Crece la desesperación entre los gobernadores por la crisis

14.04.2026

Por Noelia Barral Grigera   

Aliados y opositores al gobierno de Javier Milei, entre los gobernadores ya no hay diferencias. Todos están preocupados por el desplome de la recaudación, que les impacta por doble vía: caen los fondos provinciales y caen las partidas que automáticamente les gira la Nación vía coparticipación de impuestos. En los últimos días se amontonaron declaraciones y medidas para intentar surfear la crisis sin naufragar. El tucumano Osvaldo Jaldo, peronista de incansable colaboración con el gobierno nacional, ya echó mano de su fondo anticíclico para pagar sueldos. En Salta, el aliado libertario Gustavo Sáenz tuvo un triunfo módico: logró que le giren los fondos para las personas con discapacidad en su provincia. Es decir, logró y presentó como una victoria rotunda algo que ya le correspondía. En Jujuy, la gestión de Carlos Sadir anunció un fuerte recorte del gasto en viáticos y combustibles y pidió comprensión: "Ya no podemos rediscutir paritarias como se hacía hace años", imploró el vocero del gobernador. En Chaco, el radical con peluca Leandro Zdero resiste ante el reclamo de los intendentes peronistas, que lo acusan de discriminarlos en la distribución de fondos. El clima está caldeado.

Los mandatarios deben gestionar un combo difícil: el retiro de la Nación como sostén de muchos argentinos y argentinas que recibían el programa Volver al Trabajo (900 mil personas) o que estaban cubiertos por el Plan Remediar (20 millones de personas), dos importantes coberturas sociales que fueron eliminadas por el gobierno libertario en las últimas semanas. El correntino Juan Pablo Valdés llegó a evaluar la posibilidad de que la provincia absorba el Volver al Trabajo (VAT), cuya desaparición, según estimaciones de los movimientos sociales, causará una caída de hasta el 7% en el consumo local y un aumento de hasta 10 puntos porcentuales del desempleo. Finalmente, consiguió que la Nación le reconozca una deuda histórica y recibirá en las próximas semanas 40 mil millones de pesos que Anses le adeudaba a Corrientes. Pero la idea de absorber el VAT no fue sólo de Valdés. El intendente entrerriano Damián Arévalo, del municipio de Feliciano, anunció que se hará cargo en su ciudad del programa que eliminó Sandra Pettovello. La decisión alcanza a 63 personas, en un municipio con 16 mil habitantes.

"Muchos beneficiarios estaban haciendo, hace algunos años, su capacitación y primer empleo, desarrollando labores en el municipio. Eran más de 220, muchos consiguieron labores en otros lugares. Mediante decreto y después de un análisis detallado de cada caso, he dispuesto que quienes no consiguieron empleo y siguieron capacitándose hasta el mes pasado en el municipio, sigan cobrando ese monto, esta vez abonado por el estado municipal", escribió el intendente en Facebook. Arévalo es el único intendente peronista de Entre Ríos que logró resistir a la ola electoral violeta de 2025. Las listas del PJ le ganaron allí a LLA 54% a 37%.

En Tucumán lo envidian, pero con 54 mil (ex) beneficiarios del VAT (el segundo distrito en cantidad de anotados después de la provincia de Buenos Aires) al estado provincial le parece imposible hacerse cargo de quienes perdieron el beneficio. La primera reacción de la mayoría de los gobernadores fue pedir una revisión de la decisión al ministerio de Pettovello. En un sondeo que hizo El Destape entre los gobiernos de las provincias más pobladas del país, la conclusión es casi unánime: las negociaciones con la Casa Rosada no avanzaron y probablemente no avanzarán. "Dependemos de la presión de la protesta en CABA. Esa es la verdad", se resignó un ministro en diálogo con este medio.

La catástrofe incluye el empeoramiento de la calidad de vida por el recorte del servicio de colectivos, que no afecta sólo al Área Metropolitana de Buenos Aires sino también a las grandes capitales en las provincias; y el deterioro creciente de las rutas y caminos. Además de una bomba de tiempo que puede hacer mucho daño si explota: la progresiva pérdida de poder adquisitivo de la Asignación Universal Por Hijo y la Tarjeta Alimentar, con una caída de casi el 12% en términos interanuales. Una situación social al acecho que los intendentes y gobernadores saben que les golpeará la puerta a ellos primero.

Fuente:

El Destape

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