El ataque de Javier Milei a los jubilados bonaerenses

Por Andrés Miquel

La negativa obsesión de Javier Milei con los jubilados tiene su correlato en la provincia de Buenos Aires. Comienza 2026 y la deuda acumulada de la Nación con el Instituto de Previsión Social asciende a 2,1 billones de pesos, la más alta del gobierno libertario con los bonaerenses, y que equivale a un tercio de todo el presupuesto del organismo previsional para este año. Si bien el Presidente incumple con la ley y la gestión de Axel Kicillof presentó la denuncia, la Corte Suprema mantiene la causa estancada. 

Los números del desfinanciamiento sobre el sistema previsional bonaerense los confirma Marina Moretti a Buenos Aires/12. La titular del IPS afronta el inicio de un nuevo año con la necesidad de que el Tesoro de la provincia afronte el costo del retiro del Estado nacional. Son transferencias que Milei no debería desestimar porque tienen sustento legal. Específicamente, por la Ley Nacional N°27.260, sancionada, paradójicamente, durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Ya cumplimos dos años sosteniendo esta situación, algo que no es justo, es un ataque directo a los jubilados bonaerenses porque no son recursos que le sacan a un gobernador, o a un instituto, no es plata para Axel, se la sacan a los jubilados de la provincia de Buenos Aires", señala la funcionaria oriunda de San Andrés de Giles. "Nuestro organismo paga prestaciones, no es que esa plata se usaría para otra cosa", subraya.

Con todo, en diciembre de 2023 fue la última transferencia que tiene su origen en un sistema de compensaciones que la Nación pactó con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales al Estado nacional. Tal es el caso de Buenos Aires, como Córdoba o Santa Fe, entre otras. Producto de las asimetrías entre el sistema nacional y los provinciales, el acuerdo por ley establece que las diferencias negativas las paga el gobierno nacional, teniendo en cuenta que las provincias cedieron, en su momento, puntos de coparticipación.

Esto, a la luz de los hechos, poco le importó a Milei. Así como dejó de pagar el Fondo de Fortalecimiento Municipal o el Fondo Nacional para el Incentivo Docente apenas asumió, los jubilados no corrieron con mejor suerte. Son los mismos jubilados que, en paralelo, padecen la represión cada miércoles frente al Congreso.

Sobre este punto, y tal como contó este diario, la Comisión Provincial por la Memoria realizó un análisis sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad durante distintas manifestaciones bajo la gestión libertaria. Cuando se comparan los datos de 2024 con los de 2025, se advierte cómo hubo mayor agresividad con quienes reclaman una mejoría en sus jubilaciones, que en muchos casos no supera los 400 mil pesos.

Producto de este abandono por parte de la Nación, a mediados de 2025 la Provincia presentó una demanda ante la Corte Suprema. Con la firma de Hernán Gómez, el fiscal de Estado, Kicillof pidió al máximo tribunal nacional que se expida sobre su competencia para atender en la causa y argumentó que el mismo "resulta competente para conocer en esta causa en forma originaria" debido a la materia en debate como así también a la "naturaleza" de las partes en conflicto.

A pesar de que por aquellos días la Corte confirmó esta misma competencia en casos similares que involucraron cuestiones relativas a coparticipación federal de impuestos en causas que de Santa Fe, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, la bonaerense continúa dormida y acumulando deuda mes a mes. Al día de hoy, el número exacto es 2.101.555.553.828 de pesos.

La contundencia del dato es que, de los casi 14 billones que la Nación adeuda a la Provincia, el rojo con el IPS ocupa el primer lugar de la lista de las deudas directas del gobierno nacional con el provincial.

"Siempre se puede mejorar"

Moretti no escapa a dar un debate sobre el sistema previsional, pero advierte que la decisión de Milei es un "ataque directo a un sistema que para los bonaerenses está bien porque lo eligieron". "Vidal intentó asimilarla a la caja nacional y no la acompañaron", recuerda. Considera que, en la provincia, se sostienen los valores que "como sociedad uno cree, donde con actividad le pagamos a pasividad".

Desde su mirada, "siempre hay cosas para mejorar o que se pueden hacer de una u otra forma, pero yo me pregunto si sociedad está dispuesta a que las personas mayores vivan sin ingresos". "No quiero vivir en sociedad que no respete a sus abuelos", dice. En esta línea, relata lo que significó "el gran cambio con el kirchnerismo, donde se llegó a una tasa de cobertura del 98 por ciento sobre quienes se podían jubilar y cómo el cobro de una moratoria se logró resolver una informalidad histórica".

"Este gobierno se la agarra con el jubilado, pero no con el que no hizo el aporte", apunta Moretti. Subraya que las reformas previsionales siempre están presentes dentro de recetas digitadas por organismos multilaterales de crédito, particularmente el FMI. Sin embargo, y a la luz de una sociedad que también está atravesada por nuevas experiencias, remarca que las leyes que enmarcan al sistema jubilatorio "no son cosas inamovibles". Ahora bien, lo que no se puede hacer, apunta, es incumplirlas.

Ante la constante búsqueda de debatir la edad jubilatoria, la titular del IPS señala que no debe ser una cuestión de blanco o negro. Desde su mirada, hay que evaluar todas las variables que inciden en un trabajador y su trabajo, y pone como ejemplo el paso de la pandemia y cómo afecto en gran medida a empleados de la Educación y la Salud. "Ahí se generó un agotamiento prematuro, por eso hay que buscar cosas creativas también ya que no todo pasa por la edad", afirma. Y agrega: "En algunos casos, como el sistema penitenciario, se aporta en pasividad, lo mismo en el Banco Provincia, así que es algo que también se puede conversar".

En su experiencia, lo que no debe retornar son las AFJP. "Yo tuve y hoy no sé ni dónde están esos fondos", recuerda. Asegura que los fondos de cuentas de capitalización individual no son exitosos y trae el caso de Chile a la conversación. En el país vecino, donde recientemente ganó José Kast la presidencia y mantiene una sintonía ideológica con Milei, la pandemia expuso las deficiencias de este sistema netamente privado.

Durante el transcurso de las limitaciones para circular y trabajar, se permitió a los ciudadanos chilenos retirar fondos de sus cuentas. En Argentina, por el contrario, hubo políticas como el IFE para subsanar la falta de ingresos por falta de empleo o los ATP para acompañar a las empresas y abonar la mitad de los salarios. "Hoy en Chile no se pueden jubilar porque retirar parte de la capitalización individual, lo que muestra lo que es el individualismo", señala Moretti.

El gobierno nacional incumple con la ley

El sistema previsional de la provincia de Buenos Aires se compone del IPS, la caja de la Policía y la del Banco Provincia. A su vez, convive con 12 cajas de colegios profesionales. Pero, en lo que respecta al sector público, el instituto que lidera Moretti aglutina la mayoría de los beneficiarios. En total, son 374.543. Se brindan casi 390 mil beneficios, de los cuáles casi 280 mil son jubilaciones, 82.500 son pensiones y poco más de 25 mil corresponden a pensiones sociales.

En promedio, según la información del propio organismo, el haber promedio contributivo supera los 1,8 millones de pesos. Por caso, el presupuesto 2026 contempla 6,45 billones de pesos para el IPS, lo que muestra que Milei tiene retenido alrededor de un tercio de los fondos necesarios para sostener el pago de las prestaciones para este año.

Si bien comenzó como una decisión política, en marzo de 2024 tuvo su traducción en el decreto 280/24. Para la Provincia, la orden firmada por el Presidente para no pagar las diferencias es inconstitucional. Esto genera un déficit que no es propio de la caja que tiene casi un millón de aportantes contra menos de 400 mil beneficiarios. Es un déficit que surge de las asimetrías en los sistemas y que la Ley N° 27.260 subsana.

En su artículo 27 indica que el Poder Ejecutivo nacional debe acordar con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación "a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional". La responsabilidad de esta tarea está en manos del Anses.

Moretti grafica estas "asimetrías". La forma de cálculo del IPS toma las mejores 36 remuneraciones continuas de la vida laboral de la persona o 60 alternadas, siempre que correspondan a un mismo cargo. Por su parte, Anses calcula sus haberes tomando las últimas 120 remuneraciones. Eso, explica, genera un desequilibrio entre lo que paga el IPS y lo que pagaría la Anses, por lo que las transferencias por ley 27.26 cubren esa diferencia.

Además, estas diferencias dan, como consecuencia, distintos haberes iniciales. Como agravante, las diferencias después se amplían porque la metodología para actualizar los haberes en la Provincia está completamente alineada a la política salarial de los activos, es decir, de quienes trabajan y aportan. En Nación no, porque se actualizan por un porcentaje que es distinto al de cómo evolucionan los salarios.

La cuestión es que Milei no cumple con la ley. Esta condición no pone en peligro el funcionamiento del organismo, pero obliga a la Provincia a desembolsar miles de millones de pesos de forma mensual ante la ausencia de la Nación.

Fuente:

https://www.pagina12.com.ar/2026/01/19/el-ataque-de-javier-milei-a-los-jubilados-bonaerenses/