Guerra a distancia y neoprotectorados
¿Hacia un imperialismo de nuevo tipo?
La dinámica geopolítica de Estados Unidos no constituye un mero reacomodamiento, sino un paradigma que tiene a la «guerra cinegética» en el centro. En ella, no se enfrenta al enemigo como a un ejército, se lo persigue como a una presa. En pos de ese objetivo, se usan drones, inteligencia artificial, armas sofisticadas, fuerzas especiales y golpes quirúrgicos.
Por Bernabé Malacalza - Doctor en Ciencias Sociales, investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y docente del doctorado en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y de la maestría en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
Abril de 1961. Una fuerza de exiliados cubanos entrenados por la Central de Inteligencia Estadounidense (CIA) se dispone a invadir Cuba para derrocar a Fidel Castro. Los invasores desembarcan en Bahía de Cochinos sin el apoyo popular esperado. Son rápidamente rodeados por las fuerzas revolucionarias y, en apenas tres días, son derrotados, con un saldo de decenas de muertos y más de 1.000 combatientes capturados. Este fracaso estrepitoso impulsó a sectores de la CIA a diseñar operaciones encubiertas para la eliminación física del líder cubano en al menos ocho ocasiones entre 1960 y 1965. La contrainteligencia cubana identificó 638 planes no ejecutados para atentar contra él. Se planearon múltiples métodos letales, desde venenos hasta objetos cotidianos modificados, que fueron sistemáticamente neutralizados.
La idea de «capturar para juzgar» a líderes extranjeros surgió recién como alternativa tras la investigación de una comisión del Senado presidida por Frank Church sobre actividades ilegales de la CIA y de la orden ejecutiva 11905 del presidente Gerald R. Ford, que prohibió los asesinatos políticos. La captura del dictador Manuel Noriega en diciembre de 1989, durante la invasión a Panamá, encarnó esta nueva lógica. Fue trasladado a Miami para enfrentar un juicio por narcotráfico y otros cargos.
En los días posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001, George W. Bush advirtió que Estados Unidos se embarcaría en un nuevo tipo de guerra, centrado en «la cacería internacional del hombre». Su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, creyó que las técnicas israelíes contra los palestinos podían replicarse a escala global, aunque el aparato militar estadounidense aún no estaba preparado. La captura de Saddam Hussein en 2003, como señala Grégoire Chamayou en La teoría del dron, potenció esta estrategia.
Ese enfoque se conoce hoy como «guerra cinegética» (del griego kynēgós, cazador). En este tipo de guerras no se enfrenta al enemigo como un ejército; se lo persigue como una presa. No hay campo de batalla; se localiza, sigue y neutraliza al objetivo individualmente, usando drones, inteligencia artificial, armas sofisticadas, fuerzas especiales y golpes quirúrgicos. Es una guerra de persecución permanente cuyos efectos no concluyen con la eliminación del objetivo.
Estados Unidos ha utilizado consistentemente asesinatos selectivos y capturas extraterritoriales como instrumentos de política exterior: durante la Guerra Fría recurrió a golpes y complots, en la Posguerra Fría priorizó las «capturas para juzgar» y en el siglo XXI apeló a los asesinatos selectivos mediante drones y fuerzas especiales, como en la operación contra Osama bin Laden en 2011, durante el gobierno de Barack Obama, y el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en 2020, bajo Donald Trump, lo que consolidó una guerra cinegética a distancia.
Este tipo de estrategia usa cualquier pretexto para validar el uso de la fuerza ante la audiencia doméstica, sin que importen las reglas del orden multilateral ni el llamado al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Antes de la captura de Nicolás Maduro, el 25 de julio de 2025 el Departamento del Tesoro categorizó al Cartel de los Soles como organización terrorista, aunque expertos del International Crisis Group (ICG) señalan que la denominación se originó como una expresión para describir redes de corrupción dentro del Estado venezolano más que una organización jerárquica real y estructurada, y en las acusaciones recientes el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos ha rebajado esa caracterización a un «sistema de clientelismo» de oficiales corruptos, en lugar de un cartel tradicional.
Desde el 2 de septiembre de 2025, cuando el gobierno de Trump anunció un «ataque letal» contra una lancha en el Caribe, se registraron 35 acciones contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que concluyeron con 115 asesinatos extrajudiciales. La operación militar de «alta precisión» en Caracas, sin invasión ni cambio de régimen, que culminó el 3 de enero con la detención de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York junto a su esposa Cilia Flores, con el fin de someterlos a cargos de narcoterrorismo y pertenencia al Cartel de los Soles, marca el desembarco de la guerra unilateral cinegética en la región.
Los sucesivos ataques en el Caribe y la operación en Caracas no constituyen -sostenemos aquí- un mero «reacomodamiento estratégico» de Trump. No se trata simplemente de que, una vez reordenadas las piezas del tablero internacional a su favor, Washington regrese a una postura de hegemón benevolente -tras cercar a China y realinear a sus aliados mediante amenazas y demostraciones de fuerza-, sino de un giro mucho más profundo en la forma de ejercer el poder. Lo que se instala es la normalización de la excepción permanente: una dinámica global que acelera la erosión definitiva del orden internacional basado en reglas de inspiración westfaliana, ya resquebrajado desde la intervención en Kosovo, profundizado por las guerras posteriores al 11 de septiembre de 2001 impulsadas por Estados Unidos, y agravado luego por la invasión rusa de Ucrania, la ofensiva israelí en Gaza y, más recientemente, los ataques directos de Estados Unidos contra Irán.
En América Latina, este quiebre inaugura una era de guerra unilateral a distancia que rompe con la larga tradición regional de «zona de paz» -o «zona de no guerra» -entendida, en el sentido de Kalevi J. Holsti, no como ausencia de conflicto, sino como ausencia de guerras interestatales duraderas- y sienta un precedente particularmente inquietante. Por primera vez, Washington emplea fuerza letal directa contra un gobierno sudamericano sin ocupar su territorio y, además, anuncia explícitamente que no será la última ocasión. Se trata de un nuevo umbral, que redefine los márgenes de lo permisible en la región y erosiona de manera sustantiva los límites normativos que habían contenido, hasta ahora, el uso directo de la fuerza.
El control del patio trasero
Tras la Operación Determinación Absoluta, comenzó a circular masivamente en redes de sociales que fuerzas estadounidenses habían empleado una supuesta «arma sónica». Un posteo de la secretaria de prensa de la Casa Blanca citó a un guardia de seguridad presente en el enfrentamiento, quien relató: «De repente, todos los sistemas de radar se apagaron sin ninguna explicación», «fue como una onda sonora muy intensa (…) empezamos a sangrar por la nariz (…) caímos al suelo, inmóviles».
El posteo cumplió una función precisa: instalar el miedo. Washington no confirmó el uso de armas acústicas ni de energía dirigida, pero exhibió su capacidad tecnológica para desatar una intensa guerra electrónica, de vigilancia y coordinación multidominio. La acción relámpago utilizó tecnología de punta para degradar radares y comunicaciones, permitir el ingreso de drones y asegurar el dominio aéreo, interrumpir la energía en zonas de Caracas y emplear operadores Delta con visión nocturna, comunicaciones encriptadas y armamento de precisión para evitar daños colaterales masivos.
Más allá de lo que se conoce -y de lo que no- sobre esta operación, el episodio revela un efecto que trasciende ampliamente a Venezuela y se proyecta sobre toda la región. Como señala Chamayou, este tipo de guerra a distancia con uso de drones y otras tecnologías tiene la ventaja de proyectar poder sin mostrar vulnerabilidad: ya no se trata de «morir matando» y se vuelve posible evitar los «pantanos estratégicos» o guerras eternas, como las de Iraq y Afganistán.
Esta guerra unilateral y unidireccional tiene efectos profundos en toda la región: tanto sobre los países a los que se declara blancos potenciales como sobre aquellos que, ante este precedente, pensarán dos, tres o mil veces antes de contradecir a Estados Unidos. Para América Latina, esto implica la instalación de una política de persecución permanente, de la pregunta por «quién sigue», bajo la amenaza explícita de Trump de que quien no se discipline recibirá un trato incluso »peor» que el de Maduro.
Ahora bien, pese a la imagen de invulnerabilidad que proyectan los drones y la guerra a distancia, se trata de sistemas inherentemente frágiles, susceptibles de ser pirateados, interferidos o neutralizados mediante ataques informáticos. Esto abre una dimensión nueva y perturbadora del conflicto armado: si ya no hay ejércitos desplegados en el terreno, ¿pasan los civiles -y, entre ellos, empresarios y empresas- a convertirse en blancos potenciales? Por otra parte, dado que este tipo de intervención ya no se concibe en términos de ocupación sino de tutela a distancia, la protección de las empresas estadounidenses dejaría de descansar en la presencia militar directa y pasaría a articularse por otras vías. En efecto, ante la posibilidad de ataques contra activos corporativos por parte de actores estatales o no estatales, se evalúa recurrir a firmas privadas de seguridad para resguardar personal e infraestructuras en Venezuela, en lugar de desplegar tropas militares regulares.
La guerra cinegética no abrió una transición democrática en Venezuela, sino que busca transformar al chavismo en un «régimen títere»: mantiene la actual burocracia cívico-militar, con Delcy Rodríguez como presidenta encargada, para imponerle condiciones que se aceptan desde una posición débil, y se habilita así a Trump el control total de los activos del país y el desembarco de empresas estadounidenses en los sectores petrolero y mineral, esenciales en la cruzada contra China. «Protejo, luego obligo; protejo, luego someto». Se quiebra así la ecuación clásica de los imperialismos formales -poder mediante ocupación, tropas y administración de territorios- y se instauran «neoprotectorados de tutelaje remoto».
El neoprotectorado venezolano y el retorno del corolario Lodge
En 1823, James Monroe formuló tres principios -no colonización europea, no intervención en América y no intervención estadounidense en Europa- que sentaron las bases de la Doctrina Monroe, bajo fuerte influencia de su secretario de Estado, John Quincy Adams, artífice de la adquisición de Florida en 1819 y de la consolidación de las fronteras estadounidenses. Con el tiempo, diversos corolarios ampliaron su alcance, en especial el corolario Roosevelt (1904), que transformó la doctrina inicialmente defensiva en instrumento de intervención directa en América Latina, al atribuir a Estados Unidos el rol de gendarme del hemisferio. El corolario Lodge de 1912, impulsado por el senador Henry Cabot Lodge contra la posición del presidente William H. Taft, surgió ante el temor de que inversores japoneses adquirieran la bahía de Magdalena, en el territorio mexicano de Baja California, que podía ser utilizada como puerto con fines militares contra Estados Unidos. Aunque la venta no se concretó, el texto afirmaba que Washington se opondría a cualquier adquisición indirecta de territorios del hemisferio por potencias extrahemisféricas, incluso mediante control privado o corporativo, lo que legitimaba incluso la defensa de intereses empresariales estadounidenses frente a expropiaciones.
La expansión práctica del corolario Lodge se manifestó en América Latina desde comienzos del siglo XX: en México, cuando Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo en 1938 afectando a Standard Oil, Sinclair y otras petroleras, Washington exigió compensaciones, sosteniendo que ningún gobierno podía afectar intereses estratégicos estadounidenses en el hemisferio. De modo más directo, en Nicaragua (1912-1933), Haití (1915-1934) y República Dominicana (1916-1924), la renegociación o nacionalización de concesiones en manos de empresas estadounidenses en ferrocarriles, bancos, aduanas y plantaciones derivó en ocupaciones militares para impedirlo. Esta misma lógica reapareció en Guatemala en 1954, cuando la expropiación de tierras ociosas de la United Fruit Company por el presidente Jacobo Árbenz fue presentada como amenaza hemisférica y activó su derrocamiento. Y también en Venezuela, entre 1920 y 1940, cuando leyes sobre regalías y control estatal del petróleo fueron combatidas por Standard Oil, Gulf y Shell, se invocó este corolario.
El corolario Trump retoma con claridad ese espíritu del corolario Lodge. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicada en diciembre de 2025 afirma explícitamente: «Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías claves en toda la región. Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro territorio».
Esto ya se había traducido en acciones concretas. En marzo de 2025, Panamá accedió a exigencias de Trump para que CK Hutchison, conglomerado con sede en Hong Kong, cediera su participación mayoritaria en los puertos de Balboa y Cristóbal -claves para el Canal de Panamá- a un consorcio liderado por BlackRock, junto con Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Limited, en una operación valuada en unos 22.800 millones de dólares que colocó estas terminales bajo control estadounidense y desplazó a China. El interés por anexar Groenlandia responde a la misma lógica de bloquear la presencia china y rusa en el Ártico, donde existe presencia de empresas como la china Shenghe Resources en el yacimiento de Kvanefjeld, en el marco de la competencia por recursos minerales estratégicos -en especial, tierras raras-.
En el caso de Venezuela, Trump venía acusando reiteradamente al país de expropiar activos de petroleras estadounidenses y reclamaba regresar a la situación anterior y proteger sus inversiones. Tras la captura de Maduro, la Casa Blanca reunió a altos ejecutivos del sector para discutir qué empresas operarían en Venezuela, subrayando que «Estados Unidos decidirá qué compañías petroleras van a entrar» en un proceso de reconstrucción bajo su control. ExxonMobil, sin embargo, sostuvo que es «imposible» de invertir en el país si no se producen reformas legales y se dan garantías claras. Trump insinuó entonces que podría bloquear el ingreso de esta empresa. El esquema incluye la triangulación: los recursos de la venta del petróleo venezolano serían depositados en una cuenta abierta al Banco Central de Venezuela en el Banco Nacional de Qatar.
El petróleo ha sido un factor central en el sostenimiento del régimen de Maduro y en su vínculo con sus aliados extrahemisféricos. Rusia, como señala José Natanson en su libro Venezuela. Ensayo sobre la descomposición (2025), ha sido su socio más importante. Sobre todo a través de la empresa Rosneft, la gran petrolera rusa, Venezuela recibió desde 2006 unos 20.000 millones de dólares que le sirvieron para burlar las sanciones internacionales mediante triangulación de cargamentos, mezcla de crudo con aditivos y transferencias barco a barco en aguas internacionales, a cambio de ceder propiedad en varios campos petroleros. A su vez, Moscú extendió su presencia energética a través de la estatal Roszarubezhneft, que opera junto con Petróleos de Venezuela (PDVSA) en los campos de Boquerón y Perijá bajo acuerdos prorrogados hasta 2041.
Durante dos décadas, China también se ha consolidado como socio estratégico de Caracas a través de acuerdos energéticos y financieros: bancos estatales chinos otorgaron más de 60.000 millones de dólares en préstamos respaldados por petróleo que Caracas pagó con crudo, aunque la caída de la producción desde 2016 complicó la devolución de esos créditos (actualmente la deuda con China se estima en más de 10.000 millones de dólares). Empresas como China National Petroleum Corporation (CNPC) y Sinopec mantienen joint ventures con la estatal PDVSA que gestionan reservas de crudo en la Faja del Orinoco, mientras que la privada China Concord Resources Corp trabaja en otros yacimientos. Desde 2020, Irán es otro socio clave: entre otras acciones, la empresa estatal NIOC ofreció condensado iraní a cambio de crudo venezolano, permitiendo abastecer las refinerías locales ante la escasez de gasolina en 2021.
El retorno del corolario Lodge se concreta hoy con la autoproclamación de Estados Unidos como amo del hemisferio y el impedimento del acceso a recursos estratégicos a potencias como China, Rusia o Irán, que -se dice en la Casa Blanca- buscaban establecer a través de su influencia económica una presencia militar en el hemisferio. Pese a que no existe evidencia real de una alianza militar chino‑rusa con Venezuela ni de despliegues de tropas en la región, la inflación de esa amenaza parece funcional a una política del miedo que inaugura una nueva era de guerra a distancia, legitima neoprotectorados de tutelaje remoto y se propone disciplinar al «patio trasero» por vía del hostigamiento y la extorsión, para habilitar que los intereses de dominación política y corporativa estadounidenses operen a su antojo.
Fuente:
https://nuso.org/articulo/guerra-a-distancia-y-neoprotectorados/