Alerta Hidrovía: el riesgo oculto de la extranjerización de la tierra
La reforma de la ley que impulsa Milei permitiría la entrega a manos foráneas de áreas ribereñas del Río Paraná. Un informe advierte que las empresas que participan del negocio de la Vía Navegable Troncal serán las principales beneficiarias del proyecto.
Por GABRIEL SUED
La reforma de la ley contra la extranjerización de la tierra que el oficialismo en el Senado intentará tratar el 6 de agosto, después de la postergación del jueves, encierra un peligro para un elemento clave de la soberanía nacional: el control sobre la Hidrovía, principal canal de salida de exportaciones agrícolas del Cono Sur.
El proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei, que sufrió una nueva postergación después del triunfo mundialista contra Inglaterra con la reivindicación por parte de los jugadores de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, elimina toda restricción a la compra de tierras por parte de extranjeros.
De aprobarse, permitiría la entrega a manos extranjeras de zonas estratégicas: lagos patagónicos, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas de frontera, regiones asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas y territorios a la vera de los grandes ríos. Esto último obedece a que se pretende derogar la prohibición, contemplada en el artículo 10 de la ley de 2011, de adquirir áreas "que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes".
Es decir, Milei quiere habilitar a personas y empresas extranjeras a hacerse de enormes extensiones de tierras con ríos y lagos en su interior. En este sentido, el caso más alarmante es la posible adquisición de las zonas ribereñas que rodean los 1635 kilómetros de la Vía Navegable Troncal (VNT), tramo de la Hidrovía Paraguay-Paraná bajo jurisdicción argentina.
Esto se produce después de que el gobierno libertario adjudicó la concesión por 25 años de la VNT a un consorcio multinacional que encabeza la belga Jan De Nul, con el aval de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.
La advertencia corresponde a la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, un colectivo de organizaciones que, en un informe titulado "Las penas son de nosotros", alertó sobre los peligros del denominado proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. De levantarse las restricciones que impone la ley vigente, señala el informe, se aceleraría un proceso de extranjerización de los campos y de los ríos en una de las zonas más productivas del país que incluso hoy ya es preocupante.
"Las mismas corporaciones que hoy poseen participación absoluta en el comercio, los puertos y la logística de la Hidrovía son las principales beneficiarias de una eventual derogación", sostuvo la Coalición Federal en Defensa de la Tierra. "Al controlar no solo el transporte y las terminales portuarias, sino también miles de hectáreas de campo y sus recursos hídricos, estas corporaciones continuarán marginando a los productores y a las empresas agroindustriales nacionales", agregó.
Para entender la magnitud del problema basta con analizar el nivel de extranjerización ya existente de zonas ribereñas, por compras realizadas antes de 2011. Hay veinte departamentos atravesados por el Río Paraná, situados en seis provincias, con altos niveles de extranjerización. Nueve de ellos superan el límite del 15% establecido en ley de 2011, según un relevamiento del Observatorio de Tierras.
El caso más extremo es el de Campana, provincia de Buenos Aires, con más de la mitad (50,27%) de sus tierras rurales en manos de extranjeros. Le siguen Puerto Iguazú, en Misiones, con el 39,95%; Ituzaingó, con el 33,9%, y Berón de Estrada, con el 32,72%, estas dos últimas en Corrientes. También están por encima del tope establecido en 2011 Zárate (Buenos Aires), con el 24,8% de extranjerización; Montecarlo (Misiones), con el 18,36%; Libertador General San Martín (Misiones), con el 16,78%; Eldorado (Misiones), 16,24%, y Garay (Santa Fe), 15,73%.
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