Decreto fugaz, tormenta duradera: el Congeso pide explicaciones por las retenciones 0

El Gobierno cierra la semana con una presunta pax cambiaria obtenida gracias al respaldo del Tesoro norteamericano y al compromiso de las cerealeras de exportar 7.000 millones de dólares, por el decreto 682/2025 que eliminó las retenciones de manera fugaz durante 72 horas. La desesperación por la falta de dólares llevó a Luis Caputo a quemar puentes con el campo, un sector que hasta ahora se mostraba alineado con el Gobierno. La medida benefició solo a un número reducido de cerealeras y dejó afuera a la mayoría de los productores. El Congreso --en pie de guerra con el Ejecutivo por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad-- exige explicaciones. Las iniciativas van desde la interpelación de funcionarios hasta pedidos de acceso a la información pública, con el fin de que el Ministerio de Economía detalle si las exportadoras contaban efectivamente con los granos al momento de declarar. El exaliado libertario Rodrigo De Loredo reclamó la aplicación de la Ley Martínez Raymonda contra las exportadoras para que paguen las alícuotas que se eliminaron por tres días. Hasta el candidato libertario José Luis Espert mostró su fastidio: "No me gustó, yo vendí todo con el 26 por ciento", se quejó.

La manta se acorta cada día un poco más y el Gobierno parece empeñado en apagar incendios con kerosene. La decisión de eliminar las retenciones a los cereales y a las carnes hasta el 31 de octubre se transformó en un arma de doble filo. El propio Scott Bessent, convertido en una suerte de ministro virtual de Economía, exigió reponer de inmediato las retenciones a la soja una vez alcanzado el cupo de US$ 7.000 millones de liquidación. La oposición también alzó la voz. Los cordobeses Juan Schiaretti y Martín Llaryora, junto con el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, fueron los primeros en cuestionar la baja temporaria, mientras que el peronismo denunció la doble vara del oficialismo. La medida se conoció el mismo día en que el Ejecutivo anunció que no aplicaría la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta tanto no se definieran las fuentes de financiamiento. Todavía faltaba conocer la frutilla del postre: la Casa Rosada obedeció a Bessent, levantó la medida y solo siete exportadores se quedaron con el 86 por ciento del negocio de las retenciones cero.

El Gobierno, que acusa a la oposición de ser "degenerados fiscales" por buscar paliativos que mitiguen el sufrimiento de los sectores más castigados por la motosierra, nada dijo acerca del costo fiscal de suspender las retenciones: un 0,23 por ciento del PBI según estimaciones. El número supera el costo de poner en marcha la Emergencia en Discapacidad.

Congreso en pie de guerra

En el Congreso se activaron una serie de iniciativas para obligar a los libertarios a que den explicaciones. El socialista Esteban Paulón presentó un pedido de interpelación para el titular de ARCA, Juan Pazo. "Esta inusitada medida pone en jaque el déficit cero que el Gobierno pretende sostener e incluso afecta al Presupuesto 2026 presentado por el mismo hace unos días atrás", escribió en los fundamentos del proyecto. Paulón cuestionó que la medida "duró 72 horas y no estaba dirigida a los productores, sino que fue un preacuerdo entre quienes concentran el negocio del sector; unos pocos amigos del Gobierno de Javier Milei". El texto, que lleva también la firma de la diputada Mónica Fein, indaga sobre una de las cuestiones clave que genera más desconfianza: "¿Cuáles fueron las medidas tomadas por el área de su dependencia para garantizar que la producción declarada exista al momento de la presentación de las declaraciones juradas respectivas?".

En efecto, la principal sospecha es que los exportadores declararon sin tener comprada la mercadería para aprovechar el beneficio. El cupo se completó misteriosamente después del posteo de Bessent. "Alguien les avisó que terminaba el veranito", dijeron desde el bloque Encuentro Federal a este diario.

El diputado Eduardo Valdés (UxP) presentó un pedido de informes para que el Gobierno precise el alcance del decreto. Solicitó que se dé a conocer la lista de empresas beneficiadas, el volumen de exportaciones, los dólares efectivamente ingresados al Banco Central y el monto de retenciones que el Estado dejó de percibir. "En apenas 48 horas, las principales cerealeras agotaron el cupo de 7.000 millones de dólares. Fue una maniobra a medida de los grandes jugadores. Miles de productores quedaron afuera y el fisco perdió más de 1.500 millones de dólares en retenciones. Un saqueo legalizado", dijo Valdés.

Para evitar esa maniobra --declarar, luego comprar más barato y quedarse con el beneficio de la baja de retenciones-- es que se sancionó en 2007 la Ley Martínez Raymonda, que obliga a los exportadores a demostrar la tenencia de la mercadería antes de declararla. En redes sociales, el radical herido por el cierre de listas, Rodrigo De Loredo exigió su aplicación: "Esta práctica especulativa debe ser sancionada mediante la aplicación de la ley 26.351, que obliga a los exportadores a demostrar la tenencia de la mercadería antes de declararla. La ley está vigente y tiene que aplicarse".

La Coalición Cívica y el bloque Democracia Para Siempre también apuntaron sus dardos contra el decreto que suspendió las retenciones y que, según denuncian, solo favoreció a los grandes grupos agroexportadores. Los lilitos reclamaron la convocatoria urgente de un plenario de las comisiones de Agricultura y de Presupuesto, presididas por Atilio Benedetti (UCR) y José Luis Espert (LLA), para evaluar los alcances de la medida. En paralelo, los diputados Victoria Borrego y Juan Manuel López enviaron una nota al ministro Luis Caputo en la que exigieron precisiones sobre la operatoria: pidieron saber si el Gobierno verificará que los bienes declarados existían realmente y estaban en manos de los exportadores al momento de la presentación. También preguntaron qué acciones se adoptarán en caso de descubrirse lo contrario, y si se exigirán los derechos correspondientes por fuera del régimen excepcional que eliminó las retenciones.

Desde Democracia Para Siempre, Pablo Juliano cargó con dureza: "Entre el lunes y el miércoles de esta semana, con el aval y la complacencia del Gobierno de Milei, las cerealeras se hicieron de un botín de más de 1.500 millones de dólares". El legislador fue más allá y denunció la falta de controles básicos: "El Gobierno no les exigió siquiera anotar una declaración jurada de venta al exterior (DJVE) con la tenencia acreditada de los granos. El campo terminó siendo solo un dador de dólares para que el Ejecutivo hiciera caja".

El viernes la reinstalación del cepo parcial agregó más combustible a la tensión política: "El BCRA revivió la restricción cruzada = se profundiza el cepo. Ya no se podrá acceder a comprar en el MLC y, luego, vender en el MEP/CCL, por lo que, en los próximos días, veremos un aumento de la brecha cambiaria. Creemos que responde a la necesidad del Gobierno de acumular dólares en estos días por la liquidación extraordinaria luego de la reducción temporal de las retenciones", advirtió la diputada Julia Strada.

En la misma línea, el senador Mariano Recalde escribió: "El modelo de Milei se hunde y lo que estamos viendo es cómo reparten los botes salvavidas. Para darle salida a las cerealeras le ponen un cepo a los que compraron dólares. Para garantizar el pago de la deuda le pusieron un cepo a tu salario".

Fuente:

https://www.pagina12.com.ar/861221-decreto-fugaz-tormenta-duradera-el-congeso-pide-explicacione