Audios: Lilita Carrió pidió el juicio político del juez que habilitó la censura en la prensa
El pedido de Lilita Carrió es acompañado por la diputada Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a la diputada Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes, presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para impulsar el juicio político del juez federal Alejandro Patricio Maraniello.
El magistrado quedó en el centro de la polémica tras dictar una cautelar que prohíbe la difusión de chats, audios, fotos y videos atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Para la Coalición Cívica, esa decisión constituye un caso de censura previa y una violación al derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión.
Qué planteó Lilita Carrió en la denuncia
Carrió y sus aliados sostienen que la resolución fue adoptada sin analizar el contenido de las filtraciones, lo que la convierte en un fallo arbitrario. Además, plantearon que el juez mantiene una relación de connivencia con el Ejecutivo, en especial con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, a quien señalaron por buscar encubrir procesos disciplinarios abiertos contra Maraniello en el propio Consejo.
La denuncia también apunta al rol del magistrado como presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), entidad que recibe aportes de laboratorios como HLB Pharma y Ramallo, señalados por su implicación en el caso del fentanilo adulterado. Según la presentación, estos vínculos generan un grave conflicto de intereses.
Las denuncias contra el juez
A ello se suman al menos cinco denuncias por abuso moral, acoso sexual y violencia de género realizadas por empleadas y colegas de su juzgado, causas que ya están en trámite en la justicia y en el Consejo de la Magistratura.
Los legisladores de la Coalición Cívica pidieron que se abra el procedimiento de acusación, se disponga la suspensión inmediata de Maraniello y, eventualmente, su destitución. Argumentan que su permanencia en el cargo afecta la imparcialidad judicial y erosiona la confianza pública en un momento de fuerte crisis institucional.
La ofensiva contra Maraniello se enmarca en el "Audiogate", el escándalo desatado por las filtraciones que comprometen a la hermana del presidente y a funcionarios del Gobierno. El intento de bloquear nuevas publicaciones derivó en una confrontación más amplia sobre los límites entre la intimidad de los funcionarios y el derecho a la información.
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