Anti meritocracia: cómo Milei quiere manipular la Defensoría del Niño
Sus senadores intentaron anular la elección de una defensora con fake news y maniobras antirreglamentarias. Este lunes, el Poder Judicial les puso un freno. Pero también quieren cambiar el reglamento para que los futuros candidatos no rindan examen. Críticas de ONGs.
Por NOELIA BARRAL GRIGERA
El Gobierno está intentando en el Senado anular el trámite de la elección de la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes. Un procedimiento con el que el Congreso avanzó el año pasado y que tiene a María Paz Bertero como defensora elegida, con aprobación de la comisión bicameral y del recinto de la Cámara de Diputados, donde consiguió 156 votos positivos –entre ellos los de los aliados radicales del oficialismo–, 44 negativos y seis abstenciones.
Después de esa aprobación, los libertarios comenzaron a trabajar con insistencia para bloquear la designación de Bertero, a quien rechazan por ser feminista y trabajar en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. "Intentaron encasillarme en un lugar para justamente desviar la discusión: que el 60 por ciento de los niños, niñas y adolescentes son pobres", declaró ella hace algunas semanas. Para bloquearla, un mes atrás, en mayo, los libertarios y el PRO dejaron al peronismo con una representación menguada en la comisión bicameral que controla la Defensoría, haciendo una lectura del reglamento que este lunes fue rechazada judicialmente. Lo que argumentaron los senadores oficialistas es que lo que valía para repartir la integración de la comisión era la cantidad de diputados por bloque y no por interbloque. En la primera lectura el peronismo tiene 21 senadores (igual que La Libertad Avanza) y en la segunda, 25 –lo que lo convierte en el bloque mayoritario–.
La jugada fue cuestionada ante la Justicia por los senadores peronistas Anabel Fernández Sagasti y Daniel Bensunsán y en las últimas horas el juez Enrique Lavié Pico declaró la nulidad de esa integración de la bicameral sin representación del bloque opositor mayoritario. El juez, además, señaló otra irregularidad: tanto los libertarios como los peronistas tienen 21 senadores por bloque cada uno, siendo las dos bancadas mayoritarias del cuerpo, pero los primeros tienen dos representantes en la comisión y los segundos, ninguno. Mientras que otros bloques minoritarios, como el de la UCR –que tiene diez integrantes– o el PRO –tres integrantes–, consiguieron un lugar cada uno. Es decir, una discriminación flagrante al peronismo, que ahora debería cesar.
Bertero fue elegida en septiembre de 2025, cuando la misma comisión bicameral que ahora intenta desarmar su designación la eligió como la mejor candidata. Entre aquel momento y la actualidad tuvieron lugar las elecciones legislativas y los libertarios acumularon bancas propias y aliadas que les permiten entusiasmarse con cambiar no sólo a la postulante elegida por la comisión sino también la forma de elegirla. Sin embargo, como la elección de octubre no terminó de alcanzar, también apelaron a la maniobra antirreglamentaria de no darle lugar al peronismo en la comisión, lo que ahora el juez reprendió.
En los últimos días, criticaron la movida libertaria organizaciones como ACIJ, ELA, la Fundación Kaleidos, Amnistía Internacional, Poder Ciudadano y el CELS; que enviaron una nota a la comisión bicameral para manifestar su desacuerdo con los manejos oficialistas. Y es que la bicameral, hasta ahora presidida por la senadora libertaria Vilma Bedia, no sólo quiere anular la elección de Bertero sino también cambiar el reglamento para elegir a quien dirija en el futuro la Defensoría. Increíblemente, la propuesta libertaria busca eliminar el examen escrito y el orden de mérito de los postulantes. Según las organizaciones que cuestionan este intento, "la eliminación del examen escrito suprime la única etapa objetiva del proceso, esto es, aquella que permite identificar con criterios verificables el grado de idoneidad de los postulantes". Y agregan un dato más: "La relevancia de esta instancia queda demostrada por los resultados del último concurso, en el que más de 70 postulantes no superaron esta etapa por haber desaprobado el examen".
Además, el reglamento propuesto por el Gobierno restringe la participación de los niños y las niñas y de la sociedad civil en la elección del defensor, al incluir requisitos y trámites administrativos que dificultan o impiden el debate amplio. "En este sentido, cabe señalar la llamativa similitud entre esta propuesta regulatoria y el proyecto de Ley de Gestión de Intereses fuertemente criticado en el ámbito parlamentario", destacaron las ONGs. Un tema sobre el cual El Destape ya ha advertido y que va en línea con la eliminación o erosión de mecanismos democráticos, repetidamente combatidos por el Gobierno.
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