Ciudadanía por inversión: el Gobierno pagará a privados para otorgarlas y hay dudas sobre costos y controles
Seis empresas compiten para gestionar el programa que otorgará la ciudadanía a inversores extranjeros. Los pagos, las reglas y el verdadero valor del pasaporte argentino todavía generan dudas.
En diciembre pasado, el Gobierno puso en marcha un programa de ciudadanía por inversión para atraer dólares al país. En lugar de gestionarlo desde el Estado, abrió una licitación para que una consultora internacional se haga cargo del diseño y la operación del esquema. Paralelamente, creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), que tendrá a su cargo supervisar a la empresa privada y contará con una partida de dinero específica, aunque todavía no se conocen detalles sobre su presupuesto ni su estructura.
El plan, impulsado por el Ministerio de Economía, prevé la evaluación de hasta 5.000 solicitudes de extranjeros dispuestos a invertir a cambio de la ciudadanía. La APCI, sin autoridades ni estructura formal hasta ahora, será responsable de controlar que la consultora cumpla con los objetivos durante los cuatro años de contrato.
Seis empresas presentaron ofertas, con montos y condiciones muy disímiles, reflejo de las dudas sobre cómo funcionará realmente el programa.
Un programa diseñado por privados y pagado con fondos públicos
Según los pliegos oficiales, la empresa adjudicataria no será un proveedor técnico más: deberá redactar las reglas del programa, definir los procesos de evaluación, desarrollar sistemas digitales, capacitar al personal, promocionar el esquema en el exterior y asistir a la APCI en la puesta en marcha. En la práctica, actuará como arquitecta institucional de una política pública sensible.
La paradoja es evidente. Mientras se crea una agencia estatal para supervisar, el núcleo del programa queda en manos privadas. Tampoco se conocen los mecanismos internos de control ni el presupuesto que demandará la APCI.
Cómo se pagará el contrato
El esquema de pagos también genera dudas. El Estado solo abonará honorarios a la consultora por las solicitudes presentadas a través de agentes independientes certificados; los trámites gestionados directamente por la empresa no recibirán fondos públicos.
El pago se activa únicamente cuando la APCI recomienda la aprobación del trámite. Al mismo tiempo, la consultora podrá cobrar directamente a los inversores por los servicios de tramitación y diligencia debida, lo que convierte al pago estatal en apenas un componente simbólico del negocio.
Seis ofertas, precios extremos
De las once empresas que se inscribieron en el proceso, solo seis presentaron ofertas concretas antes del cierre del 20 de enero. Los montos varían desde 10 hasta 20.000 dólares por cada ciudadanía aprobada.
En el extremo más bajo, un consorcio formado por Apex Capital Partners, AIM Global, Passport Legacy y Arton Capital propuso cobrar sólo 10 dólares por trámite, lo que implicaría un total de 50.000 dólares por las 5.000 solicitudes previstas.
En el extremo opuesto, Ancova Associates presentó una oferta que alcanzaría los 100 millones de dólares si se completara el máximo de trámites. Entre ambos extremos, los otros participantes propusieron sumas de 7,5 a 34,5 millones de dólares, dejando en evidencia la enorme brecha entre las ofertas y la incertidumbre sobre el costo real de administrar el programa.
Metas, sanciones y rescisión
El contrato incluye objetivos de desempeño y permite al Estado rescindirlo si no se alcanzan ciertos volúmenes de aprobaciones en los meses 24, 36 y 48. La compensación por terminación anticipada se limita al equivalente de 100 solicitudes, sin reconocimiento de lucro cesante.
Un pasaporte que todavía no seduce
Más allá de la licitación, el programa sigue sin definiciones. No se establecen montos mínimos de inversión, ni sectores productivos prioritarios, ni criterios precisos para elegir los proyectos. Todo quedará en manos de la consultora, con el aval final del Ministerio de Economía.
La pregunta, sencilla pero inevitable, es: ¿quién realmente pagaría por un pasaporte argentino, cuando obtener la ciudadanía en el país no requiere grandes desembolsos ni trámites complicados?
Así, mientras el Estado delega en un operador privado todo el diseño y la gestión del esquema, y crea una agencia únicamente para supervisarlo, sigue sin estar claro cuál será el beneficio económico real de la iniciativa.
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