El Gobierno abre retiros voluntarios en la obra social de las Fuerzas Armadas

Antes de su disolución, la administración libertaria dispuso retiros para empleados de planta permanente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). Avanza el cierre de sedes y despidos en algunas provincias.
El Gobierno de Javier Milei formalizó la apertura de un Régimen de Retiro Voluntario para los empleados de la planta permanente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), en el marco del proceso de disolución y liquidación del organismo dispuesto tras acumular un déficit de 210.000 millones de pesos.
La medida, oficializada mediante la Disposición 721/2026 firmada por el administrador en liquidación Gonzalo Secchi y publicada en el Boletín Oficial, establece una ventana de inscripción entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026 para el personal regido por la Ley 25.164. La iniciativa contrasta con la situación del personal precarizado de algunas provincias, donde el cierre inminente de centros médicos y delegaciones dejará sin empleo a trabajadores contratados que no acceden a las indemnizaciones del régimen permanente.
El plan de retiro voluntario contempla tres categorías de encuadramiento según la edad y los aportes previsionales acreditados al 11 de noviembre de 2026. El Grupo 1 alcanza a mujeres desde 58 años y hombres desde 63 años sin aportes suficientes para jubilarse, quienes podrán optar entre una gratificación mensual equivalente al 60% de la remuneración bruta habitual hasta por 36 meses —manteniendo los aportes previsionales y la obra social— o una gratificación única de un sueldo por año de antigüedad con un tope de 18 remuneraciones.
En tanto, los empleados del Grupo 2 (mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64 años con 30 años de aportes) y del Grupo 3 (mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años) percibirán compensaciones únicas en función de sus años de servicio en la planta permanente, junto a sumas adicionales de hasta cinco sueldos brutos.
Los agentes que adhieran contarán con seis meses de cobertura asistencial sin cargo a través de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). Asimismo, los pagos que superen los 20 millones de pesos se abonarán en hasta tres cuotas mensuales y consecutivas, al tiempo que se establece la prohibición de reingresar al Sector Público Nacional por el lapso de ocho años, bajo la obligación de restituir el dinero percibido ajustado por inflación e intereses en caso de incumplimiento.
Impacto en las provincias: cierres de sedes y despidos sin indemnización
El lanzamiento del retiro voluntario se inscribe en el proceso de liquidación formalizado por el Decreto 1286/2026, motivado por una deuda acumulada con cerca de 2.000 proveedores que paralizó las prestaciones médicas en todo el país. El esquema oficial prevé la reincorporación del personal de Gendarmería y Prefectura adscripto a sus organismos de origen, mientras que la OSFA determinará qué agentes resultan indispensables para su transferencia.
Sin embargo, la reestructuración ya genera consecuencias directas en las delegaciones provinciales de Rosario y Mendoza, cuyos cierres fueron confirmados para el próximo 30 de noviembre. Frente a esta medida que afecta a más de mil empleados del instituto a nivel nacional, los trabajadores manifestaron en un comunicado que "hoy quedan sin trabajo y sin reconocimiento por toda una vida de servicio a la institución".
La brecha entre el régimen de retiros y la realidad en las provincias radica en la elevada proporción de personal contratado sin estabilidad laboral. En Rosario, sobre un total de 60 trabajadores alcanzados por la clausura de la delegación y la farmacia, solo 10 integran la planta permanente, según detalló el delegado de ATE en IOSFA, Alejandro Sortino, quien fue notificado de su desvinculación tras 37 años de servicio.
El panorama se repite en Santa Fe capital —con 25 afectados—, Reconquista y Mendoza, donde la clausura del centro médico Santa Rita y la farmacia propia deja a más de 20 trabajadores de la salud y administrativos sin empleo.
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