Después de la marcha, las miradas van hacia la Corte Suprema
Por Celeste del Bianco
Después de la demostración de fuerza que el Frente Universitario dio en las calles de todo el país, ahora la pelea sigue en los tribunales. Ayer, la Corte Suprema de Justicia le dio ingreso al recurso extraordinario que presentó el Gobierno para no cumplir con la Ley de Financiamiento y deberá definirse sobre la cautelar que presentaron los rectores y que ya tiene fallos favorables en primera y en segunda instancia. Mientras tanto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) le pidió que se expida "a la mayor brevedad posible", aunque desde el máximo tribunal indicaron que no tienen plazo para definir.
Fuentes del máximo tribunal le dijeron a Página/12 que no tienen plazos para definir y que no hay reunión de acuerdos presenciales, por lo menos, por dos semanas. Por lo que, todo indica, que no habrá definiciones en los próximos días como esperan en la comunidad universitaria. Una de las posibilidades es que los supremos le corran vista a la Procuración General de la Nación y, si bien el dictamen no es vinculante, alargaría aún más el proceso porque tampoco tiene plazos para hacerlo.
Desde el CIN informaron que los sueldos de los trabajadores y trabajadoras son los más bajos de los últimos 23 años y de los peores desde el regreso de la democracia. En el documento conjunto que el Frente Universitario leyó ayer en la Plaza de Mayo, indicaron que la pérdida del poder adquisitivo es del 37,13 por ciento, lo que equivale a la pérdida de aproximada de 11 salarios entre diciembre de 2023 y marzo de 2026. En cuanto a las becas, están congeladas desde que asumió el gobierno libertario, con montos que están en 35.000 pesos para la Progresar y 85.000 para las Manuel Belgrano. Estos dos ítems son los que reclaman las autoridades de las 63 universidades públicas del país en la cautelar.
El recorrido de la ley
En agosto de 2025, el Senado sancionó la ley de presupuesto, pero un mes después Javier Milei la vetó con el argumento de que tenía un "costo fiscal inaceptable" a pesar de que la Oficina de Presupuesto del Congreso indicó que el impacto estimado es del 0,23 por ciento del PIB, un número irrisorio para la magnitud del gasto general. En octubre, el Parlamento rechazó el veto. Pero, a través de un decreto, la Casa Rosada declaró "suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento".
En ese momento, los representantes de todas las universidades a través del CIN se presentaron a la Justicia con una acción de amparo contra el Estado Nacional. El 23 de diciembre, el juez Martín Cormick ordenó el inmediato cumplimiento del artículo 5 y 6, y seis días después, el Poder Ejecutivo apeló la medida.
El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de Cormick y ratificó la cautelar a favor de las universidades, algo que finalmente el Gobierno intentó revertir con el recurso extraordinario que ahora debe resolver la CSJN.
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