A la caza de voluntades por la reforma laboral
Santilli sigue con su tour de gobernadores. Los sacrificios de la recaudación y la discuión por los recursos coparticipables. La preocupación alcanza tanto a los dialoguistas y a los más combativos.
Por Paula Marussich
En medio de las negociaciones por una nueva toma de deuda para pagar deuda y mientras los incendios arrasan Chubut, el Gobierno activó un operativo para salir a la caza de voluntades y blindar la reforma laboral que buscará aprobar en febrero. Aunque en la Casa Rosada aseguran contar con los votos necesarios para sancionarla, necesitan hacerlo con volumen político. Los gobernadores están en alerta: la baja del impuesto a las Ganancias y los beneficios a los empresarios que propone la iniciativa sacrificará recaudación y recursos coparticipables. La preocupación alcanza tanto a los mandatarios dialoguistas como a los más combativos. Chubut, la primera parada del road show del ministro Diego Santilli en busca de votos.
Tras un diciembre fallido, en el que el oficialismo solo logró aprobar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal durante el período de sesiones extraordinarias, el Gobierno inició gestiones para avanzar con la sanción de la reforma laboral en el nuevo período, que se iniciará el 2 de febrero y se extenderá hasta el 1 de marzo, cuando comience formalmente el año parlamentario. El plan de la Casa Rosada es replicar el esquema que se utilizó para la aprobación de la Ley Bases. Santilli se mueve con un bloc de notas en el que recoge los pedidos de los mandatarios provinciales y, luego, el Palacio de Hacienda dispone. Un "toma y daca" típico que apunta a cosechar respaldo legislativo.
El tour, que incluirá reuniones mano a mano con diez gobernadores, comenzó con el pie izquierdo. Los incendios en las localidades de El Hoyo y Epuyén dejaron en suspenso la discusión por la reforma laboral, que apenas se abordó de manera "tangencial", según dijeron fuentes de la provincia a Página/12. "Vinimos a ponernos a disposición y a trabajar en nombre del Presidente para seguir dando todo el apoyo y acompañar desde el Gobierno", dijo Santilli tras una recorrida por las zonas afectadas. El gobernador agradeció la presencia del ministro, que permaneció unas seis horas en la provincia.
Según pudo reconstruir este diario, Ignacio Torres no tiene una postura definida respecto de la reforma, aunque sí le anticipó al ministro que coincide con la necesidad de modernizar la normativa laboral. Además del pedido de asistencia por los incendios, en la agenda del mandatario chubutense figura el reclamo por el traspaso de las cajas jubilatorias, una deuda millonaria que la Nación mantiene con los sistemas previsionales de distintos distritos. Semanas atrás, el gobernador anunció la presentación de una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar fondos retenidos por el Estado nacional, que se estiman en unos 50 mil millones de pesos.
En la Cámara Alta, por donde comenzará el debate, el chubutense cuenta con dos senadoras que le responden políticamente: Andrea Cristina (PRO) y Edith Terenzi. Esta última aportó un voto clave durante el ajustado debate por el Presupuesto para mantener en pie el polémico capítulo 2, destinado a profundizar el ajuste en educación, ciencia y tecnología y a desfinanciar el sistema nacional de defensa.
El gobernador trazará primero un plan de acción con las senadoras y recién después avanzaría con Jorge "Loma" Ávila, diputado de extracción sindical petrolera, hoy dentro del interbloque Unidos. Ávila ya adelantó ante la prensa su rechazo a la iniciativa: "Esta ley laboral, tal como está, no le sirve a nadie". Y agregó: "Tenemos que ser inteligentes. Nosotros vamos a ir en contra de esta reforma laboral porque hay que defender los intereses de la ciudad y la provincia".
Gobernadores en alerta
Chubut fue apenas la primera escala de un plan que incluye reuniones cara a cara con unos diez mandatarios provinciales. En los próximos días, el ministro tiene previsto verse con los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), y luego recibirá en Balcarse 50 a Sergio Ziliotto, mandatario de La Pampa.
Los gobernadores miran con especial preocupación el artículo 191 del proyecto, que recorta casi dos billones de pesos a las provincias de la masa coparticipable del impuesto a las Ganancias que tributan las empresas, en un contexto de asfixia financiera. Las más afectadas serían Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Cerca del gobernador Martín Llaryora ya adelantaron que no acompañarán ese artículo.
El diputado entrerriano Guillermo Michel, de Unión por la Patria, fue uno de los primeros en objetar la legalidad del tratamiento de la reforma laboral, al advertir que el proyecto comenzaría su trámite en el Senado pese a incluir modificaciones de carácter tributario. En las últimas horas, Michel anunció en sus redes sociales un pedido de audiencia al gobernador Rogelio Frigerio: "Le pedimos una reunión porque la reforma laboral le quita recursos coparticipables a Entre Ríos por más de $81 mil millones al año". Los números dan cuenta del impacto negativo que podría tener en las provincias la aprobación de la reforma en los términos actuales.
Dentro de Unión por la Patria, Michel y el senador chaqueño Jorge Capitanich elaboraron informes técnicos para compartir con el resto de los legisladores y mandatarios. "El presente cuadro pone en evidencia, con cifras oficiales y metodología de la Comisión Federal de Impuestos, la magnitud real del impacto fiscal que esconden apenas tres artículos del proyecto bajo análisis. Lejos de tratarse de ajustes marginales o incentivos focalizados, estas disposiciones implican una pérdida recaudatoria anual de $8.149.521.000.000, equivalente a USD 5.727 millones, derivada de concesiones tributarias dirigidas a grandes empresas y sectores privilegiados, que impactan directamente en la coparticipación, sin contrapartidas verificables en términos de inversión, empleo o desarrollo productivo", advierte el informe.
La Casa Rosada esperará el final de los encuentros para analizar las concesiones que deberá realizar si quiere evitar que la reforma naufrague. El ala más pragmática ve viable una modificación del esquema de Ganancias en favor de las grandes empresas. Otro de los puntos que podría abrirse a cambios es el artículo que limita aún más el derecho a huelga. Ese apartado abre la puerta a la inconstitucionalidad de la ley, un error que el Gobierno no se puede permitir.
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