Con la economía estallada, el gobierno acelera el ciberespionaje para el control social
La suba de la pobreza y la recesión profundizan el malestar social camino a las presidenciales 2027. En ese marco, el Ejecutivo creó un organismo que habilita el uso de IA para detectar presuntas amenazas a la seguridad. El caso testigo de la politóloga argentina perseguida tras ser identificada por "error" como activista en España.
Por ADRIÁN MURANO
En pocos días la economía argentina pasó del coma inducido a una falla multiorgánica que se expresó en el alza de la pobreza, drenaje récord de dólares y Riesgo País. El estallido de las variables económicas anticipa un camino de crecientes tensiones sociales hacia las elecciones presidenciales del próximo año. En ese marco, el gobierno aceleró la ampliación de su arsenal represivo con la creación de un programa contra el ciberdelito que abre la puerta a la inteligencia artificial en la prevención, la detección y la investigación de delitos que el oficialismo se propone ampliar y punir bajo pretexto soberano.
La economía estallada
El dato de pobreza exhibió el costo social del programa. Según el INDEC, el 32,3% de las personas quedó bajo la línea de pobreza en el primer semestre, contra 28,2% del segundo semestre de 2025. La indigencia trepó de 6,3% a 7,5%. Proyectadas al total del país, las cifras equivalen a unos 15 millones de pobres y 3,5 millones de indigentes. La explicación figura en el propio informe oficial: los ingresos crecieron menos que las canastas. El ingreso per cápita familiar subió 11,5%; en el mismo período, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 21,4% y la Total, 19,6%.
El Estimador Mensual de Actividad Económica marcó un nuevo retroceso: 2,9% en julio frente a junio y 1,4% en la comparación interanual. Un relevamiento del Banco Provincia lo ubicó como el tercer peor registro mensual desde 2004, pandemia excluida, a la par de septiembre de 2019, cuando la economía se hundió tras las PASO que sepultaron la reelección de Mauricio Macri. El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó el golpe a excusas diversas, desde la falta de gas para la industria hasta las nevadas y el Mundial de fútbol.
El frente financiero tampoco da respiro. El riesgo país cerró el viernes 25 en 611 puntos básicos, su nivel más alto en cinco meses, después de haber tocado 402 en julio. Las reservas internacionales terminaron la semana en 48.245 millones de dólares. La desconfianza se mide en dólares. Según datos del Banco Central, las personas compraron en agosto 3.366 millones de dólares, una demanda que superó lo que liquidó el agro en el mes, 2.933 millones. El BCRA adquirió apenas 768 millones, el monto mensual más bajo del año.
En ese contexto Milei viajó a Manhattan para lanzar su campaña a la reelección. Trajo el respaldo del repudiado premier israelí Benjamin Netanyahu y un mini blindaje de 7 mil millones de dólares otorgado por Donald Trump a cambio de profundizar el control estadounidense sobre rutas y recursos estratégicos. También extendió su apoyo el tecnomagnate Peter Thiel: "Creo que Milei será reelecto porque la gente entiende que no se puede volver atrás". El interés de Thiel por el experimento mileísta no es novedad, pero adquiere mayor relevancia cuando su pronóstico coincide con la decisión oficial de acelerar mecanismos de vigilancia y control social. Es, precisamente, lo que vende el cofundador de Palantir.
Error con pies de barro
El 26 de agosto, en Epuyén, un pueblo cordillerano del noroeste de Chubut, Flavia Broffoni recibió un correo con un asunto que parecía spam: "Si estás en Ceuta, tené mucho cuidado". Del otro lado del Atlántico, en la ciudad autónoma española recostada sobre la costa africana, un video se multiplicaba en grupos de WhatsApp: una mujer joven, de pelo corto, remera negra y short rojo, filmada en medio de la tensión migratoria que atraviesa la frontera con Marruecos. Alguien recortó ese rostro, se lo mostró a una inteligencia artificial de Google y obtuvo un nombre. El de ella. Politóloga, escritora y activista, a más de diez mil kilómetros de la escena.
Broffoni reconstruyó la secuencia en una entrevista con El Destape. Cinco influencers de Ceuta, "con cualidades muy supremacistas", difundieron en Instagram el video de una chica que camina con un celular en la mano y a la que "a priori no se la ve haciendo nada raro". Sobre esa imagen se montó una acusación nunca probada: la joven habría repartido gas pimienta entre migrantes marroquíes para enfrentar a las fuerzas de seguridad. Para Broffoni, allí opera "la primera capa de falsedad y de invento" de toda la operación. La segunda llegó cuando un hombre que participaba de esa publicación capturó el rostro de la joven y le preguntó a Gemini quién era. En la consulta incluyó una palabra: activista. La respuesta de la IA fue categórica. Era ella. Una ceutí que la buscó en internet a partir de esa captura fue quien le escribió para advertirle.
Lo que siguió fue el repertorio conocido del odio digital. Los mensajes pedían para ella "justicia exprés", advertían "corre que te estamos buscando" y reclamaban "al paredón". Hubo amenazas de muerte y de violencia sexual. "Arengaban a que me violen y tiren al mar", describió la propia Broffoni que, cabe aclarar, nunca estuvo en Ceuta y hace más de una década que no viaja a España.
En algún momento, un usuario advirtió que había revisado el caso y que la mujer del video no era ella. "Nadie le prestó atención", recordó Broffoni. Más tarde, la publicación original borró su nombre y dejó en pie la referencia a una "activista argentina". La corrección llegó a medias. La marca se mantuvo indeleble.
El caso dejó a la vista una cadena donde el algoritmo es apenas el primer eslabón. Broffoni puso el foco en un punto técnico decisivo: "La inteligencia artificial también responde a los sesgos de la persona que lo usa para tratar de dejarla conforme". El usuario buscaba una activista y la máquina se la entregó, ensamblada con retazos verosímiles: "Que soy mujer, que soy una activista, que soy argentina y que, en algún momento, tuve el pelo parecido a la persona de la foto". Los tecnólogos a los que consultó le aseguraron que estos sistemas no emiten afirmaciones categóricas sobre la identidad de las personas. "Pero en mi caso lo hizo", refutó. Después, el clima de xenofobia vuelve verosímil la respuesta. La viralidad la amplifica. Nadie verifica. Y la persona señalada queda sola frente a la tarea de desmontar una mentira fabricada por una tecnología que no controla y que nunca eligió usar.
IA para el control social
La Resolución 483 lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, está fechada el 23 de septiembre y crea el Programa Nacional de Política Criminal en materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital, bautizado PRONACIB. Funcionará dentro de la Subsecretaría de Política Criminal que conduce Emiliano Pedro Méndez Ortiz -de la famiglia de Comodoro Py-, y tendrá como coordinador al asesor Mariano Tomás Rivas.
El anexo dedica un lineamiento entero a la inteligencia artificial. Ordena estudiar su "posible aplicación como herramienta de apoyo en la prevención, detección e investigación de delitos, el análisis de información y el tratamiento de evidencia digital" y prevé el diseño de proyectos piloto. El lenguaje cauteloso reconoce el riesgo de lo que la norma habilita: el uso de agentes de IA en política criminal.
La profusión de resguardos tiene fuerza de confesión. El texto habla de legalidad, transparencia, trazabilidad, seguridad, protección de datos personales, no discriminación, auditabilidad y rendición de cuentas, "supervisión humana significativa" y respeto por las competencias de los jueces. La pretensión de control humano sobre los agentes de inteligencia artificial es puesta en duda incluso por los tecnomagnates que crearon y alimentan la criatura. Con las vestiduras rasgadas, mantienen el desarrollo acelerado de una tecnología que venden con un lobby feroz.
Uno de los nombres propios de ese negocio es Thiel, que ya hizo pie en la Patagonia con una inversión en Vaca Muerta. El sur del mundo, pródigo en territorio y agua, es una geografía propicia para la instalación de data centers que, entre sus servicios más lucrativos, ofrecen métodos de vigilancia orientados al control social. La cooperación con esas empresas, claro, está prevista en la Resolución 483, que promoverá canales con proveedores de servicios, plataformas digitales, empresas tecnológicas y entidades financieras.
En la resolución los protocolos de resguardo brillan por su ausencia. Ninguna cláusula crea un órgano externo de auditoría, define qué sistemas se usarán o quién los proveerá, ni establece cómo se informará a una persona que un algoritmo la señaló. La apertura a las plataformas deja la puerta abierta para que empresas como la que produjo el "error" contra Broffoni participen de la maquinaria estatal. Y la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, a la que remite el artículo 3, fue sancionada en el año 2000, cuando la IA generativa no era siquiera una fantasía.
Gobierno Gran Hermano
La Resolución 483 no llega sola. El 29 de julio de 2024, el Ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Patricia Bullrich, creó por la Resolución 710 la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad. Entre sus funciones figuraban patrullar redes sociales abiertas, usar reconocimiento facial y predecir delitos con aprendizaje automático.
Los expertos pusieron el grito en el cielo. Beatriz Busaniche, de Fundación Vía Libre, alertó que estos sistemas arrastran sesgos que derivan en discriminación contra poblaciones vulnerables. Lucía Camacho, del Centro de Estudios en Libertad de Expresión (CELE), observó que la norma enumeraba crímenes que no entran en la categoría de cibercrímenes. El investigador Martín Becerra la calificó de imprecisa y habló de una atribución desproporcionada, reñida con la protección de derechos humanos.
Con la nueva resolución, Seguridad vigila y Justicia persigue, ambas con herramientas algorítmicas: una capa de vigilancia que se superpone sin debate parlamentario, por vía de resoluciones ministeriales.
El debate global parte de una constatación: los sistemas que clasifican personas se equivocan, y ese error nunca se distribuye de manera neutral. Recae sobre quienes ya son objeto de sospecha.
Es lo que deja en evidencia el caso Broffoni, con el riesgo agregado de que la experiencia se replique con validación estatal: un algoritmo que marca a una militante como amenaza, un informe que llega a un magistrado dispuesto a aplicar las leyes "antiterroristas" inspiradas en el Escudo de las Américas de Donald Trump, una sospecha alimentada por servicios de inteligencia montados para la persecución de "amenazas" que incluyen la crítica y la oposición política al gobierno, convertida en orden de persecución y detención policial. Una distopía cinematográfica que el gobierno de Javier Milei está convirtiendo en dramática realidad.
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