Nuevas perspectivas frente a la extrema derecha

Las fallas y opciones del progresismo

El crecimiento de las extremas derechas en América Latina deja ver un agotamiento del ciclo progresista, que se asoció en gran medida al auge de los precios de las materias primas. Este nuevo contexto obliga a la izquierda a pensar «antídotos» novedosos ligados a proyectos de transformación estructurales y más creativos. 

Por Hans-Jürgen Burchardt - Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Kassel, Alemania; fundador del Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS), que dirigió entre 2017 y 2025. 

La victoria electoral de Javier Milei en las elecciones legislativas de finales de octubre de 2025 en Argentina o las recientes elecciones presidenciales en Chile no dejan lugar a dudas de que la popularidad de los movimientos y gobiernos de extrema derecha en América Latina no es un fenómeno pasajero, sino persistente.

Recordemos que, durante las dos primeras décadas del siglo xxi, la región sorprendió al mundo con un giro hacia la izquierda. Impulsado por el aumento de los precios de las materias primas y un robusto crecimiento económico, este ciclo permitió una importante expansión de las políticas laborales y sociales. La pobreza se redujo de manera significativa, millones de personas vivieron un ascenso social y los gobiernos progresistas obtuvieron una amplia legitimidad democrática. Sin embargo, aun en países que fueron emblemas de ese éxito –como Argentina, Brasil o Bolivia– se han impuesto luego proyectos políticos de derecha e incluso de extrema derecha, con tendencias autoritarias y escaso interés por combatir las crecientes desigualdades sociales o por abordar desafíos como la crisis climática. A continuación, se analizan las razones del agotamiento del ciclo progresista y el avance de la extrema derecha a escala global y regional, y se proponen ideas concretas para hacer frente a esta amenaza.

Con el auge de los precios de las materias primas –combustibles fósiles, minería y productos agrícolas– se inició a partir de 2003 un boom económico en América Latina que se extendió por más de una década. Los gobiernos progresistas que llegaron al poder durante ese periodo aprovecharon esta bonanza. Las arcas del Estado se llenaron rápidamente, lo que permitió ampliar la infraestructura pública, reforzar la capacidad institucional del Estado y aplicar políticas sociales expansivas. Se trató de un gran momento para impulsar reformas estructurales y afrontar dos de las principales trabas históricas del desarrollo en la región: por un lado, mediante la reducción de la extrema desigualdad; y por otro, mediante la superación de la dependencia de los recursos naturales a través de estrategias de diversificación productiva y aumentos de productividad que abrieran el camino hacia un desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Pero, en lugar de reorientarse la economía, se profundizó la apuesta por los sectores extractivos. El crecimiento del cultivo de soja en Argentina o la expansión de la minería en Brasil muestran que incluso economías relativamente industrializadas se afianzaron como exportadoras de materias primas. Se produjo una clara reprimarización de las estructuras económicas. Al mismo tiempo, se transformaron las dinámicas políticas: en lugar de ampliar políticas de negociación y procesos democráticos, se cooptaron grupos de interés y se compraron apoyos y a las oposiciones con las rentas de la materia prima.

Este ciclo puede interpretarse como de un efecto ascensor, en el que todos los grupos sociales ascendieron a la vez, pero sin que se alterara la estructura interna del modelo de desarrollo. Las elites económicas conservaron sus patrimonios, las clases medias crecieron en tamaño y visibilidad y las clases populares recibieron algunos recursos –aunque muy escasos en términos del pib–. Durante la bonanza, no se emprendieron verdaderas reformas estructurales ni una redistribución profunda. Las mejoras sociales se basaron en buena medida en políticas asistenciales, no en cambios sociales perdurables. El sistema tributario apenas fue modificado y las tímidas reformas fiscales no llegaron a consolidarse[1]. Durante el auge progresista, las elites económicas aumentaron en muchos casos su riqueza, mientras los mercados laborales y las estructuras productivas siguieron fragmentados y desiguales.

Cuando los precios de las materias primas comenzaron a caer, a partir de 2013, varios gobiernos de izquierda ya habían perdido algunos de sus aliados y parte de su base social. Los viejos conflictos resurgieron con fuerza. Las elites empresariales volvieron a cerrar filas en defensa de sus intereses. A la caída de los ingresos por exportaciones le siguieron inflación, recortes en gastos de infraestructura y servicios públicos, pérdida del poder adquisitivo para las mayorías populares y aumento del desempleo. Los avances sociales comenzaron a desmoronarse; la pobreza volvió a crecer –acelerada luego por la pandemia– y la crisis social derivó en una crisis política. Todo esto preparó el terreno para el avance de la extrema derecha.

El ascenso de la extrema derecha

El aumento de la violencia, la inflación, el cambio climático o la creciente migración no dejan lugar a dudas sobre la crisis que atraviesa la humanidad en estos días. Para América Latina, la situación geopolítica está mutando. La región, sus gobiernos y sus sociedades deben lidiar con nuevas constelaciones (entre Estados Unidos, China, la Unión Europea) y buscar nuevas respuestas.

Las ciencias sociales (clásicos como Martha Nussbaum, Nancy Fraser, Amartya Sen[2]) coinciden en que, en caso de una gran crisis civilizatoria como la actual, una gestión creativa y eficaz depende en lo esencial de la solidez de la constitución del sujeto y de sus colectivos, lo cual, a su vez, se basa en tres dimensiones entrelazadas e indivisibles: (a) estabilidad material mediante una (re)producción socioeconómica adecuada a través de ingresos y trabajo decente, vivienda, educación, salud e infraestructuras; (b) participación social y política que permita decidir sobre el propio entorno vital; (c) formación de identidad basada en un sentido de pertenencia a colectivos tangibles, como la familia, los amigos, el trabajo, tradiciones o la nación.

Desde mediados de la última década, las primeras dos dimensiones se han debilitado considerablemente a escala global, y también en América Latina. Las desigualdades aumentaron de forma significativa. El temor al descenso social y las percepciones de privación –real o relativa– se generalizaron, y la movilidad ascendente del momento de auge desembocó en nuevas dinámicas de marginalización. La política tradicional y sus elites, así como ciertos sectores acomodados de las clases medias, apenas abordaron estas tendencias, las ignoraron en gran medida y no ofrecieron soluciones. Ni siquiera iniciaron un debate serio sobre las exigencias y los esfuerzos necesarios para resolver la crisis. En esta fase final de los gobiernos progresistas, la democracia ya estaba erosionándose por fenómenos de ineficiencia en la gestión económica, corrupción masiva o clientelismo. Pero cuando a una persona y a su familia se les arrebatan el trabajo, la vivienda, la participación y la perspectiva de futuro, hay algo que no se les puede quitar: su identidad. Conceptos como patria, nación, tradición, religión, etnia o género se convierten entonces en referentes de reconocimiento y estabilidad. Esto es particularmente evidente en las extremas derechas de eeuu y Europa, pero además funciona, con modalidades diferentes, en Argentina y Brasil, donde también apuestan a la creación de colectivos sólidos, un «nosotros» que excluye a otros. Así, aumenta la tolerancia hacia actitudes xenófobas o la aceptación de discursos que discriminan a las minorías. Esto constituye una diferencia crucial con los procesos políticos y culturales desplegados por las fuerzas «progresistas». Como parte de su foco cada vez más concentrado en el reconocimiento (vis a vis la redistribución), esas fuerzas también revalorizaban identidades, pero vinculadas a minorías o grupos étnicamente subalternizados y mediante un esfuerzo explícito en subrayar la inclusión, antes que la exclusión. La extrema derecha ha comprendido esta necesidad de crear identidad y pertenencia y se está centrando en esa tercera dimensión de la estabilidad. En la extrema derecha se ha dejado de lado la preocupación por la reproducción material o, antes bien, se la traslada al individuo, siguiendo un esquema social darwinista: el débil vale menos y se justifica así su exclusión social o política. El desempleado «no quiere trabajar», el perdedor «no supo esforzarse». Bajo esta lógica, también se naturalizan las desigualdades étnicas y de género: el indígena o el negro son «vagos» y «brutos». El mundo de la extrema derecha es, en buena medida, un mundo de alianzas blancas y masculinas. En Argentina, grupos organizados de mujeres liberales y libertarias (votantes de Milei) vienen cuestionando, precisamente, su exclusión de los procesos de toma de decisiones en sus partidos de origen y su relativa marginalidad en posiciones de gobierno. Desde adentro del universo partidario de las derechas, esos grupos buscan ampliar, con escaso éxito hasta el momento, aquellas alianzas básicamente masculinas[3].

La extrema derecha evade el análisis de las causas y los desafíos de la crisis. Ignora las fracturas sociales o recurre a narrativas conspirativas para responsabilizar a las elites políticas o a minorías. Promete soluciones simples, basadas en el rechazo al establishment y en la exclusión de colectivos como personas lgbt+ o pueblos indígenas. Niega o relativiza el cambio climático. Y suele defender propuestas que, de aplicarse, harían a muchos pobres más pobres y a los excluidos aún más vulnerables, profundizando la polarización social.

Esta no es una consecuencia indeseada, sino parte de su estrategia. La polarización fomentada genera más inseguridad, más tensión, más sensación de pérdida de control. Y eso, a su vez, alimenta la demanda de respuestas autoritarias, es decir, propuestas que prometen firmeza y orden, debilitando así la segunda dimensión de estabilidad: la participación política[4].

Muchas personas tienen la sensación de que sus intereses ya no se representan suficientemente en la democracia. Esto no es exclusivo de América Latina. A escala global, muchos gobiernos (progresistas) comparten la responsabilidad por el deterioro de las condiciones materiales de vida para amplios sectores sociales. El aumento de la desigualdad y la precarización del trabajo son evidencias de ello. A esto se suman el nepotismo, la corrupción y la ineficacia gubernamental, que alimentan el discurso antisistema. Así, no sorprende que la retórica antielitista y el rechazo a «los de arriba» o la «casta» resuenen con fuerza.

Debemos reconocer con sinceridad que el ascenso de la extrema derecha y la debilidad de la democracia son, en primer lugar, el resultado de la mala gestión de los mismos gobiernos democráticos.

La extrema derecha es muy consciente de ello. A diferencia de otros movimientos antisistema, no busca más participación, más justicia social o mayor transparencia institucional, sino que ofrece exactamente lo contrario: una salida autoritaria. La democracia per se es presentada como la raíz del problema. Solo un poder fuerte y centralizado podría –según esta narrativa– restablecer el orden. Este planteamiento resulta atractivo por varias razones: por un lado, niega las exigencias reales que plantea el presente; por otro, propone reemplazar la percibida impotencia individual con el empoderamiento simbólico del colectivo y del líder. La pertenencia identitaria ofrece refugio frente a la incertidumbre. A través de un lenguaje directo y simplificaciones efectistas, la extrema derecha transmite este mensaje con éxito. Este efecto se amplifica mediante el uso estratégico de las redes sociales, que desempeñaron un papel crucial, por ejemplo, en las victorias electorales de presidentes como Jair Bolsonaro en Brasil o Javier Milei en Argentina[5].

La identidad como trinchera: cultura, exclusión y violencia

Por supuesto, tampoco en América Latina la extrema derecha es homogénea, como demuestra una comparación entre Argentina y Brasil. El ultraliberalismo de Milei se basa menos en la construcción de un colectivo que en la promoción de un individualismo extremo, que convierte al individuo en un emprendedor y concibe al Estado como un ente corrupto y el mayor obstáculo para el desarrollo. Esta apuesta a renunciar al Estado, a políticas públicas responsables e inversiones inteligentes para el futuro, combinada con una economía financiada mediante un fuerte endeudamiento, no ha fracasado. El resultado de las últimas elecciones legislativas, en las cuales Milei volvió a obtener una gran legitimidad, confirma el análisis y la argumentación anterior.

Varias razones explican la victoria de Milei a pesar de las circunstancias adversas para su gobierno. En primer lugar, el temor a que su debilitamiento político desestabilizara inmediatamente la economía, alimentara la inflación y, por lo tanto, pusiera en peligro la frágil estabilidad económica de los emprendedores individuales. En lugar de ver la catástrofe económica que se avecina en Argentina, muchos decidieron apostar por la promesa de Milei[6].

En segundo lugar, aunque estrechamente relacionado con esto, está el hecho de que la oposición fue incapaz de articular una estrategia coherente para el futuro de Argentina. Las opciones para los votantes oscilaron entre los recuerdos negativos del peronismo, como un país con una elevada inflación y un alto índice de trabajo informal sin perspectiva, o una economía altamente endeudada al borde del colapso con promesas hacia el futuro. La oposición, que no confrontó al gobierno ultraliberal con argumentos sólidos ni con propuestas creativas, sino que se limitó a estilizar una campaña electoral entre el bien y el mal, ignoró que con ello aceptaba las reglas del populismo de extrema derecha, que sabe actuar mucho mejor en este juego. La oposición tampoco supo cómo conectar con los votantes jóvenes. El auge de la extrema derecha es también una profunda expresión de un conflicto intergeneracional: la proporción de personas de entre 20 y 30 años en América Latina y también en Argentina es relativamente alta y su peso electoral también es importante. Esta cohorte de edad suele estar menos establecida y se encuentra en desventaja o vulnerabilidad económica, pero ha demostrado ser muy receptiva a las promesas de éxito a través del esfuerzo individual. Mientras el progresismo no reconozca que debe dirigirse a este grupo con propuestas propias que aborden directamente sus necesidades (como ha sabido hacer Zohran Mamdani en Nueva York), seguirá fracasando una y otra vez. A la luz de los análisis de la oposición después de su derrota electoral en Argentina, pareciera que no ha aprendido todavía la lección y continúa con sus viejas políticas obsoletas, lo que garantiza el futuro para la extrema derecha.

En Brasil, por el contrario, Bolsonaro logró crear la imagen de un colectivo. Defiende el concepto de un «orden natural», vinculado a la idea de un origen tradicional o religioso de la sociedad, así como al arraigo de las personas y los géneros en su entorno social y cultural. Se trata de un concepto antiliberal que incluye posiciones nacionalistas y autoritarias (por ejemplo, se celebra la proximidad ideológica a la dictadura brasileña), así como una agenda agresiva de «ley y orden» (algo que comparten también Milei y su ministra de Seguridad, ahora electa senadora, Patricia Bullrich). Además de condenar al «establishment corrupto» de las elites políticas, el colectivo creado excluyó a diversas minorías, que fueron discriminadas mediante declaraciones misóginas, homófobas y racistas de Bolsonaro. Si bien la reciente condena del ex-presidente fue también un momento estelar del Estado democrático de derecho, del que eeuu debería aprender, el colectivo estilizado sigue existiendo y sigue siendo peligroso.

Por esta razón, es necesario analizar con mayor detalle la génesis y función de estos colectivos imaginarios de la extrema derecha. Una dimensión parece clara: el intento de asociar esas identidades a atributos sobre lo originario y auténtico. Según esta concepción, las rupturas con la tradición, las «anormalidades», las influencias externas o las transformaciones impulsadas por minorías deben ser eliminadas y reemplazadas por lo propio. En conjunto, la extrema derecha promueve un modelo de orden que combina formas de vida tradicionales, jerarquías rígidas, identidades excluyentes y visiones dicotómicas de la sociedad.

Principalmente, la definición y la justificación del colectivo se convierten en el centro del conflicto político y en el objetivo de los ataques. La política económica y social pasa a segundo plano o directamente se ignora. La participación política es sustituida por un autoritarismo legitimado por el propio colectivo y su líder. En el discurso de la extrema derecha, la definición del colectivo ya no se basa en la realidad material o social, sino en su dimensión imaginaria. Es decir, el campo de disputa es la cultura. Por eso, su estrategia central es la del combate cultural.

La extrema derecha no reconoce las causas reales ni ofrece soluciones a la crisis, sino que la reinterpreta como un ataque permanente contra el colectivo idealizado. La supuesta amenaza proviene de refugiados, migrantes, minorías étnicas, transformaciones de género, nuevas normas lingüísticas, diversidad sexual, como así también –en el ejemplo de Argentina– de todos aquellos vinculados al Estado. Se trata de temas que poco tienen que ver con las causas reales de la crisis, pero que sirven para movilizar emocionalmente a amplios sectores.

Ya no se discuten hechos ni realidades, sino que se apela a emociones. Se utilizan evidencias falsas o, en el mejor de los casos, anecdóticas, que logran un objetivo: mantener a la sociedad en un estado constante de agitación, irritación y presión emocional. Los llamados «hechos alternativos» se multiplican y el concepto de verdad basada en evidencia se disuelve. El sentido más profundo de la figura de los «hechos alternativos» no es simplemente el rechazo de la razón o del conocimiento, ni una manipulación deliberada, sino una puesta en escena: se trata de mostrar que el propio líder está por encima de la verdad y que puede difundir falsedades sin sufrir consecuencias. Al mismo tiempo, se intenta normalizar opiniones antes inaceptables en el debate público, como la reivindicación de dictaduras o regímenes autoritarios, para que estas ideas ya no sean cuestionadas ni descartadas como opciones futuras.

Lo nuevo de la extrema derecha es su radicalidad. A medida que la política basada en argumentos pierde relevancia, también se deterioran las reglas del juego democrático, la disposición al diálogo y a los compromisos. Si el colectivo es esencialmente homogéneo, los conflictos ya no se pueden negociar: no hay espacio para la diferencia. Se trata de un enfrentamiento entre el Bien y el Mal. Todo o nada.

Desde esta lógica, se vacía el contenido de la democracia. Como plantearon Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, retomando a Carl Schmitt, en la democracia los enemigos se transforman en adversarios. Y con los adversarios se negocia, se construyen acuerdos. La extrema derecha reconvierte al adversario en enemigo. Y a los enemigos se los puede difamar, excluir, negar –o incluso eliminar–. En otras palabras: una política que convierte al adversario en enemigo abre la puerta a la violencia –y a la guerra–. Los underdogs [perdedores] –o el mob [populacho], como lo llamó Hannah Arendt[7] – también muerden. No lo olvidemos: una función de la violencia colectiva ejercida por grupos socialmente degradados es su propia revalorización simbólica.

La historia nos enseña las consecuencias de estas políticas: la exaltación de colectivos dirigidos por ideologías de extrema derecha que desprecian la vida humana ha conducido en América Latina a dictaduras sangrientas, y en Europa, a la guerra, la miseria y la muerte de millones de personas.

Nuevas perspectivas frente a la extrema derecha

¿Cuáles son los antídotos frente a la extrema derecha? Las políticas de apaciguamiento, el intento de contener a la extrema derecha mediante concesiones o acercamiento, han fracasado sistemáticamente. Más bien han contribuido a normalizar sus discursos y a fortalecer su posición. ¿Por qué elegir una mala copia, si se puede tener el original?

Lo que se necesita es una nueva narrativa que ofrezca respuestas constructivas a las tres dimensiones de estabilidad mencionadas anteriormente y que sitúe la participación en el centro del bienestar colectivo. La victoria electoral del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, es un buen ejemplo de ello: ha invocado una nueva identidad colectiva y con visión de futuro para la comunidad migrante vulnerable y desfavorecida de la ciudad, que apuesta por la integridad de todos en lugar de la exclusión de las minorías; exactamente lo opuesto a lo promovido por Trump. Ha prometido a su electorado una mayor participación política y capacidad de decisión, y ha convertido la creciente inseguridad económica y las dificultades de las mayorías en el eje central de su política. Además del reconocimiento, ha anunciado también medidas de redistribución. Con su campaña electoral y sus ideas frescas, que apostaban fuertemente por las redes sociales, el candidato llegó especialmente a los votantes jóvenes, cuyos problemas abordó con especial claridad. Por supuesto, las dinámicas de un biotopo político tan particular como el de Nueva York no pueden trasladarse a otros territorios. Pero el camino está claro: el nuevo relato de un progresismo debe partir de la premisa de que solo podremos adaptarnos a los desafíos actuales si el cambio es social y ecológicamente justo, y si incluye a toda la sociedad.

Para ello se requieren enormes recursos. En los países industrializados, una opción relativamente viable es la financiación vía endeudamiento. En América Latina, en cambio, el endeudamiento suele derivar en dependencia y crisis. La Argentina de Milei es actualmente uno de los peores ejemplos de ello. La alternativa más inteligente sería imponer impuestos sobre el patrimonio y la herencia al 5% más rico. La extrema concentración de riqueza en América Latina –y en el mundo– obstaculiza la movilidad social, distorsiona la competencia y transforma las sociedades en estructuras cada vez más cerradas. Eso es lo mejor que le puede pasar a la extrema derecha.

Una de las causas de esta concentración de riqueza es su baja tributación, tanto en la región como a escala mundial. Pero eso es una constelación que puede ser modificada políticamente. Un paso inicial sería la creación de un registro público de patrimonios, de carácter regional e internacional. Una carga fiscal moderada sobre grandes patrimonios que limite su crecimiento desproporcionado liberaría recursos considerables. Estos podrían fortalecer infraestructuras, fomentar el emprendimiento mediante un programa «herencia para todos» financiado por impuestos y reforzar la participación social. El aumento de la productividad permitiría reducir la dependencia de exportaciones, deuda e importaciones, y haría a la región más soberana.

Una política de este tipo se vincularía directamente con la primera dimensión de estabilidad: la reproducción material. En una democracia, los recursos recaudados a través de impuestos pueden sustentar una infraestructura pública sólida en áreas como educación, salud, cuidado, vivienda, transporte o comunicación. Las inversiones públicas y una política industrial verde podrían crear empleos decentes y facilitar una transición energética justa. Todo ello aumentaría la legitimidad democrática.

Esta visión también transforma la segunda dimensión: la participación política. Aquí se plantea una pregunta clave: ¿cuáles son los logros y los límites de la democracia liberal? Entre sus avances incuestionables están la validez universal de los derechos humanos y constitucionales, la independencia judicial, la igualdad política formal, las elecciones libres y la libertad de asociación y expresión. Estos principios son fundamentales, especialmente cuando la extrema derecha los quiere eliminar. Pero el liberalismo ha empezado a canibalizar su propia democracia. Su orientación neoliberal y su visión minimalista del Estado obstaculizan la reproducción material para muchos, frustran la igualdad real y reducen las posibilidades de participación. Con su énfasis en la responsabilidad individual, abandona la protección a los sectores más vulnerables y fomenta la ley del más fuerte. Además, su enfoque en el presente ignora las dimensiones temporales de la justicia y la redistribución. Una alternativa sólida –y con precedentes exitosos– es la «democracia social»[8]. Esta invierte la fórmula liberal: no busca igualdad a través de la libertad, sino libertad a través de la igualdad. Está dispuesta a redistribuir, a democratizar sociedad y economía sin perder las fuerzas liberales. A través de esta vía puede financiarse un sector público amplio y sostenible, que alivie a los grupos más vulnerables sin castigar a los más fuertes. Complementado con nuevas formas de participación –como asambleas ciudadanas o consultas públicas–, puede transformar la actual sensación de impotencia en una experiencia de expansión de controles democráticos. Esto garantizaría la libertad y la justicia, y permitiría enfrentar futuras crisis.

Así se perfila también un camino para renovar el campo de la identidad colectiva. Este campo no debe subestimarse. Es allí donde se construyen legitimidad y aprobación –o rechazo– a las políticas públicas. Pero la política democrática no tiene por qué seguir la lógica de la extrema derecha ni poner la identidad como eje central. En su lugar, debería abordar de forma integrada e inseparable las tres dimensiones de estabilidad.

Tres ejemplos:

(a) La igualdad de género requiere cambios culturales –como los programas de salud sexual integral–, pero también mejoras concretas en las condiciones de los trabajos de cuidado, mayor presencia femenina en la política y un reconocimiento fuerte de tareas de reproducción social, históricamente invisibilizadas.

(b) La introducción de nuevas reformas fiscales debe ir acompañada de un discurso que las conecte con valores culturales, como la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, la mayoría de la población suele considerar las herencias como un extracto de los logros familiares o un depósito intergeneracional de recursos, y una tributación percibida como desproporcionada provoca un sentimiento de injusticia y una fuerte resistencia. Un posible discurso sería que, en lugar de anunciar aumentos de impuestos impopulares, se comunica el alivio fiscal para 95% de la población a través de la supresión de impuestos regresivos como el iva y la expansión del sector público, y la carga tributaria se concentra en los más grandes patrimonios y herencias.

(c) El mundo del trabajo requiere una revalorización profunda. Las condiciones laborales precarias son una fuente clave de malestar y de la desigualdad social, como demuestra el caso argentino. Pero no basta con mejores sueldos: el trabajo debe verse como fuente de reconocimiento y bienestar. Para ello, son necesarias condiciones decentes de trabajo y representación sindical fuerte.

Una política que combine estos objetivos de forma institucionalizada y tangible desarma el discurso de la extrema derecha. La fórmula es clara: redistribución y reconocimiento. En los últimos años, también en el progresismo, el péndulo ha oscilado hacia el reconocimiento y la identidad. Pero ahora que este campo está siendo ocupado por la extrema derecha, es urgente devolverle protagonismo a la redistribución[9]. No como opuesta a la identidad, sino en estrecha conexión con ella.

Ese equilibrio –entre reconocimiento y redistribución– no solo es viable: puede ser la única forma de proteger la democracia. Así lo afirma el economista y Premio Nobel Daron Acemoğlu, quien, tras analizar datos internacionales sobre instituciones y democracia, concluye que esta última no sobrevivirá si no se vuelve más justa y favorable al trabajo[10]. Esa no es una mala noticia. Al contrario: nos ayuda a enfocar las propuestas políticas del progresismo en lo esencial y a dialogar con quienes aún desconfían de la redistribución. Porque ya no se trata solo de justicia social. Se trata de todo. Se trata de la democracia.

La era de la extrema derecha no tiene por qué ser el ocaso de la democracia. Ni en América Latina, ni en otras partes del mundo. Si apostamos ahora por redistribución y reconocimiento, esta puede ser, por el contrario, su hora de renovación.

1.

Philip Fehling y H.-B. Burchardt:

Política tributaria y desigualdad en América Latina, CLACSO / CALAS, Buenos Aires, 2024.

2.

M.C. Nussbaum:

Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la exclusión , Paidós, Barcelona, 2007; N. Fraser:

Justice Interruptus: Critical Reflections on the «Postsocialist» Condition

, Routledge, Nueva York, 1997; Ingrid Robeyns:

Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined

, Open Book Publishers, Cambridge, 2017; A. Sen: El nivel de vida [1987], Editorial Complutense, Madrid, 2001.

3.

Ver Melina Vázquez y Carolina Spataro:

Sin padre, sin marido y sin Estado , Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2025.

4.

Gabriel Kessler y Brenda Focás: «¿Responsables del temor? Medios y sentimiento de inseguridad en América Latina» en Nueva Sociedad No 249, 1-2/2014, disponible en nuso.org.

5.

Pablo Stefanoni: «Peinar el 2001 a contrapelo: del 'Argentinazo' a la nueva derecha» en Nueva Sociedad No 308, 11-12/2023, disponible en nuso.org.

6.

La crítica de que Donald Trump, con su promesa de apoyar al gobierno de Milei con grandes créditos en caso de ganar las elecciones, está interfiriendo indebidamente en los asuntos internos es muy justificada. Al mismo tiempo, sin embargo, hay que preguntarse por qué esta injerencia ha tenido tanto éxito en Argentina. En Brasil, los intentos de Trump de desmantelar el Estado de derecho democrático mediante la amenaza de aumentar los aranceles no tuvieron éxito y la insistencia en la autonomía aumentó la popularidad de Luiz Inácio Lula da Silva.

7.

H. Arendt:

Los orígenes del totalitarismo [1951], Taurus, Madrid, 1974.

8.

Hermann Heller, uno de los grandes pensadores de este concepto, fue una de las figuras claves en los debates de la República de Weimar sobre el Estado, el derecho y la democracia, y el principal antagonista intelectual del antiliberal Carl Schmitt. Aunque coincidía con Schmitt en su diagnóstico de la crisis del Estado y el parlamentarismo europeo de entonces, no compartía sus conclusiones: no rechazaba la democracia como forma de gobierno, sino que abogaba por su renovación y profundización. El eje central de su propuesta era la construcción de un «Estado social de derecho» con legitimidad democrática, ya que en el Estado liberal la igualdad formal ante la ley aplicada a situaciones de desigualdad social conduce a un derecho materialmente desigual, a una creciente brecha entre la forma y la realidad jurídicas, y a una «desigualdad radical». H. Heller: «Politische Demokratie und soziale Homogenität» [Democracia política y homogeneidad social] [1923] en Gesammelte Schriften vol. II, ed. Christoph Müller, Sitjhoff, Leiden, 1971, p. 430 (traducción del autor).

9.

V. tb. Álvaro García Linera:

La política como disputa de las esperanzas , Clacso, Buenos Aires, 2022, pp. 71-93.

10.

D. Acemoğlu: «If Democracy Isn't Pro-Worker, It Will Die» en Project Syndicate , 20/6/2024, disponible en www.project-syndicate.org/commentary/us-eu-democracy-challenges-reflect-disappointing-economic-growth-and-wage-trends-by-daron-acemoglu-2024-06.

Fuente:

https://nuso.org/articulo/320-nuevas-perspectivas-extrema-derecha/