Denuncian al viceministro Daza y la Anses por las pérdidas del FGS en el default de Albanesi
La carátula es por administración fraudulenta contra el titular del FGS Fernando Bearzi, el viceministro de economía José Luis Daza y al secretario de hacienda Carlos Guberman.
Por Luciana Glezer
El interrogante sobre los miles de millones que perdió el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que administra los fondos de los jubilados, por el default del Grupo Albanesi llegó a la Comodoro Py.
La denuncia penal quedó radicada en el juzgado federal número 9 y tramita bajo el expediente CFP 4246/2026. La presentación fue realizada por Virginia Marta Cassola y apunta contra Fernando Omar Bearzi, José Luis Daza y Carlos Guberman, entre otros denunciados.
La causa investiga los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, defraudación, defraudación contra la administración pública y administración fraudulenta.
El expediente se abrió a partir de la revelación de LPO sobre la exposición del fondo de los jubilados a Generación Mediterránea (GEMSA), la principal empresa del Grupo Albanesi. El punto central es determinar qué hicieron los funcionarios responsables de administrar los activos del FGS mientras la energética acumulaba incumplimientos, cayó en default y avanzó hacia una gigantesca reestructuración de deuda.
El caso tiene un punto especialmente delicado. El FGS no era un acreedor marginal. Estaba entre los grandes tenedores de deuda de Generación Mediterránea (GEMSA), la principal empresa del Grupo Albanesi. Y siguió expuesto cuando las señales de insolvencia ya estaban encendidas.
Los primeros incumplimientos habían comenzado en abril de 2025. El 31 de julio de ese año, FIX ya había bajado la calificación de Generación Mediterránea a categoría de default después de que vencieran los períodos de gracia. Sin embargo, siete meses después de esa calificación, el FGS seguía arriba del barco.
El FGS no era un acreedor marginal. Estaba entre los grandes tenedores de deuda de Generación Mediterránea (GEMSA), la principal empresa del Grupo Albanesi. Y siguió expuesto cuando las señales de insolvencia ya estaban encendidas.
Albanesi necesitaba modificar las condiciones de los bonos para avanzar con su reestructuración y pidió el consentimiento de la Anses, que aceptó. Las modificaciones alcanzaron incluso las cláusulas que regulaban los eventos de incumplimiento y contemplaban situaciones de quiebra, concurso preventivo, acuerdo preventivo extrajudicial, liquidación y acciones judiciales contra la compañía.
Las áreas técnicas del FGS justificaron la decisión con el argumento de preservar la continuidad de las centrales y sostuvieron que las modificaciones no alteraban los términos financieros ni los flujos de los instrumentos. Pero el tema generó un duro debate interno, no sólo en las áreas técnicas de la Anses, sino también en el equipo económico.
La denuncia busca ahora determinar las responsabilidades detrás de una decisión adoptada cuando el deterioro financiero de Albanesi ya era público.
La escala del agujero explica la preocupación. Generación Mediterránea cerró 2025 con 1.510 millones de dólares de deuda financiera y apenas 20 millones entre caja e inversiones corrientes. El 93% de sus compromisos financieros estaba concentrado en obligaciones negociables. La posterior reestructuración involucró casi la totalidad de los USD 1.500 millones de pasivos locales e internacionales.
La historia venía de antes. Entre 2019 y 2024, Albanesi amplió con fuerza su parque de generación y financió buena parte de ese crecimiento con deuda en pesos y dólares, bajo legislación local y extranjera.
En febrero de 2025, cuando su situación financiera ya estaba bajo presión, colocó incluso una nueva ON por más de 6.000 millones de pesos, con vencimiento a un año y una tasa TAMAR más 5%. Dos meses después dejó de pagar. El 29 de abril de 2025 se produjo el quiebre. Al día siguiente, la compañía informó que no pagaría los intereses correspondientes a sus bonos internacionales con vencimiento en 2031 y el 6 de mayo el incumplimiento quedó formalizado.
La opacidad del manejo que hace el gobierno del FGS de la Anses agrava el cuadro. La dimensión de la exposición del Fondo a Albanesi no puede reconstruirse de manera inmediata. Hay meses de atraso en la presentación de estados contables y documentación complementaria.
La empresa reconoció problemas financieros y falta de líneas de crédito. Después vinieron los canjes, las modificaciones contractuales y una negociación cada vez más cerrada entre la empresa y sus principales acreedores.
La reestructuración dejó además una fuerte diferencia entre acreedores. Los tenedores de bonos garantizados consiguieron mejores cupones y condiciones de amortización. Mientras que para parte de la deuda no garantizada se plantearon extensiones hasta 2036, tasas que podían caer hasta 2,25% anual y devolución de capital concentrada hacia el final del nuevo cronograma.
Mientras se negociaba la salida financiera, el problema saltó a los tribunales comerciales. Entre fines de 2025 y las primeras semanas de 2026 se multiplicaron las demandas contra compañías del Grupo Albanesi. El default había alcanzado las obligaciones de Generación Mediterránea y Central Térmica Roca y dejó afectados a cientos de inversores que habían comprado ON.
Pero la nueva denuncia pone el foco en otra caja. La pregunta central es cuánto dinero tenía efectivamente invertido el FGS en Albanesi al momento del default, cuánto valían esos títulos antes de la crisis, qué instrumentos recibió después de la reestructuración y cuál es hoy su valor económico.
La opacidad del FGS agrava el cuadro. La dimensión de la exposición del Fondo a Albanesi no puede reconstruirse de manera inmediata. Hay meses de atraso en la presentación de estados contables y documentación complementaria.
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