la responsabilidad histórica de la ONU en esta secuencia de acontecimientos. Para los palestinos y para gran parte de los pueblos árabes, la ONU no solo se presenta como la institución que proclama el derecho de los pueblos a la autodeterminación, también es la institución que en 1947 contribuyó a legitimar el desmembramiento de Palestina y que en 1949 reconoció al Estado de Israel, integrándolo en su seno.
Esta contradicción es fundamental para comprender la situación actual. El «Consejo de Paz» de Trump pretende hoy hacerse cargo de Gaza, decidir sobre su administración, su seguridad y su reconstrucción, mientras que al pueblo palestino se le excluye de la decisión sobre su propio futuro. Existe un paralelismo histórico sorprendente entre la decisión internacional que impuso la partición de Palestina en 1947 y la voluntad actual de decidir desde fuera el futuro de Gaza.En ambos casos la cuestión central es la misma: ¿quién tiene derecho a decidir sobre el destino del pueblo palestino y de su territorio?
Sin embargo, sería igualmente erróneo concluir que la ONU no ha sido más que un instrumento de las potencias imperiales.Con la descolonización, la composición de la Organización se transformó profundamente. Decenas de pueblos anteriormente dominados conquistaron su independencia y obtuvieron un Estado y representación internacional. En las décadas de 1950, 1960 y 1970 estos nuevos Estados contribuyeron a su vez a transformar la ONU,impulsando la adopción de principios y resoluciones contra el colonialismo, el apartheid, el racismo y la dominación imperial. Utilizaron el espacio institucional de la ONU para lograr el reconocimiento del derecho de los pueblos a la autodeterminación, la soberanía permanente sobre los recursos naturales y el derecho a la liberación nacional.En otras palabras, los principios progresistas del derecho internacional no son «derechos» concedidos por las grandes potencias:son el resultado de las luchas anticoloniales y de las relaciones de poder creadas por los propios pueblos durante la descolonización.
Los principios progresistas del derecho internacional son fruto de las luchas anticoloniales
Es esta dimensión la que hay que defender hoy en día. Los derechos y los logros son frágiles,siguen siendo contradictorios y se aplican de forma muy desigual, pero constituyen obstáculos jurídicos y políticos al ejercicio arbitrario del poder. Precisamente por eso Trump (y otras grandes potencias) los atacan.
Nadie debería idealizar a la ONU. Desde 1945 las propias grandes potencias han violado en numerosas ocasiones los principios que ellas mismas habían contribuido a consagrar en la Carta. El derecho de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad constituye una desigualdad fundamental. Estados Unidos ha librado o apoyado numerosas guerras e intervenciones ilegales sin ser sancionado.
La historia de Palestina demuestra asimismo que la ONU ha podido ser utilizada para legitimar decisiones contrarias al derecho de los pueblos a la autodeterminación. Pero esta contradicción no justifica en modo alguno la destrucción del marco internacional. Y es que el derecho internacional posee una característica esencial: aunque se aplique de forma imperfecta, los pueblos pueden utilizarlo contra los poderosos.Eso es precisamente lo que el proyecto de Trump pretende debilitar o destruir. Se trata de crear mecanismos que permitan a la principal potencia mundial liberarse aún más de las restricciones internacionales cuando estas resulten incompatibles con sus intereses. Pero Gaza revela algo aún más concreto: consiste en transformar la supuesta «reconstrucción» en un instrumento de dominación colonial.
En plena época del genocidio, la creación del Consejo de la Paz presidido por Trump
Para comprender lo que realmente significa el «Consejo de la Paz» hay que empezar por Gaza. La creación de este Consejo en enero de 2026 se produjo mientras se estaba cometiendo un genocidio y fue posible gracias al apoyo militar, financiero y diplomático de Estados Unidos a Israel. Entre octubre de 2023 y agosto de 2026 más de 73 000 personas palestinas fueron asesinadas en Gaza, según los datos de su Ministerio de Sanidad, recogidos por las Naciones Unidas. Entre ellas se encuentran decenas de miles de mujeres y niños. A 31 de diciembre de 2025, de las 71 444 víctimas mortales identificadas por el Ministerio de Sanidad de Gaza figuraban 21 283 menores y 10 983 mujeres, lo que supone más del 45 % de las víctimas mortales identificadas. En enero de 2026, según Reuters, el ejército israelí admitió por primera vez que la cifra de unas 70 000 personas palestinas asesinadas en Gaza era creíble[3].
Pero incluso este balance es incompleto, ni el propio balance oficial puede considerarse definitivo. Miles de palestinos siguen desaparecidos y sepultados bajo los escombros. Estimaciones independientes han calculado en unas 10 000 el número de personas desaparecidas y presuntamente fallecidas. Por lo tanto, la cifra de 7 400 avanzada en agosto de 2026 por el Ministerio de Sanidad de Gaza debe considerarse un mínimo basado en las declaraciones de las familias y no una estimación del número real de fallecidos bajo los escombros. El responsable del registro de defunciones del ministerio estimaba que la cifra real superaba en varios miles, sobre todo porque algunos ataques aniquilaron a familias enteras sin dejar supervivientes que pudieran denunciar su desaparición.El balance real de víctimas mortales de la guerra es necesariamente superior al número de cadáveres contabilizados.
Y los muertos no son más que una parte de la catástrofe,más de 1,2 millones de personas, casi el 60 % de la población de Gaza, han perdido su vivienda según una evaluación conjunta del Banco Mundial, la ONU y la Unión Europea publicada en abril de 2026[4]. Cientos de miles de viviendas han resultado dañadas o destruidas y las infraestructuras sanitarias, escolares, hidráulicas y energéticas han quedado devastadas.
Israel afirma que sus operaciones militares tienen como objetivo a Hamás y a la Yihad Islámica, y que las víctimas civiles son consecuencia del uso que estas organizaciones hacen de las infraestructuras y las zonas urbanas.Esta afirmación es totalmente inaceptable. El ejército israelí ha bombardeado masivamente durante dos años barrios residenciales, campos de refugiados, colegios, hospitales e infraestructuras indispensables para la supervivencia de la población, utilizando munición con varios cientos de kilos de explosivos.
El derecho internacional humanitario exige precisamente distinguir a los civiles de los combatientes, respetar el principio de proporcionalidad y tomar todas las precauciones posibles para proteger a la población civil.La tregua que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 no ha puesto fin en absoluto a los asesinatos de palestinos por parte del ejército israelí en Gaza. A fecha de 20 de agosto de 2026, las autoridades sanitarias palestinas contabilizaban 1 283 palestinos muertos desde la entrada en vigor de la tregua, según Reuters[5]. La ONU registraba 1 180 entre el 10 de octubre de 2025 (fecha del anuncio de la tregua) y el 22 de julio de 2026, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA)[6]. Otros miles resultaron heridos y los ataques israelíes continuaron a pesar del alto el fuego.
Toda una población sometida a una potencia de fuego abrumadora
También hay que tener en cuenta la naturaleza de las armas utilizadas.Israel ha utilizado de forma masiva munición de fabricación estadounidense, en particular bombas de 500, 1 000 y 2 000 libras. Las bombas de 2 000 libras, como las MK-84, pesan unos 900 kg y contienen más de 400 kg de explosivos. Producen efectos de onda expansiva y de fragmentación considerables: según la Fuerza Aérea de EE. UU., una MK-84 puede proyectar metralla letal en un radio de hasta unos 366 metros. Reuters informó, en junio de 2024, de la entrega de más de 14 000 bombas MK-84 de 2 000 libras y 6 500 bombas de 500 libras desde el inicio de la guerra.[7].
Sin embargo, estas armas se han utilizado en un territorio minúsculo y densamente poblado, donde la población civil prácticamente no disponía de ningún lugar seguro donde refugiarse.Hay que ser preciso en este punto: el uso de una bomba de gran potencia no constituye una prueba jurídica de que el objetivo fuera civil o de que el ataque fuera ilegal, pero cuando un ejército utiliza repetidamente este tipo de armas en barrios densamente poblados destruyendoedificios residenciales enteros y matando a familias mientras duermen, queda absolutamente claro que se trata de masacres planificadas.
Human Rights Watch y Oxfam documentaron en 2024 ataques indiscriminados y desproporcionados, así como formas de castigo colectivo contra la población civil. Amnistía Internacional, por su parte, determinó que se habían utilizado municiones estadounidenses JDAM en ataques contra viviendas donde se encontraban civiles y exigió que dichos ataques fueran investigados como crímenes de guerra.Un estudio científico basado en imágenes de radar por satélite estimó que al término del primer año de la guerra 191 263 edificios habían resultado dañados o destruidos, lo que supone el 57,9 % de los edificios censados antes de la guerra en la Franja de Gaza[8]. Esta destrucción no habría sido posible a tal escala sin Estados Unidos.Tanto bajo el mandato de Joe Biden como en el de Donald Trump, Washington ha seguido suministrando a Israel aviones, misiles, bombas, munición y piezas de recambio. Estados Unidos también ha proporcionado a Israel una protección diplomática decisiva suministrando las armas que han permitido llevar a cabo una campaña militar genocida y al mismo tiempo, protegiendo a Israel frente a parte de las presiones ejercidas en las instituciones internacionales.
Washington ha suministrado las armas que han permitido llevar a cabo una campaña militar genocida
La paradoja es sorprendente: Estados Unidos pretende hoy organizar la paz y la reconstrucción de Gaza cuando ha suministrado una parte esencial del arsenal con el que ha sido destruida. El Consejo de la Paz se presenta como la institución encargada de gestionar políticamente las consecuencias de una destrucción a la que el propio Washington ha contribuido en gran medida.
LA DESHUMANIZACIÓN DEL PUEBLO PALESTINO: UNA HISTORIA QUE NO COMIENZA EN 2023
La deshumanización del pueblo palestino no surgió de golpe en octubre de 2023, se inscribe en una historia mucho más larga, vinculada al proyecto colonial sionista y a la representación de los palestinos como un obstáculo para la conquista y la colonización del territorio.Desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX los responsables e ideólogos del movimiento sionista han desarrollado regularmente concepciones en las que la presencia árabe y palestina se consideraba un problema que había que resolver para permitir el establecimiento y la expansión de un Estado judío.La Nakba de 1948 constituye un momento fundacional: la expulsión masiva de los palestinos, la destrucción o el despoblamiento de numerosas localidades y la imposición de la imposibilidad de retorno de los refugiados, han transformado profundamente Palestina.La deshumanización no es un fenómeno retórico contemporáneo, está vinculada a un proyecto colonial cuyo motor fundamental ha sido negar alpueblo palestino su plena condición, con derecho a la autodeterminación en su propia tierra. Sin embargo, desde octubre de 2023 esta lógica se ha manifestado con una brutalidad especialmente explícita.
DESHUMANIZAR PARA JUSTIFICAR EL GENOCIDIO EN GAZA
La deshumanización de la población palestina no es obra de unos pocos individuos aislados: desde octubre de 2023, ha sido expresada en repetidas ocasiones por responsables políticos y militares israelíes que ocupan cargos al más alto nivel. El 9 de octubre de 2023Yoav Gallant, entonces ministro de Defensa, anunció el asedio total de Gaza y declaró: «We are fighting human animals and we are actingaccordingly» («Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia»). Ese mismo día, Yoav Kisch, entonces ministro de Educación y miembro del Gobierno, declaró sobre los palestinos: «Those are animals, theyhave no righttoexist. [...] theyneedto be exterminated» («Son animales, no tienen derecho a existir. [...] deben ser exterminados»). El 10 de octubre el general de división Ghassan Alian,jefe del COGAT —el organismo militar israelí encargado de coordinar las actividades gubernamentales en los territorios palestinos— se dirigió a los habitantes de Gaza y a Hamás afirmando: «Las bestias humanas deben ser tratadas como tales. No habrá electricidad ni agua [en Gaza], solo habrá destrucción. Queríais el infierno, lo tendréis»[9]. Tres días después, el 13 de octubre de 2023, Isaac Herzog, presidente del Estado de Israel, declaró sobre Gaza: «Es toda una nación la que es responsable. No es cierto ese discurso de que los civiles no estaban al corriente ni estaban implicados. Es absolutamente falso» («Es toda una nación la responsable. Es falso decir que los civiles no estaban al corriente ni estaban implicados. Es absolutamente falso»). Esta declaración es especialmente grave porque pone en tela de juicio la distinción fundamental entre combatientes y población civil[10]. Estas afirmaciones cobran un significado claro cuando se contrastan con los actos realmente cometidos: masacres de civiles, bombardeos masivos, asedio, privación de alimentos, agua y electricidad, destrucción de viviendas e infraestructuras vitales y desplazamientos forzados. Es precisamente la convergencia entre las declaraciones de los responsables con capacidad de decisión y los actos llevados a cabo lo que constituye un elemento clave en el análisis de la intención genocida, en particular en los informes de Francesca Albanese[11]y en los argumentos desarrollados por los representantes de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia.
La retórica de la deshumanización, la destrucción y la expulsión no cesó en 2023. En marzo de 2025 Israel Katz,entonces ministro de Defensa israelí, dirigió a los habitantes de Gaza una «última advertencia» y les anunció que la alternativa era la «destrucción absoluta», al tiempo que mencionaba su marcha a otros países[12]. En mayo de 2025, Bezalel Smotrich, ministro de Hacienda y ministro adjunto del Ministerio de Defensa, declaró: «Weoccupy, purge [thearea], and stay» («Ocupamos, purgamos [la zona] y nos quedamos»), añadiendo: «we are destroyingeverythingthatisstillleftoftheStrip» («estamos destruyendo todo lo que queda de la Franja») y afirmando que Gaza quedaría reducida a «smoking ruins, a total destructionneverbeforeseen in theworld» («ruinas humeantes, una destrucción total nunca antes vista en el mundo»)[13]. El 11 de mayo de 2025, durante una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró: «Estamos demoliendo cada vez más casas, no tienen adónde volver. El único resultado sensato será el deseo de los habitantes de Gaza de emigrar fuera de la Franja. Nuestro principal problema está en los países de acogida»)[14]. Estas declaraciones asocian así explícitamente la destrucción del territorio, el desplazamiento de la población y la voluntad de no permitir su regreso.
En agosto de 2025 una declaración especialmente significativa provino de un alto mando militar: Aharon Haliva,antiguo jefe de los servicios de inteligencia militar israelíes que había dirigido la Dirección de Inteligencia Militar hasta abril de 2024. En una grabación hecha pública el 15 de agosto de 2025 declaraba, en referencia a las víctimas palestinas: «Itdoesnotmatterifthey are children», y añadía que «from time to time, theyneed a Nakba tofeelthecost» («de vez en cuando, necesitan una Nakba para sentir el precio»). En la misma grabación, explicaba que el número de muertos era necesario como «messagefor future generations» («mensaje para las generaciones futuras»)[15].
Por último, en agosto de 2026, mientras la tregua que entró oficialmente en vigor en octubre de 2025 es violada constantemente por el ejército israelí —que sigue asesinando a palestinos a diario—, la deshumanización sigue reivindicándose abiertamente en el seno del Gobierno. Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional y del gabinete de seguridad de Benjamin Netanyahu, declaró en una entrevista publicada el 17 de agosto de 2026: «Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, acabando con entre 30 y 40 cada noche». Añadió: «Hay gente allí que no merece vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas» («Hay gente allí que no es digna de vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son seres humanos»). Y precisaba: «Considero que toda Gaza es nuestra», reivindicando el establecimiento de asentamientos israelíes en toda la Franja y el fomento de la emigración de los palestinos[16].
Desde «animales humanos» en octubre de 2023 hasta «ni siquiera son personas» en agosto de 2026, la continuidad es sorprendente. Estas declaraciones van desde la animalización hasta la negación del derecho a la existencia, desde el castigo colectivo hasta el llamamiento explícito a la muerte y desde la destrucción hasta la expulsión y colonización. El cargo que ocupan sus autores y sobre todo, su concordancia con los actos cometidos en Gaza (masacres de civiles, bombardeos masivos, asedio, hambruna, destrucción de infraestructuras vitales y desplazamientos forzados) constituyen elementos que demuestran la voluntad genocida del Gobierno israelí.
Las declaraciones citadas anteriormente se inscriben en una historia mucho más antigua de deshumanización y despojo de los palestinos.
Trump y su administración en apoyo a Israel y a su primer ministro
El apoyo de Trump a Israel no se limita a su relación personal con Benjamin Netanyahu, aunque esta sea innegable.
El 13 de octubre de 2025 Trump declaró a la prensa sobre Benjamin Netanyahu: «He's a wartime President and he did a verygoodjob. [...] Creo que ha hecho un gran trabajo. Creo que era la persona adecuada en el momento adecuado» («Es un presidente en tiempos de guerra y ha hecho un trabajo muy bueno. [...] Creo que ha hecho un excelente trabajo. Creo que era la persona adecuada en el momento adecuado»)[17].
Ese mismo día en su discurso ante la Knesset, Trump afirmó refiriéndose al primer ministro israelí: «He'snottheeasiestguyto deal with, butthat'swhatmakeshimgreat» («No es la persona con la que resulte más fácil tratar, pero eso es precisamente lo que le hace grande»). Añadió: «It'sanincredibletriumph for Israel and theworld» («Es un triunfo extraordinario para Israel y para el mundo»), antes de anunciar: «Itwill be thegoldenageof Israel, and thegoldenageofthe Middle East» («Será la edad de oro de Israel y la edad de oro de Oriente Medio»).[18]
Esta visión forma parte de la doctrina oficial de su administración. La Estrategia de Defensa Nacional de enero de 2026 califica explícitamente a Israel de «aliado modelo» y afirma que Estados Unidos dispone ahora de una oportunidad para «dotarlo de más medios para defenderse y promover nuestros intereses comunes». El mismo documento aboga por reforzar la integración entre Israel y los socios estadounidenses del Golfo.[19] Así pues, Israel no solo se presenta como un Estado que Washington pretende proteger: se le considera un pilar de la arquitectura estratégica estadounidense en Oriente Medio, al que Estados Unidos quiere dotar de los medios para defender sus intereses comunes.
Trump, «presidente de la paz», sobre un montón de cadáveres y una sucesión de crímenes contra la humanidad
Esta pretensión de convertir a Trump en un «presidente de la paz» forma ya parte de la doctrina oficial de Washington. La Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2025 afirma que «el presidente Trump ha consolidado su legado como el del presidente de la paz» («President Trump has cementedhislegacy as The President of Peace»). En particular, le atribuye a Trump el mérito de haber «puesto fin a la guerra en Gaza y de haber logrado que todos los rehenes con vida regresaran con sus familias»[20]. Sin embargo, ni una sola palabra sobre las decenas de miles de palestinos asesinados, sobre los miles de palestinos detenidos por Israel, ni sobre las repetidas violaciones de la tregua por parte de Israel desde octubre de 2025, con la continuación de los asesinatos y los ataques contra civiles palestinos. El relato de la «paz» según la Casa Blanca transforma así una catástrofe humana y la continuación de la violencia en un éxito personal de Trump, al tiempo que expulsa a las víctimas palestinas fuera de la ecuación.
TRUMP, ISRAEL Y LA DESTRUCCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL
Existen divergencias entre Trump y Benjamin Netanyahu sobre ciertas modalidades del acuerdo sobre Gaza, pero estas no deben engañar a nadie, son secundarias frente al apoyo político, diplomático, militar y financiero masivo que Washington brinda a Israel.
La administración Trump no pone en tela de juicio la alianza estratégica con Israel, lo que pretende es imponer al Gobierno israelí una estrategia definida en Washington para controlar la posguerra y reforzar su poder en Oriente Medio. Por lo tanto, Trump puede oponerse a Netanyahu en cuanto a la forma de llevar a cabo la guerra o de organizar su desenlace sin poner en tela de juicio el apoyo estadounidense al Estado de Israel. Esta distinción es fundamental,porque Israel no solo comete violaciones puntuales del derecho internacional. Su ocupación y su colonización llevan décadas siendo condenadas por los organismos internacionales. La guerra librada en Gaza ha dado lugar a acusaciones extremadamente graves, llegando incluso a ser calificada de genocidio por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas. En estas circunstancias, el apoyo de Washington a Israel no puede disociarse de la crisis actual del sistema de las Naciones Unidas.
LA TUTELA COLONIAL DE GAZA CON EL RESPALDO DE LA ONU
El Consejo de la Paz no es fruto de una verdadera negociación internacional. Es una creación de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quien lo preside personalmente y ha obtenido el respaldo del Consejo de Seguridad.
De hecho, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acogió con satisfacción «la creación del Consejo de Paz, es decir, una administración transitoria dotada de personalidad jurídica internacional y encargada de guiar la reconstrucción de Gaza» en su resolución 2803, aprobada el 17 de noviembre de 2025, gracias, en particular, a la abstención de Rusia y China, en un contexto de fuerte presión diplomática estadounidense[21]. Al aprobar esta resolución, el Consejo de Seguridad ha otorgado legitimidad de las Naciones Unidas al dispositivo colonial previsto para la transición en Gaza y ha pisoteado el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
El carácter colonial de la resolución 2803 resulta especialmente evidente en las disposiciones que dedica a la administración y la seguridad de Gaza. El apartado 4 autoriza al «Consejo de Paz» a «garantizar una administración transitoria» y a supervisar un comité palestino «tecnocrático y apolítico» encargado de los asuntos corrientes del territorio. Por lo tanto, no se reconoce a los palestinos como sujetos políticos de su propio territorio: su administración queda bajo la tutela de una autoridad externa. La elección de un comité «apolítico» allana el camino para una administración palestina colaboracionista, completamente sumisa y encargada de aplicar las decisiones de la potencia tutelar y de sus aliados.
El apartado 7 refuerza esta lógica. La «Fuerza Internacional de Estabilización» se encarga de adoptar «todas las medidas necesarias» para desmilitarizar Gaza, destruir sus infraestructuras militares y desarmar definitivamente a los grupos armados. Sobre todo, debe actuar «en estrecha consulta y cooperación» con Israel y Egipto y colaborar con ellos para garantizar la seguridad de las fronteras. Que a Israel, potencia ocupante y responsable de la destrucción masiva de Gaza, se le asigne tal papel es totalmente inaceptable. Pero resulta igualmente nefasto que Egipto —cuyo régimen dictatorial depende de la ayuda de Washington y colabora con Israel en contra de los intereses del pueblo palestino— sea también llamado a participar en el control de la seguridad del territorio. Esta resolución es un intento de acabar definitivamente con la posibilidad de que el pueblo palestino se resista a la opresión y a la continuación de las políticas genocidas y anexionistas.
El Consejo no tiene como único objetivo reconstruir Gaza. Pretende tomar el control de un territorio palestino devastado, organizar su administración, reconstrucción y seguridad, al tiempo que deja a los propios palestinos al margen de las decisiones fundamentales sobre su futuro. Se trata de una estructura de tutela.
La pretensión de Trump es aún más significativa si se tiene en cuenta que esta tutela se produce tras una guerra que ha destruido gran parte del territorio, ha desplazado a la mayoría de su población y ha causado la muerte de decenas de miles de personas.
EL «CONSEJO DE PAZ»: UNA INSTITUCIÓN COLONIAL PARA GAZA
El pueblo palestino debería aceptar el desarme, una nueva administración y una supervisión internacional, pero la cuestión fundamental sigue siendo: ¿qué pasa con la ocupación, la colonización, la anexión de territorios, los desplazamientos forzados, los crímenes cometidos contra la población civil y el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación? ¿Y el derecho a una indemnización? ¿Qué pasa con el juicio y la condena de los culpables?
Y, sobre todo: ¿quién decide? Los palestinos están, de facto, ausentes.
Palestina, que desde 2012 tiene en la ONU el estatus de Estado observador no miembro, no ha sido invitada a formar parte del Consejo. Trump se ha arrogado el derecho de decidir quién actúa de enlace entre el Consejo de la Paz y aquellos palestinos con los que está dispuesto a dialogar[22]. Se trata de una administración colonial internacional bajo la dirección de los Estados Unidoscuya legitimidad se presenta como resultado de la necesidad de reconstruir Gaza tras su destrucción. No se construye una paz justa organizando la gestión de un territorio devastado sin abordar las relaciones de dominación que han provocado la catástrofe.La reconstrucción se ha convertido en el nuevo nombre de la colonización.
La composición del Consejo Ejecutivo del Consejo de la Paz es reveladora. De sus nueve miembros, cinco son colaboradores o personas cercanas a Donald Trump: Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos y principal responsable de la diplomacia estadounidense; Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos; Robert Gabriel Jr., asesor de seguridad nacional; Susie Wiles, jefa de gabinete del presidente Trump y Jared Kushner, antiguo asesor de Trump y su yerno. Junto a ellos se sientan Tony Blair, ex primer ministro británico que apoyó activamente la invasión de Irak en 2003 y que desde entonces se ha labrado un hueco en el mundo de las finanzas; Ajay Banga, presidente del Grupo del Banco Mundial y exdirector general de Mastercard; así como Marc Rowan, cofundador, director general y presidente del consejo de administración de Apollo Global Management, una de las gestoras de activos alternativos más importantes del mundo que gestionaba unos 950 000 millones de dólares en activos a finales de 2025 y Martin Edelman, abogado mercantil especializado en el sector inmobiliario y asesor principal de Mubadala, uno de los principales fondos soberanos de Abu Dabi.
Y como veremos, Donald Trump en su calidad de presidente del Consejo de la Paz, dispone allí de poderes desmesurados.
La diplomacia, el poder militar, las finanzas internacionales y los intereses privados se unen así en la cúspide de una estructura situada bajo la autoridad del presidente de Estados Unidos
Incluso su modo de adhesión es revelador: es Trump quien invita a los Estados de su elección a formar parte de él y según la Carta, un Estado puede obtener una prórroga de su mandato más allá de tres años abonando mil millones de dólares al Consejo de la Paz.
Washington, bajo el liderazgo de Trump, busca así hacer lo que resulta más difícil en un marco multilateral: constituir una coalición en torno a Estados Unidos y bajo su dirección, fijar los objetivos, movilizar los recursos financieros y militares y organizar la «posguerra» sin tener que someterse a los procedimientos, los principios y los posibles bloqueos de las instituciones internacionales existentes.
Pero en el caso de Gaza «organizar el periodo posterior a la guerra» significa ante todo organizar el periodo posterior a la destrucción y a la expulsión en un territorio cuya población palestina debe quedar sometida a una nueva forma de tutela.Gaza constituye el primer gran laboratorio de esta nueva arquitectura.
Según la Carta fundacional del Consejo de la Paz, las pretensiones de esta creación de Trump se extienden mucho más allá de los límites de Gaza y abarcan el mundo entero. Este punto es esencial: la administración colonial de Gaza constituye el campo de pruebas de un dispositivo que Trump quiere transformar en un instrumento de poder internacional.La lógica es clara: cuando un territorio queda devastado por una guerra, Estados Unidos y sus aliados pueden pretender organizar ellos mismos la paz, la reconstrucción, la seguridad y la administración, eludiendo los mecanismos multilaterales existentes. Es la ley del más fuerte a la que Trump pretende dotar de una nueva arquitectura institucional.
Una coalición de países en torno a Trump, presidente plenipotenciario del Consejo de la Paz
A fecha de agosto de 2026 solo se han adherido al Consejo un total de 28 países: Albania, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bielorrusia, Bulgaria, Camboya, Egipto, El Salvador, Hungría, Indonesia, Israel, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Mongolia, Marruecos, Pakistán, Paraguay, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Vietnam y Estados Unidos. Muchos de ellos son países con regímenes autoritarios o dictatoriales, socios subordinados u oportunistas. La Rusia de Putin está dispuesta a adherirse como miembro permanente si Trump levanta la congelación de los activos rusos en Estados Unidos, lo que permitiría a Moscú pagar su cuota de mil millones de dólares. Israel es miembro fundador (la página web oficial del Consejo anunció su adhesión el 12 de febrero de 2026). Los países de Europa Occidental y Canadá[23] no han querido adherirse al Consejo y tampoco lo han hecho China, India, Brasil ni México.
La estructura del Consejo resume, en definitiva, el proyecto. Trump es su presidente, a su alrededor se reúnen los responsables estadounidenses encargados de la diplomacia y la seguridad, su propio círculo político, miembros de su familia, un ex primer ministro británico, el presidente del Banco Mundial y un representante de las grandes entidades financieras privadas.
Partiendo estrictamente de los Estatutos[24] se puede afirmar sin temor a equivocarse que los poderes conferidos a Donald Trump como presidente del Consejo de la Paz son desmesurados a la luz de los principios habituales del funcionamiento de una organización internacional. La Carta le atribuye en primer lugar la facultad exclusiva de crear, modificar o disolver las entidades subsidiarias del Consejo (artículo 3.2 b) y le permite crear subcomités y establecer él mismo su mandato, estructura y normas de gobernanza (artículo 3.4). Controla directamente la composición del ejecutivo, ya que designa a los miembros del Consejo Ejecutivo, cuyo mandato puede revocar (artículo 4.1 a-b), y nombra al director general, cuyo nombramiento solo debe ser confirmado por una mayoría del Consejo Ejecutivo (artículo 4.1 c). Las decisiones de este órgano ejecutivo, incluso las adoptadas por mayoría, siguen estando sujetas a su derecho de veto, que puede ejercer en cualquier momento (artículo 4.1 e).
Trump también tiene un poder decisivo sobre las decisiones del propio Consejo de la Paz: las decisiones adoptadas por mayoría de los Estados miembros presentes y con derecho a voto están sujetas a su aprobación (artículo 3.1 e), mientras que controla el orden del día de las reuniones al aprobar el establecido por el Consejo Ejecutivo (artículo 3.1 c). Además, puede adoptar él mismo resoluciones u otras directrices en nombre del Consejo de Paz con el fin de llevar a cabo su misión (artículo 9). Es más, es la autoridad definitiva en lo que respecta al significado, la interpretación y la aplicación de la Carta, incluso en la resolución de controversias internas (artículo 7). Por último, ostenta un poder excepcional sobre la propia continuidad de la organización: designa en cualquier momento a su propio sucesor, quien le sucedería inmediatamente en caso de dimisión o incapacidad (artículo 3.3) y puede disolver el Consejo de la Paz cuando lo considere oportuno o necesario; en su defecto, el Consejo debe ser renovado por él al final de cada año civil impar (artículo 10.2).
La Carta le confiere una concentración de poderes que lo convierte a la vez en presidente, en quien designa a los principales dirigentes, en legislador mediante directivas, en titular del veto, en intérprete supremo de la Carta y en quien puede decidir la desaparición de la organización.
Esta estructura entrelaza así los intereses geoestratégicos de Estados Unidos con los intereses económicos privados, empezando por los del presidente Trump y su clan. Sobre todo, ofrece a la potencia estadounidense un instrumento para transformar la destrucción de un territorio en una oportunidad de reorganización política, de seguridad y económica bajo tutela.
La CPI: cuando Washington ataca la justicia internacional
La política de Trump respecto a la Corte Penal Internacional revela aún más claramente la naturaleza del proyecto. El 2 de septiembre de 2020 su administración impuso sanciones a Fatou Bensouda, entonces fiscal de la CPI, así como a Phakiso Mochochoko, jefe de la División de Competencia, Complementariedad y Cooperación de la Fiscalía, debido a su implicación en las investigaciones de la Corte dirigidas contra personal estadounidense[25]. Ambos responsables habían sido incluidos en la lista estadounidense de personas sujetas a sanciones económicas y restricciones de visado. Estas sanciones fueron levantadas por la administración Biden en abril de 2021, sin embargo, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca la ofensiva contra la CPI se reanudó, intensificándose considerablemente. El 6 de febrero de 2025 Trump restableció un régimen de sanciones contra la Corte y en 2026 su administración multiplicó las sanciones contra responsables de la CPI. El 18 de agosto de 2026el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la CPI, y Abdoulaye Seye, primer fiscal adjunto de la Corte. Añadió:
«La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado, que ha abusado de forma malintencionada de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. (…) Nuestra campaña gubernamental global destinada a desmantelar la amenaza que la CPI supone para la soberanía nacional será de gran envergadura, y esperamos que otros países se sumen a nuestra campaña poniendo fin a su financiación y a su participación en este tribunal politizado y carente de cualquier mecanismo de control. (…) La Administración Trump está dispuesta a tomar medidas adicionales, si es necesario, para desmantelar sistemáticamente la CPI hasta que sea incapaz de amenazar la soberanía estadounidense»[27].
Las medidas adoptadas por Estados Unidos no constituyen una mera impugnación jurídica de la competencia de la Corte: van dirigidas directamente contra sus jueces, sus fiscales y las personas que cooperan con ella, precisamente en el momento en que investiga los crímenes cometidos en Gaza y ha dictado órdenes de detención contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant.
CONCLUSIÓN
Hay que situar al Consejo de la Paz en el contexto de un movimiento mucho más amplio.
Trump no solo pretende imponer su voluntad sobre Gaza, cuestiona los límites que el derecho internacional puede imponer al poder estadounidense, ataca a las instituciones judiciales internacionales, amenaza o sanciona a quienes se oponen a los intereses de Estados Unidos y da prioridad a las relaciones de poder, a los acuerdos bilaterales o a las coaliciones ad hoc en detrimento de los mecanismos universales.
El «Consejo de la Paz» debe entenderse desde esta perspectiva. Pero Gaza confiere a esta ofensiva una dimensión especialmente concreta: el Consejo de la Paz es una institución colonial que pretende organizar la tutela de un territorio palestino tras su destrucción masiva.Detrás del proyecto de reconstrucción de Gaza se perfila un intento de reorganización política y geoestratégica de Oriente Medio bajo el dominio de Estados Unidos, que considera a Israel su brazo armado. Y detrás de la ofensiva contra la CPI se esconde la voluntad de sustraer a los dirigentes de Estados Unidos y a sus aliados de los mecanismos de la justicia internacional.
Sin embargo, hay que evitar presentar el orden internacional surgido en 1945 como un edificio homogéneo que bastaría con defender tal cual. Este orden se ha visto marcado por las relaciones de dominación imperial y colonial.La adopción por parte de la Asamblea General de la ONU de la resolución 181 de 1947 sobre la partición de Palestina y de la resolución 273, del 11 de mayo de 1949, para la admisión de Israel como miembro de la ONU, constituyen uno de los ejemplos más trágicos del incumplimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Pero los pueblos colonizados y recién independizados han transformado progresivamente este orden. En las décadas de 1950, 1960 y 1970 lograron que la ONU reconociera los principios fundamentales de la descolonización, la autodeterminación, la soberanía sobre los recursos naturales y la lucha contra el colonialismo y el racismo.Son estos logros los que hay que defender y profundizar, no una ONU idealizada.El problema no es elegir entre una ONU idealizada y el intento de Trump de dotar de una nueva arquitectura institucional a la ley del más fuerte, se trata de defender y ampliar los derechos internacionales conquistados por los pueblos al tiempo que se transforman radicalmente o se sustituyen las instituciones que siguen reproduciendo los privilegios de las grandes potencias.
Ante la ofensiva de Trump la respuesta no puede consistir en defender una ONU dominada por las grandes potencias y paralizada por el derecho de veto. Por el contrario, hay que democratizar profundamente el sistema internacional, reforzar los derechos de los pueblos, abolir los privilegios imperiales y garantizar la aplicación del derecho internacional a todos los Estados y a todos los pueblos, sin excepción; desarrollar un internacionalismo desde la base, reforzar la lucha antifascista y antiimperialista, y combatir las agresiones imperialistas y neocoloniales, sea cual sea su origen.Esto significa también defender el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, su derecho a la libertad y a la soberanía, el derecho al retorno de los refugiados, el derecho a las reparaciones y el derecho de los pueblos sometidos a la dominación colonial a luchar por su liberación.
La verdadera paz en Palestina pasa por el fin de la dominación colonial, el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino y el fin de la impunidad de que gozan las potencias que violan el derecho internacional.
El autor agradece a Fernanda Gadea su revisión de la traducción al castellano.
Fuente: