Diputados, Cáritas y diversas organizaciones presentarán un proyecto de Ley de Emergencia en Barrios Populares
A diez años de la creación del RENABAP, la Mesa Nacional de Barrios Populares junto a legisladores presentará en Capital Federal la iniciativa legislativa que propone un piso presupuestario anual atado al PBI para la integración socio urbana de las barriadas.
Por Gustavo Montiel
Diputados nacionales de diversos bloques no oficialistas, junto a la Mesa Nacional de Barrios Populares, que incluyen a Cáritas, TECHO y otras organizaciones, presentarán este miércoles en Capital Federal un proyecto de Ley de Emergencia en Barrios Populares, que busca, entre otros puntos, fijar un piso presupuestario anual destinado al régimen de integración socio urbana de los barrios populares.
Desde la Mesa Nacional de Barrios Populares explicaron que el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo deja sin financiamiento específico la continuidad de las obras de integración socio urbana en los barrios populares.
Así, a diez años de la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), la Mesa Nacional de Barrios Populares, legisladores de distintos bloques, organizaciones de la sociedad civil y representantes de la Iglesia Católica presentarán en la sede de Cáritas Argentina en CABA este proyecto de Ley de Emergencia en Barrios Populares, que propone "garantizar un financiamiento sostenido para la integración socio-urbana".
Según los organizadores, este proyecto de ley cuenta con "un apoyo histórico de más de 140 diputados y diputadas, de 12 bloques políticos, con representación de 11 provincias: Coalición Cívica, Innovación Federal, Encuentro Federal, Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Independencia, Defendamos Córdoba, UCR, MID, Coherencia y Primero San Luis".
Entre los diputados y diputadas firmantes se encuentran Maximiliano Ferraro, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás Massot, Martín Lousteau, Sebastián Nóblega, Fernanda Miño, Javier Noguera, Natalia De la Sota, Diógenes Ignacio González, Yolanda Vega, Esteban Paulón, Oscar Zago, Claudio Álvarez, Marcela Marina Pagano, Lourdes Arrieta, Itai Hagman y Sabrina Selva, entre otros.
El contexto
Según el Instituto Periferias, en los más de 6.400 barrios populares del país viven más de 5 millones de personas, cerca de 1,7 millones de ellas niñas y niños. Entre 2023 y 2026 la ejecución de obras de integración socio urbana cayó un 98%, de $171.863 millones a $3.336 millones, y actualmente hay 671 obras paralizadas en 21 provincias y CABA. A esto se suma la problemática del endeudamiento que se recrudece en estos sectores, donde seis de cada diez vecinos están endeudados, muchos de ellos para poder comer.
En este punto, desde la Mesa remarcan: "Sin embargo, la política funciona cuando tiene fondos: con el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) se realizaron 1.322 obras en 1.164 barrios que alcanzaron a más de 1.300.000 personas, con auditorías sin observaciones de SIGEN, BID, UCA y CIPPEC".
El actual gobierno presidido por Javier Milei disolvió la Secretaría de Integración Socio Urbana y liquidó casi en su totalidad el FISU, que pasó a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, que depende del Ministerio de Economía.
Posteriormente la degradaron a Dirección y despidieron, entre febrero y marzo, a sus equipos técnicos. Desde diciembre de 2025 la entonces FISU había quedado acéfala tras la renuncia de su último secretario, el actual diputado nacional y armador de LLA en la Provincia de Buenos Aires Sebastián Pareja.
En mayo de 2025, el Juzgado Federal de Pehuajó dictó una medida cautelar para suspender la eliminación de la totalidad del patrimonio que compone el FISU. También le exigió al gobierno nacional la presentación de un plan de urbanización de barrios populares, a riesgo de ser multado en caso de no hacerlo.
Recién el 21 de septiembre pasado, por medio de la Resolución 209/2026, la Secretaría de Obras Públicas presentó un plan. En esa Resolución el gobierno nacional presenta varios escenarios, y solo en uno de ellos plantea la posibilidad de aportar fondos para el financiamiento de las obras inconclusas:
"En aquellos casos en los cuales la Provincia, el Municipio u otro Ente Ejecutor no acepte o no le sea viable continuar la ejecución de la obra asumiendo el financiamiento de la misma sin asistencia financiera del Estado Nacional, deberá determinarse, de manera restrictiva y fundada, la conveniencia o no de continuar con la ejecución del contrato teniendo especialmente en cuenta: 1) el grado de avance de la obra; 2) el interés público comprometido en la ejecución de la obra; y 3) los costos que conlleve la ejecución de la obra, así como la disponibilidad de recursos para afrontar dichos costos", plantearon.
Algunos ejes del proyecto
En comunicación con Tiempo, Javier Montalvo, secretario de Integración Socio Urbana de UTEP nacional, detalló: "Se comenzó a articular con diferentes espacios políticos, diputados nacionales, tanto de derecha como de izquierda, para solicitar nuevamente un proyecto de ley que le genere estabilidad a la ley 27.453, que es la ley de barrios populares. Estamos pidiendo que, a través de esta ley, se recauden nuevamente los fondos y se establezca un mecanismo de que no dependa de un gobierno de turno el poder ejecutar e integrar estos barrios. Entonces, se va a declarar la emergencia habitacional de integración urbana precisamente porque, bueno, no hay ningún tipo de respuestas".
Entre los ejes del proyecto que se va a presentar este miércoles en la sede de Cáritas se encuentran implementar un piso presupuestario anual atado al Producto Bruto Interno, progresivo entre 2027 y 2036, que arranca en el 0,0375 %. Se propone la prórroga por diez años de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares. También, que los fondos nunca sean inferiores a los del año anterior, aun con Presupuesto prorrogado. El proyecto no propone implementar nuevos impuestos, sino restablecer el FISU disuelto por el actual gobierno nacional, entre otros puntos.
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