El ajuste, a cualquier costo: la nueva jugada de Milei para no cumplir con la ley de financiamiento educativo
Mientras sigue sin aplicar la norma sancionada por el Congreso a mediados de 2025, el Gobierno apuesta a un texto alternativo que le roba tres billones de pesos de masa salarial a los docentes.
Con tal de no cumpluir con la ley de financiamiento universitario, el Gobierno envió a diputados su propio proyecto alternativo, que incluye para sorpresa de nadie el "ahorro" de unos tres billones de pesos que la administración libertaria ya adeuda en materia de recomposición salarial para los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas de todo el país. El oficialismo pretendía tratar el texto durante las sesiones extraordinarias, pero los tiempos no le dieron y quedará para luego de que Javier Milei inaugure el año legislativo este domingo. La diputada de UxP, Lucía Cámpora, sostuvo en diálogo con Página/12 que la Rosada "intentará vender este retroceso como una mejora" dado el ahogo presupuestario del sector; y llamó a los legisladores que votaron la ley actual con amplias mayorías y luego rechazaron el veto presidencial a que "en vez de tirarse para atrás, exijan su cumplimiento".
El proyecto en cuestión, enviado desde la Casa Rosada al Congreso, ignora la deuda salarial del año 2024 que el Gobierno le debe a los trabajadores universitarios, y sólo ofrece aumentos del 4,1% en tres cuotas, lo que equivale al 12,3% de la recomposición salarial contra la inflación. Pero la ley vigente establece un 51,60% de incremento, necesario para que la comunidad universitaria recupere el poder adquisitivo que tenía en el año 2023.
Según un informe del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN), además de lo contemplado en el proyecto de modificación, la aplicación plena de la ley requeriría otros 3 billones de pesos, que representan el 2,1% del presupuesto nacional 2026. Es un número grande, pero posible de cumplir porque fue elaborado por la Oficina de Presupuestos del Congreso de la Nación, y aprobado en ambas cámaras legislativas.
Tras su aprobación, la ley de financiamiento universitario fue vetada por el Poder Ejecutivo, luego ratificada por el Congreso, y reglamentada sin fondos al fin en octubre de 2025. Después, el gobierno de Milei decretó su suspensión y entonces un juez dictó una medida cautelar que el Gobierno apeló. Hasta el día de hoy, La Libertad Avanza se lavó las manos y ahora intenta cambiar de cuajo la ley que debería cumplir. En medio, Milei intentó colar su derogación en el Presupuesto 2026, pero fracasó.
La secretaria general de la Federación Nacional de docentes universitarios (CONADU Histórica), Francisca Staiti, explicó que "estos porcentajes no son arbitrarios ni producto de una estimación sindical", sino que surgen de la ley aprobada en octubre del 2025 y de los índices de inflación publicados por el INDEC.
Staiti aseguró que esta modificación de la ley de financiamiento universitario "no sólo desconoce derechos ya reconocidos por el Congreso y la Justicia, sino que consolida una pérdida salarial inaceptable en un contexto de profunda crisis social y económica". "El 51,60% adeudado no se negocia", remató.
El proyecto fue firmado por Javier Milei, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el ministro de Economía Luis Caputo, y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Además del ajuste salarial, omite la recomposición integral de los gastos de funcionamiento de las universidades.
El secretario general del Sindicato de docentes de la UBA (FEDUBA), Pablo Perazzi, dijo que si el Gobierno logra aprobar estos cambios "la crisis universitaria se agudizaría y el conflicto escalaría a niveles difíciles de predecir, pero de una dureza y de una contundencia implacables".
Una provocación a la comunidad educativa
Sobre el debate que se aproxima en Diputados, queda la incógnita de cómo votarán quienes apoyaron la aprobación de la ley de financiamiento universitario. La reforma atenta contra lo conseguido meses atrás, y para la diputada Cámpora "lo lógico sería que todos aquellos que votaron la ley, en vez de tirarse para atrás, exijan su cumplimiento. Porque además la modificación de la ley constituiría una traición a un pueblo que salió a la calle, que le exigió algo a sus representantes del Congreso".
Para Lucía Cámpora, no hay dudas de que "el Gobierno intentará vender el proyecto como una mejoría respecto a la situación actual", porque con el ajuste tan grande al que se ve sometido el sistema universitario "cualquier moneda representa una mejora", pero el Gobierno debería cumplir la ley de financiamiento que se aprobó el año pasado. "Con respecto a esa ley, que es una realidad, esta modificación es un retroceso", declaró la diputada.
La diputada explicó que, de no implementarse la ley vigente, hay áreas de las universidades que son imposibles de sostener. Las universidades públicas, enlazadas con las ciencias, son fundamentales para desarrollar un país. Por lo cual, según Cámpora este mal funcionamiento de la educación superior va de la mano con el "modelo de reprimarización y precarización laboral al que nos está sometiendo el gobierno de Javier Milei".
En diálogo con este medio, el profesor de la UBA y referente gremial de docentes universitarios, Federico Montero, dijo que el Gobierno "intenta apalancarse en la nueva composición del Congreso para avanzar con una ley que entierra dos años de lucha", y declaró que habrá respuestas contundentes de la comunidad universitaria en su conjunto, que se movilizará en defensa de la ley vigente.
Montero --referente gremial de docentes universitarios-- le confirmó a este diario que desde las universidades solicitaron una reunión con la Cámara de Diputados, que se llevará a cabo este martes a las 17.30 horas. Allí fueron invitados rectores, docentes, no docentes y estudiantes, para informarle a los legisladores qué impactos tendría esta nueva ley si llega a implementarse.
Este proyecto oficialista también perjudicaría en gran medida a los estudiantes, porque establece una pérdida de poder adquisitivo de las becas, lo que hoy son "elementos clave para sostener a muchos pibes y pibas en las universidades públicas", dijo el profesor Montero. Además, se vería muy afectado el ámbito de ciencia y tecnología. Las universidades públicas de nuestro país son importantes sedes del sistema científico y la innovación, algo que en los términos del nuevo proyecto se vería muy limitado. Aún así, el documento presentado por el Poder Ejecutivo tiene como subtítulo el "Año de la Grandeza Argentina".
Todos estos son padecimientos con los que el sistema universitario carga desde el inicio de la gestión de Milei, en una crisis económica que no le permite un funcionamiento pleno, pero la aprobación de este proyecto sería "ponerle un clavo al cajón de los salarios docentes y no docentes", en palabras de Montero.
"El mal humor es de todos los sectores, desde autoridades universitarias, federaciones de trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes, hasta el movimiento estudiantil. Todos se pronunciaron por la aplicación plena de la ley y todos rechazaron este intento de modificatoria", declaró por su parte Perazzi.
Para Staiti, el objetivo del Gobierno es evidente: "avanzar hacia una nueva ley que desconozca las obligaciones fijadas por la ley vigente y licúe la deuda salarial acumulada. Además, niega la realización de paritarias trimestrales con cláusula de garantía inflacionaria, donde los aumentos no pueden ser inferiores al índice de inflación acumulada del trimestre".
También se ponen en juego los hospitales universitarios, el único sector que recibiría un presupuesto superior al del resto. Según Perazzi, esta es una maniobra oficialista para jugar con los números parlamentarios. Existen tres complejos hospitalarios que dependen de las universidades: uno en Mendoza, otro en Córdoba y el tercero en la UBA. Así es que el gobernador de Mendoza Cornejo "mandaría a sus diputados, que antes votaron por la ley de financiamiento, a introducir esta modificatoria, y lo mismo los de Llaryora, el gobernador de Córdoba", declaró el secretario de FEDUBA.
Perazzi afirmó que los sindicatos universitarios no renunciarán a su horizonte, que "es el pleno cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, porque fue votada por amplias mayorías, fue respaldada por el pueblo argentino en la calle, y tiene además un fallo que ordena su cumplimiento efectivo".
Informe: Camila Pace
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