La década del malestar político en América Latina
Descontento vertical y horizontal
Luego del boom de las materias primas, la región vive un nuevo ciclo de malestar expresado en el voto en contra de los oficialismos, así como en las protestas antigubernamentales. Este malestar puede manifestarse de dos modos. El descontento horizontal produce una polarización electoral y social en la que existen organizaciones que representan y movilizan a los actores. El descontento vertical resulta en fragmentación electoral y expresa un rechazo a las elites políticas y una desconexión con las organizaciones sociales.
►Por Gabriel Kessler - Doctor en Sociología. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), de Argentina, y profesor de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
►Por María Victoria Murillo - Profesora titular de Ciencia Política y de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales y directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia (Nueva York).
Introducción El 2 de octubre de 2019, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno eliminó los subsidios a los combustibles para reducir el gasto público, lo que provocó un aumento en el precio del transporte. Los sindicatos de transportistas convocaron una huelga de dos días y los estudiantes salieron a protestar y fueron reprimidos. Al día siguiente, el movimiento indígena se sumó a las manifestaciones, seguido por otros sindicatos y, posteriormente, por organizaciones vinculadas al ex-presidente Rafael Correa. Las movilizaciones paralizaron el país y hubo confrontaciones violentas. Once días después de la medida, el gobierno negoció con el movimiento indígena el fin de la protesta y revocó el aumento tarifario.
Pocos días después, en Chile, un aumento en la tarifa del transporte público desencadenó protestas de estudiantes secundarios. Su represión causó una movilización social mayor apoyada en redes sociales. El 18 de octubre, ataques violentos llevaron a la paralización del sistema de transporte de Santiago. En los días siguientes, amplios sectores de la población salieron a las calles protestando por múltiples temas y exigiendo cambios al gobierno y al sistema político. Pero los diferentes grupos no lograron articular una coalición que unificara las demandas o negociara colectivamente; como resultado, incluso cuando el gobierno prometió reformas de política social, las protestas pacíficas continuaron y la violencia no pudo ser contenida. Los políticos eran repudiados por los manifestantes cuando intentaban sumarse a las protestas. Ante la imposibilidad de contener el estallido social, un acuerdo entre todos los partidos políticos prometió un plebiscito sobre la reforma constitucional para canalizar el descontento, aunque ninguno de los firmantes representara a la movilización social en las calles.
Estas protestas ejemplifican la amplia ola de descontento político que cubrió la región antes de la pandemia y persistió tras ella. Aunque políticas de austeridad gatillaron los reclamos en ambos países, su organización y resolución ilustran distintos patrones: mientras que las protestas antigubernamentales en Ecuador estuvieron lideradas por organizaciones con capacidad de negociación, las chilenas fueron espontáneas, convocadas por grupos con demandas diversas y solo unidas por el rechazo a las elites políticas y económicas.
Ese mismo año, el descontento político también se expresó en las urnas en el voto contra los partidos de gobierno, con diferentes patrones de comportamiento electoral. En las elecciones presidenciales guatemaltecas de junio de 2019 solo participó 60% de los votantes y el voto en blanco recibió 10% de apoyo. Las dos candidaturas más votadas fueron las de Sandra Torres, con 25%, y Alejandro Giammattei, con 14%, quien finalmente derrotó a Torres en la segunda vuelta. El oficialismo recibió menos de 5% de los votos, lo que expresaba el malestar de los votantes, pero la baja participación electoral y la alta fragmentación del voto indicaban también la falta de entusiasmo por las alternativas. En contraposición, en las elecciones presidenciales argentinas del mes de octubre del mismo año votó más de 80% del padrón electoral y las preferencias se polarizaron entre dos candidatos: el peronista opositor, Alberto Fernández, recibió 48% de los votos y derrotó al presidente en ejercicio, Mauricio Macri, con 40%. El descontento de los argentinos se centró en un candidato opositor, en contraste con el de los guatemaltecos.
Estos episodios evidencian que el descontento político puede expresarse de dos modos. El primero, que calificamos como descontento horizontal, produce una polarización electoral entre una opción y su antítesis, y una polarización social en la que existen organizaciones que representan y movilizan a los actores involucrados en las protestas. La expresión es dicotómica entre una identidad positiva y otra negativa. El segundo, que denominamosdescontento vertical,resulta en fragmentación electoral ante la falta de entusiasmo hacia todas las opciones y expresa un rechazo generalizado al conjunto de las elites políticas y una desconexión con las organizaciones sociales[1].
Ambas expresiones forman parte del tsunami de descontento político que emergió en la década posterior al auge de las materias primas. La reducción de ingresos generada por la caída en los precios de las materias primas llevó a procesos de ajuste que hicieron más visible la limitada capacidad de los Estados latinoamericanos y la debilidad de sus instituciones. Frente a una desaceleración del crecimiento económico, estos procesos erosionaron las expectativas de mejora económica que el boom había generado en la ciudadanía. Para muchos, las promesas incumplidas de la democracia quedaron al descubierto, y su desazón se expresó en enojo político contra los gobernantes, manifestado como descontento horizontal o vertical dependiendo del país.
La paradoja del progreso y el enojo
La paradoja es que las condiciones de este descontento no son las de una crisis, como las que experimentó la región desde la crisis de la deuda en la década de 1980. Por el contrario, desde el comienzo del nuevo milenio, la democracia (y el auge de las materias primas) había producido mejoras sustantivas en la calidad de vida de los latinoamericanos. En 2023, la pobreza en América Latina alcanzó su nivel más bajo desde 1990. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, cayó de alrededor de 0,55 en los años 90 a 0,452 en 2023. La cobertura de educación superior aumentó de 21% en 2000 a 52% en 2018, y el promedio de años de escolaridad alcanzó los 9,3 años hacia 2019, mientras que diez años antes era de 7,7. El acceso a internet pasó de 4% de la población en 2000 a 81% en 2023. En el ámbito de la salud, las muertes de niños menores de cinco años disminuyeron 60% entre 2000 y 2022[2].
Pese a estas mejoras sociales, la década posterior al auge de las materias primas se caracterizó por el descontento político expresado en un aumento del voto en contra de los oficialismos, así como de las protestas antigubernamentales, como se puede ver en los siguientes gráficos. El gráfico 1 describe las protestas antigubernamentales en la región desde 2003 hasta 2024 y muestra un aumento significativo en la última década, comparado con el periodo de auge de las materias primas.
El gráfico 2 se enfoca en las elecciones democráticas de la región desde la década de 1980. El negro refleja las victorias del partido de gobierno y el gris, las de la oposición. El cambio de colores ilustra la tendencia a la reelección de los partidos de gobierno durante el periodo de auge económico y la prevalencia de sus derrotas en la década de descontento.
Ahora bien, es paradójico que esta ola de descontento ocurra cuando la región no está sufriendo una crisis económica como las experimentadas a fines del siglo xx y cuando los indicadores sociales han mejorado considerablemente. Estas son las dos caras de la fase actual de América Latina: en paralelo a la mejora de los indicadores sociales desde comienzos de siglo, el descontento político ha crecido de manera sostenida en la última década. ¿Cómo explicar esta situación? Es a todas luces distinto de lo que ocurre en Europa y Estados Unidos, donde el descontento político se debe en gran parte al aumento de la desigualdad y al deterioro de la situación de las clases medias y populares. Por lo demás, en la mayoría de los países de nuestra región, durante la mayor parte de la última década ha habido elecciones libres, limpias y competitivas que ofrecen un canal institucional para expresar ese descontento.
Privación relativa y descontento político
¿Por qué hablamos de descontento político? Stephen Craig y Michael Maggiotto lo definen como un estado emocional y cognitivo caracterizado por evaluaciones negativas del sistema político, motivadas por la percepción de que las instituciones y los actores políticos no han satisfecho las expectativas ciudadanas y no responden a sus necesidades más importantes[3]. Este sentimiento surge de la sensación de ineficacia estatal y puede llevar a las personas a participar políticamente de distintas maneras, desde votar en contra de los partidos en el poder hasta sumarse a protestas y manifestaciones públicas y, por supuesto, a diversas formas de desafección política.
En nuestro libro The Social Underpinning of Political Discontent in Latin America [Los fundamentos sociales del descontento político en América Latina][4], buscamos explicar las claves del descontento político que aqueja a la región con la colaboración de colegas que analizan diferentes facetas y actores de ese proceso. Nuestra explicación se enfoca en un estado persistente de privación relativa, surgido cuando las expectativas sociales formadas durante la década de auge de las materias primas se fueron desvaneciendo debido a la desaceleración del crecimiento económico y del ritmo de las mejoras sociales en la década posterior[5]. Como consecuencia, cuando las instituciones políticas ya no satisfacían las demandas ciudadanas de continuar con una trayectoria de aumento del bienestar y posibilidades de movilidad ascendente, se generó una sensación de malestar y frustración que impactó en la evaluación de los gobiernos, a los que se hacía responsables de tal interrupción.
La privación relativa hace referencia a la brecha percibida entre las condiciones sociales, económicas o políticas de las personas y las que ellas esperan y consideran justas cuando se comparan con sus expectativas, con otros, con ellas mismas en el pasado o con sus familias de origen[6]. En América Latina, esas expectativas incluyen tanto la democratización política y social como la mejora del bienestar económico. En efecto, las mejoras sociales y la expansión de derechos experimentada durante la década del auge de las materias primas fueron claves para redefinir las expectativas de la ciudadanía latinoamericana. Además de las mejoras mencionadas, cabe destacar que la proporción de la población urbana que vivía en asentamientos informales se redujo de 31,9% en 2000 a 17,7% en 2020. La participación femenina en el mercado laboral creció de forma sostenida y llegó a superar el 60% hacia 2010, y en el ámbito político la presencia de mujeres en los parlamentos nacionales pasó de niveles de un dígito en la década de 1990 a un promedio de 36% en 2025. En cuanto a derechos lgtbi+, mientras que en 2000 ningún país de la región reconocía el matrimonio igualitario o la unión civil entre personas del mismo sexo, para 2024 al menos 11 países lo habían legalizado.
Por su parte, los pueblos indígenas –que representan entre 8% y 10% de la población regional– han obtenido mayor reconocimiento constitucional, representación política y acceso a políticas específicas. En paralelo, se verificó una mejora en indicadores de por sí todavía muy por debajo de los promedios nacionales, y en ciertos países, como Brasil y Colombia, también ha habido políticas de reconocimiento y restitución para la población afrodescendiente. En conjunto, estos datos reflejan mejoras sostenidas en múltiples dimensiones sociales a lo largo de las últimas dos décadas. Por supuesto, estamos señalando promedios y no las desigualdades en cada indicador; pero más allá de los matices que un análisis detallado arrojaría, lo que queremos subrayar es que la gran mayoría de los indicadores sociales han mejorado en todos los países de la región[7]. Ahora bien, como resultado del fin del auge de las materias primas, el crecimiento económico se desaceleró, aunque no se revirtió por entero: casi todos los países –con la excepción de Argentina– siguieron creciendo, pero con tasas mucho menores que en la década previa. Si bien la crisis no tuvo un punto de inicio claro, a medida que avanzaba la década, muchos ciudadanos que creían haber escapado de la pobreza –pero que carecían de ahorros– enfrentaron el riesgo de volver a ella debido al estancamiento económico y el fin de las mejoras, incluso antes de la llegada del covid-19[8]. Esta situación se agudizó con la llegada de la pandemia, cuando tanto el crecimiento económico como los indicadores sociales se estancaron o comenzaron a deteriorarse y se produjeron retrocesos sociales en una multiplicidad de dimensiones, que posteriormente tendieron a recuperarse. Es decir, si bien la pandemia impactó en el descontento político, este proceso la precede.
Daniela Campello y Cesar Zucco muestran que los gobiernos latinoamericanos suelen ser recompensados durante los auges económicos y castigados en las recesiones, incluso si esos ciclos son exógenos[9]. De este modo, cuando la situación económica empeora, problemas persistentes en América Latina –como las altas tasas de delincuencia y la corrupción, cuyo epicentro fue el caso Odebrecht en 2015-2016, escándalo que involucró a 10 países de la región– se vuelven menos tolerables. Por ello, incluso si durante los momentos de bonanza económica la población fue más tolerante con la corrupción y la inseguridad, su paciencia se agota durante el periodo de desaceleración del crecimiento económico. Por lo demás, la mejora de los indicadores sociales mencionados también contribuyó al descontento: años adicionales de educación, el aumento de la participación femenina en el mercado laboral y una nueva narrativa centrada en la expansión de derechos acrecentaron cualitativa (por nuevos tópicos) y cuantitativamente (por más beneficios en cada derecho) el empoderamiento de la sociedad y la percepción de la brecha entre los derechos prometidos y los concretamente obtenidos. En este marco, dependiendo del grupo de comparación de cada uno, la privación relativa afectó tanto a quienes se sentían con derecho a mantener sus logros previos como a quienes percibieron un deterioro en su situación, al ver a otros avanzar más gracias a políticas estatales que consideraron inequitativas.
Las dos formas del descontento político en América Latina
Como dijimos, la privación relativa es clave para entender el aumento del descontento político en la región durante la última década, así como para distinguir entre las diferentes expresiones del descontento político y su vinculación con la responsabilidad asignada por dicha privación relativa. Recordemos nuestra clasificación del descontento político en dos tipos: vertical y horizontal. El descontento vertical se enfoca en el sistema político en su totalidad y se dirige contra cualquier opción partidaria. Involucra diversas fuentes de malestar y reacciones contra lo que se percibe como una clase política que, sin diferencias, no responde a los intereses de la ciudadanía. Este tipo de desazón se expresa en altos niveles de volatilidad electoral (los votantes cambian sus preferencias entre elecciones porque se sienten defraudados por los sucesivos partidos de gobierno), mayor fragmentación del voto (ninguna de las opciones es suficientemente atractiva como para convocar a una porción significativa del electorado), menor participación electoral y, finalmente, menor satisfacción con la democracia. En las calles, el descontento vertical suele expresarse en protestas masivas y espontáneas, sin intermediación de organizaciones vinculadas al sistema político que articulen demandas o negocien concesiones. La elección guatemalteca de 2019, con una gran fragmentación del voto, y el estallido social chileno, con una desconexión entre las elites políticas y la protesta social, reflejan este tipo de descontento.
Por su parte, el descontento horizontal estructura la competencia electoral alrededor de ejes de polarización ideológica e identitaria con un punto focal que genera lealtades y antipatías. Esto ocurre con el clivaje kirchnerismo/antikirchnerismo en Argentina, el lulismo/antilulismo en Brasil o el correísmo/anticorreísmo en Ecuador. En estos casos, el descontento de los oponentes se centra en las diferencias entre grupos sociales y en los beneficios relativos que cada uno recibió de políticas estatales durante las gestiones de izquierda o nacional-populares. En los países que siguen este patrón, la volatilidad electoral tiende a ser menor debido a la consolidación de identidades partidarias y, por tanto, se reduce la fragmentación electoral por la polarización del voto en dos campos. A su vez, el miedo a que gane el otro aumenta la participación electoral, y la satisfacción con la democracia dependerá del signo del gobierno (cada grupo está más descontento cuando gobierna el partido opuesto y viceversa). La elección argentina de 2019, polarizada entre dos candidatos, y las protestas ecuatorianas organizadas por un movimiento social a las que se sumó el correísmo ilustran este tipo de descontento.
Ambos tipos se vinculan con la asignación de responsabilidades por parte de la ciudadanía frente a la situación de privación relativa. La narrativa que sostiene la polarización se centra en las diferencias entre grupos y en la percepción de los beneficios relativos que cada uno percibe haber recibido, los cuales pueden asociarse a políticas estatales previas[10]. En el caso del descontento vertical, se considera que las elites políticas ignoran a la ciudadanía y están desconectadas de su sufrimiento cotidiano. Ahora bien, ¿qué explica estas diferentes asignaciones de responsabilidad política frente a la privación relativa? Nosotros asociamos estos patrones de responsabilización por la privación relativa a la experiencia previa de redistribución democrática durante el periodo de auge entre 2003 y 2014. Diversos trabajos muestran que la desigualdad disminuyó más rápidamente bajo gobiernos de izquierda durante este periodo[11]. Los gobiernos de la «marea rosa», especialmente cuando controlaban el Congreso, mejoraron los indicadores tanto de desigualdad como de ingresos de los más pobres. Además, los autores demuestran que también existió impacto positivo en las pensiones no contributivas, el salario mínimo y los ingresos fiscales (aunque no necesariamente en las transferencias monetarias). También muestran que los gobiernos de izquierda aumentan el gasto social y la carga tributaria. Esto último puede haber alimentado el resentimiento entre trabajadores formales de clase media, que a menudo se perciben a sí mismos como los más gravados por los impuestos sin recibir beneficios a cambio.
Trayectorias de descontento
Para distinguir las trayectorias de los países durante la década del descontento, utilizamos indicadores asociados al comportamiento electoral. Nos basamos en cuatro, todos tomados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales: la volatilidad electoral extrasistema, la fragmentación del voto, el grado de polarización (considerando porcentajes obtenidos y distancia ideológica) y la participación electoral. Mayor volatilidad electoral y fragmentación del voto y menor polarización y participación electoral nos permiten distinguir el descontento vertical del descontento horizontal. Es decir, mayor volatilidad y fragmentación del voto, junto con menor polarización y participación electoral, son indicadores de descontento vertical. Asimismo, las tendencias de opinión pública que muestran una disminución en la satisfacción con la democracia son comunes a todos los países. No obstante, estas son más intensas en países que identificamos como de descontento vertical que en aquellos con descontento horizontal, donde están condicionadas por la identidad partidaria del gobierno: estoy más descontento cuando gobierna el partido opuesto.
Nos enfocamos en los 11 países de América Latina continental con elecciones competitivas durante la mayor parte del periodo (excluyendo Venezuela y Nicaragua) y observamos que hay una correlación entre los países con gobiernos continuos de la «marea rosa», donde la redistribución se puede asociar más claramente a la política pública y a la inclusión de nuevos grupos organizados en la política, y genera los patrones de descontento horizontal. Entre los países con gobiernos de izquierda por al menos tres periodos consecutivos, y vinculados a organizaciones sociales movilizadas, están Argentina (peronismo/kirchnerismo, 2003-2015), Brasil (Partido de los Trabajadores [pt], 2003-2016), Bolivia (Movimiento al Socialismo [mas], 2006-2019), Uruguay (Frente Amplio [fa], 2005-2020) y Ecuador (correísmo, 2007-2017)[12]. Estas coaliciones de izquierda generaron un punto focal que organizó la competencia electoral entre seguidores y adversarios en función de una identidad partidaria negativa.
En contraposición, los casos donde encontramos menor redistribución y, por lo tanto, descontento vertical, no tuvieron experiencias continuas de gobiernos de izquierda ni una vinculación que permitiera la llegada de organizaciones sociales al Estado para empujar sus políticas públicas, aunque muchas veces lo buscaran desde la protesta social. Estos casos son Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Perú[13]. La combinación entre una menor redistribución estatal que la implementada por gobiernos de la «marea rosa» y los indicadores de descontento vertical caracteriza a este grupo.
A modo de ejemplo, Brasil y Perú ilustran trayectorias contrastantes frente a un mismo ciclo económico favorable. Ambos países redujeron drásticamente la pobreza durante el auge de las materias primas, pero mientras Perú lo hizo principalmente por efecto del crecimiento, Brasil combinó ese crecimiento con políticas redistributivas activas. Entre 2001 y 2019, la pobreza cayó en Brasil de 38% a 20% y en Perú, de 45% a 15%. Más allá de esta mejora general, Brasil mostró avances más amplios en la reducción de brechas estructurales. En el plano racial, políticas afirmativas (como las cuotas universitarias para afrodescendientes desde 2012) y programas sociales focalizados redujeron la brecha de ingresos entre blancos y no blancos, a la vez que promovieron el ingreso de estudiantes afrodescendientes e indígenas en la educación superior. En Perú, en cambio, las brechas entre población indígena y no indígena, aunque atenuadas por la caída general de la pobreza, siguieron siendo muy amplias. En cuanto al género, Brasil registró una reducción de la brecha salarial femenina de ocho puntos porcentuales (de 49% en 2001 a 41% en 2015), impulsada por la expansión educativa, el aumento sostenido del salario mínimo y programas sociales que beneficiaron a sectores donde predominan mujeres. En Perú, la brecha salarial femenina se mantuvo más estable, en torno a 26% hacia fines de la década de 2010. A su vez, Brasil avanzó en la ampliación de derechos sociales, incluida la legalización del matrimonio igualitario en 2013 y leyes antidiscriminatorias relacionadas con la población lgbti+, mientras que en Perú no hubo avances equivalentes. Estas divergencias de resultados también se explican en parte por modelos fiscales distintos: Brasil financió políticas sociales con una presión tributaria cercana a 33% del pib, mientras que en Perú esta se mantuvo en torno de 16%-20%. En síntesis, aunque ambos países redujeron la pobreza, Brasil combinó crecimiento y redistribución y logró así un mayor cierre de brechas sociales, mientras que en Perú el crecimiento económico, aunque eficaz en términos de reducción de la pobreza, fue menos potente para transformar desigualdades de fondo[14].
Las diferentes trayectorias de política pública y redistribución se vinculan con la expresión del descontento. Este se manifiesta como descontento horizontal en Brasil, donde las identidades políticas se asocian a los ganadores y los perdedores relativos del auge[15]. En contraste, señala Carlos Meléndez, el descontento es vertical en Perú, lo que refleja una desconexión de la ciudadanía con todas las opciones del sistema político que resulta en altos niveles de fragmentación y volatilidad electoral[16].
La prevalencia de gobiernos de la «marea rosa» y su vinculación con organizaciones sociales que empujan por la inclusión de nuevos grupos en el sistema político están asociadas al impacto de los recursos naturales en la economía. Los exportadores de recursos naturales se beneficiaron especialmente por la suba de precios con mayores tasas de crecimiento económico gracias a la demanda china. En esos casos, los gobiernos de izquierda que llegaron al poder contaron con recursos para políticas redistributivas y, por ello, su reelección y control del Congreso fueron más prevalentes en Sudamérica. Los países de América Central y México, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos, exportan manufactura y se beneficiaron menos del boom. En Perú y Colombia, sendos conflictos armados internos redujeron la posibilidad de gobiernos de izquierda durante la década de auge, mientras que en Chile, un fondo de estabilización y la desvinculación de la izquierda gobernante de las organizaciones sociales resultaron en una mayor concentración de la riqueza, aunque con mejoras en los niveles de pobreza. Finalmente, México y El Salvador son casos de descontento vertical antes de la aparición de líderes populistas como Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele, respectivamente, lo que nos lleva a discutir la estabilidad de estos escenarios de descontento.
Del malestar al poder: cómo el descontento desafía la democracia
Ambas trayectorias de descontento pueden mantenerse en el tiempo o transformarse, por ejemplo, por la aparición de líderes populistas que aprovechan el deterioro de las condiciones económicas o de seguridad, así como los escándalos de corrupción, para capitalizar la promesa de un futuro mejor y llegar al poder modificando los escenarios de descontento. Tanto López Obrador como Bukele son ejemplos de estas posibles transiciones.
En el caso mexicano, la construcción de una nueva coalición política en función de políticas sociales y salariales que mejoran el bienestar de la población recuerda la emergencia de los populismos de la «marea rosa» a principio del milenio y parece haber generado patrones crecientes de lealtad electoral, incluso si la estructuración de la polarización parece restringida a lo económico y no tiene los aspectos sociales que caracterizaron otras experiencias de izquierda[17]. La vinculación con la economía estadounidense benefició esta estrategia de López Obrador, que puede tornarse más compleja para su sucesora, Claudia Sheinbaum, por las políticas proteccionistas del segundo gobierno de Donald Trump.
Bukele, en El Salvador, presenta una estrategia distinta, basada en la lucha contra el crimen y en pos de la seguridad pública a expensas de las libertades individuales. El impacto del crimen organizado explica la popularidad de esta estrategia no solamente en El Salvador, sino también en otros países de la región. El miedo a la violencia reduce la participación política, incluida la protesta, y la geografía del crimen se asocia al apoyo al punitivismo y una mayor tolerancia a sacrificar libertades civiles[18]. Sin embargo, creemos que es más difícil generar lealtades políticas de largo plazo basadas únicamente en la provisión de seguridad pública, sin beneficios que aumenten el bienestar económico de la población y generen proyecciones de mejora social, como las que ocurrieron en la primera década del siglo.
La popularidad presidencial y la capacidad del Ejecutivo para concentrar poder generan desafíos para la democracia al erosionar la rendición de cuentas, y pueden amenazar el Estado de derecho. Si bien los riesgos de esa concentración de poder para la democracia han sido ampliamente analizados[19], menos discutida es la posibilidad de que el descontento vertical genere un círculo vicioso de permanente desconexión entre las elites políticas y la ciudadanía. Tal círculo vicioso no permitiría la emergencia de presidentes con capacidad para gobernar y sostendría el desasosiego político[20]. La debilidad presidencial y el vacío de poder que pueden generarse permiten la captura del Estado por grupos de interés legales e ilegales que también erosionan el Estado de derecho y la rendición de cuentas, lo que erosiona a su vez la democracia[21].
Aún no sabemos qué consecuencias tendrá esta ola de descontento sobre los sistemas políticos y si producirá efectos similares a los de la anterior, que ocurrió entre fines del siglo xx y comienzos del siglo xxi. Esta ola se focalizaba en las consecuencias de las reformas de mercado y la falta de alternativas que confrontaban los ciudadanos cuando estas eran implementadas por partidos populistas o de izquierda empujados por la crisis fiscal[22]. Como describe Kenneth Roberts, esta situación abrió la puerta a la reestructuración de los sistemas políticos de la región cuando nuevos partidos emergieron para oponerse al neoliberalismo[23]. En contraposición, durante el auge de las materias primas (2003-2014), la abundancia de recursos permitió a los gobiernos de izquierda implementar sus propias agendas. Era un «cambio de época» porque, mientras la era neoliberal sucedía a la denominada «década perdida» de los años 80, el boom prometía romper con décadas de ajuste fiscal y de desigualdad creciente. Como resultado, las comparaciones retrospectivas con esos años de bonanza resultaron centrales en la configuración del descontento político actual, que emergió de un shock de expectativas derivado de las promesas interrumpidas.
Por lo tanto, las dinámicas de descontento no surgen de un único momento de ruptura, sino de una relación cambiante entre ciudadanía y gobiernos, moldeada por la configuración política previa. Por eso distinguimos entre descontento horizontal y vertical: es la naturaleza de la oferta política existente –polarizada o fragmentada, receptiva o deslegitimada– la que canaliza el malestar hacia distintas trayectorias. A diferencia de lo ocurrido a fines del siglo pasado, el descontento de la década posterior al boom de las materias primas aún no ha producido una reestructuración estable de los sistemas de partidos. De hecho, esta ola de descontento político podría tener un impacto más amplio, que vaya más allá del colapso y reemplazo del sistema de partidos e involucre un desencanto con la democracia, particularmente en el contexto del retroceso democrático global, acentuado por las nuevas tecnologías de la comunicación[24].
A modo de cierre: la singularidad del descontento latinoamericano
El descontento político actual no solo es diferente del registrado a fin del siglo anterior en América Latina, sino también del que ocurre en eeuu y Europa, en particular, expresado en la emergencia de las derechas radicales, ya que en nuestra región no hay experiencia previa de un Estado benefactor comprensivo como en el Norte global. Mientras que en las democracias del Norte global el descontento se monta sobre la pérdida de un modelo de Estado benefactor previo, frente a nuevas oleadas migratorias, su expresión enfatiza las diferencias culturales –incluso si su origen es económico–, ya que esas condiciones son más fáciles de movilizar para las elites políticas[25]. Estas experiencias contrastan con América Latina, donde incluso el ascenso de líderes populistas de derecha refleja una configuración distinta. Nuestra región, marcada por la desigualdad crónica, los mercados laborales fragmentados y los sistemas de bienestar débiles, difiere de la consolidación de la estructura social de posguerra que conocieron Europa y eeuu. Allí la privación relativa suele surgir de la percepción frente a pérdidas realmente acaecidas; aquí, de expectativas que nunca llegaron a materializarse y consolidarse plenamente. En pocas palabras, en otros contextos el declive sigue a largos periodos de estabilidad; en América Latina, la trayectoria es de transformación sin consolidación. El resultado es un descontento que adopta formas diversas: polarización, fatiga, protestas masivas y volatilidad electoral.
Esta década de descontento latinoamericano es diferente de las anteriores no solo porque no ha respondido a un shock, sino porque tampoco ha generado hasta ahora nuevos sistemas de partidos estables. El descontento horizontal y la polarización estructuran la competencia política, pero también profundizan la animosidad y la desconfianza. El descontento vertical, en cambio, genera fragmentación y abre espacio a actores externos que, a menudo, no logran institucionalizar proyectos políticos duraderos. En conjunto, estas tendencias incrementan los riesgos de erosión democrática, cinismo ciudadano y fragmentación social, los cuales a su vez son acentuados por la creciente velocidad de las demandas sociales que tornan más difícil su organización y articulación.
Las bases sociales del descontento político en América Latina subrayan la necesidad de analizar la interacción entre las estructuras sociales y los regímenes políticos. La investigación futura debe preguntarse: ¿en qué condiciones las organizaciones pueden representar de manera efectiva a los nuevos actores sociales que emergen de los cambios demográficos y culturales? ¿Qué ocurre cuando ni la sociedad civil ni los partidos políticos logran articular las demandas de personas que, sin embargo, se perciben a sí mismas como portadoras de derechos democráticos? Esta sigue siendo una pregunta urgente en la región más democrática del Sur global, donde crisis económicas recurrentes continúan redefiniendo el ciclo político y donde la brecha entre las expectativas y la capacidad estatal profundiza la frustración de la ciudadanía. Que las democracias latinoamericanas logren transformar esa frustración en una participación renovada o sucumban a la erosión dependerá de cómo respondan las instituciones, los líderes y los actores sociales. Lo que sí está claro es que esta era de descontento no es un momento transitorio, sino una condición estructural que exige nuevas formas de análisis, de imaginación y de innovación política.
Nota: este artículo tiene como base las ideas desarrolladas en el libro The Social Underpinning of Political Discontent in Latin America [Los fundamentos sociales del descontento político en América Latina], que será publicado en el primer semestre de 2026 por Cambridge UP. Los autores agradecen al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia y a la Fundación Ford por su apoyo a este proyecto.
1.
Discutiendo la ola de descontento anterior a la pandemia, M.V. Murillo reconoce dos patrones de fragmentación y polarización en reacción al ajuste fiscal anterior a la pandemia. Ver M.V. Murillo: «Protestas, descontento y democracia en América Latina» en Nueva Sociedad No 294, 7-8/2021, disponible en nuso.org.
2.
Los datos provienen de Banco Mundial: Datos sobre América Latina y el Caribe, 2024, disponible en data.worldbank.org/region/latin-america-and-caribbean; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): Panorama social de América Latina y el Caribe 2023, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2023 y Panorama social de América Latina y el Caribe 2024, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2024; Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Unicef: Situación de la mortalidad infantil en América Latina y el Caribe, 2023, disponible en paho.org; Organización Panamericana de la Salud (OPS): Derechos LGTBI+ y salud, 2024, disponible en paho.org; Unesco: Global Education Monitoring Report: Latin America, 2021, disponible en unesco.org.
3.
S. Craig y M.A. Maggiotto: «Political Discontent and Political Action» en The Journal of Politics vol. 43 No 2, 1981.
4.
G. Kessler y M.V. Murillo: ob. cit.
5.
Iván Albina, Jessica Bracco, Leonardo Gasparini y Luis Laguinge: «Slowing Down, Heating Up: Economic Deceleration and Social Discontent in Latin America», Documento de Trabajo No 349, CEDLAS, 2025.
6.
W.G. Runciman y C.R. Bagley: «Status Consistency, Relative Deprivation, and Attitudes to Immigrants» en Sociology vol. 3 No 3, 1969.
7.
Ver Gabriela Benza y G. Kessler: La ¿nueva? estructura social de América Latina, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2020.
8.
Nora Lustig: «Desigualdad y descontento social en América Latina» en Nueva Sociedad No 286, 3-4/2020, disponible en nuso.org.
9.
D. Campello y C. Zucco: The Volatility Curse: Exogenous Shocks and Representation in Resource-Rich Democracies, Cambridge UP, Cambridge, 2020.
10.
G. Kessler y Gabriel Vommaro: La era del hartazgo. Líderes disruptivos, polarización y antipolítica, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2025.
11.
Germán Feierherd, Patricio Larroulet, Wei Long y N. Lustig: «The Pink Tide and Income Inequality in Latin America» en Latin American Politics and Society vol. 65 No 2, 2023.
12.
Honduras es un caso atípico que presenta características de descontento horizontal pese a no haber tenido procesos sostenidos de redistribución, por una fuerte división partidaria y polarización entre el Partido Nacional, de derecha, y el Libertad y Refundación (libre) (populista de izquierda), resultado de un giro a la izquierda del liberal Manuel Zelaya, cuyo gobierno terminó en un golpe militar. Posteriormente, llegó a la Presidencia su mujer, Xiomara Castro, actualmente a cargo del Poder Ejecutivo.
13.
También consideramos a Paraguay en este grupo, aunque, al igual que Honduras, es un caso atípico, ya que mantiene su sistema de partidos tradicional, anclado en el Partido Colorado y con la competencia dentro de este.
14.
Los datos provienen de Banco Mundial: World Development Indicators (Poverty Headcount Ratio, Gini Index); fred-Federal Reserve Bank of St. Louis; Index Mundi y CountryEconomy.com; N. Lustig (ed.): Commitment to Equity Handbook: Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality and Poverty, Brookings Institution Press / CEQ Institute, Tulane University, Washington, DC-Nueva Orleans, 2023. La información sobre desigualdades étnico-raciales y políticas afirmativas en Brasil surge del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (ipea), Cepal y Ley de Cuotas de 2012, CEPALSTAT y OCDE: Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean.
15.
David J. Samuels, Fernando Mello y C. Zucco: «Polarization and Perceptions of Status Gain and Loss: The Case of Brazil», documento de trabajo, SSRN, 15/2/2024.
16.
C. Meléndez: The Post-Partisans: Anti-Partisans, Anti-Establishment Identifiers, and Apartisans in Latin America, Cambridge UP, Cambridge, 2022.
17.
G. Kessler y G. Vommaro: «Scenarios of Discontent: Polarization, Generalized Unrest and Divisive Leadership» en G. Kessler y M.V. Murillo: ob. cit.
18.
Sarah Daly y Eduardo Moncada: «Criminal Violence and Democratic Discontent» en G. Kessler y M.V. Murillo: ob. cit.
19.
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt: Cómo mueren las democracias, Ariel, Barcelona, 2018.
20.
Juan Pablo Luna y Rodrigo M. Medel: «Better Polarized than Unstructured? The Underpinnings of Political Discontent with Democracy in Four (Small) Latin American Countries» en G. Kessler y M.V. Murillo: ob. cit.
21.
Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara: «Peru: The Danger of Powerless Democracy» en Journal of Democracy vol. 34 No 2, 2023.
22.
M.V. Murillo: Sindicalismo, coaliciones partidarias y reformas de mercado en América Latina, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2005.
23.
K.M. Roberts: Changing Course in Latin America, Cambridge UP, Nueva York, 2014.
24.
Philipp Lorenz-Spreen, Lisa Oswald, Stephan Lewandowsky y Ralph Hertwig: «A Systematic Review of Worldwide Causal and Correlational Evidence on Digital Media and Democracy» en Nature Human Behaviour No 7, 2023.
25.
Sheri Berman: «The Causes of Populism in the West» en Annual Review of Political Science vol. 24 No 1, 2021.